El 10 de septiembre de 2026, entre las 18:00 y las 19:00 horas, maquinaria pesada ingresó al Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo Tarímbaro y demolió viviendas y estructuras que, según sus posesionarios, contaban con contratos de apertura de crédito y constancias de liberación de adeudo emitidas por el propio Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM). Semanas después, el escombro sigue ahí: bloques partidos, losas caídas y varillas torcidas, a unos metros de casas que continúan habitadas.
Mientras tanto, el IVEM sostiene que los créditos fueron dados de baja administrativa en 2020 y que no conserva documentos de reubicación. A pocos kilómetros avanza el segundo anillo periférico de Morelia, cuyo cuarto segmento llega a Cuitzillo, y el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla Tarímbaro. Vecinos relatan además el retiro de postes de luz que, afirman, ellos pagaron. Esta es la crónica de un terreno donde las preguntas pesan tanto como los escombros. / Sector VIII, fraccionamiento Cuitzillo Tarímbaro: crónica de un patrimonio demolido
Sector VIII, fraccionamiento Cuitzillo Tarímbaro: crónica de un patrimonio demolido
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
TARÍMBARO, MICH.— El jueves 10 de septiembre de 2026, entre las 18:00 y las 19:00 horas, maquinaria pesada ingresó al Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo Tarímbaro para demoler fincas y estructuras habitacionales construidas sobre terrenos destinados a vivienda de interés social.
Las demoliciones destruyeron inmuebles cuyos propietarios o posesionarios conservaban contratos de apertura de crédito y compraventa, registros de liquidación total y constancias oficiales de liberación de adeudo emitidas por el propio organismo estatal.
En el ámbito administrativo, el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) fundamenta la imposibilidad de entregar escrituras y estados de cuenta en el Acuerdo AAD-IVEM-050/2020, del 13 de marzo de 2020, mediante el cual decretó la baja administrativa de los expedientes de los beneficiarios.
Sin embargo, los documentos que conservan las familias remiten a acuerdos, contratos y actuaciones institucionales anteriores a esa determinación. Entre ellos se encuentran minutas firmadas por directivos del instituto, instrumentos contractuales individualizados y constancias que acreditan la liquidación de créditos.
Esta es la historia del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo Tarímbaro: un proyecto de vivienda social que comenzó con aportaciones de familias de escasos recursos, atravesó cambios en sus mecanismos de administración y asignación de terrenos y terminó con la demolición de construcciones cuyo sustento documental contrasta con la respuesta oficial del organismo encargado de la vivienda.
I. 2003-2008 | EL FONDO DE MICROFINANZAS
Y EL ORIGEN DE LA RESERVA PATRIMONIAL
El expediente del desarrollo habitacional se remonta al 1 de diciembre de 2003, cuando la Coalición de Uniones del Mercado Revolución (San Juan) de Morelia, representada entonces por Jesús Tenorio Amaro, Filiberto Cedeño Soria y Miguel López Montero, dirigió una solicitud formal al gobernador Lázaro Cárdenas Batel para obtener suelo de carácter social en beneficio de 300 familias de escasos recursos.
Para concretar el proyecto, el Gobierno del Estado estableció un esquema de ahorro popular denominado Unidad de Microfinanzas. Mediante este mecanismo, cerca de 400 familias aportaron un capital acumulado de nueve millones de pesos.
La adquisición del predio matriz se formalizó mediante la Escritura Pública número 9754, del 8 de mayo de 2007, otorgada ante la fe del notario público número 102 de Morelia, Armando Magaña Martínez. El instrumento quedó inscrito bajo el registro 7660, tomo 53, del Libro de Propiedad del Distrito de Morelia.
El inmueble comprendió 49 fracciones a favor del IVEM en el ejido Cuitzillo el Grande, municipio de Tarímbaro. La operación también se sustentó en el acuerdo de fusión FUS/002/02/2007, emitido por el Ayuntamiento local el 2 de febrero de ese año.
No obstante, los documentos de la Coordinación General de Organizaciones del Proyecto Cuitzillo Tarímbaro muestran que las diferencias por la administración de los recursos aparecieron desde las primeras etapas del desarrollo.
En una precisión aclaratoria fechada el 23 de enero de 2008 y dirigida a José Luis Manzo Yépez, entonces director de la Unidad de Microfinanzas, representantes comunitarios manifestaron su inconformidad por el destino de las aportaciones y por la compra de los derechos de un pozo de agua a nombre del organismo, operación que, de acuerdo con su comunicación, no había contado con su aprobación expresa.
Meses después, el 14 de julio de 2008, Filiberto Cedeño Soria, entonces dirigente de la organización, remitió una comunicación al gobernador Leonel Godoy Rangel en la que señaló la imposición de fideicomisos privados vinculados con la constructora IMPROVIDI S.A. de C.V. y la financiera Banca Afirme. En ese documento solicitó el retorno al esquema original de asignación directa.
Los antecedentes muestran que el desarrollo habitacional no estuvo exento de desacuerdos sobre la administración del proyecto y el destino de los recursos aportados por las familias. Esas diferencias precedieron a los acuerdos posteriores de reubicación y a la formalización de contratos individuales de compraventa.
La relación del IVEM con el desarrollo es anterior a las minutas de 2013. Una constancia fechada el 7 de febrero de 2007, expedida por la Dirección de Asentamientos Humanos del instituto para el fraccionamiento “Cuitzillo-Tarímbaro”, de tipo social, asignó el lote 6 de la manzana 18 del Sector II a un beneficiario, con una superficie de 122.50 metros cuadrados. El documento indica que la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente otorgó la asignación con el consentimiento expreso del IVEM, al que identifica como propietario del terreno.
La constancia establece obligaciones para el beneficiario: construir en un plazo de 90 días a partir de la introducción de agua y drenaje, no vender, donar ni rentar los derechos del lote, aportar 16 mil 332.92 pesos por el pago de la tierra y participar en las faenas de urbanización. Se trata de una asignación, no de la reubicación posterior al Sector VIII, pero muestra que el propio instituto fijó por escrito, desde 2007, las reglas bajo las cuales las familias debían pagar, construir y habitar sus lotes.
Entre los documentos del Ayuntamiento de Tarímbaro hay una licencia de construcción con el número L.C.0240/04/2008, expedida en Tarímbaro, Michoacán, el 30 de abril de 2008 y firmada por el entonces presidente municipal, Baltazar Gaona Sánchez. El documento dice que la obra “está registrada y autorizada por la Dirección de Urbanismo Municipal”.
Como propietario aparece el fiduciario Banca Afirme, S.A., en su calidad de fideicomitente “B” o fideicomisaria “B” de INPROVIDI, S.A. de C.V., y no el IVEM. El tipo de obra es “construcción de casa habitación” en el fraccionamiento habitacional de interés social, bajo la modalidad de urbanización progresiva, “Cuitzillos Tarímbaro”. Las viviendas tendrían planta baja y primer nivel. El campo del responsable de la obra aparece sin nombre legible, solo con el sello de la Presidencia Municipal.
La superficie autorizada se expresa en dos renglones: viviendas de 150 por 65 metros cuadrados, que suman 9,750 metros cuadrados, y de 150 por 55, que suman 8,250. Es decir, 300 viviendas en dos tipos y 18,000 metros cuadrados en total.
El 20 de abril de 2009, el Departamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Tarímbaro (administración 2008-2011) emitió el oficio DDUOP/282/04/2009, titulado “Autorización definitiva”, en respuesta a una solicitud presentada el 14 de abril de ese año. El documento autoriza el fraccionamiento habitacional de interés social “Cuitzillos Tarímbaro”, Sector VIII, bajo la modalidad de urbanización por etapas, en un predio rústico del ejido Cuitzillo Grande de 97-66-89.35 hectáreas.
El predio está amparado por la escritura 10269, inscrita bajo el número 4, tomo 7935, en la que se asienta un fideicomiso irrevocable de administración de derecho de reversión. En él, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Tesorería General, y el IVEM aparecen como fideicomitente “A”; INPROVIDI, S.A. de C.V., como fideicomitente “B”; y Banca Afirme como fiduciaria.
