Seguridad, defensa del territorio, conflictos socioambientales y nuevas inversiones federales marcaron la agenda de la semana 27. Mientras comunidades indígenas y organizaciones sociales intensificaron sus exigencias de justicia ambiental y transparencia en Michoacán, el Gobierno de México anunció millonarios recursos para infraestructura, turismo comunitario y el Plan de Justicia P’urhépecha. A nivel nacional, la resistencia frente a megaproyectos, la crisis ambiental en distintos estados y el asesinato de un comunicador ambiental evidenciaron que los conflictos por el territorio y los bienes naturales siguen ocupando un lugar central en la discusión pública./ EL (resumen) SEMANAL Semana 27: del 29 de junio al 4 de julio de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 27: del 29 de junio al 4 de julio de 2026
Por: en15dias.com
COMUNIDAD OTOMÍ DE SAN MATÍAS EL GRANDE DENUNCIA A LA CFE ANTE LA CNDH POR CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDAD RENAL
La Comunidad Otomí de San Matías el Grande, con el respaldo del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La comunidad acusa a la planta geotermoeléctrica Los Azufres de provocar una grave contaminación del agua, el suelo y el aire debido a la filtración de metales pesados, lo que ha generado una crisis ambiental y de salud en la región.
Estudios realizados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el CONAHCYT indican que una parte importante de los niños de San Matías el Grande presenta signos tempranos de enfermedad renal, situación que los habitantes relacionan con la contaminación ambiental.
Además, denunciaron que han tenido que financiar con recursos propios los análisis científicos, ya que las autoridades no han logrado coordinar nuevos estudios ni atender el problema de manera efectiva.
A pesar de diversas reuniones con autoridades estatales y federales, las comunidades afectadas aseguran que no ha habido soluciones concretas.
Su principal demanda no es el cierre de la planta, sino que se realice una revisión bajo normas internacionales, se implementen tecnologías para reducir la contaminación y se repare el daño causado a las familias afectadas. También advirtieron que continuarán con movilizaciones si no obtienen una respuesta satisfactoria de las autoridades.
EXIGEN AUDITORÍA EXTERNA A JUNTA LOCAL DE AGUA; MUNICIPIO PROPONE REVISIÓN CON DESPACHO CERTIFICADO
Habitantes de la tenencia de Santa María impidieron el ingreso de personal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), quienes pretendían realizar una auditoría al sistema local de agua.
Los pobladores rechazaron que el propio organismo encabezara la revisión, al considerar que existe un conflicto de interés, y exigieron que el proceso sea realizado por un despacho externo e independiente para garantizar transparencia en el manejo administrativo y financiero.
Durante el diálogo con la comunidad, un representante del Ayuntamiento propuso como alternativa permitir el acceso a un despacho contable certificado, ajeno al OOAPAS, con el acompañamiento permanente de un representante ciudadano para supervisar los trabajos. La autoridad señaló que el objetivo es conocer la situación financiera del sistema y ofrecer información clara a la población, además de mantener el diálogo como vía para resolver el conflicto.
Los habitantes también manifestaron su rechazo a la propuesta de extinguir la junta local de agua, al sostener que la infraestructura fue construida con recursos y trabajo comunitario.
Anunciaron que mantendrán la toma de las instalaciones hasta que se realice una auditoría externa y se atiendan sus demandas, además de advertir que podrían ampliar sus protestas mientras continúa el proceso legal relacionado con el control del sistema de agua.
CCAOS EXIGE CANCELACIÓN DE PRIVATIZACIÓN Y MESA DE DIÁLOGO INMEDIATA ANTE SILENCIO DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN
La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) exigió al Gobierno del Estado y al Congreso local la cancelación del proceso de privatización de inmuebles públicos y la instalación inmediata de una mesa pública de diálogo para informar el destino de los predios desincorporados.
Además, solicitó una respuesta formal al pliego petitorio entregado hace más de un mes y el reconocimiento legal de los espacios comunitarios como bienes de uso social.
La organización afirmó que, tras casi dos años de movilización y más de dos meses de resguardo del espacio denominado «Lo Común», las autoridades no han cumplido los compromisos asumidos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
CCAOS sostuvo que los inmuebles públicos deben destinarse a proyectos comunitarios, culturales, deportivos o de vivienda social, y cuestionó la falta de avances en el diálogo prometido por el gobierno estatal.
Integrada por 15 organizaciones, la coordinadora considera que la venta de 38 inmuebles públicos representa un «despojo legalizado» del patrimonio estatal. Por ello, informó que continuará con la defensa de estos espacios mediante acciones legales y sociales, respaldándose en el derecho a la ciudad y en la protección de los derechos humanos, al tiempo que reiteró que el patrimonio público debe mantenerse al servicio de la sociedad.
