La propuesta de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos pretende hablar de autonomía, libre determinación y consulta. Pero nosotras preguntamos: ¿quién decide sobre nuestros derechos, nuestros territorios y nuestro futuro? Consultarnos no significa decidir por nosotras. / No queremos que nos consulten para decidir por nosotras
No queremos que nos consulten para decidir por nosotras
Hay palabras que el Estado aprende a pronunciar cuando necesita demostrar que escucha: diálogo, inclusión, participación y consulta pero para nosotras, las mujeres indígenas, las palabras no bastan.
Una consulta no se vuelve libre, previa, informada y de buena fe solamente porque el gobierno convoque a una reunión, presente un documento y abra un micrófono para que alguien pueda tomar la palabra.
Como mujer purépecha, como abogada y como integrante de una comunidad indígena, miro con preocupación la propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos impulsada por el gobierno federal y, particularmente, el proceso de consulta que pretende legitimarla.
No rechazamos que se hable de nuestros derechos; rechazamos que se pretenda decidir sobre nuestros derechos sin nosotras.
La propuesta del Gobierno de México contiene 453 artículos y aborda asuntos fundamentales para los pueblos indígenas: autonomía, libre determinación, jurisdicción, consulta, territorio, patrimonio, salud, cultura y reconocimiento como sujetos de derecho público.
Sobre el papel, muchas de estas palabras podrían parecer avances pero el problema está en lo que ocurre cuando el reconocimiento de nuestros derechos queda condicionado a procedimientos administrativos.
¿Desde cuándo una comunidad necesita que una institución del Estado determine si existe? Nuestra identidad no nació en un catálogo.
Nuestros pueblos no comenzaron a existir cuando apareció una institución pública que decidió registrarlos. Somos pueblos con historia, territorio, memoria, lengua, organización, formas propias de gobierno y una continuidad que no depende de una oficina gubernamental.
Por eso nos preocupa que el ejercicio de nuestros derechos pueda quedar relacionado con un registro o catálogo administrado por el Estado.
Porque si para ejercer nuestros derechos necesitamos primero ser reconocidas por una institución, entonces la libre determinación deja de ser un derecho y comienza a parecerse a un permiso.
Hay que decirle clarito al Estado, consultarnos no es lo mismo que escucharnos. El Estado puede decir que está realizando una consulta nacional pero nosotras tenemos derecho a cuestionar las formas y los fondos.
¿Qué tanto puede decidir un pueblo cuando recibe una propuesta de 453 artículos y tiene unas cuantas horas para analizarla? ¿Dónde está el tiempo para discutirla en nuestras comunidades? ¿Dónde está la deliberación colectiva? ¿Y las traducciones necesarias? ¿Dónde está el tiempo para que nuestras autoridades comunitarias, nosotras las mujeres, las jóvenes, las mayores y quienes defendemos nuestros territorios podamos discutir qué significa cada disposición?
Los pueblos indígenas tenemos nuestras propias formas de deliberar; no todas caben en un foro institucional; no todas pueden comprimirse en una reunión de tres o cinco horas.
El Gobierno que se dice de “izquierda” no ha entendido que la consulta no puede convertirse en un trámite para cumplir con un requisito porque entonces deja de ser un mecanismo para garantizar nuestros derechos y se convierte en un mecanismo para legitimar decisiones previamente tomadas.
Esta es la principal de nuestras preocupaciones.
¿De qué sirve reconocer la libre determinación si, cuando un proyecto de extracción de agua, minerales, litio, petróleo o cualquier otro recurso llega a nuestros territorios, nuestra decisión puede quedar reducida a una opinión?
La libre determinación significa poder decidir sobre nuestra vida y nuestro futuro; significa que nuestros pueblos puedan determinar qué quieren para sus territorios y bajo qué condiciones.
No queremos que alguien desde un escritorio decida qué nos afecta; tampoco que una institución nos diga cuándo un proyecto afecta nuestra vida y cuándo no.
Por eso decimos fuerte y claro: entienda presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nadie puede conocer mejor que nosotras aquello que amenaza nuestra existencia. Y señora presidenta nosotras también somos pueblo.
Durante décadas, los pueblos indígenas hemos exigido reconocimiento, justicia y respeto, ahí notoriamente se encuentran los Acuerdos de San Andrés que han sido parte de esa historia o la Marcha del Color de la Tierra y la Sexta.
Y también lo ha sido la resistencia cotidiana de nuestras comunidades frente al despojo, el extractivismo y las decisiones tomadas desde fuera de nuestros territorios.
Por eso, rechazamos una propuesta que, desde nuestra perspectiva, mantiene una lógica en la que el Estado continúa siendo quien determina los límites de nuestros derechos.
No queremos una autonomía administrada ni una identidad certificada ni una consulta utilizada para cumplir un requisito. No queremos que nos pregunten solamente para poder decir después que nos escucharon.
Queremos decidir, que tanto nuestra palabra tenga consecuencias como que nuestros territorios sean respetados. Exigimos que la libre determinación sea un derecho real y no una palabra bonita dentro de una ley.
No queremos que nos consulten para decidir por nosotras.
