Del agua en disputa en San Miguel del Monte a la expansión inmobiliaria en el sur de Morelia; de la opacidad en mesas ambientales a la tala y violencia en Tingambato; del reacomodo minero y los minerales críticos a la crisis cubana. Territorio, poder y recursos en tensión esta semana. / EL (resumen) SEMANAL #07: del 9 al 15 de febrero 2026
EL (resumen) SEMANAL #07: del 9 al 15 de febrero 2026
CONAGUA VISITA MANANTIAL “LA MINA”
SIN DEFINIR CONCESIÓN COMUNITARIA
Autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizaron recientemente una visita al manantial “La Mina”, en la comunidad de San Miguel, donde únicamente levantaron coordenadas geográficas del sitio.
De acuerdo con habitantes, el director local del organismo, Roberto Arias, ha asegurado, en diversas reuniones, que la concesión solicitada por la comunidad “ya está resuelta”, aunque hasta ahora no existe documento público que lo confirme.
La visita ocurre en un contexto de disputa por el uso y control del agua del manantial. Mientras la comunidad busca el reconocimiento formal de una concesión colectiva, continúa vigente el título otorgado previamente a Miguel Prado Vera, quien extrae agua para su venta en camiones pipa a las colonias a quienes se las quitó.
Habitantes consultados señalaron que “no se vio avance significativo en el proyecto de concesión”. Añadieron que los estudios técnicos del manantial fueron realizados desde 2024 y que la reciente inspección se limitó a la verificación de coordenadas, sin informar sobre resoluciones administrativas, volúmenes autorizados o plazos.
La Conagua, como autoridad federal en materia de aguas nacionales conforme a la Ley de Aguas Nacionales, es responsable de otorgar, modificar o cancelar concesiones. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la cancelación del título otorgado al privado que comercializa agua del manantial, una de las demandas de la comunidad indígena Pirinda, de San Miguel del Monte.
De acuerdo con testimonios locales, la empresa vinculada a Miguel Ángel Prado Vera ha reducido sus operaciones: el año pasado extraía alrededor de 20 pipas diarias y actualmente moviliza aproximadamente ocho, operando medio día.
No se han difundido cifras oficiales que confirmen los volúmenes concesionados ni los volúmenes efectivamente extraídos o si realmente los medidores han servido de algo.
En la misma narrativa que ha prevalecido por parte de la CONAGUA Michoacán, se reunió con habitantes de encargaturas de la Tenencias de San Miguel del Monte que apoyan y trabajan para Miguel Ángel Prado Vera, ya que como hemos reportado en en15dias.com, han contribuido al desarrollo de los intereses inmobiliarios, y en algunos casos, algunas de ellas y ellos tienen proyectos ya realizados y en espera de expansión.
Es de destacar que, en la reunión, estos habitantes fueron asesorados por Juan Carlos Becerra, director de Gobernabilidad del Ayuntamiento de Morelia, trabajador cercano a Yankel Benítez, quien ha a poyado de manera permanente y franca al grupo opositor.
Roberto Arias, hasta ahora no ha informado oficialmente sobre tiempos formales de resolución, dictámenes técnicos concluyentes ni acuerdos administrativos.
El escenario inmediato dependerá de tres factores: la emisión o no de un título de concesión a favor de la comunidad, la revisión jurídica de la concesión vigente al particular y la definición de volúmenes autorizados bajo criterios de disponibilidad hídrica.
En un contexto de presión sobre fuentes locales de agua, la resolución del caso marcará precedentes sobre la gestión pública y comunitaria del recurso en Michoacán. ¿Roberto Arias dará paso a la prefactibilidad de agua en la zona para el arribo inmobiliario en San Miguel del Monte?
GOBIERNO DE MICHOACÁN DESTINA 82.3 MILLONES DE PESOS AL RAMAL CAMELINAS DESDE 2023
Vaya, vaya… esta semana Rogelio Zarazúa Sánchez. Titular de SCOP señaló que se concluyó la rehabilitación del Ramal Camelinas, la carretera estatal MICH-220.
“Con acciones firmes y bien planeadas, el programa Michoacán Construye consolida una red carretera más segura y funcional, porque sabemos que cada kilómetro cuenta para el desarrollo. Seguimos trabajando con orden y eficiencia, porque llevamos infraestructura a cada rincón de Michoacán”, señala su mensaje de redes sociodigitales.
El Ramal Camelinas, inaugurado en 2018 como una de las obras de infraestructura más importantes del sur de Morelia, ha acumulado al menos 82.3 millones de pesos en inversión estatal entre 2023 y 2025, destinados principalmente a trabajos de mantenimiento, modernización y equipamiento tecnológico.
De acuerdo con información oficial de la administración estatal, los recursos han sido canalizados a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en distintas etapas. Hasta el momento, no existen registros públicos desagregados que acrediten inversión específica del Ayuntamiento de Morelia en esta vialidad desde 2020.
En agosto de 2023, el gobierno estatal invirtió aproximadamente 3.3 millones de pesos para la sustitución de luminarias en el túnel II del ramal. Posteriormente, se anunció un programa de mantenimiento multianual que contempla señalización, bacheo y sellado de grietas, con una inversión proyectada cercana a 17.9 millones de pesos.