FALLA AMPARO A FAVOR DE LA SECUNDARIA POPULAR CARRILLO PUERTO; EXIGEN MESA DE DIÁLOGO CON LA UMSNH
La Secundaria Popular Carrillo Puerto informó que obtuvo un amparo favorable en el proceso legal relacionado con el inmueble histórico que ocupa en Morelia, luego de la demanda de desalojo promovida por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) desde 2022.
Aunque la resolución representa un avance para la institución, sus representantes advirtieron que la universidad aún podría reponer el procedimiento judicial, por lo que solicitaron reactivar el diálogo para alcanzar un acuerdo.
La comunidad educativa hizo un llamado a la Rectoría de la UMSNH para instalar una mesa de negociación que permita resolver el conflicto por la vía del consenso y evitar un nuevo litigio.
La escuela destacó que durante 50 años ha brindado educación a estudiantes de sectores populares de Morelia y defendió la permanencia del inmueble como un espacio destinado a fines educativos y sociales.
Pese a la incertidumbre jurídica, la Secundaria Popular Carrillo Puerto aseguró que sus actividades académicas continúan con normalidad, atendiendo a una matrícula de entre 130 y 150 estudiantes.
Asimismo, señaló que el mantenimiento del edificio se realiza mediante autogestión y en apego a las disposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al tratarse de un inmueble con valor histórico, mientras mantiene vigente un acuerdo de no confrontación con la actual administración universitaria.
SANTA MARÍA OSTULA EXIGE JUSTICIA Y PROTECCIÓN AL CONMEMORAR 17 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE XAYAKALAN
Esta semana, la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, conmemoró el 17.º aniversario de la recuperación de las tierras de La Canaguancera, realizada el 29 de junio de 2009, y aprovechó la fecha para denunciar la persistencia de la violencia, la impunidad y la falta de cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con su territorio.
En un pronunciamiento público, la comunidad recordó que la recuperación de esas tierras permitió la fundación de la encargatura de Xayakalan, donde actualmente habitan cerca de 100 familias, y destacó que este logro fue resultado de años de organización comunitaria y de la reactivación de su Guardia Comunal para resguardar el territorio.
Sin embargo, señalaron que la defensa de sus tierras ha tenido un alto costo humano. De acuerdo con el mensaje, desde 2008 han sido asesinados 42 comuneros y seis más permanecen desaparecidos, en hechos que atribuyen a grupos del crimen organizado y que, afirman, continúan en la impunidad.
La comunidad también denunció que, pese a las resoluciones emitidas por tribunales federales en materia agraria y de amparo, las autoridades federales no han cumplido con las sentencias relacionadas con el reconocimiento de sus derechos territoriales y la anulación de actos que favorecieron al ejido La Placita sobre tierras comunales.
Asimismo, alertó sobre el recrudecimiento de la violencia en la región, al asegurar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha intensificado los ataques armados y el uso de drones con explosivos contra la población, con el objetivo de desplazar a los habitantes y controlar los recursos naturales del territorio.
Ante este panorama, Santa María Ostula reiteró un pliego de exigencias que incluye el respeto a la integridad de sus tierras ancestrales, el cumplimiento de las resoluciones judiciales pendientes, el establecimiento de una base de operaciones de seguridad en Chinicuila, acciones para combatir al crimen organizado, garantías para el funcionamiento de la Guardia Comunal y justicia para las víctimas de asesinatos y desapariciones.
Finalmente, la comunidad reafirmó que continuará defendiendo su territorio y su autonomía mediante la organización comunitaria, al tiempo que hizo un llamado a los pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos y a la sociedad a mantener la solidaridad con su lucha por la tierra, la seguridad y el respeto a sus derechos colectivos.
CUMBRE CLIMÁTICA JUVENIL MICHOACÁN, ¿DISCURSO O ACCIÓN POLÍTICA REAL?
La Cumbre Climática Juvenil Michoacán (CCJ Michoacán) se presenta como un espacio de encuentro, diálogo y formación diseñado para jóvenes de entre 18 y 30 años. Su objetivo explícito es impulsar el liderazgo generacional en la acción climática y la construcción de soluciones ambientales específicas para el estado.
En su edición actual, programada para los días 2, 3 y 4 de julio de 2026 en Morelia y el Área Natural Protegida Cerro del Punhuato, el encuentro buscó que juventudes de distintas regiones compartieran diagnósticos y generen propuestas tangibles frente a retos críticos de la entidad, como la gestión del agua, los impactos de la agricultura comercial y la pérdida de biodiversidad.
Para entender el alcance de este esfuerzo, es necesario precisar que la iniciativa local está inserta en una estructura mayor a nivel país: las Cumbres Climáticas Juveniles Estatales. Este andamiaje funciona como la base territorial de la LCOY México (la Conferencia de las Juventudes), el espacio oficial de participación juvenil respaldado internacionalmente por YOUNGO, la circunscripción de jóvenes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Metodológicamente, el papel de la edición michoacana es recopilar las demandas regionales para integrarlas en un Posicionamiento Climático Nacional unificado, el cual teóricamente sirve como herramienta de presión ante el Poder Legislativo federal y las altas esferas de la política pública.
La historia de la organización nacional que cobija este proceso se remonta a la necesidad de descentralizar la discusión ambiental en México. Sus objetivos se han centrado en construir una red de acción climática juvenil que eleve las exigencias de justicia ambiental, financiamiento para pérdidas y daños, y gobernanza hídrica comunitaria hacia foros internacionales como la COP.
A nivel nacional, la red ha logrado hitos documentados: la entrega formal de posicionamientos colectivos a comisiones de la Cámara de Diputados, la articulación de delegaciones en más de una decena de estados y el diseño de indicadores de sustentabilidad interna que han permitido reducir de manera significativa la huella ecológica en la operación de sus propios encuentros masivos.
Sin embargo, es justamente en el aterrizaje local donde el análisis de coyuntura revela una profunda contradicción. Mientras la estructura nacional e internacional cuenta con metodologías y archivos públicos consolidables, la historia de lo que realmente ha hecho la CCJ Michoacán se reduce a la opacidad informativa.
Fuera de los boletines de prensa gubernamentales emitidos por el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM) o convocatorias universitarias de la UNAM Morelia, no existe evidencia documental pública de las conclusiones o acuerdos específicos de su primera edición en 2025.
No hay reportes técnicos accesibles, auditorías sociales independientes ni repositorios que deslinden el impacto real de las mesas de trabajo en la entidad.
Esta ausencia de datos propios y la total dependencia del cobijo logístico, institucional y de difusión del aparato gubernamental provocan un fenómeno de instrumentalización política. Al no existir documentos públicos generados por las bases locales, el esfuerzo de los participantes termina siendo absorbido por la narrativa del Estado.
La existencia misma de la cumbre es utilizada por las autoridades para legitimar un discurso oficial de apertura democrática y sustentabilidad cosmética, simulando una gobernanza ambiental que no se refleja en el territorio.
La paradoja crítica de la CCJ Michoacán radica en que, al institucionalizar el espacio bajo el cobijo gubernamental, se neutraliza la capacidad de confrontación del movimiento. El formato del foro canaliza el descontento juvenil hacia procesos diplomáticos y burocráticos, evitando que se realice una crítica frontal y estructural al modelo económico extractivista de la entidad.
El discurso de la cumbre evita señalar directamente a los actores políticos responsables de la omisión institucional y a los actores económicos fácticos, específicamente las empresas de la agroindustria del aguacate y las berries, que sostienen su rentabilidad sobre el despojo hídrico, las ollas de agua ilegales y el cambio ilegal de uso de suelo.
Al final, la cumbre corre el riesgo de operar como un ejercicio de youth-washing (lavado de imagen juvenil), donde gobiernos e instituciones obtienen la fotografía de la simulación verde mientras el modelo de devastación territorial permanece intacto.
Pero la responsabilidad de esta contradicción no recae en las y los jóvenes que participan, cuyas preocupaciones y propuestas son legítimas, sino en las instituciones que convierten esa energía en un recurso de legitimación política sin traducirla en decisiones públicas capaces de enfrentar las causas estructurales de la crisis ambiental.
Como se atribuye al ambientalista brasileño Chico Mendes, “la ecología sin lucha social es solo jardinería”. En Michoacán, mientras no se cuestionen los intereses económicos y políticos que impulsan la deforestación, el despojo del agua y el cambio ilegal de uso de suelo, cualquier cumbre climática corre el riesgo de quedarse en un ejercicio discursivo, más cercano a la gestión de la imagen que a una verdadera transformación ambiental.
