Del bosque de la Mariposa Monarca a los ríos Tula y Santiago; de la captura policial en municipios michoacanos a la carrera electoral anticipada rumbo a 2027. La semana #09 exhibe tensiones entre restauración y propaganda, seguridad y territorio, gestión pública y campaña adelantada. / EL (resumen) SEMANAL Semana #09: del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana #09: del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026
Por: www.en15dias.com
LOS DATOS DEL BOSQUE DE LA MARIPOSA MONARCA: ¿ECOSISTEMA RESTAURADO O NARRATIVA CONVENIENTE?
Vaya, vaya… esta semana el gobierno de Michoacán destacó la entrevista realizada por Reforma publicada el 22 de febrero donde se da por hecho, a través de una organización trasnacional, “que practicamente está erradicada” la tala en el núcleo de la Mariposa Monarca.
Y es que la historia suena bien: El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla anunció que entre 2024 y 2025 se plantaron más de 3.37 millones de árboles en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, impactando más de 6,094 hectáreas en el corazón de la biosfera.
Por primera vez se usaron drones para dispersar semillas de pino. ONG’s como WWF, Fundación Grupo México, ReforestAcción y Nación Verde participaron de forma coordinada con los gobiernos estatal y federal. Y a nivel histórico acumulado, WWF reporta 23.1 millones de árboles plantados en 21,515 hectáreas, 94% producidos en viveros comunitarios.
Esos datos son verificables. El problema no está en los números. Está en lo que se dice alrededor de ellos.
La declaración más repetida en medios —y la más problemática— es que “la tala clandestina en la zona núcleo ha sido prácticamente erradicada”. La frase circula atribuida a María José Villanueva, directora general de WWF México, y fue amplificada por la propia administración estatal como evidencia de recuperación ecológica.
El problema es que no se sabe si es falsa o cierta. Y es que la frase proviene exclusivamente de las organizaciones que participan en la campaña: el gobierno estatal y WWF, dos actores con interés directo en que los resultados se lean como un éxito.
Y es que hay que decirlo claro, querida lectora y lector, no hay auditoría independiente que la respalde, ni datos de monitoreo satelital publicados por una fuente externa.
La afirmación de parte, presentada como hecho establecido por parte de la WWF y el gobierno de Michoacán, es engañosa por definición.
Además, “prácticamente erradicada” depende de cómo se mide y dónde se mira. Un bosque puede dejar de registrar cortes ilegales evidentes sin que haya desaparecido la presión sobre su estructura ecológica completa. La ausencia de tala visible no equivale a salud forestal.
El segundo problema es más sutil pero igual de relevante: el texto oficial —y buena parte de la cobertura mediática— usa la palabra recuperación donde debería decir reforestación. No son sinónimos.
Reforestar es plantar árboles. Recuperar un ecosistema es que esos árboles lleguen a madurez, que reconstituyan estructura de dosel (capa superior y densa de un bosque, formada por las copas y ramas de los árboles más altos que actúan como un “techo”), que la fauna asociada regrese, que los suelos se regeneren.
En México, las tasas de supervivencia de plantaciones masivas son históricamente bajas, y ese dato casi nunca aparece junto al titular de “millones de árboles plantados”.
Ahora, seamos claros: Nada de lo anterior niega que las cifras sean reales ni que el esfuerzo sea significativo. Plantar 3.37 millones de árboles en un solo ciclo, usar (bien o mal) tecnología de drones por primera vez en la zona y articular a múltiples actores —gobierno, sector privado y sociedad civil— en torno a una reserva que en 2003 perdía 450 hectáreas de bosque al año es, objetivamente, un avance.
El punto no es desacreditar el trabajo. Es exigir que se presente con precisión.
Lo que falta en la narrativa oficial es lo más importante: ¿cuántos de esos 3.37 millones de árboles van a sobrevivir? ¿Qué porcentaje de las hectáreas reforestadas muestran regeneración efectiva? ¿Quién, fuera del gobierno y sus aliados, está midiendo los resultados?
Michoacán sigue enfrentando presión del crimen organizado en municipios clave de la reserva, conflictos agrarios, presiones hídricas y una dependencia estructural de actividades económicas incompatibles con la conservación forestal. Ninguna campaña de plantación, por ambiciosa que sea, resuelve esos problemas.
POLICÍAS A LA ORDEN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Vaya, vaya… Y lo que comenzó como un operativo federal en Jalisco, donde se registró la muerte del líder de una organización delictiva, terminó exhibiendo una fractura profunda en la seguridad pública de Michoacán.
La detención de 11 policías municipales en Ecuandureo, acusados de colaborar con la delincuencia organizada y de obstrucción de la justicia, no es un hecho aislado de este municipio, es sólo la punta de un entramado que, según fuentes de seguridad, involucra al menos a 38 corporaciones municipales bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado.
Esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó una investigación amplia para revisar el actuar de las policías municipales durante los bloqueos y quema de vehículos registrados el domingo pasado en distintos puntos del estado.
