Hay preguntas que el tiempo convierte en urgentes. Una de ellas es esta: ¿qué izquierda queremos? No la que tenemos. No la que nos ofrecen. La que creemos posible, necesaria, urgente. Pero para responderla hay que hacer un recuento honesto de lo que pasó con la izquierda institucional en México, y particularmente en Michoacán, en los últimos 15 años. / ¿Qué izquierda queremos?
Uitzume, el perro del lago
¿Qué izquierda queremos?
I. El movimiento que se volvió gobierno
Hay preguntas que el tiempo convierte en urgentes. Una de ellas es esta: ¿qué izquierda queremos? No la que tenemos. No la que nos ofrecen. La que creemos posible, necesaria, urgente. Pero para responderla hay que hacer un recuento honesto de lo que pasó con la izquierda institucional en México en los últimos 15 años.
La izquierda mexicana tiene una historia larga, compleja y llena de fracturas. Del Partido Comunista Mexicano a la insurgencia estudiantil del 68, del movimiento sindical independiente a la guerrilla de los años setenta, de la irrupción del zapatismo en 1994 al nacimiento del PRD como nuevo polo electoral: cada generación construyó su propia respuesta a la pregunta de cómo transformar un país estructuralmente desigual, autoritario y dependiente, desde la izquierda.
Esa izquierda social, la que habitaba las comunidades, los sindicatos, las organizaciones campesinas, los colectivos feministas, los movimientos indígenas, fue la que durante décadas sostuvo las banderas de la transformación sin necesariamente tener acceso al poder institucional.
Morena nació formalmente en 2014, cuando la Secretaría de Gobernación otorgó su registro como partido político nacional. Sin embargo, el proceso que le dio origen arrancó antes: en 2011 y 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador, tras su segunda derrota electoral, decidió romper con el PRD y construir un nuevo instrumento político.
La clave de esa construcción fue la articulación entre la izquierda institucional, los cuadros políticos, los operadores electorales, los dirigentes con experiencia en el gobierno de la ciudad de México (en aquel “Distrito Federal”), y la izquierda social: las redes de organizaciones populares, los movimientos territoriales, las bases comunitarias que durante décadas habían acompañado, bien o mal, las candidaturas de López Obrador.
Esa articulación fue el verdadero motor del movimiento. No fue una alianza de cúpulas: fue, en sus mejores momentos, una convergencia real entre actores con historias distintas pero con un enemigo común: la clase política que había saqueado el país durante décadas bajo el manto del PRI y del PAN, después también del PRD, y actualemnte convertidos en lo que hemos llamado el PRIAN.
El discurso de la autollamada “Cuarta Transformación”, el salto histórico equiparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución, resonó e hizo eco con fuerza porque tocaba una fibra genuina: el hartazgo de millones de personas ante la corrupción, la impunidad, la violencia y el abandono.
El movimiento se articuló sobre la promesa de una transformación profunda, de ruptura con la clase política que había capturado las instituciones del país. En 2015, cuando Morena compitió por primera vez en elecciones intermedias, obtuvo cerca de 8.4 millones de votos, posicionándose ya como una fuerza electoral significativa. Luego vino 2018. La victoria fue contundente y genuinamente histórica: López Obrador ganó con más de 30 millones de votos, Morena y sus aliados obtuvieron mayoría en el Congreso, y por primera vez en décadas la izquierda llegaba al gobierno federal.
En Michoacán, tierra de antiguas tradiciones de izquierda —del cardenismo al PRD, de la insurgencia magisterial a las policías comunitarias—, la ola morenista también arrasó.
Comunidades que durante años habían resistido el abandono estatal, organizaciones que habían pagado con sangre el derecho a gobernarse a sí mismas, colectivos que venían construyendo alternativas desde abajo: todos vieron en ese triunfo electoral un momento de apertura, una posibilidad real de que el Estado dejara de ser un enemigo y comenzara a ser, al menos, un interlocutor.
Fue, en muchos sentidos, el momento en que el “movimiento” se convirtió en gobierno. Y ahí, desde nuestro análisis, empezó el problema. No porque llegar al gobierno sea malo en sí mismo. Sino porque ese tránsito, del movimiento al aparato, de la movilización a la administración, reveló una contradicción que siempre había estado latente: la izquierda institucional y la izquierda social no tienen los mismos intereses, aunque en ciertos momentos históricos coincidan en los mismos escenarios.