VISITA DE CLAUDIA SHEINBAUM A MICHOACÁN
PLAN MICHOACÁN: GOBIERNO FEDERAL REPORTA BAJA DE HOMICIDIOS, OPERATIVOS CONTRA LA EXTORSIÓN E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR
En su visita a Michoacán, el Gobierno de México presentó un balance del Plan Michoacán, en el que informó una reducción sostenida de los homicidios dolosos, avances en la estrategia de seguridad, nuevas inversiones en infraestructura carretera, agua, salud, educación y apoyos al campo, además de acciones dirigidas a comunidades indígenas y programas sociales.
Durante la presentación, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Michoacán disminuyó 46% al comparar el punto más alto registrado en enero de 2025 con junio de 2026, al pasar de 4.32 a 2.33 homicidios diarios.
Asimismo, destacó que junio de 2026 fue el mes con menor incidencia de homicidio doloso desde 2015, con una reducción del 43% respecto a junio de 2025. Entre 2025 y el dato preliminar de 2026, el promedio diario descendió de 3.5 a 2.2 homicidios, equivalente a una baja del 37%, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron un 3%.
En materia de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 fueron detenidas 1,300 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 1,400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos, 6,600 cargadores, 35 toneladas de droga y la destrucción de 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración de metanfetaminas.
Entre las acciones recientes destacó la captura, en Morelia, de Ernesto Rafael «N», alias «Sierra 1», señalado como objetivo prioritario y presuntamente relacionado con el homicidio de un productor mezcalero, así como la detención de su hermano Alfredo «N».
También informó la detención, en Uruapan, de Óscar «N», identificado como jefe operativo de los Caballeros Templarios, mientras que en el puerto de Lázaro Cárdenas la Secretaría de Marina aseguró 137 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor.
Como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, García Harfuch señaló la captura de seis objetivos prioritarios. En Morelia fueron detenidas Norma «N» y Carla Judith «N», recuperándose 300 mil pesos en efectivo; en Los Reyes fue arrestado José Guadalupe «N»; en Morelia y Villa Madero fue capturado Freddy «N», acusado de extorsionar a productores del sector maderero y resinero; mientras que en Uruapan se detuvo a dos personas más con la recuperación de 200 mil pesos.
El funcionario subrayó que combatir la extorsión en Michoacán constituye una prioridad para el Gobierno federal, particularmente en sectores productivos como el aguacate, limón y madera.
En el rubro social, la secretaria de Gobernación informó que desde noviembre de 2025 se han realizado 77 Ferias del Bienestar en 68 municipios, donde se brindaron más de 850 mil servicios. A través del Tianguis del Bienestar también se distribuyeron gratuitamente más de 2 millones de artículos nuevos decomisados en aduanas, beneficiando a 27 mil familias.
Además, mediante el programa de Desarme Voluntario, diez módulos permitieron el canje anónimo de 414 armas de fuego por incentivos económicos.
En educación, el Gobierno federal reportó una inversión de 5 mil 700 millones de pesos en becas para 842 mil 287 estudiantes en Michoacán mediante programas como Rita Cetina, Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
En infraestructura, el secretario Jesús Esteva informó que la autopista Zitácuaro-Maravatío registra un 68% de avance, con la apertura de los primeros 10 kilómetros prevista para el 15 de julio y su conclusión a finales de este año.
La autopista Uruapan-Nueva Italia presenta un avance del 26%, con término proyectado para agosto de 2027, mientras que el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas alcanza un 6% de avance. También anunció el inicio formal del ramal de acceso a Uruapan y el próximo comienzo de la autopista Uruapan-Zamora.
Asimismo, se invertirán 3 mil 900 millones de pesos para rehabilitar más de 600 kilómetros de carreteras federales libres de peaje y, a partir del 15 de julio, comenzará la construcción de 164 kilómetros de caminos artesanales en 24 municipios.
En materia hídrica, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que avanza el saneamiento del Lago de Pátzcuaro, mediante la rehabilitación de ocho plantas de tratamiento, con el objetivo de incrementar la capacidad de saneamiento de 80 a 280 litros por segundo y reducir las descargas contaminantes al lago.
También reportó avances en la tecnificación del distrito de riego Morelia-Queréndaro, donde ya fueron intervenidas 1,300 hectáreas, permitiendo recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua limpia para consumo humano. La meta anual es tecnificar más de 8 mil hectáreas.
La inversión proyectada en agua potable y drenaje para los 113 municipios del estado asciende a 1,500 millones de pesos.
Respecto al Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, el Gobierno federal informó sobre la construcción del hospital del ISSSTE en Cherán, con capacidad para 30 camas, así como las gestiones para un hospital en Santo Tomás. También reportó un avance del 80% en el cuartel de la Guardia Nacional en Cherán.