El Ayuntamiento enlista trece antecedentes, entre ellos el dictamen de uso de suelo del 15 de febrero de 2007, la factibilidad de agua y drenaje de COMAPAT, la factibilidad eléctrica de la CFE, la manifestación de impacto ambiental, el visto bueno de lotificación y vialidad del 17 de octubre de 2007, la licencia de construcción L.C.0240/04/2008 por 8,250 metros cuadrados, la escritura de garantía 127 por el monto total de las obras de urbanización y la escritura 126 de donación de áreas al municipio.
El acuerdo fija el cuadro de suelo del Sector VIII: de 82,716.64 metros cuadrados totales, 34,415.53 son área lotificada (41.61%), 9,982.45 son donación al Ayuntamiento, 15,946.95 son área verde, 21,461.25 son vialidades, 615.53 son área comercial y 294.93 son área de servicio. Esa superficie equivale a cerca de 8.5% de las 97 hectáreas del predio.
El texto dice que el fraccionamiento tendrá red de agua potable con tomas domiciliarias, drenaje sanitario, electrificación y alumbrado público, calles con carpeta asfáltica, y banquetas y guarniciones de concreto hidráulico. Esas obras se ejecutarán por cuenta del fraccionador, con supervisión técnica del Ayuntamiento y en un plazo no mayor a 24 meses desde su inicio.
Entre las obligaciones del propietario figuran mantener las obras hasta que sean municipalizadas, reportar pruebas de control de calidad, entregar copia mensual de la bitácora de obra, plantar al menos dos árboles por frente de lote, manifestar ante la Tesorería del Estado las promesas de venta y compraventas, incluir en las escrituras la prohibición de subdividir lotes o cambiar el uso de suelo, e inscribir la autorización y el plano de lotificación en el Registro Público de la Propiedad una vez elevada a escritura y publicada en el Periódico Oficial. El trazo de las vías públicas y el amojonamiento de manzanas y lotes también quedan a cargo del propietario.
La autorización se otorga “con carácter personalísimo” a INPROVIDI, S.A. de C.V., como propietaria del fraccionamiento, con base en el título de propiedad integrado al expediente. El oficio establece que si la enajenación de lotes causa perjuicio a segundas o terceras personas, la empresa deberá resarcirlo, con independencia de las acciones penales que procedan.
Lo firma el presidente municipal, Baltazar Gaona Sánchez, con copia a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, al director del Registro Público de la Propiedad y al director de Catastro. En contraste, en la respuesta de transparencia de 2026, el IVEM sostiene que no cuenta con un plano sellado de esta autorización ni con documentos que acrediten su obtención.
El expediente mercantil aporta otro antecedente sobre la administración del fideicomiso. De acuerdo con el Registro Público de Comercio de Morelia, el 23 de septiembre de 2010, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de INPROVIDI, S. A. de C. V., acordó ratificar y ampliar las facultades de Carlos Alfonso Madrazo Villarreal y Jorge Téllez-Girón Flores, secretario y tesorero del Consejo de Administración, respectivamente. Los acuerdos quedaron formalizados mediante la escritura número 250, volumen 08, del 1 de octubre de 2010 y fueron inscritos el 7 de octubre de ese año, bajo el folio mercantil electrónico 18299.
Entre las facultades ratificadas se encontraba la posibilidad de que ambos representantes celebraran conjuntamente convenios y contratos relacionados con el fideicomiso suscrito el 14 de noviembre de 2007 entre el Ejecutivo del Estado de Michoacán, por conducto del Instituto de la Vivienda del Estado, INPROVIDI y Banca Afirme.
La autorización comprendía incluso la celebración de contratos de compraventa, donación o cesión para transmitir a terceros los derechos derivados del fideicomiso, siempre que pudieran cumplir sus fines. El documento acredita que la empresa contaba con facultades para intervenir en modificaciones contractuales de esa naturaleza; sin embargo, no demuestra que se hubiera concretado una transmisión de derechos.
