Michoacán aprobó una nueva Ley de Búsqueda, pero persisten dudas sobre su presupuesto, la participación de los colectivos y los recursos para las comunidades indígenas con autogobierno. La reforma plantea avances; el reto es convertirlos en búsquedas efectivas y respuestas para las familias. / Una ley que busca, pero sin con qué buscar
Una Ley de Búsqueda que busca, pero sin con qué buscar
Michoacán tiene una nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Congreso la aprobó el 14 de octubre, entre aplausos, discursos y las exigencias de madres buscadoras que pedían a las y los legisladores dejar de discutir y votar.
Como mujer p’urhépecha y abogada, leo las leyes con una pregunta que aprendí de las comunidades: ¿quién las va a cumplir, con qué recursos y a quién le sirve?
Lo que sí reconoce la ley. La búsqueda debe comenzar de inmediato, sin necesidad de presentar una denuncia penal ni esperar 24, 48 o 72 horas. También establece la presunción de vida y, en su artículo 26, contempla como falta grave la actuación negligente u omisa de las personas servidoras públicas en las labores de búsqueda e investigación. Además, regula la Declaración Especial de Ausencia mediante un procedimiento gratuito que puede durar hasta seis meses.
Son avances importantes. Las familias, particularmente las madres buscadoras, llevan años exigiendo que las autoridades actúen sin demoras y asuman su responsabilidad.
Pero una ley no encuentra a nadie por sí sola. Para buscar se necesitan personal capacitado, recursos materiales, coordinación institucional, voluntad política y rendición de cuentas.
Primero: no hay presupuesto definido. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso reconoció que el presupuesto se revisaría después de la publicación de la ley, sin presentar un cálculo de cuánto costará implementarla.
Una ley de 151 artículos, sin una estimación pública de sus costos, corre el riesgo de convertirse en una promesa sin respaldo financiero. ¿Cuánto se necesita para los servicios forenses, los peritajes, las brigadas de búsqueda y la identificación de personas? ¿Qué instituciones asumirán esos gastos? ¿De dónde saldrán los recursos?
Estas preguntas deben responderse con cifras, plazos y responsabilidades institucionales. Sin presupuesto suficiente, incluso las mejores disposiciones pueden quedarse en el papel.
Segundo: la participación de las familias está en entredicho. El Congreso destacó que la ley se construyó mediante foros con madres buscadoras y colectivos realizados en Zamora, Jiquilpan, Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. Sin embargo, una integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) denunció que su organización no fue informada de esos encuentros y cuestionó que existiera un mecanismo para garantizar una participación amplia y verificable de las familias.
También hay diferencias en las cifras difundidas: el Congreso mencionó ocho colectivos, mientras que la diputada promotora de la iniciativa habló de quince. La discrepancia requiere una explicación pública: ¿qué organizaciones participaron, cuáles fueron convocadas y cómo se incorporaron sus propuestas al texto final?
La participación no puede medirse únicamente por la realización de foros o por el número de colectivos mencionados en un comunicado. Importa saber quiénes pudieron intervenir, qué plantearon y qué cambios se incorporaron. La aprobación en un debate de cinco horas, marcado por reproches entre bancadas, no resuelve por sí sola esas preguntas.
Tercero: ¿qué autonomía tendrá la Comisión Estatal de Búsqueda? La nueva ley establece una Comisión Estatal de Búsqueda con carácter autónomo, mientras que el Sistema Estatal de Búsqueda articula la coordinación de las instituciones involucradas desde el ámbito gubernamental, incluida la Fiscalía.
El propio presidente del Congreso señaló deficiencias de coordinación entre las autoridades. En ese contexto, el diseño institucional debe traducirse en responsabilidades claras y mecanismos efectivos de cooperación.
La pregunta es cómo se garantizará la autonomía de la Comisión si no hay claridad pública sobre los recursos con los que contará y debe operar dentro de un sistema en el que intervienen dependencias gubernamentales. La autonomía no se demuestra únicamente con el nombre de una institución, sino con sus atribuciones, recursos, capacidad de decisión y mecanismos de rendición de cuentas.
Cuarto: los pueblos con autogobierno aparecen en la ley, pero ¿con qué recursos cumplirán sus obligaciones? Este es el punto que más me toca.
