Michoacán enfrenta una agenda marcada por justicia penal, conflictos ambientales, presión agroindustrial y expansión extractiva. Entre el Plan de Persecución de Delitos de la FGE, la opacidad en Los Azufres, la inversión en distritos de riego y la llegada de capital canadiense, el debate de fondo es territorial y estructural. /EL (resumen) SEMANAL Semana #08: del 16 al 22 de febrero de 2026
EL (resumen) SEMANAL Semana #08: del 16 al 22 de febrero de 2026
Por. en15dias.com
OPERATIVO CONTRA NEMESIO OSEGUERA CERVANTES RESULTA EN SU MUERTE
La mañana del domingo 22 de febrero de 2026 fuerzas federales desplegaron un operativo de alto impacto en la zona montañosa de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, identificado por el Gobierno de México como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y grupos de élite del Ejército, con respaldo de inteligencia y coordinación informativa con autoridades de Estados Unidos.
Según la versión gubernamental difundida durante el mismo domingo, Oseguera Cervantes fue muerto en el enfrentamiento junto con varios de sus acompañantes.
También se reportaron elementos militares lesionados. Hasta el cierre de la jornada, la información oficial sostenía que la operación fue encabezada por fuerzas mexicanas, en el marco de objetivos prioritarios de seguridad nacional.
Horas después del operativo, se registró una reacción violenta atribuida a células vinculadas al CJNG en distintos puntos del país. En Michoacán, desde aproximadamente las 07:45 horas, comenzaron a reportarse bloqueos carreteros con vehículos incendiados en municipios como Apatzingán, Buenavista y Aguililla, extendiéndose posteriormente a por lo menos 32 municipios.
Las afectaciones incluyeron carreteras estatales y federales, interrupciones al tránsito y reportes de detonaciones en algunas zonas rurales.
Ante la escalada, el Gobierno de Michoacán activó medidas de blindaje territorial, con monitoreo aéreo y patrullajes coordinados con fuerzas federales, principalmente en la región de Tierra Caliente, el occidente del estado y el área de Morelia. Se instalaron mesas de seguridad para seguimiento permanente de la situación y se emitieron recomendaciones a la población para evitar desplazamientos innecesarios.
Durante conferencia y mensajes oficiales emitidos el mismo 22 de febrero, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó sobre el despliegue conjunto de seguridad y el avance en la liberación de vialidades. “Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población”, declaró.
El mandatario añadió: “Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”, al referirse a las acciones implementadas ante los bloqueos y hechos violentos. Asimismo, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada por vías institucionales: “…este gobierno mantiene comunicación permanente y estamos a la población a informarse por canales oficiales”.
Como medida preventiva, el Ejecutivo estatal anunció la suspensión de actividades escolares para el lunes 23 de febrero. “Con el objetivo de salvaguardar la integridad de nuestra comunidad educativa, se informa que este lunes 23 de febrero de 2026 se suspenden las actividades escolares…”, señaló en el comunicado correspondiente.
Al cierre de la jornada, Ramírez Bedolla reportó avances en la recuperación de vialidades: “En Michoacán ha sido retirado el 85 % de los bloqueos carreteros… y se mantiene un despliegue permanente…”, afirmó, indicando que continuaban operativos para normalizar la movilidad.
La reacción violenta no se limitó a Michoacán. Reportes preliminares señalaron incidentes similares en diversas entidades del país, lo que obligó a reforzar esquemas de seguridad interestatales y coordinación con la federación.
Autoridades federales informaron que la mayoría de los bloqueos habían sido desactivados hacia el final del día, aunque persistían puntos críticos bajo vigilancia.
El balance provisional del 22 de febrero coloca al operativo en Jalisco como un hecho de alto impacto nacional, con repercusiones inmediatas en materia de seguridad, movilidad y actividad educativa en varios estados, particularmente en Michoacán, donde se concentraron múltiples bloqueos y medidas de contención institucional durante la jornada.
Anuncian 102 brigadas contra incendios, pero persisten dudas estructurales
El arranque de la campaña estatal de prevención y combate de incendios forestales, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, puso el énfasis en el despliegue operativo: 102 brigadas, mil 200 combatientes y respaldo de helicópteros para la temporada 2026. El mensaje central fue de fortalecimiento institucional y capacidad de respuesta.
