Vaya, vaya… entre comités ambientales, crisis hídrica, extractivismo “limpio”, desorden institucional y oportunismo político, Michoacán cerró la semana confirmando que el problema no es la falta de discursos, sino la ausencia de decisiones que enfrenten al poder económico.
EL (resumen) SEMANAL #03: del 12 al 18 de enero de 2026
TRES AÑOS DE IMPUNIDAD
Vaya, vaya. Tres años después y el expediente sigue caminando en círculos, como si la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia fuera un malentendido administrativo y no un crimen de Estado ocurrido en uno de los territorios más disputados del país. Mientras tanto, las familias cargan con el tiempo, la incertidumbre y una institucionalidad que promete mucho y busca poco. El 15 de enero de 2023 no fue un accidente: fue el punto de choque entre la defensa del territorio, los intereses extractivos y un entramado de violencias que en México suele resolverse con silencio.
Ricardo, abogado de derechos humanos, y Antonio, líder indígena náhuatl, desaparecieron cuando regresaban de una reunión con comuneros de Aquila, Michoacán. No volvían de una fiesta ni de un trámite cualquiera, sino de un ejercicio básico de autonomía: informar y acompañar un proceso de renovación de la representación comunal en una región atravesada por la minería, el crimen organizado y la histórica ausencia —cuando no complicidad— del Estado. Defender la tierra, en ese contexto, sigue siendo una actividad de alto riesgo. A veces mortal. A veces, peor: borrada.
En la rueda de prensa por el tercer aniversario, el dolor no fue retórico. Keivan Díaz Valencia lo dijo sin rodeos: tres años de espera no se le desean a nadie. Lo que exigen las familias no es heroísmo institucional, sino lo mínimo: verdad, justicia y que esto no vuelva a pasar. Pero el camino ha sido cuesta arriba. Copias negadas de la carpeta de investigación, recursos legales para obtener lo básico, fiscales y comisionados de búsqueda que van y vienen sin dejar rastro. Simulación política, la llaman ellos. Indefensión, la viven todos los días.
Y es que el problema no es solo la desaparición, sino lo que viene después: la maquinaria estatal que se traba, se protege o simplemente se ausenta. Tres comisionados de búsqueda y dos fiscales especializados en tres años no hablan de dinamismo, sino de desorden y falta de voluntad. Cuando la justicia depende del relevo de funcionarios, la impunidad se vuelve política pública.
Ante ese vacío, las familias empujaron lo impensable: un mecanismo independiente de búsqueda. En octubre de 2025, un juez autorizó la intervención del MIRAR, con expertos internacionales, antropología forense y análisis de macrocriminalidad. No para sustituir al Estado, sino para recordarle su obligación. El enfoque es claro: mirar más allá de los ejecutores materiales, analizar contextos, actores, alianzas. Porque las desapariciones en territorios extractivos no ocurren en el aire: ocurren donde hay poder, dinero y disputas por el control del suelo.
Como si fuera poco, la búsqueda de justicia cruzó el Atlántico. En mayo de 2025, las familias presentaron una queja contra Ternium ante el Punto de Contacto Nacional de la OCDE en Luxemburgo. Ir tan lejos no es un capricho, es el reconocimiento de un fracaso nacional. Cuando el Estado no responde, las rutas de la justicia se globalizan. La denuncia no es penal, pero sí política y ética: señala la falta de diálogo y exige debida diligencia en derechos humanos en un territorio marcado por desapariciones forzadas. Las empresas, aunque insistan en la neutralidad, operan en contextos concretos y se benefician de ellos.
Este caso no es una excepción. Es parte de un patrón. Global Witness ha documentado más de doscientas agresiones letales contra defensores ambientales en México en poco más de una década. Michoacán destaca, y no por casualidad. Recursos naturales, comunidades indígenas, crimen organizado y un Estado que llega tarde o no llega. Ricardo y Antonio encajan, tristemente, en todos los criterios de lo emblemático: territorio codiciado, defensores incómodos y una impunidad que se normaliza.
El mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum fue directo, sin rodeos ni protocolos. Las familias no piden discursos, piden órdenes claras a las instituciones. Que se busque, que se investigue, que se rompan las inercias. Que la cercanía política con la región no se traduzca en omisiones. En un país con más de cien mil personas desaparecidas y decenas de miles de cuerpos sin identificar, cada caso no resuelto es también una decisión.