Como parte de las acciones para comunidades indígenas se instalaron 7 mil 937 estufas eficientes de leña en ocho municipios, operan 13 Centros Libres para Mujeres, se otorgaron 4 mil 424 créditos para artesanas mediante Finabien y la Conafor construye una planta de refinación de resina en Cherán.
En apoyo al sector agropecuario, la Secretaría de Agricultura informó que se han destinado 1,627 millones de pesos para beneficiar a 166 mil 381 productores michoacanos mediante programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos, BienPesca, Comercio Justo para maíz y Cosechando Soberanía, además de la permanencia del programa Sembrando Vida en 54 municipios.
PLAN DE JUSTICIA P’URHÉPECHA SUMA MÁS DE 4 MIL MDP; SHEINBAUM ANUNCIA HOSPITAL, C2 Y NUEVAS CARRERAS UNIVERSITARIAS EN CHERÁN
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una nueva etapa del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha, que contempla inversiones superiores a 4 mil millones de pesos en salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo comunitario, además de una serie de compromisos específicos para Cherán, entre ellos la instalación de un área de hemodiálisis, la construcción de un Centro de Comando y Control (C2), la apertura de las licenciaturas de Medicina y Enfermería y el fortalecimiento de empresas comunitarias.
Durante una visita a esta comunidad indígena, la mandataria afirmó que el Plan de Justicia se construye a partir de las decisiones tomadas en las asambleas comunitarias y no desde las oficinas gubernamentales.
“¿Cómo se hacen los Planes de Justicia? Con ustedes. No se hacen en una oficina del gobierno federal, del Gobierno del Estado, se hacen en asambleas; ahí se determinan cuáles son las necesidades”, expresó.
Sheinbaum informó que, como resultado de las solicitudes planteadas por las comunidades, el Gobierno federal mejorará el Hospital de Cherán con un área especializada de hemodiálisis, rehabilitará la Unidad Deportiva de la localidad, impulsará la apertura de las licenciaturas de Medicina y Enfermería, fortalecerá las empresas comunitarias y sostendrá una reunión en la Ciudad de México con una comisión de representantes para atender la agenda de seguridad, donde también se revisará la construcción de un Centro de Comando y Control (C2).
Asimismo, aseguró que dará seguimiento a las peticiones presentadas durante su visita.
La presidenta recordó que, con la reforma constitucional impulsada durante la Cuarta Transformación, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos como sujetos de derecho público, además de establecer recursos directos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), que pasó de 12 mil millones de pesos en 2025 a 13 mil 500 millones en 2026, con la intención de que el incremento quede garantizado constitucionalmente.
También envió un mensaje a la comunidad migrante michoacana que reside en Estados Unidos, a quienes calificó como «héroes y heroínas de la patria», al reconocer su contribución económica y reiterar el compromiso de su gobierno para defender sus derechos.
Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que los más de 4 mil millones de pesos destinados al Plan de Justicia se distribuyen en diversos proyectos estratégicos.
Entre ellos destacó la construcción de 27 caminos artesanales, con una meta de 74.34 kilómetros y una inversión de 485 millones de pesos; el fortalecimiento de las Casas y Comedores Escolares de la Niñez Indígena, que atienden a 527 niñas y niños; la operación de 21 Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas con una inversión cercana a 6 millones de pesos; y la asignación de recursos del FAISPIAM para 161 comunidades, con 212.7 millones de pesos en 2025 y 234.4 millones en 2026.
La subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, informó que el Plan de Justicia también registra avances en la construcción del hospital del ISSSTE en Cherán y en los estudios para un hospital del IMSS-Bienestar en la Cañada de los Once Pueblos.
Detalló además la contratación de 646 médicos y más de mil enfermeras, la construcción prevista para 2027 de dos Unidades de Medicina Familiar Plus, un cuartel de la Guardia Nacional con capacidad para 150 elementos, el impulso al turismo comunitario, la rehabilitación de 17 tramos carreteros, el inicio de 27 caminos artesanales, la entrega de 27 mil estufas eficientes de leña, la realización de 55 Ferias de Paz, más de 370 mil servicios brindados, la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres al p’urhépecha, la construcción de 13 Centros LIBRE, así como la entrega de 4 mil 424 apoyos para artesanas y 3 mil Créditos a la Palabra.
En representación del Consejo Mayor de Cherán, Francisco Rosas Tomás dio la bienvenida a la presidenta y expresó la disposición de la comunidad para mantener una relación de respeto con los distintos niveles de gobierno, sin renunciar a su autonomía y a su sistema de autogobierno.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció el respaldo del Gobierno federal a la autodeterminación de los pueblos originarios y afirmó que el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha representa una política pública orientada a fortalecer sus derechos, infraestructura y desarrollo comunitario.