Sin embargo, más allá del número de brigadas y del apoyo aéreo, el reto de fondo sigue siendo estructural. En 2025 se registraron 682 incendios forestales en la entidad, incluidos 22 dentro de Áreas Naturales Protegidas. Aunque el gobierno estatal asegura que la superficie afectada se redujo 50 por ciento —de 80 mil a 40 mil hectáreas—, la cifra continúa siendo alta en un estado con presión constante por cambio de uso de suelo, expansión agrícola y tala ilegal.
El énfasis en helicópteros refuerza la fase reactiva del combate, pero no necesariamente aborda las causas que originan buena parte de los siniestros: quemas inducidas para ampliar frontera agropecuaria, especulación inmobiliaria y dinámicas de mercado que incentivan la transformación del bosque. La experiencia en Michoacán muestra que muchos incendios no son fortuitos, sino funcionales a procesos económicos.
El anuncio de un gravamen ambiental —que obligaría a acreditar que los predios en venta están libres de cambio de uso de suelo mediante el sistema satelital “Guardián Forestal”— representa un avance normativo. No obstante, su eficacia dependerá de la capacidad real de fiscalización, de la coordinación con registros públicos y de que no se convierta en un trámite más susceptible de evasión.
La participación de la Comisión Nacional Forestal y del Comité Estatal de Manejo del Fuego apunta a una alineación interinstitucional. Pero la prevención efectiva requiere inversión sostenida en vigilancia comunitaria, alternativas productivas para regiones forestales y persecución penal de delitos ambientales, aspectos que históricamente han enfrentado limitaciones presupuestales y de ejecución.
El despliegue operativo es relevante para proteger a brigadistas y reducir daños inmediatos. ¿El modelo priorizará la contención anual del fuego o avanzará hacia una política integral que desactive los incentivos económicos detrás de la degradación forestal en Michoacán?
Presentan Plan de Persecución de Delitos de la FGE
Esta semana se presentó el Plan de Persecución de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el evento se realizó ante colectivos, organizaciones y asociaciones defensoras de derechos humanos, ambientales y de animales. El acto buscó socializar la estrategia institucional que guiará las prioridades de investigación y acción penal en la entidad.
El Plan de Persecución de Delitos es un instrumento previsto en la normatividad que organiza criterios de priorización para la investigación penal. En el contexto michoacano, su alcance resulta relevante en materia ambiental, dado que el estado enfrenta conflictos vinculados a cambio de uso de suelo, tala ilegal, incendios forestales provocados, tráfico de fauna y expansión agroindustrial en zonas de alta biodiversidad.
La persecución penal de delitos ambientales opera en un terreno atravesado por disputas territoriales y económicas. En regiones donde confluyen intereses madereros, agroindustriales o inmobiliarios, la capacidad del Estado para sancionar conductas ilícitas se enfrenta a estructuras de poder local y cadenas productivas consolidadas.
Michoacán concentra ecosistemas estratégicos —como bosques templados y selvas bajas— sometidos a presiones por cambio de uso de suelo y expansión agrícola. La coordinación anunciada entre Fiscalía, dependencias ambientales y Poder Judicial adquiere relevancia en estas zonas, donde el daño ambiental suele impactar directamente a comunidades rurales y pueblos originarios.
El reto estructural no se limita a diseñar planes, frente a la sociedad civil y urbana organizada sino a garantizar presupuesto, peritos especializados, mecanismos de protección a denunciantes y seguimiento público de resultados.
Sin estos elementos, el Plan de Persecución de Delitos puede quedar como un instrumento programático con alcance limitado frente a economías ilícitas o actividades legales con impactos acumulativos en el territorio.
Asimismo el apoyo de las supuestas organizaciones y colectivos se ve más como un movimiento forzado para legitimar las políticas del gobierno de Michoacán que como una cuestión genuina.
El alcance real de la estrategia se medirá en su capacidad para modificar patrones de impunidad y reducir presiones sobre bienes comunes como bosques, agua y fauna en un estado donde el conflicto ambiental tiene dimensiones sociales y económicas profundas.