Un año después, en agosto de 2024, el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla informó de una inversión adicional de 31.1 millones de pesos para modernización y rehabilitación, que incluye la instalación de cámaras de videovigilancia, sistemas de emergencia y conectividad inalámbrica.
El pasado febrero de 2025, autoridades estatales anunciaron que se destinarán 30 millones de pesos adicionales para mantenimiento hasta 2027. En conjunto, las cifras oficiales suman al menos 82.3 millones de pesos en recursos estatales ejercidos o comprometidos durante este periodo.
El Ramal Camelinas fue inaugurado en 2018 con un costo original reportado entre 900 millones y 1,130 millones de pesos, según distintas fuentes oficiales. La obra conecta la zona sur de Morelia con la salida a Pátzcuaro y fue presentada como una solución para desahogar el tránsito en avenidas saturadas y reducir tiempos de traslado.
Esta infraestructura se inserta en un área de expansión urbana que concentra fraccionamientos de mediana y alta densidad, así como nuevos corredores comerciales en el sur poniente de la ciudad.
Aunque el ramal se ubica íntegramente dentro del municipio de Morelia, la SCOP ha sido la responsable de su conservación al tratarse de infraestructura carretera estatal.
Reportes periodísticos de 2023 señalan que el Ayuntamiento de Morelia se negó a hacerse cargo del mantenimiento de la obra, cuyo costo anual se estimó en 1.7 millones de pesos.
Hasta la fecha no se han publicado convenios específicos que detallen aportaciones municipales directas para su mantenimiento desde 2020, lo que plantea interrogantes sobre la distribución de responsabilidades en materia de movilidad urbana.
El mantenimiento continuo responde, según autoridades estatales, a la necesidad de garantizar seguridad estructural en los túneles y condiciones adecuadas de circulación. La continuidad de la inversión hasta 2027 indica que el ramal será objeto de atención presupuestal sostenida en el corto y mediano plazo.
La asignación recurrente de recursos públicos a esta vialidad plantea cuestionamientos sobre la distribución presupuestal a escala metropolitana y sobre las prioridades de inversión en movilidad, especialmente en un contexto donde persisten déficits en transporte público masivo y conectividad en colonias periféricas de menor ingreso.
EMPRESARIO FRANCISCO MEDINA CHÁVEZ CABILDEA CON DIPUTADA SUS PENDIENTES
Y en este contexto, la diputada local de Sandra Garibay, integrante de Morena, informó que sostuvo una reunión con representantes del sector empresarial para “revisar pendientes en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial e infraestructura”.
En su mensaje público señaló que “el diálogo y la coordinación entre sectores son fundamentales para impulsar proyectos que generen crecimiento ordenado, certeza y mejores condiciones para nuestras ciudades”. No detalló los nombres de los empresarios participantes ni los proyectos específicos abordados.
Uno de los asistentes fue Francisco Medina Chávez, empresario ligado a desarrollos inmobiliarios en el complejo Altozano, al sur de Morelia. Esta zona que ha experimentado en los últimos años una expansión inmobiliaria sostenida, acompañada de infraestructura vial y equipamiento urbano. Este proceso ha implicado transformaciones significativas del paisaje, incluyendo cambios de uso de suelo en áreas con cobertura forestal y presión sobre zonas de recarga hídrica.
en15días ha documentado previamente los impactos ambientales y territoriales asociados a estos desarrollos, así como la relación entre expansión urbana, valorización del suelo e inversión pública en infraestructura. La consolidación de Altozano ha estado acompañada por decisiones administrativas estatales y municipales en materia de autorizaciones, planeación y conectividad.
CHECA LOS TEXTO ACERCA DE FRANCISCO MEDINA
La reunión adquiere relevancia en ese contexto: la agenda de “ordenamiento territorial” fue revisada con actores empresariales directamente vinculados a la transformación del sur de Morelia.
Desde una perspectiva institucional, el Congreso local tiene atribuciones en materia de marco normativo urbano y supervisión de políticas públicas. El diálogo entre representantes populares y desarrolladores forma parte de la dinámica legislativa; sin embargo, la orientación de esa interlocución define el modelo territorial que se consolida.
En el plano político, el encuentro ocurre bajo el discurso nacional de la autollamada “Cuarta Transformación”, que ha planteado la regulación del crecimiento urbano y la defensa del interés público. En la escala local, el sur de Morelia continúa siendo uno de los principales frentes de expansión inmobiliaria.
El hecho confirmado es la reunión de la diputada con empresarios del sector inmobiliario para revisar pendientes de desarrollo urbano. Lo que permanece sin aclarar es si esa revisión incluirá una evaluación integral de los impactos acumulados en el paisaje, el agua y el equilibrio territorial del sur de la ciudad, o si se limitará a facilitar la continuidad de proyectos en curso.
MESA AMBIENTAL DIFUNDE MENSAJES, PERO NO INFORMA ACUERDOS NI METAS
Y esta semana, la más reciente sesión de la Mesa de Seguridad Ambiental de Michoacán fue comunicada exclusivamente a través de publicaciones en redes sociodigitales de dependencias estatales.
La Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), la Comisión Forestal del Estado (Cofom), la Comisión de Pesca y la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm) difundieron mensajes sobre coordinación interinstitucional para atender tala ilegal, incendios forestales y conservación del agua y los bosques. Sin embargo, hasta el momento no existe información pública verificable sobre acuerdos específicos, metas, presupuesto asignado ni mecanismos de evaluación.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que se revisaron “los temas prioritarios en la protección de nuestro entorno” y que existe una postura firme frente a la tala y los incendios.
La Secma informó que “se establecieron acciones para atender las diferentes problemáticas en las regiones del estado”.
Cofom y ProAm destacaron la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado. No obstante, ninguno de los comunicados detalla qué problemáticas específicas fueron diagnosticadas, qué regiones fueron priorizadas ni qué instrumentos concretos se activarán.
La ausencia de minutas, informes técnicos o comunicados formales con contenido sustantivo contrasta con la relevancia estructural del tema. Michoacán cuenta con más de 2 millones de hectáreas de superficie forestal, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y enfrenta desde hace años procesos de deforestación asociados a tala ilegal, incendios y cambio de uso de suelo.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la legislación estatal establecen obligaciones claras en materia de autorización y sanción del cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Uno de los principales focos de presión territorial se localiza en la franja aguacatera del estado, donde la expansión agroindustrial ha reconfigurado municipios como Uruapan, Tancítaro, Salvador Escalante y Peribán. Y actualmente, determinada en 31 municipios por la solicitud del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.
La producción de aguacate representa un componente central de la economía estatal y de las exportaciones hacia Estados Unidos. Este modelo productivo implica cadenas de valor que incluyen productores, empacadoras, certificadoras, financiamiento y comercio internacional.
La omisión de información sustantiva sobre cómo se enfrenta el cambio de uso de suelo en zonas forestales es un elemento central. La tala ilegal no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en dinámicas económicas más amplias donde el suelo forestal adquiere valor como activo productivo. La conversión de bosque a huerta implica decisiones que atraviesan escalas locales, estatales y globales.
La Mesa de Seguridad Ambiental podría ser un espacio estratégico para articular inspección forestal, ordenamiento ecológico y política agroindustrial. Sin embargo, al limitar la comunicación a mensajes genéricos en redes sociodigitales, las autoridades no permiten conocer si se discutieron autorizaciones recientes de cambio de uso de suelo, si se revisarán expedientes en municipios con alta incidencia de deforestación o si se implementarán sistemas de monitoreo y transparencia.
Lo hemos dicho, la disputa por el territorio en Michoacán no se reduce a un problema ambiental, sino que implica la reconfiguración espacial del estado bajo un modelo agroexportador. La expansión de infraestructura de riego, caminos rurales y empacadoras modifica paisajes y relaciones sociales.
Las comunidades agrarias, ejidos y pequeños propietarios se encuentran en el centro de estas transformaciones, pero no se informó si participaron en la sesión ni si existen mecanismos de consulta o coordinación con actores locales.
La comunicación gubernamental centrada en imágenes institucionales y frases de coordinación no sustituye la rendición de cuentas. En ausencia de datos sobre superficie afectada en el último año, número de operativos realizados, sanciones impuestas o presupuesto destinado a inspección forestal, la narrativa pública se mantiene en el plano declarativo.
El marco normativo vigente ofrece herramientas para regular el uso del suelo y sancionar desmontes ilegales. La efectividad de estas herramientas depende de transparencia en autorizaciones, inspección constante y seguimiento judicial. Sin información pública que permita contrastar anuncios con resultados, no es posible evaluar el impacto real de la Mesa de Seguridad Ambiental.
La falta de información detallada sobre lo discutido y acordado en la sesión limita el escrutinio público y dificulta analizar si existe una política integral para contener la expansión sobre terrenos forestales.
¿Dónde está la minuta oficial de la sesión, lista de acuerdos, indicadores de seguimiento, municipios priorizados, estadísticas actualizadas de cambio de uso de suelo y datos sobre procedimientos administrativos y penales iniciados por tala ilegal? Sin estos elementos, la Mesa de Seguridad Ambiental permanece en el terreno de la comunicación institucional, más que en el de una política pública verificable.
VIOLENCIA Y TALA ILEGAL TENSAN GOBERNANZA EN TINGAMBATO
Vaya, vaya… y en los últimos meses, el municipio de Tingambato, en la región de la Meseta Purépecha de Michoacán, ha registrado hechos de violencia armada y denuncias de tala clandestina que colocan nuevamente al territorio en el centro de disputas por control económico y recursos naturales.
Comuneros denunciaron en febrero de 2026 la tala ilegal de más de 150 pinos en una sola jornada y hasta mil 500 árboles en un periodo de dos meses en zonas próximas a la cabecera municipal y a áreas forestales de alto valor ecológico. Las denuncias coinciden con celebraciones comunitarias del Año Nuevo Purépecha, lo que acentuó la visibilidad del problema ante autoridades locales y estatales.
Tingambato forma parte de una región con alta densidad forestal y presencia de propiedad social. En Michoacán, más del 60 por ciento del territorio es de régimen ejidal o comunal, lo que sitúa a las comunidades indígenas como actores centrales en la gestión de bosques. La Meseta Purépecha, en particular, ha desarrollado históricamente formas de organización comunal para la defensa del territorio frente a la tala ilegal y el avance de economías ilícitas.
La superposición entre violencia armada y degradación ambiental no es un fenómeno aislado. Diversos diagnósticos académicos y oficiales han documentado que en zonas forestales del occidente del país operan redes de tala clandestina vinculadas a estructuras criminales que diversifican sus actividades más allá del narcotráfico.
El control territorial permite gestionar rutas, imponer cobros y aprovechar recursos maderables con escasa supervisión institucional.
Desde el punto de vista normativo, la tala ilegal constituye un delito federal conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y al Código Penal Federal. Sin embargo, la aplicación efectiva de la ley depende de la coordinación entre autoridades ambientales, fuerzas de seguridad y fiscalías estatales. La limitada presencia institucional en zonas rurales facilita que actores armados disputen el control de bosques y brechas.
En el plano de la seguridad pública, Michoacán ha sido uno de los estados con mayores registros de homicidio doloso en la última década, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La región de Uruapan —de la cual depende administrativamente Tingambato— ha concentrado episodios de violencia asociados a disputas entre organizaciones criminales.
La dimensión territorial es clave para entender estos procesos. Tingambato se ubica en un corredor estratégico entre Uruapan y Pátzcuaro, con acceso a rutas que conectan con la autopista Siglo XXI. Esta posición geográfica lo inserta en dinámicas de movilidad regional que pueden ser aprovechadas tanto por economías legales —como la producción agrícola y forestal— como por actividades ilícitas.
La disputa por el bosque no sólo es un conflicto ambiental, sino una pugna por el control de bienes comunes. La madera, el agua y el suelo forestal constituyen activos económicos que pueden integrarse a cadenas formales o ilegales. Cuando la gobernanza comunitaria se ve presionada por actores armados, se debilita la capacidad local para regular el aprovechamiento sostenible.
Las comunidades purépechas han desarrollado en distintos municipios esquemas de autogobierno y rondas comunitarias para enfrentar la tala ilegal. No obstante, la efectividad de estos mecanismos depende del reconocimiento estatal y de condiciones de seguridad. La coexistencia de violencia armada y aprovechamiento ilícito de recursos genera un entorno de riesgo para autoridades comunales y defensores ambientales.
Hasta el momento, no se han difundido balances oficiales detallados sobre el impacto ambiental de la tala denunciada en Tingambato ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los ataques armados. Tampoco se ha informado si las zonas afectadas cuentan con programas federales de manejo forestal o pagos por servicios ambientales.
Para dimensionar plenamente la situación sería necesario contar con datos adicionales: cifras actualizadas de deforestación en el municipio, número de carpetas de investigación abiertas por delitos forestales, información sobre superficie bajo manejo comunitario y posicionamientos formales de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
Lo confirmado hasta ahora muestra una convergencia entre violencia criminal y presión sobre recursos naturales en un territorio de alta relevancia cultural y ecológica. La evolución de estos hechos dependerá de la capacidad institucional para restablecer condiciones de seguridad y fortalecer la gobernanza forestal comunitaria.
RECONOCIMIENTOS A XAVIER FAVELA Y GARCÍA DAVISH, LEGADO A DEBATE
Vaya, vaya… y en las últimas semanas han proliferado los “reconocimientos” públicos a periodistas que forjaron su trayectoria al amparo de los viejos regímenes y que, con notable habilidad, han sabido sobrevivir a los cambios de gobierno sin que se altere demasiado su cercanía con el poder. Se les entrega una placa, se les dedica un discurso, se les presenta como referentes de profesionalismo y constancia. Y mientras tanto, la memoria pública parece diluirse en la comodidad del aplauso.
No se trata de cuestionar trayectorias por consigna ni de negar décadas de oficio. Se trata de recordar que en Michoacán el periodismo no ha sido un terreno neutral, sino un espacio atravesado por relaciones de poder, por dependencias presupuestales, por convenios de publicidad oficial y por silencios estratégicos.
En ese contexto, estos dos periodistas hoy homenajeados no solo narraron la historia política del estado: ayudaron a construir una narrativa funcional a los gobiernos en turno. Legitimizando decisiones, suavizando escándalos, amplificando discursos oficiales, contribuyeron a sostener políticas que, en más de un caso, se tradujeron en afectaciones directas a la población.
Porque no es menor el papel que juega la palabra cuando se normalizan megaproyectos sin consulta, se minimizan conflictos territoriales, se criminaliza la protesta social o se romantiza la llegada de inversiones sin discutir sus impactos sociales y ambientales.
Uno desde sus textos y otro desde su medio, validaron figuras políticas hoy cuestionadas, se presentaron como inevitables modelos de desarrollo que profundizaron desigualdades y se cerraron filas en torno a gobiernos que administraron la crisis con propaganda antes que con soluciones estructurales.
Y es que el periodismo no solo informa: también otorga legitimidad. Cuando una voz con alcance mediático respalda o suaviza decisiones públicas, contribuye a moldear la percepción colectiva.
En un estado marcado por la violencia, la disputa territorial y la fragilidad institucional, esa legitimidad ha sido un recurso de enorme valor para quienes han ocupado el poder. No es casual que muchos de los hoy galardonados hayan transitado con relativa comodidad entre administraciones de distinto signo partidista, manteniendo intacta su influencia y su cercanía con las élites políticas.
El problema no es que se reconozca una carrera larga. El problema es el blanqueo.