SHEINBAUM ANUNCIA INVERSIÓN DE 300 MDP PARA FORTALECER EL TURISMO COMUNITARIO EN PÁTZCUARO
Pátzcuaro, Michoacán. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 300 millones de pesos para fortalecer el turismo comunitario en la región del Lago de Pátzcuaro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con recursos destinados a infraestructura turística, saneamiento ambiental y equipamiento para prestadores de servicios.
Durante el acto, la mandataria explicó que el objetivo es impulsar un modelo turístico basado en las comunidades y en el patrimonio cultural de los pueblos originarios, privilegiando el desarrollo local sobre los grandes proyectos hoteleros.
“Lo que buscamos es que la gente pueda vivir del turismo, pero no que vengan las grandes empresas a ponerse aquí, sino el turismo de la gente, el turismo comunitario”, expresó.
Sheinbaum señaló que el turismo actual busca conocer la historia, la cultura y las tradiciones de los pueblos, por lo que recordó que recientemente el Gobierno de México emitió un decreto para reconocer al turismo comunitario como una actividad de interés público.
La inversión será ejercida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) e incluye obras de infraestructura turística, acciones para el saneamiento del Lago de Pátzcuaro y la entrega de equipamiento a cooperativas y prestadores de servicios comunitarios.
Entre las principales obras anunciadas se encuentran la construcción de una pasarela accesible en las ruinas de San Juan Parangaricutiro, la restauración del antiguo templo de San Juan Bautista, el reforzamiento del muro y nuevas pasarelas en el panteón de la isla de Janitzio, la rehabilitación de los muelles de las islas del Lago de Pátzcuaro y la instalación de la primera señalética inteligente del país para destinos turísticos comunitarios.
Además, se entregará equipamiento como asadores, refrigeradores, mobiliario y ecotecnias a colectivos comunitarios dedicados al turismo.
El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, informó que todos los proyectos fueron consensuados con las comunidades beneficiarias y destacó que el nuevo decreto presidencial coloca al turismo comunitario como una prioridad de la política turística nacional.
Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el turismo en Michoacán registró un crecimiento del 5 por ciento y destacó que en la entidad se entregarán 86 distintivos de Turismo Comunitario, como parte de los 871 reconocimientos otorgados a nivel nacional.
Agregó que Michoacán cuenta con 40 experiencias turísticas comunitarias inscritas dentro de un proceso de capacitación desarrollado con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de un total de 1,385 registros existentes en el país.
En materia ambiental, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que continúa el Plan de Saneamiento del Lago de Pátzcuaro, que contempla la intervención de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de colectores para ordenar las descargas de drenaje y obras para mejorar el abastecimiento de agua potable mediante la rehabilitación de las redes de distribución.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que las acciones fortalecerán la economía de las comunidades ribereñas y consolidarán al Lago de Pátzcuaro como uno de los principales destinos de turismo cultural y comunitario del país.
En representación de las cocineras tradicionales, Norma Alicia Urbina agradeció el apoyo recibido y explicó que el equipamiento permitirá mejorar la preservación de la gastronomía tradicional, además de fortalecer la atención a visitantes mediante capacitaciones en inglés, manejo de redes sociales e higiene en el manejo de alimentos.
EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD…
“LOS SIERRA” AVANZAN A PROCESO JUDICIAL
La Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó un balance de las investigaciones y operativos desarrollados durante las últimas semanas, con énfasis en la detención de presuntos integrantes de estructuras criminales, aseguramientos de armas y avances en casos relacionados con extorsión.
Durante una rueda de prensa encabezada por Israel Vega Rodríguez, Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), la institución informó sobre los resultados obtenidos mediante trabajos de inteligencia y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Uno de los principales casos expuestos fue la investigación contra la célula conocida como “Los Sierra”, una organización señalada por las autoridades por su probable participación en delitos como extorsión, secuestro, homicidio y amenazas en la zona sur de Morelia y comunidades del municipio de Villa Madero.
La Fiscalía destacó que esta estructura era considerada un objetivo prioritario debido a las investigaciones que la vinculaban con actividades criminales de alto impacto y con mecanismos de control sobre distintos sectores productivos. De acuerdo con la información presentada, el grupo habría operado mediante amenazas y cobros ilegales contra comerciantes, empresarios y productores madereros, además de estar relacionado con otros hechos violentos.
Durante la conferencia se informó que Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido como presunto líder de esta célula, mientras que Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, fue identificado como presunto segundo al mando de la organización.