Persisten dudas en Los Azufres: CFE sin transparentar estudios ambientales
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán informó que, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dio seguimiento a los acuerdos del Comité Interinstitucional “Calidad Ambiental y Salud Pública en Los Azufres”. La reunión incluyó a comunidades otomíes de San Isidro Alta Huerta, San Matías el Grande, Jeráhuaro, San Bartolo Cuitareo y al Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
De acuerdo con la autoridad estatal, el objetivo es fortalecer el diálogo y la coordinación institucional para la protección del patrimonio natural y social en la región. Sin embargo, el encuentro ocurre en un contexto marcado por denuncias comunitarias de contaminación ambiental vinculada a la operación de la Central Geotérmica Los Azufres y por la documentación científica de casos de enfermedad renal crónica en localidades cercanas.
Investigaciones académicas difundidas en 2025 identificaron presencia de metales pesados en fuentes de agua de consumo en comunidades del oriente de Michoacán, así como una incidencia elevada de enfermedad renal crónica en población local.
Las comunidades han señalado una posible relación entre estos hallazgos y la actividad geotérmica operada por la CFE. La empresa productiva del Estado ha sostenido públicamente que la planta cumple con la normatividad ambiental vigente y que cuenta con estudios que descartan contaminación atribuible a su operación.
Hasta ahora, dichos estudios no han sido presentados de manera pública, sistemática y accesible para contraste técnico independiente. En ausencia de esa información, la controversia permanece abierta y el conflicto socioambiental se mantiene en el territorio.
La disputa no se limita a un intercambio de versiones técnicas, sino que involucra asimetrías de poder en el acceso a la información ambiental. Mientras las comunidades otomíes enfrentan impactos directos en salud y acceso al agua, la empresa estatal concentra los datos técnicos que podrían confirmar o descartar responsabilidades. La transparencia en este punto es central para cualquier proceso de resolución.
Los Azufres constituye un enclave estratégico para la política energética nacional. La generación geotérmica es presentada como fuente limpia dentro de la transición energética. No obstante, la sostenibilidad de esta matriz depende no solo de su balance de emisiones, sino también de sus efectos locales sobre agua, suelo y salud pública.
La instalación de mesas interinstitucionales puede fortalecer canales de diálogo. Sin embargo, mientras no se hagan públicos y verificables los estudios que la CFE afirma poseer —y no se contrasten con la evidencia académica y comunitaria—, el desacuerdo técnico persistirá. En un escenario de incertidumbre ambiental y sanitaria, la falta de información transparente tiende a prolongar el conflicto y a debilitar la confianza institucional en una región que ya enfrenta una crisis de salud pública.
Conagua destina 17.5 mdp a distritos de riego en zonas agroindustriales
Las obras en los distritos 087 Rosario-Mezquite y 045 Tuxpan aseguran agua para más de 44 mil hectáreas en regiones integradas al corredor agroexportador del Bajío.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) invirtió más de 17.5 millones de pesos en la conservación de infraestructura de los distritos de riego 087 Rosario-Mezquite y 045 Tuxpan, en Michoacán. Las obras, concluidas en febrero de 2026, buscan garantizar el suministro de agua para la próxima temporada agrícola y beneficiar a más de 11 mil productores en nueve municipios michoacanos y dos jaliscienses.
En el Distrito 087 Rosario-Mezquite se ejercieron 7.8 millones de pesos para optimizar la distribución en 44 mil hectáreas ubicadas en Zacapu, Angamacutiro, Puruándiro, La Piedad, Yurécuaro y municipios del Bajío michoacano. En el Distrito 045 Tuxpan se destinaron más de 9.7 millones de pesos para rehabilitar presas, derivadoras y canales en municipios del oriente del estado como Maravatío, Zitácuaro y Contepec.
Oficialmente, la inversión fortalece la “seguridad hídrica” del campo. Sin embargo, las zonas beneficiadas coinciden con regiones altamente integradas a cadenas agroindustriales y corredores logísticos que abastecen mercados nacionales e internacionales.
El Bajío michoacano mantiene una producción intensiva de granos, forrajes, hortalizas y cultivos comerciales articulados a agroindustrias regionales y a la dinámica exportadora del occidente del país.