Habrá un mes de acción global, peticiones, pronunciamientos y actos de solidaridad. Porque si algo han aprendido las familias es que el olvido también mata. Ricardo y Antonio no son cifras ni expedientes: son parte de una lucha más amplia por la tierra, la vida y la dignidad. Mientras no aparezcan, el país sigue en deuda. Y mientras esa deuda se acumule, hablar de justicia será, otra vez, un ejercicio retórico.
COMIENZAN SESIONES PARA ATENDER PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL
La Secretaría del Medio Ambiente del estado encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional Calidad Ambiental y Salud Pública en Los Azufres, Michoacán, un espacio creado para atender de manera coordinada los impactos ambientales y sanitarios asociados a la actividad geotérmica en esta región del oriente michoacano.
En la sesión participaron dependencias estatales y federales, los ayuntamientos de Hidalgo, Tuxpan y Jungapeo, así como diputadas locales, investigadores, académicos y representantes de comunidades, quienes coincidieron en la necesidad de articular acciones que permitan proteger el entorno natural y la salud de la población que habita en la zona de influencia del complejo geotérmico Los Azufres.
El encuentro se da en un contexto de creciente preocupación social por los efectos de la explotación geotérmica, que durante décadas ha sido señalada por comunidades indígenas y habitantes locales por posibles afectaciones al agua, al aire y a la salud, sin que existan evaluaciones integrales y públicas que den certeza sobre los riesgos acumulados. Diversas organizaciones han documentado padecimientos respiratorios, contaminación de cuerpos de agua y degradación ambiental en el área.
Durante la sesión, las y los participantes acordaron fortalecer el intercambio de información, impulsar estudios científicos independientes y establecer mecanismos de seguimiento que permitan tomar decisiones basadas en evidencia, con enfoque preventivo y de derechos humanos. También se planteó la importancia de garantizar la participación activa de las comunidades en los procesos de diagnóstico y solución.
El Comité Interinstitucional busca convertirse en una instancia permanente de diálogo y coordinación, en un territorio donde la generación de energía considerada “limpia” convive con demandas históricas de justicia ambiental y de atención a la salud pública.
CSIM EXIGE MESA DE TRABAJO
Vaya, vaya y mientras el discurso oficial avanza, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció que la Central Geotérmica de Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad, ha contaminado de manera sistemática el agua, el suelo y el entorno de comunidades originarias y afrodescendientes, generando una crisis ambiental y sanitaria que hoy resulta inocultable.
En un pronunciamiento fechado el 15 de enero de 2026, el CSIM —organización autónoma que agrupa autoridades tradicionales de 80 comunidades p’urhépecha, otomí, matlatzinca, nahua y afromexicanas— emplazó directamente al Estado mexicano, al gobierno de Michoacán y a la CFE a establecer un diálogo resolutivo.
El llamado está dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a las propias comunidades afectadas, advirtiendo que la omisión ya no es una opción.
Y es que, según el documento, durante más de 30 años la operación de la planta geotérmica ha vertido metales pesados y otros contaminantes en los cuerpos de agua que abastecen a municipios como Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío. Una contaminación lenta, silenciosa y prolongada que se ha traducido en una emergencia sanitaria: miles de casos de enfermedad renal crónica y cientos de muertes asociadas a complicaciones derivadas de la exposición al agua contaminada.
Como si fuera poco, esta tragedia ya no se sostiene solo en testimonios comunitarios. El CSIM recuerda que en diciembre pasado se presentó el proyecto científico “La enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial”, cuyas conclusiones confirman la presencia de contaminantes en el agua y señalan la responsabilidad directa de la CFE.
Los datos son contundentes: alrededor del 30 por ciento de los pacientes que requieren atención renal en Michoacán provienen de la región oriente; en Zinapécuaro, el 56 por ciento de los manantiales presenta al menos un contaminante por encima de los límites permisibles, mientras que en Hidalgo la afectación alcanza al 35 por ciento de los afluentes.
Y mientras tanto, las instituciones llamadas a prevenir y remediar el daño —Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, Conagua y Profepa— han mantenido una desatención histórica, agravando una crisis que golpea, otra vez, a comunidades empobrecidas y racializadas.
El desarrollo energético, advierte el CSIM, ha operado aquí bajo una lógica extractiva que socializa los daños y concentra los beneficios.
Ante este escenario, las autoridades tradicionales, a solicitud de comunidades otomíes y por mandato de su Asamblea General, exigieron la instalación de una mesa de trabajo con carácter resolutivo en un plazo no mayor a 15 días.
Las demandas inmediatas son claras: garantizar el suministro de agua no contaminada y la atención urgente a los pacientes renales.
De no haber respuesta, el CSIM anunció que emprenderá acciones jurídicas, sociales y políticas, que podrían incluir la toma de la Central Geotérmica de Los Azufres y otras instalaciones de la CFE, así como el inicio de juicios ambientales a través del Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua.
EN EL OOAPAS, DESORDEN ADMINISTRATIVO
Y mientras tanto, en Morelia, el problema del agua vuelve a mostrar su verdadero rostro: no es solo falta de infraestructura, es desorden administrativo y tolerancia a grandes deudores.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) tiene identificadas al menos 70 cuentas con adeudos superiores a un millón de pesos, reconoció su director, Adolfo Torres Ramírez. Se trata de grandes consumidores, no de usuarios domésticos, muchos ubicados en zonas de alto valor económico.
El dato pone en evidencia una práctica recurrente: mientras usuarios domésticos enfrentan cortes, recargos y presiones de cobro, empresas y establecimientos con alto consumo acumulan deudas sin que se conozcan sanciones efectivas o procesos de recuperación claros.
En paralelo, el OOAPAS anunció el arranque de obras para 2026 con recursos de los programas Proder y Prosanear. Los trabajos incluyen la intervención de 17 redes sanitarias, sustitución de líneas de conducción y rehabilitación de equipos, con obras ya iniciadas en la zona de Las Américas. La inversión busca atender el deterioro de drenajes y redes, resultado de años de rezago y mantenimiento insuficiente.
Sin embargo, el problema de fondo no está solo en las tuberías. El propio organismo admitió la existencia de alrededor de 22 mil cuentas que operan como comercios o actividades industriales, pero que siguen siendo cobradas como domésticas. Esta distorsión, atribuida a padrones desactualizados, sistemas obsoletos y descoordinación institucional, implica una pérdida significativa de ingresos para el organismo y un esquema de subsidio irregular a favor de usuarios comerciales.
El contraste es evidente: por un lado, se anuncian obras y se solicita comprensión a la ciudadanía; por otro, persisten adeudos millonarios y un padrón que no refleja la realidad económica de miles de usuarios.
Sin una política clara de regularización, cobro y actualización de tarifas según el uso real del agua, las inversiones anunciadas corren el riesgo de convertirse en un paliativo más, mientras el costo del desorden sigue recayendo en los usuarios domésticos.
REUNIONES PARA CONCRETAR PLANTA POTABILIZADORA
Y mientras la crisis del agua sigue sin resolverse en Morelia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se sumó al anuncio de la CEAC y del gobierno municipal para impulsar la construcción de una planta potabilizadora en la capital michoacana. El mensaje oficial insiste en que el proyecto “tiene el potencial” de garantizar el abasto para las familias y, al mismo tiempo, fortalecer el desarrollo del campo. El énfasis está puesto en el beneficio futuro, no en las condiciones actuales del sistema hídrico de la ciudad.
La coincidencia discursiva entre Conagua, CEAC y el Ayuntamiento de Morelia busca mostrar coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, más allá de los mensajes en redes sociodigitales, el anuncio ocurre en un contexto marcado por fallas estructurales en la gestión del agua.
El organismo operador local enfrenta adeudos millonarios de grandes usuarios, un padrón desactualizado con miles de comercios cobrados como domésticos y una red de distribución deteriorada. Sin corregir estos problemas, la construcción de nueva infraestructura corre el riesgo de operar sobre un sistema ineficiente, trasladando el costo del desorden a los usuarios domésticos.
RÍO DUERO, HACIA EL ORDENAMIENTO ¿PRODUCTIVO O ECOLÓGICO?
Vaya, vaya… en la cuenca del río Duero, el ordenamiento del territorio no puede entenderse sin nombrar a la agroindustria.
Y es que esta semana, la Secretaría del Medio Ambiente presentó ante cabildos y autoridades de Zamora, Tangancícuaro y Jacona el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la cuenca en una región donde la producción agrícola intensiva ha reconfigurado el uso del suelo, el agua y los ecosistemas, muchas veces sin límites claros ni controles ambientales efectivos.
El modelo de Ordenamiento Ecológico Regional integra a los diez municipios de la cuenca del Duero, uno de los principales corredores agroindustriales de Michoacán. Ahí se concentran monocultivos, agroexportación, uso intensivo de agroquímicos y una alta demanda de agua, factores que han presionado los acuíferos, reducido áreas de recarga y fragmentado ecosistemas.
El ordenamiento plantea criterios para regular estas actividades, aunque su impacto dependerá de qué tanto se atreva a tocar intereses consolidados.
En la práctica, el ordenamiento presentado se perfila más como un instrumento de gestión productiva que como una herramienta de protección ecológica. Los ecosistemas y los servicios ambientales aparecen subordinados a su utilidad para sostener la actividad agroindustrial, no como bienes comunes a resguardar por sí mismos.
Así, la lógica dominante no es la conservación, sino la optimización del territorio para seguir produciendo, manteniendo intacto el modelo agrícola intensivo que ha generado la sobreexplotación del agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad en la cuenca del Duero.
Por ello, el punto crítico está en la implementación. Históricamente, los ordenamientos ecológicos se flexibilizan o se ignoran cuando chocan con la expansión agrícola y las cadenas de exportación.
En la cuenca del Duero, el reto no es técnico, sino político: decidir si la planeación territorial servirá para regular a la agroindustria o si, una vez más, quedará subordinada a un modelo que consume agua, suelo y territorio más rápido de lo que la cuenca puede sostener.
FRANCISCO MEDINA Y EL INTERÉS INMOBILIARIO
Vaya, vaya… en Morelia el discurso del “desarrollo urbano ordenado” cambia de tono cuando se observa quién encarna ese modelo.
Y es que esta semana se realizó una reunión encabezada por la diputada Giuliana Bugarini y el diputado local Hugo Rangel, desde la Comisión de Desarrollo Urbano, con empresarios del sector de la construcción.
Esta reunión exhibe una vez más la cercanía entre poder legislativo y capital inmobiliario. En la imagen difundida destaca la presencia de Francisco Medina, uno de los desarrolladores más visibles del sur de Morelia, dueño del proyecto Altozano.
La inclusión de Medina no es un detalle menor. Su proyecto inmobiliario ha sido señalado durante años por colectivos ambientales y especialistas como un factor clave en la transformación acelerada de los bosques del sur de la ciudad, una zona estratégica para la recarga hídrica y la regulación climática.
Aunque el discurso oficial habla de planeación y orden, el antecedente de Altozano se vincula a cambios de uso de suelo, expansión urbana en áreas ambientalmente sensibles y un modelo que privilegia la plusvalía privada sobre la función ecológica del territorio.
Más que un diálogo plural sobre el futuro de las ciudades, el encuentro refleja una agenda donde la ambición inmobiliaria busca legitimarse bajo el lenguaje de la planeación. No aparecen comunidades afectadas, ni voces técnicas independientes, ni autoridades ambientales.
El crecimiento urbano se discute desde quienes más se benefician económicamente de él, no desde quienes asumen los costos ambientales y sociales.
Así, la reunión no plantea una corrección del modelo urbano, sino su continuidad. Cuando empresarios con historial de proyectos cuestionados ocupan el lugar central en la discusión legislativa, el mensaje es claro: la expansión inmobiliaria sigue marcando la pauta.
En Morelia, el reto no es ordenar el crecimiento para favorecer nuevos negocios, sino frenar un modelo que ya ha dejado huella en los bosques, el agua y el equilibrio ecológico del territorio.
EL OPORTUNISMO POLÍTICO
Vaya, vaya, la secretaria de Glayz Butanda anuncia que “trabaja por las zonas rurales de Morelia” luego de una reunión con jefas y jefes de tenencia para trazar una ruta de obras de movilidad que conecten comunidades. El mensaje, en apariencia conciliador, no cae del cielo: más bien parece un movimiento oportunista para posicionarse políticamente justo cuando el segundo anillo periférico de Morelia se está convirtiendo en el eje de la próxima gran expansión urbana y económica de la región.
Porque no es menor: el segundo anillo periférico —que en total contempla siete segmentos— no solo es infraestructura vial, es un hito que redefine el crecimiento metropolitano de Morelia, orientándolo hacia el sur y oriente del municipio con vías rápidas que prometen conectividad, desarrollo territorial y nuevos mercados inmobiliarios.
En ese contexto, la secretaria aparece pintada como aliada de ese proyecto, más interesada en capitalizar sus beneficios políticos que en atender las demandas reales de las comunidades rurales que, a la postre, podrían ver cómo su territorio se transforma en paso obligado del crecimiento urbano.
Y mientras la foto de la secretaria sonriendo con jefes de tenencia se viraliza, esos mismos jefes —a menudo más interesados en figurar que en defender a sus poblaciones— desempeñan un papel clave en legitimar obras que favorecen a grandes desarrollos urbanos y no necesariamente a la calidad de vida rural.
No sorprende verlos alinearse con la narrativa oficial: el trazo del periférico —especialmente sus segmentos 4 y 5 que conectan zonas como Cuitzillo con Ciudad Salud y otras zonas de expansión— es un imán para proyectos inmobiliarios, presiones de suelo y valorizaciones que dejan poco para las tenencias que supuestamente deben “representar”.
El resultado es un operativo político disfrazado de consulta comunitaria. Se reúnen con líderes locales para escuchar demandas, pero hasta ahora no hay claridad sobre prioridades reales de inversión, ni sobre cómo se articularán esas obras con la vida cotidiana de campesinos, ejidatarios y tenencias rurales.
En cambio, sí queda claro que el discurso oficial encaja perfectamente con los intereses de expansión urbana: movilidad que atraerá más tránsito, más suelo urbanizable y más mano de obra barata al rededor del anillo vial, es decir, más oportunidades para el capital y menos para la conservación rural.
En Morelia la movilidad ya no es solo una cuestión de tránsito: es la bandera con la que se abre el camino para la continuidad del segundo anillo periférico en sus múltiples segmentos.
Lo que la secretaria presenta como “escucha a las comunidades” tiene un doble filo: legitima políticamente proyectos viales que reconfiguran el uso del suelo y, al hacerlo, cooptan a líderes locales que deberían estar defendiendo sus territorios en vez de fungir como representantes de sus propios intereses políticos.
DECLARAN INCONSTITUCIONAL LA TIPIFICACIÓN DE LA APOLOGÍA DEL DELITO
Vaya, vaya…. la libertad de expresión volvió a imponerse, esta vez en tribunales. Una jueza federal declaró inconstitucional la tipificación de la apología del delito aprobada por el Congreso de Michoacán en mayo de 2025, una reforma que desde su origen fue señalada como un intento de criminalizar el ejercicio periodístico y la crítica pública bajo el argumento ambiguo de combatir la violencia.
La resolución deriva de los amparos 890/2025 y 891/2025 promovidos por las y los periodistas Beatriz Rojas Ávila y Raúl López Téllez, quienes impugnaron la reforma como parte de un bloque de juicios impulsados por el Colectivo #NiUnoMásMichoacán, junto con activistas y ciudadanos, el pasado 30 de junio. En su fallo, la jueza Katia Orozco Alfaro dio la razón a los quejosos y determinó que la norma vulnera derechos constitucionales fundamentales.
El trasfondo político no es menor. La reforma aprobada por el Congreso local abrió la puerta a interpretaciones discrecionales que podían equiparar el trabajo informativo, la difusión de hechos de violencia o el análisis crítico de la realidad con una supuesta “apología del delito”. En los hechos, se trataba de un mecanismo legal para inhibir la cobertura periodística, generar autocensura y colocar bajo sospecha a comunicadores incómodos para el poder.
El fallo judicial no solo protege a Rojas Ávila y López Téllez, sino que desnuda el uso punitivo del derecho penal como herramienta de control político. Mientras el Congreso de Michoacán legisló sin atender estándares constitucionales ni libertad de prensa, fue el Poder Judicial el que marcó el límite. La sentencia deja claro que combatir la violencia no puede servir de pretexto para silenciar voces críticas ni para normalizar leyes que castigan informar.
MARÍA GUADALUPE DÍAZ CHAGOLLA, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE MORELIA
Y es que el nombramiento de María Guadalupe “Lupita” Díaz Chagolla como secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia vuelve a exhibir una práctica recurrente en la administración pública local: confundir trayectoria política con experiencia técnica.
Su formación como arquitecta y su paso por el Congreso del Estado explican su cercanía con temas de obra pública y gestión administrativa, pero no acreditan un recorrido sólido en política ambiental, gestión ecológica o protección de ecosistemas urbanos.