La ley reconoce la participación de las comunidades indígenas con autogobierno en los mecanismos de coordinación. También establece obligaciones relacionadas con la armonización de disposiciones sobre panteones, fosas comunes y crematorios, así como con la digitalización de registros.
Pero asignar responsabilidades sin garantizar recursos, personal capacitado y herramientas técnicas puede trasladar obligaciones a comunidades que ya enfrentan desigualdades institucionales.
Para el movimiento indígena de Michoacán, el presupuesto directo es una de sus principales demandas. ¿Se contemplan recursos para que las comunidades puedan cumplir las nuevas disposiciones? ¿Habrá acompañamiento técnico, capacitación y condiciones para proteger la información?
Además, en la información pública difundida sobre el proceso legislativo no se ha identificado una consulta específica a los pueblos y comunidades indígenas sobre esta ley. Los foros con colectivos de búsqueda no sustituyen la consulta indígena cuando una medida legislativa afecta directamente a esos pueblos y se actualizan los supuestos jurídicos que la hacen exigible.
Reconocer a las comunidades en el texto legal es insuficiente si no se garantiza su participación efectiva ni se consideran sus formas de organización y sus capacidades reales.
Quinto: la búsqueda tiene rostro de mujer. Las mujeres encabezan buena parte de las búsquedas en campo. Recorren cerros, terrenos y fosas, y sostienen la exigencia de verdad frente a instituciones que con frecuencia no responden con la urgencia necesaria.
La ley contempla medidas de protección para las familias y las personas que participan en las búsquedas. Es indispensable que se apliquen. Pero proteger a quienes buscan no puede convertirse en una excusa para trasladarles la responsabilidad que corresponde al Estado.
También hay que preguntar si los procedimientos previstos son realmente accesibles. La Declaración Especial de Ausencia puede ser gratuita y tener un plazo máximo de seis meses, pero eso no garantiza por sí mismo el acceso a la justicia. ¿Qué ocurre con una mujer indígena que no cuenta con asesoría jurídica, necesita atención en su lengua o debe trasladarse durante horas para realizar un trámite?
La gratuidad elimina un costo, pero no necesariamente las barreras geográficas, lingüísticas, administrativas y económicas que enfrentan las familias.
El contexto obliga a actuar. Al corte de septiembre de 2026, Michoacán acumulaba 14 mil 440 registros históricos de personas desaparecidas, de los cuales 8 mil 60 correspondían a personas que seguían desaparecidas o no localizadas, según las cifras difundidas por en15dias.com.
Detrás de cada registro hay una historia y una familia que espera respuestas. La magnitud del problema exige más que una reforma legislativa: requiere capacidades institucionales para buscar, localizar, identificar y esclarecer lo ocurrido.
Lo que se debe exigir.
- Presupuesto público y suficiente. Incorporar en el paquete presupuestal de 2027 los recursos necesarios para implementar la ley, con montos desglosados por institución.
- Autonomía efectiva. Garantizar recursos suficientes para la Comisión Estatal de Búsqueda, perfiles técnicos y procedimientos transparentes de designación.
- Participación verificable. Publicar las convocatorias, las propuestas recibidas y los cambios incorporados al texto legislativo.
- Respeto a los derechos indígenas. Realizar las consultas que correspondan y garantizar recursos y capacidades para que las comunidades con autogobierno puedan cumplir sus obligaciones.
- Rendición de cuentas. Publicar cada seis meses indicadores sobre búsquedas iniciadas, personas localizadas, identificaciones y resultados de las investigaciones.
- Sanciones efectivas. Informar sobre las investigaciones y sanciones derivadas de las omisiones y negligencias previstas en el artículo 26.
- Protección para las buscadoras. Garantizar medidas de seguridad, acompañamiento y recursos suficientes para las familias, sin sustituir la responsabilidad de las autoridades.
Una ley no sustituye la voluntad política, los recursos ni la responsabilidad del Estado. Su aprobación es apenas un paso: el verdadero desafío comienza cuando debe convertirse en acciones, resultados y respuestas para las familias.
La búsqueda no puede depender de la resistencia de las madres ni del esfuerzo de comunidades que trabajan sin recursos suficientes. Michoacán necesita instituciones capaces de buscar sin demora, investigar con rigor y rendir cuentas.