Este antecedente permite contextualizar la minuta del 11 de marzo de 2013, en la que representantes de las familias y directivos del IVEM acordaron la reversión del fideicomiso y la reubicación de beneficiarios en distintos sectores del desarrollo habitacional.
II. 2013-2018 | LA REUBICACIÓN OFICIAL
Y LOS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES
La reconfiguración del proyecto se formalizó el 11 de marzo de 2013, a las 18:00 horas, en la sala de juntas del IVEM.
En esa sesión, el director general del instituto, Alberto Lozano Ortiz, y los representantes Eleno Ortiz Murillo, Patricia Sandoval Ramírez, Melitón Hernández Sánchez, Filiberto Cedeño Soria y Rosalba Magallán Lucas firmaron una minuta que estableció la reversión del fideicomiso privado y la reubicación de beneficiarios del Sector II hacia los sectores VIII, V y III.
El acuerdo constituye uno de los antecedentes documentales de la asignación de espacios en el Sector VIII. Su importancia radica en que registra la intervención de directivos del propio instituto y de representantes de las familias en la reorganización del desarrollo habitacional.
Posteriormente, el 28 de noviembre de 2013, las partes acordaron revisar los avalúos de las áreas construidas y semiurbanizadas del Sector VIII para consolidar los derechos sobre terrenos de 90 metros cuadrados.
A partir de 2015, el IVEM celebró contratos individualizados de apertura de crédito y compraventa. Entre ellos se encuentra el de Raquel Trujillo Cortés, suscrito el 23 de noviembre de 2015 por el entonces director general del organismo, Jaime Tejeda Vega, mediante el cual se formalizó la posesión del lote 18, manzana 1, del Sector VIII.
Tres años después, el 20 de agosto de 2018, la directora general del IVEM, María Yesmín Sánchez Huerta, expidió una constancia de liberación de crédito. En ella, el Departamento de Contratos y Escrituración hizo constar que la beneficiaria «no adeudaba cantidad alguna con motivo del crédito de referencia».
El documento acredita que, al menos en ese caso, el organismo reconoció formalmente la liquidación del crédito correspondiente.
Otro expediente es el de María de Lourdes Ayala Oliveros, cuyo contrato fue formalizado el 2 de julio de 2015 ante el entonces director general Jaime Tejeda Vega. En él se adjudicó el lote 5, manzana 4, del Sector VIII.
La cláusula segunda estableció que la compradora había liquidado previamente el costo total del terreno, por 11 mil 970 pesos, mediante el programa Ahorro Seguro. El contrato fue cotejado y certificado ante notario público el 25 de septiembre de 2026.
Estos documentos forman parte de los antecedentes que conservan las personas afectadas. Su existencia contrasta con la respuesta que el instituto proporcionó años después, cuando señaló que los expedientes se encontraban dados de baja y que no disponía de documentación relacionada con la reubicación de los beneficiarios.
Ana Shelia Montoya Alegre, afectada del lugar compartió para en15dias.com lo que hasido el proceso de despojo de su patrimonio «parece que nos quieren borrar del mapa…», señala en entrevista.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE DE 2026.
III. SEPTIEMBRE DE 2026 | EL PAISAJE DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN
El camino de terracería se pierde entre cerros verdes y arbustos. Por él avanza un grupo de personas bajo un cielo cubierto de nubes blancas: algunas llevan sombrillas; otras, documentos entre las manos. Varias utilizan sus teléfonos celulares para registrar lo que encuentran a su paso.
A un costado crece la maleza. Al frente, una franja blanca y gris interrumpe el paisaje.
Son escombros. Se extienden durante decenas de metros sobre lo que parece haber sido una calle, entre bloques de concreto partidos, fragmentos de losas y varillas retorcidas que sobresalen de los restos. Entre las piedras se enredan ramas secas y, al fondo, se levantan los cerros. El sol cae directamente sobre el polvo claro de las construcciones destruidas.