Convertir trayectorias marcadas por la connivencia con el poder en relatos épicos de resistencia y profesionalismo sin matices implica borrar el contexto en el que se ejerció ese periodismo. Implica omitir que hubo colegas desplazados, críticos marginados y voces incómodas que no recibieron convenios ni homenajes precisamente por negarse a legitimar discursos oficiales.
En tiempos donde se habla de transformación, alternancia o cambio de régimen, resulta paradójico que se premie, sin una revisión crítica, a quienes ayudaron a consolidar las narrativas de los gobiernos que hoy se dicen superados. La memoria es incómoda, pero necesaria. Recordar cómo actuaron estos periodistas no es un ajuste de cuentas: es un acto de responsabilidad pública.
Porque si el periodismo aspira a recuperar credibilidad, debe empezar por revisar sus propias complicidades. Y como sociedad no podemos permitir que, bajo la etiqueta de “reconocimiento”, se reescriba la historia reciente del periodismo en Michoacán sin hablar de sus claroscuros. Aplaudir sin memoria es también una forma de renunciar a la crítica. Y en un estado donde la información ha sido, demasiadas veces, rehén del poder, olvidar sería el mayor error.
MÉXICO PARTICIPARÁ EN DIÁLOGO SOBRE MINERALES CRÍTICOS; 300 EMPRESAS CANADIENSES EN AGENDA
En el ámbito federal, esta semana, el Gobierno de México confirmó que participará en un proceso de diálogo multilateral sobre minerales críticos convocado por Estados Unidos, en un contexto de creciente competencia geopolítica por insumos estratégicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que no existe ningún acuerdo firmado ni compromiso que implique cambios a la legislación minera. En paralelo, el secretario de Economía informó que la próxima semana recibirá a una delegación canadiense integrada por más de 300 empresas, entre ellas compañías del sector minero.
El secretario Marcelo Ebrard Casaubon explicó que la invitación de Estados Unidos plantea un diálogo de 60 días con varios países —entre ellos Canadá, India, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea— para intercambiar posiciones sobre el suministro de minerales estratégicos. Señaló que la instrucción presidencial es participar para garantizar acceso estable a insumos que México no produce y que son esenciales para su industria.
En ese marco, destacó que la visita de la contraparte canadiense incluirá “más de 300 empresas”, con una agenda que abordará minerales críticos, industria automotriz y acero. Canadá es uno de los principales inversionistas en minería en México y concentra un número significativo de concesiones en estados como Sonora, Zacatecas, Durango y Chihuahua.
La presidenta fue enfática en que el diálogo no implica cesión de recursos ni apertura de nuevas explotaciones. “No hay nada firmado, nada”, afirmó.
México importa prácticamente el 100 por ciento de minerales como aluminio, titanio, cromo, germanio, iridio, paladio, platino, tantalio y vanadio. También depende de importaciones de níquel y cobalto en determinadas aplicaciones industriales. Esta dependencia es relevante para sectores como el automotriz, electrónico y energético.
Al mismo tiempo, el país es fuerte en barita, cobre, fluorita, grafito, magnesio, manganeso, plata, plomo y zinc. México es el principal productor mundial de plata. Estos recursos están territorialmente concentrados y han configurado dinámicas económicas regionales, así como conflictos socioambientales en distintas entidades.
En relación con la inversión canadiense, organizaciones comunitarias y ambientales han documentado controversias en torno a proyectos mineros operados por empresas con capital de ese país, particularmente por impactos en agua, suelos y ecosistemas.
En México existen antecedentes de sanciones administrativas, conflictos agrarios y litigios ambientales vinculados a operaciones mineras en diversas regiones. Estos antecedentes forman parte del contexto en el que se desarrollará la visita empresarial.
Desde el marco jurídico, la Constitución establece que los minerales del subsuelo son propiedad de la Nación y que las concesiones otorgan derechos de explotación, no de propiedad. La reforma a la Ley Minera de 2023 redujo la duración de concesiones y fortaleció el papel del Estado en la planeación del sector.
El debate sobre minerales críticos no se limita al comercio exterior. Implica decisiones sobre exploración, uso del agua, ordenamiento territorial y distribución de beneficios en zonas mineras. La recepción de una delegación de 300 empresas canadienses coloca nuevamente en el centro la relación entre inversión extranjera, regulación ambiental y soberanía sobre los recursos.
En el corto plazo, el Gobierno sostiene que su participación en foros multilaterales busca garantizar suministro para la industria nacional sin modificar el marco legal. En el mediano plazo, la discusión se inserta en una transición energética que reconfigura territorios y cadenas de valor. El desenlace dependerá de cómo se equilibren seguridad industrial, regulación ambiental y control estatal sobre un sector estratégico en disputa a escala global.
SEMARNAT PIDE A CONSTRUCTORES ACELERAR PLAN (EXTRACTIVISTA) MÉXICO
El jefe de Oficina de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodrigo Morales, participó esta semana en una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para exponer los principales ejes ambientales abordados por México en el Foro Económico Mundial 2026, celebrado en Davos.
En representación de la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, el funcionario planteó la necesidad de acelerar el denominado Plan México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la reconfiguración del poder económico internacional.
Durante el encuentro, Morales señaló que México identificó en Davos oportunidades en tres ámbitos vinculados al medio ambiente: la valorización de servicios ecosistémicos —como los mercados de carbono—, la economía circular aplicada a sectores productivos como la construcción y la transición energética asociada a nuevas demandas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial.