Durante su desempeño como diputada local en la LXXV Legislatura, Díaz Chagolla centró su agenda en asuntos legislativos de carácter social, administrativo y de fiscalización. Iniciativas sobre derechos de personas adultas mayores, alimentación o procedimientos internos del Congreso forman parte de su expediente, pero no existe un trabajo relevante en materia ambiental, cambio climático, ordenamiento ecológico o gestión sustentable del territorio. El medio ambiente, simplemente, no fue un eje de su trayectoria legislativa.
Incluso su experiencia en la administración pública, al frente del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, se inscribe en una lógica de construcción y mantenimiento de obra, no en la conservación ambiental.
En una ciudad con crisis hídrica, presión inmobiliaria, pérdida de áreas verdes y conflictos por el uso del suelo, el perfil técnico y político requerido para encabezar la política ambiental es otro: conocimiento especializado, experiencia territorial y capacidad de confrontar intereses económicos.
Así, el nombramiento parece responder más a equilibrios políticos que a una apuesta por fortalecer la agenda ambiental de Morelia.
La Secretaría de Medio Ambiente queda en manos de una funcionaria sin trayectoria comprobable en el tema, justo cuando el municipio enfrenta decisiones críticas sobre desarrollo urbano, movilidad, agua y conservación.
Más que un relevo técnico, el cargo se convierte en una extensión del reparto político, con el riesgo de que la política ambiental siga subordinada a agendas ajenas a la sustentabilidad del territorio.
CAMBIOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE FGE
Vaya, vaya… el relevo en la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado dice más de los movimientos internos que del supuesto “fortalecimiento institucional”. Conrado Álvarez Soto fue nombrado como nuevo titular del área, sustituyendo a la funcionaria, que permaneció 13 años en el cargo, Magdalena Guzmán Rosas.
Este dato por sí solo exhibe el largo estancamiento y la falta de renovación en una de las áreas clave para la relación entre la Fiscalía y la sociedad.
La salida de un perfil con más de una década en Comunicación Social no responde a una evaluación pública de resultados ni a una revisión crítica del papel que ha jugado esa oficina en un contexto de violencia, impunidad y crisis de credibilidad institucional.
Más bien, el cambio apunta a una reconfiguración política del control del mensaje, en un momento en que la Fiscalía enfrenta cuestionamientos constantes por su desempeño y por la distancia con víctimas y colectivos.
La llegada de Conrado Álvarez Soto se da, así, no como parte de una reforma de fondo, sino como un ajuste estratégico en la narrativa institucional. Comunicación Social ha funcionado históricamente como un muro de contención: administra silencios, dosifica información y prioriza la imagen de la Fiscalía por encima del derecho a saber.
Cambiar al vocero después de 13 años no garantiza un viraje en esa lógica, solo actualiza al operador.
En ese sentido, el nombramiento de Conrado no representa necesariamente una ruptura con el pasado, sino la continuidad de una práctica: fortalecer el aparato de comunicación antes que el de investigación y justicia.
Mientras no se traduzca en transparencia real, acceso a información y rendición de cuentas, el relevo quedará como lo que parece ser: un cambio de rostro para la misma estrategia de control institucional del discurso.
CUARTA REPÚBLICA, EL CONTROL DE LA NARRATIVA
Y es que en Michoacán la creación de nuevas dependencias culturales sigue avanzando al mismo ritmo que la narrativa oficial. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Carlos F. Márquez como director general de Cuarta República. Editorial de Michoacán, una instancia que ahora se presenta como nueva dependencia del Gobierno del Estado, con la misión de preservar la memoria histórica, difundir el patrimonio cultural y dar voz a las y los autores locales.
El discurso es familiar: memoria, identidad, cultura y autores michoacanos. Sin embargo, la institucionalización de una editorial pública no ocurre en el vacío. Cuarta República surge en un contexto donde la cultura se ha convertido también en un campo de disputa simbólica, útil para construir relatos oficiales sobre el pasado y el presente. La pregunta no es solo qué libros se publicarán, sino qué memorias se priorizarán y cuáles quedarán fuera del catálogo.
La consolidación de la editorial como dependencia estatal implica presupuesto, estructura administrativa y una línea editorial inevitablemente vinculada al poder político. En ese marco, el compromiso anunciado por Carlos F. Márquez deberá medirse por la pluralidad real de voces que logre incorporar, la autonomía frente al gobierno en turno y la capacidad de evitar que la memoria histórica se convierta en propaganda institucional.