En otro punto, una losa de concreto yace sobre un montón de bloques desmoronados. Encima permanecen dos personas: un hombre con camiseta de rayas blancas y negras y una mujer con playera azul. Ambos pisan los restos de concreto mientras observan lo que alguna vez fue una construcción.
Bajo sus pies asoman tablones cruzados, una lámina oxidada y un bote de pintura aplastado. Cerca hay un poste de madera inclinado y, más lejos, los techos de otras casas que permanecen en pie.
Una estructura de concreto con un escalón sobresale entre pastos altos y flores amarillas. La tierra, clara y agrietada, conserva surcos que marcan antiguos trazos de calles y lotes. Algunas losas derrumbadas descansan entre la vegetación, con las varillas expuestas; detrás de ellas todavía se alcanza a ver el caserío.
Entre la hierba seca se abre un hoyo oscuro y circular, de bordes agrietados, donde alguna vez estuvieron instalados postes de luz.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE DE 2026.
A poca distancia aparece otra escena. Una torre de perforación se levanta sobre el terreno, sostenida por cables tensados. Debajo hay un equipo rojo y oxidado, con un motor y un radiador verdoso, bombas y mangueras gruesas que serpentean por el suelo.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE DE 2026.
Tambos utilizados como soportes, garrafones amarillos, un barril azul, cubetas y herramientas se encuentran dispersos sobre la tierra gris, manchada de aceite. Una carpa azul, con el logotipo de una marca de refrescos, proporciona sombra a la zona de trabajo.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE DE 2026.
Cerca permanecen una camioneta negra, un tanque blanco y una lona oscura que cubre un objeto que no alcanza a distinguirse. En el suelo hay decenas de tubos de acero herrumbrado, alineados, con los coples brillando bajo el sol. Un hombre con camisa roja levanta su teléfono celular para fotografiarlos. A unos metros, dos mujeres observan en silencio; una de ellas se protege bajo una sombrilla.
De acuerdo con lo observado durante el recorrido, se trata de una máquina utilizada para perforar el terreno durante la noche y extraer agua de la parte superior del predio.
El recorrido continúa cuesta arriba, por lomas de tierra rosada y cuarteada, atravesadas por grietas profundas. Los integrantes del grupo ascienden por la pendiente: algunos avanzan con dificultad para evitar resbalar; otros se detienen a tomar fotografías.
Desde lo alto se distingue el valle. A lo lejos aparecen las casas del poblado, la torre de perforación recortada contra el cielo y, entre ambas, el terreno abierto.
De un lado hay viviendas habitadas; del otro, restos de concreto y varillas. En medio, la vegetación comienza a crecer sobre los cimientos destruidos, bajo un cielo que permanece azul.
IMAGEN: GOOGLE MAPS / 2025.
Capturas de Google Street View y de vista satelital del terreno muestran, antes de las demoliciones, hileras de pequeñas construcciones de bloque y concreto, sin techo, distribuidas a lo largo de un valle entre lomas. En las tomas a nivel de suelo, las estructuras aparecen alineadas con postes de concreto con luminaria que se extienden en línea recta por el terreno. Algunas tienen muros divisorios y vanos regulares, como de cuartos o ventanas, y están rodeadas de maleza alta.
IMAGEN: GOOGLE MAPS / 2025.
Una de las capturas, muestra la fila de estructuras a cierta distancia, con un caserío en la ladera al fondo.
La vista aérea permite apreciar la disposición de conjunto. Junto a una franja ancha de tierra removida, con huellas de maquinaria y vehículos amarillos, hay dos hileras de construcciones sin techo separadas por un sendero: una larga, vertical y estrecha, y otra más ancha, formada por filas de estructuras con muros que dibujan una retícula. Se ven además restos de plataformas de concreto y, a un costado, un caserío habitado con techos de lámina, losa y teja.
El paisaje permite observar la dimensión material de lo ocurrido. Pese a los antecedentes de posesión y pago que conservan las familias, durante la tarde del 10 de septiembre de 2026 las estructuras habitacionales del Sector VIII fueron reducidas a escombros.
IMAGEN: GOOGLE MAPS / 2025.