Los planteamientos se insertan en un marco normativo que, desde la Ley General de Cambio Climático de 2012, prevé instrumentos de mercado para la reducción de emisiones. En 2020 inició en México el Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, coordinado por Semarnat, como antesala de un esquema permanente. Estos mecanismos buscan establecer límites de emisiones y permitir la compraventa de derechos entre empresas reguladas.
En términos económicos, el sector de la construcción representa entre 7 y 8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y es uno de los principales consumidores de cemento, acero, agua y energía. Su incorporación a esquemas de economía circular implicaría modificar procesos de diseño, selección de materiales, gestión de residuos y eficiencia energética en obras públicas y privadas.
La interlocución con la CMIC coloca a las empresas constructoras como actores clave en la implementación de estándares ambientales. Muchas de ellas participan en infraestructura federal y estatal, incluyendo proyectos energéticos, carreteros y urbanos. La adopción de criterios de descarbonización y circularidad puede incidir en costos, financiamiento y acceso a contratos públicos.
En el plano territorial, la valorización de servicios ecosistémicos remite principalmente a zonas forestales y rurales. México cuenta con más de 100 millones de hectáreas bajo propiedad social —ejidos y comunidades agrarias—, lo que significa que una parte sustantiva del potencial de captura de carbono se ubica en territorios colectivos. La eventual expansión de mercados de carbono requeriría mecanismos de medición, reporte y verificación, así como acuerdos claros sobre distribución de beneficios.
Desde una perspectiva de ecología política, estos instrumentos desplazan la política ambiental hacia esquemas donde funciones ecológicas adquieren valor económico transable. La captura de carbono, la conservación de bosques o la restauración de suelos se convierten en activos susceptibles de financiamiento. La autoridad ambiental, en este contexto, no sólo regula impactos, sino que diseña y supervisa mercados vinculados a la naturaleza.
La transición energética constituye el tercer eje señalado. El despliegue de tecnologías digitales de alta demanda energética, como centros de datos asociados a inteligencia artificial, incrementa la presión sobre el sistema eléctrico. La política ambiental se articula así con la planeación energética nacional, en un escenario donde México busca fortalecer la generación pública y ampliar la capacidad instalada con fuentes de menor intensidad de carbono.
El Plan México, mencionado por el funcionario, ha sido presentado por el Ejecutivo federal como una estrategia integral para atraer inversión y reorganizar cadenas productivas ante el fenómeno de relocalización industrial. Esta dinámica reconfigura corredores industriales, puertos y zonas fronterizas, con impactos directos sobre uso de suelo, disponibilidad hídrica y demanda energética.
La agenda ambiental discutida en Davos involucra múltiples escalas. A nivel internacional, organismos financieros y fondos de inversión promueven instrumentos de financiamiento verde. A nivel nacional, dependencias federales definen reglas de operación y marcos regulatorios. En el territorio, comunidades rurales y empresas locales enfrentan las implicaciones concretas de proyectos y contratos.
La integración de mercados ambientales puede generar flujos de recursos hacia conservación y restauración, pero también plantea desafíos de gobernanza. Especialistas han advertido que sin salvaguardas claras, estos esquemas pueden concentrar beneficios en intermediarios financieros o grandes corporaciones, dejando a comunidades con márgenes limitados de decisión.
En el sector construcción, la adopción de economía circular puede reducir residuos —que en México superan 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, según datos oficiales recientes— y disminuir emisiones asociadas a materiales intensivos en carbono. Sin embargo, su implementación requiere cambios regulatorios, incentivos fiscales y criterios de contratación pública.
Los planteamientos expuestos por Semarnat ante la CMIC no incluyeron metas cuantitativas ni calendarios específicos. Tampoco se detallaron mecanismos de coordinación con otras dependencias como Energía o Economía. La definición de instrumentos concretos será determinante para evaluar el alcance real de los compromisos anunciados.
En el mediano plazo, la articulación entre política ambiental y estrategia industrial redefinirá la inserción territorial de México en cadenas globales. La forma en que se distribuyan costos y beneficios de la transición —entre regiones industriales, territorios rurales y centros urbanos— marcará el alcance social de estos instrumentos.
Lo destacado en esto es que el papel de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha transitado, en las últimos sexenios, de ser omisa como autoridad reguladora ambiental a ser gestora de instrumentos económicos vinculados a la naturaleza. Esa transformación no es menor y abre un debate estructural sobre su función: ¿regula para proteger bienes comunes o administra activos ambientales dentro de una lógica de mercado?
GOBIERNO RECUPERA 1,126 CONCESIONES MINERAS; 713 ESTABAN EN ANP
Vaya, vaya… esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en lo que va de su administración se han recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 512 hectáreas, de las cuales 713 se localizan en 249 mil 108 hectáreas dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina, donde se subrayó que la medida garantiza que en esas zonas no habrá explotación minera.
“Aparte de las mil 126 en 889 mil hectáreas, 713 estaban en 249 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, esto es importantísimo, porque se recuperan las concesiones y se garantiza que en Áreas Naturales Protegidas no va a haber explotación minera”, señaló la mandataria. Agregó que, aunque la legislación ya establecía restricciones, la cancelación de los títulos elimina la posibilidad jurídica de actividad extractiva en esos polígonos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que uno de los objetivos prioritarios es recuperar concesiones que no registraron trabajos de exploración, no pagaron derechos o tenían fines especulativos.
or su parte, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando José Aboitiz Saro, detalló que las devoluciones se derivaron principalmente de falta de pago de derechos mineros o de omisión en la presentación de informes estadísticos y de obras.
Las entidades con mayor superficie recuperada son Sonora, con 141 mil 408 hectáreas; Durango, con 129 mil 741; Coahuila, con 120 mil 475; Jalisco, con 72 mil 985; Zacatecas, con 69 mil 602; y Chihuahua, con 34 mil 074 hectáreas.
Otras entidades concentran en conjunto 321 mil 223 hectáreas adicionales. Según lo informado, también se impulsa un plan de devolución voluntaria de concesiones mediante diálogo con el sector.
El marco jurídico de la minería en México se rige por la Ley Minera y el artículo 27 constitucional, que establece que los recursos del subsuelo son propiedad de la Nación. En 2022 se reformó la legislación para declarar al litio como mineral estratégico cuya explotación corresponde exclusivamente al Estado. “Las reservas de minerales son de México y en todo caso su explotación le corresponde a México. Eso no está a ninguna negociación y eso está en nuestra Constitución”, afirmó Sheinbaum.
Las Áreas Naturales Protegidas, reguladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suman más de 90 millones de hectáreas en el país, considerando superficie terrestre y marina. La superposición histórica entre concesiones mineras y ANP ha sido motivo de controversia, ya que, aunque la normatividad ambiental limita actividades extractivas, la existencia de títulos vigentes generaba disputas jurídicas y presión sobre los territorios.
La recuperación de concesiones implica una reconfiguración del mapa minero nacional. De acuerdo con datos oficiales previos, durante el periodo de mayor expansión del sector —entre 2006 y 2018— se concesionaron decenas de millones de hectáreas, lo que generó una amplia presencia de capital minero, tanto nacional como extranjero, en estados del norte y centro del país.
Estados como Sonora, Durango y Zacatecas forman parte de corredores históricos de minería metálica, con infraestructura consolidada y economías locales vinculadas a la extracción. La cancelación de concesiones inactivas o especulativas puede modificar expectativas de inversión y reducir presiones sobre territorios rurales y áreas de alto valor ecológico.
La medida se inscribe en un debate más amplio sobre el modelo extractivo y la administración de bienes comunes. La minería opera bajo un régimen de concesiones que otorga derechos preferentes sobre el subsuelo, lo que históricamente ha generado tensiones con comunidades agrarias y pueblos originarios cuyos territorios se superponen con lotes mineros.
Si bien el anuncio se refiere a concesiones sin actividad comprobada o incumplidas en sus obligaciones fiscales y administrativas, la recuperación de títulos en ANP introduce un precedente relevante en la relación entre política ambiental y política económica. La eliminación de concesiones reduce la posibilidad de litigios futuros en zonas de conservación y fortalece el principio preventivo en materia ambiental.
Al mismo tiempo, la referencia presidencial al carácter estratégico del litio sitúa la discusión en el plano geopolítico. La transición energética global ha incrementado la demanda de minerales críticos. En México, los yacimientos identificados se concentran principalmente en Sonora. La decisión de reservar su explotación al Estado redefine la relación entre capital privado, empresas públicas y soberanía sobre recursos.
El sector minero involucra al Estado federal —que otorga y cancela concesiones—, empresas nacionales y extranjeras, gobiernos estatales que dependen de ingresos y empleo asociados a la actividad, y comunidades locales que enfrentan impactos ambientales y sociales. La recuperación de concesiones modifica este equilibrio, al reducir el número de títulos vigentes y recentralizar decisiones estratégicas.
En el plano ambiental, la minería metálica a cielo abierto ha sido asociada a remoción masiva de suelos, uso intensivo de agua y generación de residuos peligrosos. En regiones áridas del norte, donde el estrés hídrico es elevado, la presión sobre acuíferos ha sido un punto crítico. La cancelación de concesiones en ANP elimina potenciales focos de conflicto en zonas destinadas a conservación.
No obstante, para dimensionar plenamente el alcance de la medida sería necesario contar con información adicional: número total de concesiones vigentes antes y después del proceso de recuperación, estimación de superficie concesionada a nivel nacional, impacto fiscal derivado de la cancelación y ubicación específica de las ANP involucradas. También sería relevante conocer si existen litigios en curso relacionados con estos títulos.
La recuperación de mil 126 concesiones representa un ajuste en la política minera que puede redefinir la distribución territorial del extractivismo en México. En un contexto de transición energética y competencia por minerales estratégicos, la forma en que el Estado administre nuevas asignaciones, fortalezca supervisión ambiental y garantice derechos comunitarios será determinante para el rumbo del sector.
CUBA ENFRENTA CRISIS ENERGÉTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL PROLONGADA
Vaya, vaya… La situación en Cuba se ha deteriorado de forma sostenida durante 2025 y principios de 2026, con una combinación de crisis energética, contracción económica y tensiones sociales que han impactado el acceso a alimentos, electricidad y servicios básicos.