Una vez en el gobierno, ¿quién manda? ¿El movimiento o el aparato? Ellos dicen que “El pueblo”.
II. Ocho años de gobiernos de Morena: el balance pendiente de la “izquierda” en gobierno
De 2018 a 2026 son ocho años de gobiernos encabezados por Morena a nivel federal. Hacer un balance honesto de ese período exige reconocer tanto lo que se hizo como lo que se dejó de hacer, lo que se avanzó y lo que se traicionó. No hay transformación que sea enteramente buena ni enteramente mala; lo que importa es a quién sirve y a quién deja fuera.
En el haber hay logros reales que no deben minimizarse. La política de incremento al salario mínimo fue probablemente la medida de redistribución más significativa de las últimas décadas: en seis años el salario mínimo real creció más del 90%, recuperando poder adquisitivo que se había perdido a lo largo de cuarenta años de políticas neoliberales.
Para millones de trabajadoras del hogar, obreras de maquila y jornaleros agrícolas, ese incremento representó una diferencia concreta en su vida cotidiana.
Los programas de transferencias directas de los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar llegaron a poblaciones que el Estado mexicano había ignorado estructuralmente.
Más allá de los debates legítimos sobre clientelismo electoral, estos programas representaron una presencia del Estado en territorios abandonados, y en muchos casos fueron la única red de seguridad disponible para familias en pobreza extrema. Sólo hay que recorrer el territorio para verlo y escucharlo.
La reforma energética recuperó el protagonismo de Pemex y la CFE. Aunque su implementación fue cuestionable, ha sido el intento más frontal para revertir la privatización del sector estratégico impulsada en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.
Además, se creó la Guardia Nacional como cuerpo civil de seguridad en sustitución de la Policía Federal, aunque con el tiempo se militarizó de facto.
En materia de política de seguridad, el gobierno de AMLO intentó —con resultados desiguales— abandonar la lógica de “guerra contra el narcotráfico” heredada de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
La política de “abrazos no balazos” fue criticada desde la derecha como ingenuidad y desde la izquierda como capitulación ante el crimen organizado; lo cierto es que los niveles de violencia no disminuyeron de manera significativa a nivel nacional, aunque sí hubo diferencias regionales importantes.
En materia ambiental, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco fue una señal temprana, aunque ambigua, de que el gobierno estaba dispuesto a revertir megaproyectos impulsados por la clase empresarial sin consulta ciudadana e impulsar la recuperación ambiental.
El discurso de la transformación convivió, sin embargo, con la continuidad de un modelo extractivista que los pueblos y comunidades del país denunciaron desde el primer día.
El Tren Maya es quizás el símbolo más claro de esta contradicción: un megaproyecto que atravesó selvas y territorios indígenas de cinco estados del sureste sin consulta libre, previa e informada; que destruyó cenotes, afectó mantos freáticos, desplazó comunidades y militarizó la construcción a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Tren Maya no fue un proyecto de desarrollo indígena: fue un proyecto turístico y de reactivación económica que usó el territorio indígena como recurso, no como sujeto.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el llamado “Transístmico”, siguió la misma lógica. Avanzó sobre territorios zapotecos, ikoots y binizaa, instalando polos de desarrollo industrial en zonas donde las comunidades habían construido durante décadas formas propias de organización económica y política.
Cuando las asambleas comunitarias se opusieron, fueron ignoradas, presionadas o judicializadas. La consulta que se realizó fue cuestionada por las propias comunidades como una simulación.
El acuerdo del agua con las élites agroindustriales del norte del país reveló otro flanco crítico: mientras se hablaba de justicia hídrica para los pueblos, los grandes usuarios agrícolas —la industria de aguacate, berries, maíz transgénico— continuaron acaparando agua con la complicidad de las instituciones.
En Michoacán, la relación entre el modelo aguacatero y la violencia del crimen organizado es un nodo central que el gobierno estatal y federal se han negado a enfrentar de raíz, optando en cambio por la militarización de municipios sin abordar las causas estructurales del despojo.
La posible explotación de minerales críticos —litio, cobre, tierras raras— abre una nueva frontera de conflicto. El gobierno federal decretó la “nacionalización” del litio, pero sin crear mecanismos reales de control comunitario ni garantías de no-explotación en territorios indígenas.
La lógica extractivista no cambia cuando el Estado es el extractor: si las comunidades no tienen poder de decisión sobre lo que ocurre en sus territorios, el modelo es el mismo, independientemente del sombrero que lleve el administrador.
El Plan México y los llamados “polos de desarrollo” representan la versión más reciente de esta misma lógica: atracción de inversión extranjera directa —con énfasis en el nearshoring— a territorios seleccionados, con incentivos fiscales, infraestructura pública y en muchos casos desplazamiento de actividades económicas y comunidades preexistentes.
Desde nuestra perspectiva, estos modelos reproducen la vieja lógica del desarrollo como sinónimo de inversión y crecimiento del PIB, sin preguntarse quién se queda con el excedente, qué pasa con el agua y la tierra, ni qué tipo de trabajo, precario, maquilado, sin derechos reales, se genera para las comunidades locales. Aunque en este rubro la “prosperidad compartida” es la manera de resolver desde la izquierda oficial, en una alianza clara con el empresariado mexicano.
La militarización del país fue, quizás, la mayor contradicción de un gobierno que se proclamó de izquierda. Las Fuerzas Armadas terminaron el sexenio de López Obrador con más poder, más recursos, más empresas y más presencia territorial que en cualquier momento desde la segunda mitad del siglo XX.
El ejército construyó el Tren Maya, administró aduanas, manejó puertos, operó bancos, gestionó plantas de energía. Esa acumulación de poder militar, sin contrapesos civiles reales, es una herencia que las generaciones futuras tendrán que procesar.
III. Los chapulines y la (nueva) clase política
Andrés Manuel López Obrador sostiene que “en política siempre hay que optar entre inconvenientes, es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”.
Sin embargo, hay algo que se debe nombrar con claridad, aunque incomode: la recomposición política que vivió México desde 2018 no fue una renovación de la clase política. Fue una sustitución parcial de su composición, con los mismos métodos y la misma lógica.
El término “chapulín”, que en la política mexicana designa a quien salta de partido en partido según le conviene, adquirió nueva vigencia y nueva urgencia durante el proceso de construcción y consolidación del partido de Morena.
El proceso de construcción de Morena fue, desde sus inicios, también el proceso de incorporación masiva de cuadros provenientes del PRI, del PAN, del PRD, de partidos locales y de cacicazgos regionales que vieron en la ola transformadora la oportunidad de reciclarse.
No llegaron a transformar: llegaron a sobrevivir, a mantener sus redes de poder, a conservar sus negocios políticos con otro logotipo en la solapa. Y Morena, urgida de estructuras territoriales para ganar elecciones, los recibió.
La figura de los partidos satélite merece atención especial. La lamentable organización de políticos y empresarios, en el Partido Verde Ecologista de México y el PT han funcionado como vehículos de negociación política, espacios de reciclaje para figuras que no caben en los partidos grandes, y mecanismos para mantener cuotas de poder regional. Su alianza con Morena no implicó ninguna transformación ideológica: fue pura aritmética electoral.
En Michoacán este fenómeno fue especialmente visible, pero no es exclusivo de la entidad. Políticos con trayectorias en el PRI o en el PRD, con procesos de corrupción documentados o con vínculos clientelares profundos, encontraron en Morena un nuevo cobijo electoral.
El caso de figuras como el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco —exfutbolista sin trayectoria política previa que usó su fama mediática para construir poder regional— ilustra cómo Morena abrió sus puertas a personajes cuya única credencial política era su capital de popularidad, no su compromiso con ninguna causa de transformación.
O el del actor Sergio Mayer —legislador federal por Morena, con una trayectoria pública construida enteramente en el mundo del espectáculo— o el del propio Ricardo Monreal —político veterano del PRI que se convirtió en uno de los operadores parlamentarios clave de Morena— hablan de una misma lógica: la izquierda institucional no se construye desde las convicciones sino desde los cálculos.