Juan Miguel Medina, posesionario de uno de los predios junto con su esposa, Alicia Madrigal González, reconstruyó los hechos para en15dias.com.
Ambos se encuentran entre los restos de la casa que habían construido poco a poco con el esfuerzo de su familia. La vivienda, que estaba cerca de convertirse en un espacio habitable, quedó destruida.
“Esta es parte de la destrucción que me hicieron. Una casa ya habitable. Podía venirme a vivir, que era lo que estaba pensando junto con otros compañeros que tenían igual que yo. Puertas, ventanas”, relata Medina.
El afectado ubica la demolición el jueves 10 de septiembre, entre las seis y las siete de la tarde.
Medina explicó que comenzó a construir en 2015 y que tuvo que invertir recursos propios para recuperar y ampliar la estructura que le habían asignado.
“Tengo desde el 2015 construyendo y a base de muchos sacrificios levantando. Me dieron el piecito de casa, pero yo construí todo lo demás porque estaban muchas bardas destruidas y yo tuve que hacerlo… Esto, pues, es difícil para mí porque es un patrimonio de vida al cual yo he luchado mucho con mi esposa. Tengo un hijo menor de edad todavía… y ahora nada, todo destruido”.
Sobre la titularidad de los documentos y la necesidad habitacional de su familia, Medina precisó que la documentación está a nombre de su sobrina, Miriam Aguado Medina, quien también necesita un lugar donde vivir.
“La documentación está a nombre de mi sobrina porque ella también tiene necesidad, es Miriam Aguado Medina y tiene la necesidad de venir y habitar también una casa. Entonces, vamos a compartirla… Esto es una arbitrariedad, la verdad”.
La destrucción también afectó la construcción de Raquel Trujillo Cortés. En el lote 18, manzana 1, del Sector VIII, la beneficiaria había realizado mejoras progresivas en un inmueble cuyo valor estimaba en aproximadamente 450 mil pesos. Su caso cuenta con un antecedente documental específico: la constancia de liberación de crédito expedida por el IVEM en agosto de 2018.
Los testimonios y los documentos permiten reconstruir dos dimensiones del conflicto: por un lado, las viviendas y las inversiones familiares destruidas; por otro, los antecedentes administrativos que las personas afectadas presentan para acreditar sus derechos sobre los terrenos.
IMAGEN: GOOGLE MAPS / OCTUBRE 2024.
SE “ROBAN” LOS POSTES DE LUZ
Además del patrimonio de las personas, se ha registrado un desmantelamiento de la red de energía eléctrica que se tenía antes del derribo de las casas.
El episodio ocurrió un viernes, entre las 16:30 y las 17:00 horas, cuando vecinos del fraccionamiento recibieron un aviso: unos trabajadores estaban sacando postes de luz de los terrenos. Una de las posesionarias, que pidió no ser identificada, llegó con su esposo y encontró a los operarios dentro del predio, con un poste ya fuera de su sitio.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE 2026.
“Les pregunté si traían algún papel o alguna orden donde les permitiera hacer eso, porque nosotros habíamos pagado para que nos pusieran los postes”, relató. Según su testimonio, los trabajadores respondieron que no tenían documento alguno, que cumplían órdenes de quienes los contrataron y que les habían informado que esos terrenos no tenían dueño.
“Le dije que estaba muy equivocado, que primero se informara, porque todos esos terrenos tenían dueño y nosotros habíamos mandado poner los postes”, afirmó. Uno de los trabajadores llamó entonces por teléfono al ingeniero que, dijo, les había dado la instrucción. Al colgar, explicó a los vecinos que había hablado con un ingeniero de “IVEM o algo así”, quien acudiría a dar indicaciones, y que ellos sólo cumplían con su trabajo.
La posesionaria dice que les pidió detener las maniobras porque los demás dueños de los terrenos ya habían sido avisados y llegarían al lugar. Según su versión, el ingeniero ordenó suspender los trabajos. Los trabajadores se quedaron junto al camión mientras llegaban más vecinos, quienes comenzaron a reclamarles.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE 2026.