El escenario involucra al Estado cubano, al gobierno de Estados Unidos por el régimen de sanciones, y a actores externos como Rusia y México que han anunciado apoyos energéticos y humanitarios.
La relevancia del caso trasciende lo nacional por su dimensión geopolítica en el Caribe y por los efectos territoriales que inciden directamente en la vida cotidiana de la población.
Datos oficiales y reportes de organismos internacionales coinciden en que la economía cubana atraviesa una de sus etapas más restrictivas desde el denominado “Período Especial” de los años noventa.
La caída del turismo —uno de los principales generadores de divisas— se ha vinculado tanto a la reducción de vuelos como a la limitada disponibilidad de combustible. El turismo representa una fuente estratégica de ingresos externos y su contracción afecta cadenas de suministro, empleo urbano y financiamiento estatal.
La crisis energética es un eje estructural. La generación eléctrica depende en gran medida de combustibles fósiles importados, en particular petróleo. La disminución de envíos desde Venezuela y las restricciones financieras asociadas al embargo estadounidense han reducido la disponibilidad de combustible para plantas termoeléctricas.
Como consecuencia, amplias regiones del país han registrado apagones prolongados que afectan actividad productiva, transporte, sistemas de bombeo de agua y servicios hospitalarios.
El embargo de Estados Unidos —reforzado mediante disposiciones como la Ley Helms-Burton de 1996— limita el acceso de Cuba a financiamiento internacional y encarece transacciones comerciales. Washington sostiene que las sanciones buscan presionar cambios políticos internos.
El gobierno cubano argumenta que las restricciones externas son un factor determinante en la escasez de divisas, insumos y tecnología. En paralelo, Rusia ha anunciado apoyos financieros y energéticos, mientras México ha enviado cargamentos de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y combustibles, en el marco de cooperación bilateral.
En el plano social, se han documentado protestas en distintas localidades por la falta de electricidad y alimentos. Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado detenciones y restricciones a la libertad de expresión en el contexto de manifestaciones.
El Estado cubano sostiene que actúa para preservar el orden público. Estas tensiones evidencian la dimensión territorial de la crisis: no se trata únicamente de indicadores macroeconómicos, sino de disputas concretas por acceso a bienes básicos en barrios urbanos y municipios periféricos.
Desde una perspectiva de ecología política, la dependencia energética de combustibles fósiles importados revela la fragilidad de un modelo productivo centralizado que requiere divisas externas para sostener su infraestructura. La limitada diversificación energética —más allá de avances incipientes en fuentes renovables— condiciona la soberanía energética y expone al país a decisiones geopolíticas tomadas fuera de su territorio.
La crisis actual muestra cómo el acceso a la energía se convierte en un nodo de poder que articula Estado, mercados internacionales y actores financieros.
La crisis no se distribuye de manera homogénea. Zonas urbanas densamente pobladas experimentan interrupciones que afectan cadenas logísticas y comercio minorista, mientras áreas rurales enfrentan dificultades adicionales para transporte y acceso a insumos agrícolas.
La reducción en la producción agrícola nacional ha incrementado la dependencia de importaciones de alimentos, en un contexto de escasez de divisas. Esto repercute en mercados locales y en la capacidad del Estado para sostener sistemas de abastecimiento regulado.
El marco institucional cubano se basa en un sistema de partido único y fuerte centralización económica. Las reformas emprendidas en la última década, como la ampliación del trabajo por cuenta propia y la legalización de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, buscan dinamizar sectores productivos. Sin embargo, la dualidad monetaria previa y la posterior reforma cambiaria han generado presiones inflacionarias que erosionan el poder adquisitivo.
La inflación impacta de forma diferenciada a hogares con acceso a remesas frente a aquellos que dependen exclusivamente de salarios estatales.
Las relaciones de poder atraviesan múltiples escalas. A nivel internacional, el gobierno estadounidense utiliza sanciones económicas como instrumento de política exterior. A nivel regional, países aliados proveen asistencia que incide en la estabilidad energética. Internamente, el Estado concentra la planificación y distribución de recursos estratégicos, mientras sectores privados emergentes buscan espacios en una economía restringida. La ciudadanía se ubica en la intersección de estas dinámicas, con capacidad limitada de incidencia en decisiones macroeconómicas.
En términos ambientales, la crisis energética basada en combustibles fósiles mantiene alta la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos, particularmente en un país insular expuesto a huracanes y aumento del nivel del mar. La transición hacia energías renovables —solar y eólica— ha sido anunciada en planes oficiales, pero su implementación requiere inversión externa y acceso a tecnología, condicionados por restricciones financieras internacionales.
El escenario futuro dependerá de varios factores: la evolución del régimen de sanciones, la capacidad del Estado cubano para diversificar su matriz energética y productiva, y la estabilidad de apoyos externos. Sin cambios estructurales en la inserción internacional y en la base energética, la crisis podría prolongarse con impactos acumulativos en cohesión social y reconfiguración territorial, incluida la migración interna y externa.
Para completar un análisis más detallado sería necesario contar con cifras oficiales actualizadas de crecimiento del PIB, inflación anual, niveles de generación eléctrica por fuente, volumen de importaciones de combustibles y alimentos, así como datos verificables sobre protestas y detenciones recientes. Estos elementos permitirían precisar la magnitud cuantitativa de la crisis y sus variaciones regionales dentro de la isla.