La captura de “Sierra 1” ocurrió mediante un cateo realizado en Morelia, donde también fue detenida Nayeli “N” y se aseguraron armas de fuego, vehículos, droga, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Posteriormente, como resultado del seguimiento de las investigaciones, fue detenido “Sierra 2” junto con otra persona, con el aseguramiento de un arma larga, cartuchos, un vehículo y droga.
Tras las detenciones, Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, y Nayeli “N” fueron presentados ante un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso por delitos relacionados con cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud, derivados de los aseguramientos realizados durante el operativo.
El juez impuso prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. La Fiscalía informó que, además de esta causa, “Sierra 1” cuenta con órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en delitos de homicidio calificado y secuestro agravado, investigaciones que continuarán su curso.
Otro de los resultados destacados durante la conferencia fue el operativo realizado en el municipio de Zinapécuaro, donde fueron detenidas nueve personas que presuntamente viajaban en vehículos con emblemas de la Guardia Civil y portaban uniformes e insignias policiales.
Las autoridades informaron que los detenidos son investigados por delitos relacionados con la posesión de metanfetamina con fines de venta, uso indebido de insignias y vehículos oficiales, falsificación de documentos, ejercicio ilegítimo del servicio público, así como portación de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Durante la intervención fueron aseguradas 16 armas de fuego —nueve largas y siete cortas—, más de mil cartuchos útiles, 43 cargadores, nueve chalecos balísticos, tres cascos, radios de comunicación, teléfonos celulares y vehículos con distintivos oficiales.
EN INFORMACIÓN NACIONAL
RESISTENCIA EN LA BAHÍA DE OHUIRA
Esta semana la Bahía de Ohuira continua en el centro del debate socioambiental en México.
El conflicto por la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) se intensificó con nuevas denuncias de las comunidades indígenas mayo-yoreme, quienes mantienen un plantón permanente para exigir la cancelación definitiva del proyecto al considerar que pone en riesgo los manglares, la pesca y el equilibrio ecológico de la región.
En el transcurso de la semana, los manifestantes acusaron a la empresa de promover una movilización de trabajadores para confrontar el bloqueo ciudadano, situación que, advirtieron, incrementó la tensión en la zona.
Las comunidades responsabilizaron a la empresa de cualquier hecho de violencia que pudiera registrarse y reiteraron que su protesta se mantiene de forma pacífica. Paralelamente, organizaciones civiles y ambientales expresaron su respaldo al movimiento y solicitaron garantizar el derecho a la protesta y la protección del territorio.
Al cierre de la semana, el plantón continuaba sin que existiera un acuerdo entre las partes.
Mientras las comunidades insisten en la cancelación del proyecto por sus posibles impactos ambientales y sociales, las autoridades federales mantienen vigente la autorización ambiental bajo supervisión.
Con ello, la Bahía de Ohuira permanece como uno de los conflictos ambientales más relevantes del país, donde la defensa del territorio y el desarrollo industrial siguen enfrentados sin una solución definitiva.
EJIDO DE CARRIZALILLO FIJA POSTURA TRAS FIRMA DE CONVENIO CON EQUINOX GOLD
Esta semana, el Ejido de Carrizalillo, Guerrero, fijó su postura pública tras la formalización de los acuerdos relacionados con la operación de la mina de Equinox Gold, realizada el 25 de junio en la Secretaría de Gobernación.
Las autoridades ejidales informaron que no asistieron al acto al considerar que el convenio, vigente a partir del 1 de julio, representa un retroceso en materia de renta de tierras y beneficios sociales para la comunidad, además de haber generado divisiones internas.
En su pronunciamiento, el ejido señaló que las condiciones del acuerdo fueron resultado de un proceso de presión política en el que, aseguran, participaron actores estatales y municipales favoreciendo los intereses de la empresa, mientras se desatendían las denuncias por presuntas violaciones a los derechos de la comunidad. También cuestionaron la presencia del presidente de Equinox Gold en la ceremonia y reiteraron sus señalamientos sobre actos de discriminación atribuidos a representantes de la compañía durante el proceso de negociación.
No obstante, reconocieron la intervención de la Secretaría de Gobernación, la Semarnat, la Profepa y la Procuraduría Agraria, instituciones a las que agradecieron por facilitar el diálogo y contribuir a la reanudación de las negociaciones.
Finalmente, el Ejido de Carrizalillo afirmó que, aunque el conflicto formalmente concluye con la firma del convenio, la comunidad enfrenta un escenario en el que considera limitadas sus posibilidades de alcanzar justicia social y ambiental, mientras la empresa proyecta ampliar la extracción de oro durante las próximas dos décadas.
