El incumplimiento del Estado mexicano de los Acuerdos de San Andrés en materia de Derechos y cultura indígena

La ponencia «El incumplimiento del Estado mexicano de los Acuerdos de San Andrés en materia de Derechos y cultura indígena» fue escrito por el doctor Gilberto López Rivas.

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El documento fue presentado en el Seminario del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, entre los pueblos indígenas y los Estados, incluidos los acuerdos de paz y las iniciativas de reconciliación, y su reconocimiento constitucional”.

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en15dias.com reproduce el documento.
Original en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIP-Seminar-Treaties.aspx?fbclid=IwAR1P34faDQWkQd5sheeScMYmr-FzLylr2h_CELYumS50-YgZyPwfAizuY5Y

Gilberto López y Rivas**

1. Genocidio, etnocidio, racismo, segregación constituyen procesos directamente relacionados de una u otra forma con la historia de los pueblos indígenas, al igual que resistencia, rebelión, sincretismo y transformación constante de sus formas de lucha contra los procesos de discriminación, opresión y explotación bajo el marco de las diferentes matrices raciales, culturales y de clase que han impuesto los colonizadores y sus descendientes, que, en mucho de los casos, forman parte de las clases dominantes en las diferentes sociedades nacionales. Pese a la heterogeneidad en sus características étnicas y culturales, en sus condiciones de vida y reproducción, en sus hábitat rurales y urbanos, los pueblos indígenas confrontan, desde su diferencias y semejanzas con los demás sectores de las poblaciones nacionales, las políticas de los aparatos estatales administrativos, judiciales, civiles, militares, corporaciones capitalistas, grupos de poder político y económico, mafias del crimen organizado, organizaciones patronales, denominaciones religiosas, conflictos bélicos de variada naturaleza, hambrunas, epidemias, etcétera, que, en su mayor parte, atentan contra su integridad territorial, recursos naturales, conocimientos ancestrales, formas de organización social, lenguas, culturas e, incluso, la integridad física y la existencia misma de los pueblos.
2. Los estados nacionales siguen una política con las poblaciones indígenas que, contradictoria en su especificidad, es a la vez (o de acuerdo a necesidades de sus intereses económicos y políticos) asimilacionista – integracionista y segregacionista – diferencialista, aunque ambas expresan la misma tendencia opresiva, subordinante y discriminatoria. Particularmente en el caso de América Latina, los pueblos indígenas fueron reducidos demográficamente, sus territorios invadidos y una buena parte de los mismos despojados a sus propietarios ancestrales. Asimismo, a lo largo de los procesos de integración nacional, los grupos dominantes impusieron una historia, una cultura, una lengua, una religión, formas de organización social, instituciones y marcos jurídicos a través de los mecanismos coercitivos del Estado: la instrucción pública, la administración centralizada, el mercado nacional y el ejército, como medios de socialización y unificación de la llamada cultura o carácter nacional. Estas entidades nacionales se constituyen en hegemónicas o subordinantes frente a las formas culturales de naturaleza étnica, que, en consecuencia, se identifican como culturas subalternas.
3. Un contexto general es el etnocentrismo y el racismo que han caracterizado los procesos de formación nacional en América Latina[2], en los que la conquista europea sobre la población precolombina y la conformación de estados naciones durante el periodo independentista, se realizaron a partir de la brutal explotación de la fuerza de trabajo indígena, el no reconocimiento de los derechos y las identidades de estos pueblos y la construcción de sociedades basadas en los modelos civilizatorios de Europa y Estados Unidos. La construcción de Estados nacionales latinoamericanos fue un proceso de “arriba a abajo” originado en las oligarquías criollas que despreciaban a los pueblos indios, por lo que fueron considerados como “fuera de la nación”, e, incluso, las Cartas constitucionales no reflejaron la alteridad étnica lingüística cultural sino hasta la última década del siglo XX, bajo la presión del movimiento indígena en torno a la conmemoración, en 1992, de los 500 años de la invasión y conquista europeas de nuestro continente.[3]
4. La territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, sus formas de organización colectiva de los pueblos indígenas en América Latina, y en México, en particular, son sitiados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo militarizado y delincuencial, denominado por William Robinson acumulación militarizada, dentro de la cual incluyo al narcotráfico y las estrategias contrainsurgentes de matriz estadounidense. Lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que esto conlleva, facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de los grupos paramilitares, que con frecuencia operan como el brazo clandestino de las fuerzas armadas para las tareas de la guerra contrainsurgente. Con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de los operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, que continua en extensión y profundidad con el gobierno actual, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que corresponden como pueblos originarios. 