El riego no es solo un apoyo a pequeños productores, sino una infraestructura estratégica que sostiene economías agrícolas de escala media y grande, con acceso a crédito, tecnología y mercados.
La garantía de agua pública reduce incertidumbre productiva y fortalece la rentabilidad de cadenas que trascienden el ámbito local.
En un contexto de estrés hídrico en la cuenca Lerma-Chapala y variabilidad climática creciente, la asignación prioritaria de recursos federales al riego agrícola implica decisiones estructurales sobre el destino del agua.
Mientras comunidades rurales enfrentan escasez para uso doméstico en algunas regiones del estado, el mantenimiento de distritos consolida la prioridad productiva sobre el uso social.
El modelo de distritos de riego, creado desde 1926 y transferido parcialmente a asociaciones de usuarios bajo la Ley de Aguas Nacionales, ha configurado una geografía del agua donde el acceso depende de pertenecer a módulos organizados.
Esto genera asimetrías entre productores con concesión y poblaciones fuera del sistema formal.
La inversión anunciada mejora eficiencia operativa, pero no redefine el patrón de demanda ni el tipo de agricultura que se incentiva. En regiones vinculadas al corredor agroexportador del Bajío, la infraestructura hídrica pública continúa respaldando un esquema de producción intensiva que depende de agua, fertilizantes y energía.
En escenarios de cambio climático y presión sobre cuencas estratégicas, ¿cómo se distribuye el agua y con qué criterios?
La consolidación de distritos de riego fortalece la competitividad agroindustrial; la sostenibilidad territorial dependerá de si esta política se acompaña de límites claros a la expansión, eficiencia real en consumo y mecanismos de equilibrio con otros usos y actores sociales del territorio.
Entregan enciclopedia a Paco Ignacio Taibo II en Morelia
Integrantes de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales (CCAOS) entregaron una enciclopedia de literatura al escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, durante un evento realizado en el Centro Cultural de la Michoacana.
El ejemplar fue intervenido con una dedicatoria crítica en la que se subraya la escasa presencia de escritoras latinoamericanas en la obra.
En el mensaje, fechado el 20 de febrero de 2026 en Morelia, las y los integrantes de CCAOS señalaron que marcaron los “escasos nombres de escritoras latinoamericanas”, al tiempo que expresaron su expectativa de que cumplan con estándares de calidad y no sean consideradas “horriblemente asquerosas de malas”.
La entrega se realizó de manera pública, en el marco del encuentro cultural, donde Taibo II recibió el libro y revisó la dedicatoria ante asistentes. El gesto buscó visibilizar el debate sobre representación y criterios editoriales en proyectos literarios de alcance nacional.
El acto se suma a las discusiones actuales sobre paridad, diversidad y reconocimiento de autoras en catálogos, antologías y enciclopedias de literatura en México y América Latina.
Sheinbaum recibe a gabinete canadiense y delegación empresarial
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a integrantes del gabinete del primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte del seguimiento al acuerdo de entendimiento bilateral. Participaron el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, y el ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, en el marco de la visita de una delegación de 380 empresarias y empresarios, considerada la más numerosa en 30 años.
En paralelo, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con la misión empresarial, convocada por la Embajada de Canadá en México. Los sectores identificados como prioritarios incluyen minería, energía, farmacéutica, automotriz y agroindustria.
De acuerdo con datos oficiales, el comercio bilateral entre México y Canadá creció 12 veces en las últimas tres décadas.
La narrativa institucional subraya confianza y expansión económica. Sin embargo, Canadá es uno de los principales inversionistas extranjeros en minería en México, con participación relevante en concesiones de oro, plata y otros minerales estratégicos.
Diversos informes públicos y conflictos documentados en estados del norte, occidente y sur del país han señalado impactos ambientales asociados a operaciones mineras de capital canadiense, incluyendo afectaciones a acuíferos, generación de jales y disputas por uso de suelo.
En el ámbito agroindustrial, la presencia de capital extranjero en cadenas de berries, granos y producción intensiva ha reforzado modelos agrícolas de alto consumo de agua y agroquímicos, particularmente en regiones con estrés hídrico.