La instrucción fue dirigida al secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.
Los municipios señalados abarcan regiones estratégicas: Bajío, Occidente, Meseta Purhépecha, Cañada de los 11 Pueblos y las dos franjas de Tierra Caliente. Tanhuato, Vista Hermosa, La Piedad, Numarán, Churintzio, Paracho, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu, entre otros, aparecen en el radar.
En Zamora, incluso se sustituyó a casi todo el cuerpo policiaco por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con excepción del director municipal, en medio de señalamientos políticos internos.
En Tierra Caliente —Aguililla, Coalcomán, Chinicuila, Carácuaro, Huetamo, San Lucas— el control territorial del CJNG no es nuevo. Lo que cambia ahora es la dimensión pública del señalamiento: policías municipales bajo órdenes criminales, bloqueos carreteros coordinados y una respuesta estatal que admite la necesidad de revisar corporaciones completas. La captura reciente de mandos criminales no desarticuló la red; apenas movió sus equilibrios.
Como si fuera poco, el mapa de influencia mencionado por fuentes de seguridad incluye municipios del centro y norte del estado como Puruándiro, Huandacareo, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo y Tzintzuntzan.
Es decir, no se trata sólo de focos rojos aislados, sino de una posible captura territorial de la seguridad pública municipal en corredores económicos clave: zonas agrícolas de exportación, rutas logísticas y regiones con disputas por control de recursos.
Esto no es sorpresa, desde los territorios los defensores de la tierra y de la vida han denunciado, desde hace décadas, el involucramiento del crimen organizado dentro de las estructuras institucionales municipales.
El problema no es únicamente policial, sino estructural. Las policías municipales en Michoacán —mal pagadas, con débil control interno y alta vulnerabilidad ante amenazas— operan en territorios donde el crimen organizado ha consolidado poder económico y social.
La investigación anunciada por el gobierno estatal será una prueba política clave. No sólo para deslindar responsabilidades inmediatas, sino para demostrar si existe voluntad real de desmontar redes de complicidad que, según las propias fuentes oficiales, llevan meses —si no años— operando bajo la sombra del poder municipal.
En el contexto de las elecciones de 2027, Michoacán no sólo enfrenta una crisis de violencia, sino una pugna por la soberanía local en municipios donde la línea entre autoridad y crimen se vuelve difusa.
FOTO PROAM
MESA DE SEGURIDAD Y REUNIÓN CON AGUACATEROS
Vaya, vaya… esta semana la Mesa de trabajo de Seguridad Ambiental sesionó. La Mesa de Seguridad Ambiental es el mecanismo interinstitucional que reúne a dependencias estatales y federales —PROAM, Secma, Semarnat, Conafor, Guardia Nacional, Fiscalía y gobiernos municipales— para coordinar operativos y dar seguimiento a delitos ambientales.
No es nueva: lleva años operando, con sesiones periódicas en distintos municipios del estado.
En una sesión reciente de la Mesa de Seguridad Ambiental, PROAM informó que se trabajó de forma coordinada para compartir información y trazar una estrategia que permita abordar las principales necesidades ambientales del estado y garantizar la conservación del agua y los bosques.
Eso es, esencialmente, lo mismo que describe el post de Facebook: seguimiento a operativos interinstitucionales contra tala y cambio de uso de suelo en distintos municipios.
Una sesión anterior, convocada el 12 de febrero de 2026 en Morelia, tuvo un detonante concreto: la tala clandestina en zonas protegidas, incluyendo el Área Voluntaria para la Conservación del Cerro de Comburinda en Tingambato, fue señalada como tema prioritario.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que se tienen identificados diversos puntos donde se efectúan actos de deforestación ilegal y que el caso de Tingambato involucra un conflicto entre comunidades.
Los resultados operativos existen y son verificables. Durante 2024, PROAM llevó a cabo 327 actuaciones de inspección y vigilancia en el estado de Michoacán, de las cuales 189 fueron de manera oficiosa y 138 en seguimiento de denuncias presentadas.
En el plano federal, el primer multi operativo forestal simultáneo de 2026 —realizado entre el 28 y 30 de enero— movilizó a 464 elementos de Profepa, Conanp, Guardia Nacional, Defensa y otras corporaciones en 28 estados. En Michoacán, el resultado incluyó el cierre de un aserradero dentro de la Reserva de la Mariposa Monarca y el aseguramiento de 172 metros cúbicos de madera.
A nivel estatal, la Secretaría de Medio Ambiente reportó 73 operativos en los que se han desinstalado 601 hectáreas de aguacate y durazno sembradas ilegalmente en terrenos forestales.
Pero aquí está la tensión central: los operativos son reales, pero Michoacán es el estado con más denuncias por tala clandestina en todo el país, con 1,497 denuncias entre 2018 y 2024, más que cualquier otra entidad.
En noviembre de 2025, la FGR abrió múltiples carpetas de investigación por delitos contra la biodiversidad en Tangancícuaro, Uruapan, