Febrero de 2025 en Michoacán estuvo marcado por debates hídricos, tensiones territoriales, alertas ambientales y disputas políticas. Entre denuncias comunitarias, decisiones institucionales y reclamos agrarios, el mes reveló los desafíos crecientes en agua, territorio, seguridad y participación ciudadana.
EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en febrero de 2025?
Durante febrero de 2025, Michoacán registró una actividad intensa en materia ambiental, hídrica, territorial, política y de seguridad. Las semanas 06 a 09 documentaron procesos institucionales relevantes, además de conflictos locales y debates públicos que marcaron la agenda del mes.
La gestión del agua fue uno de los ejes centrales. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el proceso de reforma hídrica derivará en dos legislaciones: una nueva Ley General de Aguas y una Ley de Aguas Nacionales revisada, tras concluir 13 foros de consulta en el país.
Organizaciones sociales y pueblos originarios señalaron que la participación fue limitada y reiteraron la demanda de abrogar la actual Ley de Aguas Nacionales por su carácter privatizador.
En Morelia, el alcalde Alfonso Martínez presentó finalmente el “Plan Hídrico” municipal, en un evento con presencia de diversas autoridades locales; el acto fue señalado por su carga política y por la narrativa similar a la de un acto de campaña, según observaciones ciudadanas y de especialistas.
Las acciones ambientales continuaron con anuncios de certificación en el sector agroexportador. El gobierno estatal reportó que un tercio del aguacate exportado, especialmente para el mercado del Super Bowl, provino de huertas con certificación ProForest Avocado, presuntamente libres de deforestación desde 2018. Sin embargo, comunidades como Zirahuén denunciaron la operación de ollas de almacenamiento ilegal de agua y la extracción del lago para riego de huertas, lo que mantiene la presión sobre ecosistemas locales.
En la cuenca del Lago de Pátzcuaro se anunció la reactivación del programa de empleo temporal con mil plazas para actividades de restauración, limpieza de manantiales y prevención de incendios. En Morelia, autoridades municipales sostuvieron reuniones con la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintzita para definir acciones de conservación del humedal La Mintzita.
En el ámbito nacional, organizaciones sociales recordaron el sexto aniversario del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes, subrayando que el caso permanece impune y denunciando la continuidad de políticas de despojo vinculadas a proyectos energéticos y de infraestructura.
Además, se difundieron análisis sobre los “pasos firmes para el Plan (extractivista) México”, discusión que alude al alineamiento de agendas federales con intereses del agronegocio, el ordenamiento territorial orientado a infraestructura estratégica y la expansión de actividades intensivas en recursos naturales.
En materia territorial y agraria, la comunidad de Santa María Ostula enfrentó un revés judicial luego de que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 anulara un procedimiento que previamente había resultado favorable para su reclamo sobre la franja costera de Xayacalan. La nueva resolución, basada en irregularidades en la pericial topográfica, reabre el conflicto con pequeños propietarios por una superficie estimada de 700 a 1,000 hectáreas.
El escenario político local también generó controversia. En Morelia, la toma de protesta de autoridades auxiliares en diversas tenencias estuvo acompañada de reclamos ciudadanos por presuntas presiones políticas y control de la seguridad municipal durante el proceso.
En ese contexto, circularon cuestionamientos públicos sobre el papel de Humberto Arróniz, exfuncionario municipal, presentado en distintos espacios como “oreja, porro, policía de gobernación o gánster electoral”, al señalarse su presunta intervención en dinámicas internas del ayuntamiento y procesos de organización comunitaria.
La seguridad y la incidencia delictiva se mantuvieron en la agenda, especialmente en regiones agrícolas. En el Valle de Apatzingán, autoridades detuvieron a un presunto extorsionador relacionado con cobros ilegales al sector limonero, tras denuncias de productores. El caso volvió a mostrar la vulnerabilidad de la cadena agrícola frente a estructuras de extorsión.
Febrero cerró con la activa participación de organizaciones civiles en actividades de memoria, articulación territorial y exigencia de justicia en comunidades rurales e indígenas, destacando que los desafíos en materia ambiental, hídrica, agraria y de seguridad continúan siendo transversales en el estado.
ANUARIO 2025
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