MORTANDAD DE PECES EN LA PRESA EL BATÁN GENERA PREOCUPACIÓN EN QUERÉTARO
Esta semana, la mortandad de peces registrada en la presa El Batán, en el municipio de Corregidora, Querétaro, encendió las alertas entre habitantes, ambientalistas y autoridades, quienes solicitaron una investigación para determinar las causas del fenómeno.
De acuerdo con reportes, cientos de peces fueron encontrados sin vida en distintas zonas del cuerpo de agua. Aunque hasta el momento no existe un dictamen oficial, especialistas consideran que el incidente podría estar relacionado con la contaminación del agua, descargas de aguas residuales, la disminución del oxígeno disuelto o el arrastre de contaminantes derivado de las lluvias recientes.
Ante esta situación, organizaciones ambientalistas hicieron un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las autoridades ambientales para realizar estudios de calidad del agua, identificar el origen del problema e implementar medidas que eviten nuevos episodios.
La presa El Batán ha presentado desde hace varios años problemas de contaminación y deterioro ambiental, por lo que este nuevo evento reavivó la preocupación sobre el estado del embalse y la necesidad de fortalecer las acciones de saneamiento y vigilancia para proteger el ecosistema y la salud pública.
COLECTIVOS CELEBRAN CANCELACIÓN DE PARQUE SOLAR EN HIDALGO, PERO ADVIERTEN QUE LA LUCHA CONTINÚA
Esta semana, colectivos y asociaciones ambientales del Altiplano Hidalguense informaron que la empresa Desarrollos Fotovoltaicos de México del Centro desistió del proyecto Parque Solar Tulancingo, que pretendía instalarse en aproximadamente 196 hectáreas del municipio de Singuilucan, Hidalgo. Las organizaciones consideraron esta decisión como un primer logro derivado de la organización comunitaria, la participación ciudadana y la defensa pacífica del territorio.
No obstante, advirtieron que el conflicto ambiental no ha concluido, ya que aseguran que continúan en proceso otros siete megaproyectos fotovoltaicos que, de concretarse, afectarían alrededor de 3 mil hectáreas de ecosistemas, tierras de cultivo y zonas magueyeras en los municipios de Singuilucan, Epazoyucan y Zempoala.
En su posicionamiento, los colectivos aclararon que su oposición no es contra las energías renovables, sino contra proyectos de gran escala que, afirman, se impulsan sin una participación efectiva de las comunidades, sin estudios integrales sobre sus impactos ambientales, sociales y culturales, y sin garantizar la protección del patrimonio natural de la región.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para privilegiar la conservación de los ecosistemas, garantizar procesos transparentes y escuchar la voz de las comunidades. También convocaron a la población de Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma y municipios cercanos a mantenerse informada y sumarse a la defensa del territorio, el agua, el maguey y la biodiversidad.
Finalmente, las organizaciones señalaron que, aunque celebran la cancelación del Parque Solar Tulancingo, mantendrán las acciones legales, la organización comunitaria y la movilización social para impedir la instalación de otros megaproyectos que, sostienen, representan un riesgo para el medio ambiente y el modo de vida de las comunidades del Altiplano Hidalguense.
EN LOS MEDIOS…
HALLAN SIN VIDA A ALEX SERNA, COMUNICADOR AMBIENTAL QUE DOCUMENTABA DENUNCIAS EN GUERRERO
El comunicador y activista ambiental Alex Serna, identificado como Manuel Alejandro Moreno Serna, fue localizado sin vida luego de permanecer desaparecido desde el 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero.
La noticia fue confirmada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que exigió una investigación con la debida diligencia para esclarecer su desaparición y muerte.
Serna, de 39 años, era conocido por difundir en redes sociodigitales denuncias sobre daños ambientales, conflictos territoriales y posibles actos de corrupción en la Costa Grande de Guerrero.
Su última publicación, realizada el mismo 20 de junio, señalaba a una empresa deshidratadora de mango por presuntamente operar sin permisos ambientales y realizar extracción irregular de agua en la zona de La Saladita.
Meses antes había denunciado amenazas e intentos de censura relacionados con sus investigaciones, situación que incrementó la preocupación de familiares, periodistas y organizaciones civiles tras su desaparición.
El caso ha generado indignación entre colectivos ambientales, comunicadores y defensores de derechos humanos, quienes demandan una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si existe relación entre su labor informativa y su muerte.
La CDHEG llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el acceso a la justicia, mientras organizaciones y ciudadanos mantienen las exigencias para que el crimen no quede impune.