El caso de Monreal es importante destacarlo, ya que encarna la figura del operador regional que construye lealtades familiares y clientelares en su zona de influencia (Zacatecas, el Senado y el Congreso) sin que sus posiciones ideológicas sean distinguibles de las de cualquier político priista de los años noventa.
El fenómeno de las élites políticas familiares, clanes que controlan regiones enteras a través de la alternancia entre cargos, que colocan a hijos, sobrinos y cónyuges en posiciones de poder, que construyen imperios de influencia que trascienden cualquier proyecto político, lejos de desaparecer con la autollamada “Cuarta Transformación”, encontró en ella un nuevo espacio de reproducción.
Estas élites políticas familiares hacen daño de múltiples formas. Primero, ocupan espacios que podrían estar destinados a cuadros con trayectoria real en los movimientos sociales. Segundo, reproducen prácticas clientelares que subordinan las demandas populares a los tiempos electorales y a los intereses del clan. Tercero, descafeinan ideológicamente cualquier proyecto político al que se adhieren: cuando el oportunismo llega al poder, el proyecto se vacía de contenido y queda solo la retórica. Y cuarto, generan una desafección profunda en las bases sociales que alguna vez creyeron que esta vez sería diferente.
IV. Entonces, ¿qué izquierda queremos?
La pregunta no es retórica. Es urgente porque en ella se juega el sentido de todo lo demás: si la izquierda que queremos es la que hoy tiene el poder institucional, entonces la tarea es presionar hacia adentro, negociar, ocupar espacios, reformar desde dentro. Pero si la izquierda que queremos es otra —más radical en sus raíces, más honesta en sus compromisos, más anclada en los territorios que en los palacios—, entonces la tarea es diferente y no puede esperar a que la izquierda institucional nos la conceda.
Hay que hacer una distinción que con frecuencia se borra intencionalmente: la izquierda social y la izquierda institucional no son lo mismo, aunque en ciertos momentos históricos coincidan.
La izquierda institucional —la que habita los partidos, los congresos, los gobiernos— se define por su relación con el poder del Estado. Su horizonte es ganar elecciones, administrar instituciones, negociar políticas.
La izquierda social —la que habita las comunidades, los territorios, los movimientos— se define por su relación con las luchas concretas de la gente. Su horizonte no es administrar el Estado sino transformar las condiciones de vida.
La izquierda que queremos —la que creemos posible y necesaria— es la izquierda social. Es antiextractivista, porque entiende que el modelo de saqueo de bienes comunes no cambia porque quien lo administra tenga un discurso diferente. Cuando una empresa de litio con bandera nacional destruye un territorio indígena, el daño es el mismo que cuando lo hace una empresa transnacional. El extractivismo no es una política: es una relación con asimetrías de poder marcadas entre quien extrae y quien pierde.
Es antipatriarcal, porque sabe que no hay transformación social que no desmonte las estructuras de dominación de género que atraviesan todos los espacios de la vida: la familia, el trabajo, la comunidad, el partido, el sindicato, el movimiento.
Una izquierda que reproduce el machismo en sus estructuras internas, que silencia a las mujeres, que tolera la violencia de sus militantes, que instrumentaliza las demandas feministas para ganar votos sin modificar nada en su organización interna, no es de izquierda: es poder de otro color.
Es anticapitalista en el sentido más básico y más concreto: cuestiona la lógica de acumulación privada de riqueza a costa del despojo de bienes comunes y del trabajo no reconocido.
No porque tenga un modelo alternativo perfectamente acabado —nadie lo tiene—, sino porque se niega a aceptar que el capitalismo sea el horizonte inevitable de la historia humana. Porque sabe que hay otras formas de organizar la economía, el trabajo, el cuidado, el conocimiento, que ya existen y que merecen ser protegidas y potenciadas, no reemplazadas por el mercado.
La izquierda institucional, en cambio, tiende a descafeinar ideológicamente los movimientos que la sustentan. El proceso es conocido: primero se articulan con el movimiento social para ganar elecciones; luego, una vez en el poder, comienzan las negociaciones con los poderes fácticos —empresarios, militares, iglesias, Estados Unidos—; más tarde, las demandas del movimiento empiezan a “complicar” la gestión; finalmente, el movimiento es reducido a base electoral y los liderazgos disidentes son cooptados, marginados o criminalizados.