5. La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), iniciada el 1 de enero de 1994, y el diálogo de paz con el gobierno federal mexicano que tiene lugar a partir del 20 de febrero de ese mismo año, en accidentadas etapas, hasta llegar a la suspensión en la segunda mitad de 1996, constituyen procesos inéditos en la historia contemporánea de los conflictos armados revolucionarios de América Latina. La especificidad radica, en primer término, en la composición mayoritariamente indígena de la agrupación maya zapatista que se levanta en armas. Los y las zapatistas lograron dar a conocer un México distinto al de las firmas comerciales trasnacionales, diferente al concebido por las oligarquías bancarias y financieras, muy lejano de las elites políticas de todos los signos. El EZLN emerge del otro México, el de los de abajo, el que entró a la modernidad sobreviviendo, resistiendo, defendiendo derechos, tierras, territorios, soberanías y la vida misma.
6. Un mérito político innegable del EZLN es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia ciudadana y sectorial, tanto en México, como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de esa realidad indígena, abriendo el diálogo de paz a una representación amplia y genuina de la sociedad civil mexicana. Esta es una diferencia notable con respecto a los diálogos de paz que se desarrollan en los prolongados y cruentos conflictos armados de El Salvador, Guatemala o Colombia, así como la rapidez con la que se entablan las primeras pláticas entre las partes, apenas 53 días después de iniciadas las hostilidades armadas. El zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al Estado mexicano a negociar los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas, los cuales, independientemente de su incumplimiento por la clase política y de los tres poderes de la Unión, constituyen una plataforma programática para los procesos autonómicos de los pueblos indios de México que se han desarrollado durante estos años y un referente necesario para las lucha de resistencia contra las corporaciones del capital depredador neoliberal. A diferencia de muchos sectores sociales, el EZLN y los pueblos indios cuentan con una estrategia, la autonomía, para resistir los embates de estas políticas neoliberales, defender los patrimonios naturales y recursos estratégicos propios y nacionales, con un proyecto civilizatorio distinto al que ofrece el capitalismo mundial. Especialmente importante fue la presencia de representantes de alrededor de 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica del país, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y hacer sus propuestas, en un complejo mecanismo de negociación a través del cual los zapatistas trasformaron su diálogo en un espacio de debate incluyente y nacional.
7. Desde la rebelión zapatista, se desarrolla una contrainsurgencia activa y preventiva no sólo en Chiapas sino también en regiones de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, entre otros estados. Podríamos proyectar el actual emplazamiento militar sobre un mapa étnico y el traslape sería exacto, esto es, donde están los pueblos indígenas, observamos una gran presencia militar, especialmente en Chiapas. Los emplazamientos de la Guardia Nacional corresponden a esta lógica contrainsurgente. En el caso específico de la zona del conflicto, se presenta una saturación del llamado “teatro de la guerra”, esto es, el gobierno federal no ha dejado espacio sin llenar y cubrir con militares. En otros términos, estamos ante lo que se denomina una alta densidad de tropas en un espacio regional reducido y con un desarrollo constante de la capacidad contrainsurgente, además del control aéreo, de comunicaciones e inteligencia, a través de la infiltración y los paramilitares.
8. Enumero algunos factores derivativos que explican la suspensión del diálogo-negociación entre el EZLN y el gobierno Federal mexicano, y que pueden ser un referente importante para entender el actual desencuentro entre el EZLN y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación: a).- La discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas, que se expresaron sistemática y permanentemente durante el diálogo en el trato de los funcionarios federales hacia la delegación del EZLN; b).- El prejuicio de clase hacia quienes representaban una organización político-militar que obliga al gobierno a negociar y que de manera irreverente y convincente exhibe la demagogia y el autoritarismo de su contraparte gubernamental; c).- El riesgo que representaba para el culto y el mito del poder del Estado mexicano, el que un logro proveniente de los de abajo saliera triunfante; d).- La ruptura del monopolio de la violencia “legítima y legal” del Estado, al negociar con un grupo armado, que sale adelante en una negociación.
9. En el plano legislativo, el eventual cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, requeriría la derogación de las reformas constitucionales que han permitido la recolonización de los territorios de los pueblos originarios, concebidos como los espacios geográfico-simbólicos de su reproducción como entidades socio-étnicas colectivas, empezando, obviamente, por la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que fue una de las causas de la rebelión de los mayas zapatistas de 1994, que “legalizó” la privatización de tierras ejidales y comunales. Esto obligaría a derogar, asimismo, varias leyes derivadas de las reformas estructurales, en particular, la devastadora ley minera, que, en su artículo 6, otorga “carácter preferente a la exploración y explotación mineras, sobre cualquier otro uso de la tierra”, sin mencionar las que han permitido la privatización del agua y la desregularización ambiental, entre otras. Igualmente, el artículo segundo constitucional tendría que ser relaborado en su totalidad, dado que la reforma constitucional realizada en abril de 2001 contiene impedimentos jurídicos que van contra el espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés: a todo derecho reconocido o concedido, se le coloca una nota precautoria que acota, limita e imposibilita la aplicación plena de las leyes y el ejercicio efectivo de esos derechos, al referirlos injustificadamente a otros artículos de la propia Constitución, o a leyes secundarias que han sido los instrumentos legales del saqueo neoliberal. Asimismo, en la sección B del actual artículo segundo, se instituyen programas asistenciales y clientelares, que expresan una contradicción con la esencia de las autonomías formalmente reconocidas en la sección A del artículo, ya que condenan nuevamente al pueblo originario a un papel pasivo de la acción decisiva del Estado; niegan a las comunidades el estatus de entidades de derecho público y, por el contrario, las definen como de interés público, o entes tutelados de la política estatal; desconocen los alcances de las autonomías en los ámbitos municipales y regionales en que los pueblos indígenas los hagan valer, establecidos en San Andrés y, con ello, la posibilidad de su reconstitución. Esta reforma remite a leyes locales el reconocimiento de los pueblos indígenas y las características de la autonomía, lo cual no es favorable, dada la correlación de fuerzas en esos ámbitos y la también existencia de poderosos cacicazgos en las etno-regiones. Específicamente, la reforma de 2001 violentó los Acuerdos de San Andrés y se convirtió en una virtual contrarreforma al establecer lo siguiente: a).- sustituir las nociones de tierra y territorios por lugares, que desterritorializa a los pueblos indígenas, les sustrae de su base material de reproducción, y constituye incluso un retroceso con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; b).- cambiar el concepto de pueblos por comunidades, trastocando el sujeto de la ley reconocido en San Andrés y en el propio Convenio 169, y limitando las competencias locales y regionales de estas entidades jurídico-políticas; c).- introducir fuera del acuerdo entre las partes del conflicto armado, el EZLN y el gobierno federal, la contrarreforma neoliberal al artículo 27 constitucional; d).- limitar la posibilidad de que los pueblos indígenas desarrollen y fortalezcan sus propios medios de comunicación, que durante estos años han sufrido una constante agresión por parte del Estado; y e).- no especificar el derecho a la consulta previa, libre, informada y, sobre todo, con carácter vinculatorio.
10. En suma, la reforma constitucional en materia de derechos indígenas de 2001 no fue satisfactoria para las organizaciones originarias independientes del Estado, así que los pueblos emprendieron el camino de construcción de la autonomía por la vía de los hechos, la autonomía de facto, siendo el caso paradigmático el de los mayas-zapatistas en Chiapas, agrupados en el EZLN, inmersos en un proceso autonómico de alcances históricos en el ámbito planetario. Quedan aparte las continuidades neo-desarrollistas del actual gobierno, que resultan antitéticas al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Estos siguen constituyendo la plataforma programática para los procesos autonómicos y un referente necesario para la lucha de resistencia contra el capitalismo y por la vida.

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[**] Doctor en Antropología por la Universidad de Utah, Estados Unidos (1976), Maestría en Antropología ENAH-UNAM (1969). Profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia Titular C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

[2] Ver: Alicia Castellanos Guerrero (Coordinadora). Imágenes del Racismo en México. México: UAM-I-Plaza y Valdés, 2004.

[3] Ver: Gilberto López y Rivas, Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación. Plaza y Valdés, 2020. Gilberto López y Rivas. Nación y Pueblos indios en el neoliberalismo. México: Plaza y Valdés- Universidad Iberoamericana, segunda edición, 1996. También del mismo autor: Autonomías: democracia o contrainsurgencia. México: Editorial ERA, 2004.

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