La expansión de estos esquemas productivos suele apoyarse en infraestructura pública —carreteras, energía, distritos de riego— que socializa costos mientras las utilidades se concentran en corporaciones y cadenas globales.
Para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, la presidenta de México, @Claudiashein, recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney. En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación,… pic.twitter.com/moyrO1eAUM
— Gobierno de México (@GobiernoMX) February 18, 2026
La atracción de inversión extranjera en sectores extractivos y agroindustriales reproduce una inserción territorial subordinada a mercados externos. Las decisiones estratégicas se toman en escalas corporativas y diplomáticas, mientras los efectos ambientales se experimentan en ejidos, comunidades indígenas y zonas rurales que enfrentan procesos de fragmentación social y presión sobre bienes comunes.
La reunión en Palacio Nacional consolida el mensaje de apertura económica en el contexto del T-MEC y la relocalización productiva en América del Norte. El desafío estructural no es únicamente aumentar el comercio, sino establecer límites claros y mecanismos de supervisión ambiental efectivos frente a actividades que históricamente han dejado pasivos ambientales y conflictos sociales en distintas regiones del país.
El alcance real de esta nueva fase de cooperación dependerá de si la política de inversión incorpora criterios vinculantes de protección territorial, consulta efectiva a comunidades y reparación de daños, o si continúa priorizando competitividad y expansión extractiva como eje central del desarrollo bilateral.
Semarnat impulsa “industrialización verde” ante cúpula empresarial
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo que la “industrialización verde” es clave para el desarrollo y el bienestar colectivo durante la clausura de la 108 Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el 19 de febrero en Ciudad de México. En su intervención, respaldó la estrategia económica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y convocó al sector privado a integrarse a la agenda climática federal.
“Avanzamos hacia un bienestar colectivo, duradero, con nuevos paradigmas de desarrollo donde el crecimiento va de la mano con la productividad, la justicia ambiental y el cuidado del planeta”, afirmó. En el mismo acto, destacó que México es “un ancla de estabilidad” para las inversiones y planteó la meta de posicionar al país entre las diez principales economías del mundo mediante el Plan México y el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.
La funcionaria informó que se proyecta detonar una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos en infraestructura energética, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas. También llamó a avanzar en un sistema de comercio de emisiones y en la actualización de la NOM-163 sobre eficiencia energética vehicular, además de impulsar la implementación de la Ley General de Economía Circular con parques industriales en Puebla, Tlaxcala y Estado de México.
El discurso articula crecimiento económico, innovación industrial y protección ambiental en una misma narrativa. En términos formales, la estrategia se alinea con compromisos climáticos internacionales y con la Ley General de Cambio Climático, que prevé instrumentos como el Sistema de Comercio de Emisiones en fase piloto.
Sin embargo, el planteamiento ocurre en un contexto donde continúan vigentes concesiones mineras, expansión agroindustrial y proyectos de infraestructura de gran escala que reconfiguran territorios rurales y periurbanos.
México mantiene miles de títulos de concesión minera activos, así como corredores industriales y energéticos vinculados al proceso de relocalización productiva. Estos sectores dependen de agua, suelo y energía, y generan impactos diferenciados en cuencas, bosques y comunidades agrarias.
La noción de “industrialización verde” no supone una ruptura con el modelo extractivo, sino una adaptación tecnológica y regulatoria del mismo. La incorporación de instrumentos de mercado —como el comercio de emisiones— introduce mecanismos de gestión climática sin alterar necesariamente la escala de extracción de materiales o el consumo energético estructural.
La apuesta por infraestructura y nearshoring consolida corredores logísticos e industriales en regiones específicas, profundizando asimetrías entre zonas receptoras de inversión y regiones con menor conectividad. Las decisiones estratégicas se toman a escala federal y empresarial, mientras los costos ambientales y sociales se distribuyen localmente.
El llamado de Semarnat a la Concamin configura así una alianza explícita entre Estado e industria para conducir la transición energética bajo parámetros de competitividad internacional. El alcance real de la “industrialización verde” dependerá de cómo se regulen actividades de alto impacto, del acceso equitativo al agua y la energía, y de la capacidad institucional para garantizar que la descarbonización no opere únicamente como certificación ambiental de un modelo productivo expansivo