Frente a esto, desde la izquierda preguntamos: ¿dónde está el movimiento que llevó al poder a Morena? ¿En las estructuras del partido, donde las decisiones las toma una cúpula sin rendición de cuentas real? ¿En las estructuras institucionales, donde los funcionarios deben su lealtad a quienes los nombraron y no a las comunidades que dicen representar? ¿O en los barrios y los territorios, donde las organizaciones siguen trabajando, aunque a menudo invisibilizadas por el aparato oficial?
La respuesta, para quienes venimos desde la izquierda social, es clara: el movimiento real está en los territorios. Está en las comunidades que han defendido el agua, el bosque, la milpa, frente a las empresas extractivas y frente al propio Estado que debía protegerlas.
En las mujeres que han construido redes de cuidado y de autodefensa frente a la violencia patriarcal.
Está en los pueblos indígenas de Michoacán —p’urhépecha, nahua, mazahua, matlatzinca— que han sostenido formas de gobierno propio frente a siglos de colonialismo y décadas de clientelismo partidario.
La izquierda que queremos es la que tiene raíces en esas luchas. Es la que prioriza lo común sobre lo individual y sobre lo estatal. La que entiende los bienes comunes —el agua, la tierra, el bosque, el conocimiento, el tiempo— como fundamentos de la vida digna y no como recursos a explotar.
La que construye poder desde abajo, desde la asamblea, desde el territorio, desde el cuerpo, y no desde las cúpulas partidarias ni desde los palcos del poder institucional.
Morena, con todo el aparato oficialista que hoy controla —desde el presupuesto federal hasta las presidencias municipales, desde los programas sociales hasta los medios de comunicación cercanos al gobierno—, se encuentra presente en el territorio.
Y es ahí, en el territorio, donde se da el debate real de ideas y proyectos. No con la derecha —cuya derrota electoral no resuelve nada si el modelo que sigue vigente sigue siendo el mismo—, sino con la propia izquierda: con sus límites, sus contradicciones, sus traiciones y sus posibilidades.
El debate que importa no es Morena contra la oposición. El debate que importa es qué tipo de proyecto de izquierda queremos para este país. Porque a simple vista podríamos dudar —y hay razones sólidas para hacerlo— de que Morena sea verdaderamente de izquierda.
Un partido de izquierda no militariza la construcción de megaproyectos; no ignora las resoluciones de la Suprema Corte que ordenan consultas indígenas; no construye polos de desarrollo sin preguntarle a las comunidades qué tipo de desarrollo quieren. Un partido de izquierda no tolera en sus filas a figuras cuya trayectoria política es el reciclaje oportunista.
Pero estas contradicciones no nos paralizan: nos orientan. Nos dicen dónde están los límites de la izquierda institucional y dónde empieza el territorio de la izquierda social. Nos dicen que el debate sobre hacia dónde llevar el proyecto de izquierda de este país no puede darse únicamente dentro de los partidos ni únicamente en los medios de comunicación: tiene que darse, y se da desde hace tiempo, en las asambleas comunitarias, en los espacios organizativos, en las redes de cuidado mutuo, en las calles, en los ríos y en los bosques.
No hay que esperar a que la clase política nos diga cuál es la izquierda correcta. Esa izquierda ya existe. Lo que falta es reconocerla, articularla y tener la valentía de defenderla sin pedir permiso. Porque la izquierda que queremos no va a nacer de una dirigencia nacional ni de un congreso partidario. Va a nacer en los lugares donde la gente defiende la vida frente al capital y frente al Estado que lo sirve.
En Michoacán hay semillas poderosas de esa izquierda: en la experiencia de los municipios purépechas que han sostenido su autonomía frente a partidos y grupos criminales; en las organizaciones campesinas que resisten el despojo agroindustrial en el bajío michoacano; en los colectivos feministas que han levantado la voz en ciudades y comunidades; en los estudiantes y trabajadores que han mantenido viva la crítica al poder aunque el poder tenga ahora un nombre distinto.