“Ya no se llevaron nada”, aseguró. Los postes quedaron tirados en el terreno, uno de ellos atravesado en la esquina. Dijo que entendía que los operarios cumplían con su trabajo y que quizá desconocían la situación de los predios. Luego, los trabajadores dieron marcha atrás con el camión y se retiraron hacia la parte alta.
El lunes siguiente, cuando los vecinos regresaron a montar guardia, los postes seguían en el suelo. Según la entrevistada, personal de la CFE los recogió después. “Siento que cuando nos fuimos fue cuando vinieron y se los llevaron”, dijo, y añadió que al día siguiente les avisaron que ya no estaban.
IV. LA POSTURA OFICIAL DEL IVEM: BAJA ADMINISTRATIVA
Y FALTA DE PLANOS
Frente a las solicitudes de información presentadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el folio 160337426000004, la titular de la Unidad de Transparencia del IVEM, María Guadalupe Tapia Tavera, emitió la respuesta oficial del organismo sobre el caso.
En uno de los puntos, el instituto rechazó la posibilidad de expedir estados de cuenta actualizados porque, según su respuesta, los créditos se encuentran registrados con estatus de baja en el sistema institucional.
El documento señala que “no es posible generar un estado de cuenta actualizado, toda vez que el crédito de referencia se encuentra registrado con estatus de ‘baja’ en el sistema institucional”. La respuesta no proporciona un saldo actualizado ni detalla cargos pendientes para los créditos consultados.
Además, el instituto declaró que “no cuenta con un plano sellado de Autorización Definitiva por el H. Ayuntamiento de Tarímbaro”.
En otro apartado, la autoridad sostuvo que no existen expedientes de escrituración debido a que “se llevó a cabo el procedimiento de baja administrativa, bajo el acuerdo administrativo AAD-IVEM-050/2020 de fecha 13 de marzo de 2020”.
La respuesta también afirma que el organismo no conserva “documentos relacionados con cualquier programa, proyecto, acuerdo o procedimiento de reubicación de beneficiarios del desarrollo”.
Esta última afirmación adquiere relevancia frente a las minutas de 2013 que conservan los representantes de las familias, en las que participaron directivos del IVEM y se establecieron acuerdos para reubicar beneficiarios entre distintos sectores del fraccionamiento.
La contradicción documental no resuelve por sí misma la situación jurídica de cada inmueble, pero plantea interrogantes sobre la conservación de los expedientes, el alcance de la baja administrativa y la forma en que el instituto determinó la situación de los terrenos y las construcciones.
La baja de un expediente en el sistema institucional y la existencia de contratos o constancias emitidos con anterioridad son hechos distintos. Por ello, resulta central conocer qué efectos jurídicos atribuyó el IVEM al acuerdo de 2020, qué procedimiento siguió para determinar la situación de los beneficiarios y qué actuaciones precedieron a las demoliciones del 10 de septiembre de 2026.
También queda pendiente esclarecer la relación entre la ausencia de un plano sellado de autorización definitiva y los contratos individualizados que el propio organismo celebró con los beneficiarios. La respuesta oficial reconoce que no dispone de ese instrumento técnico, pero no basta, por sí sola, para explicar el destino de los derechos documentados por las familias.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE DE 2026.
V. LOS PROYECTOS QUE AMENAZAN A CUITZILLOS TARÍMBARO
EL PROYECTO DEL SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO
Mientras las familias del Sector VIII observan los restos de sus viviendas, a pocos metros avanza una de las obras viales de mayor dimensión proyectadas en Michoacán.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia contempla una extensión de 51.5 kilómetros y una inversión superior a los 3 mil 198 millones de pesos, de acuerdo con las cifras referidas para el proyecto.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE DE 2026.
El segmento que atraviesa la zona de Cuitzillo corresponde al tramo cuatro. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lo supervisó el 12 de octubre de 2026 y reportó un avance general del 59 por ciento en más de 17.9 kilómetros.
Ese tramo conectará Charo y Tarímbaro, entre La Goleta y El Cuitzillo, mediante dos distribuidores viales y cuatro pasos superiores vehiculares.
El Gobierno del Estado calcula que la vialidad permitirá el tránsito diario de unos 5 mil 900 vehículos y beneficiará directamente a más de 150 mil habitantes. La obra está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), cuyo titular, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que el tramo contará con 30 obras de drenaje.
Durante el recorrido realizado por en15dias.com se pudo observar que la obra del Segundo Anillo Periférico invadió parte de lo que anteriormente era la entrada del fraccionamiento.
FOTO: GILBERT GIL YÁÑEZ / EN15DIAS.COM / SEPTIEMBRE DE 2026.
Los antecedentes oficiales también permiten ubicar temporalmente el avance de la obra. En enero de 2026, durante un recorrido del gobernador por los segmentos cuatro y cinco, el cuarto registraba un avance del 40 por ciento. Para octubre, el porcentaje reportado había aumentado al 59 por ciento.
La información disponible permite establecer que los trabajos viales y las terracerías ya estaban en marcha antes de las demoliciones del 10 de septiembre. Los afectados se preguntan entre ellos si la obra vial ha sido la causa directa de la destrucción de sus viviendas.
La relación entre el trazo del periférico, la afectación de la entrada del fraccionamiento y las demoliciones se constituye a través de los planos del proyecto, los antecedentes de los terrenos y las actuaciones de las autoridades involucradas.
OTRO PROYECTO CERCANO: LA VIVIENDA DEL GOBIERNO DE MÉXICO
El Programa de Vivienda para el Bienestar constituye una de las principales políticas habitacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Michoacán, el Gobierno del Estado informó que la meta es construir 83 mil 200 viviendas: 50 mil para derechohabientes del Infonavit, 23 mil 200 para personas no derechohabientes mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 10 mil a través del Fovissste.
Durante un evento realizado el 4 de julio de 2026 en Morelia, en el que se entregaron las primeras 32 viviendas de un total de mil 248 que se encontraban en proceso, las autoridades detallaron la distribución de esas metas.
Tarímbaro figura desde las primeras etapas en la planeación territorial del programa. En noviembre de 2024, autoridades municipales de Morelia, Maravatío, Jiquilpan y Tarímbaro participaron en una reunión con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y otras dependencias para definir las reservas territoriales disponibles.
En enero de 2025, el entonces director del IVEM, José Zavala Nolasco, anunció que las viviendas se construirían en nueve municipios, entre ellos Tarímbaro, y que el instituto aportaría su reserva territorial para el desarrollo de los proyectos.
A aproximadamente un kilómetro de lo que era el fraccionamiento Cuitzillo comienza la construcción de un proyecto habitacional del Gobierno de México. Durante el recorrido se observó el uso de material descrito como balastre procedente del terreno del fraccionamiento.
La historia del Sector VIII reúne documentos de adquisición del predio, acuerdos de reubicación, contratos de compraventa, constancias de liberación de crédito, una baja administrativa decretada en 2020 y la demolición de construcciones en septiembre de 2026.
Las familias afectadas sostienen que adquirieron derechos sobre los terrenos y que invirtieron recursos propios para levantar o mejorar sus viviendas. En algunos casos, los expedientes incluyen constancias del propio IVEM que acreditan la liquidación de los créditos correspondientes.
La respuesta institucional, por su parte, señala que los expedientes fueron dados de baja y que el organismo no dispone de documentación relacionada con la reubicación de los beneficiarios ni de un plano sellado de autorización definitiva del Ayuntamiento de Tarímbaro.
En el territorio permanece la evidencia material de las construcciones destruidas y el testimonio de quienes aseguran haber dedicado años de trabajo y recursos familiares a levantar un patrimonio.
Para Juan Miguel Medina y su esposa, Alicia Madrigal González, la pérdida no se reduce a una estructura de concreto. Se trata de una vivienda que construyeron desde 2015 y en la que esperaban vivir con su familia.
Para otros beneficiarios, como Raquel Trujillo Cortés, la destrucción alcanzó construcciones respaldadas por contratos y constancias expedidas por el mismo organismo que ahora señala que sus expedientes están dados de baja.
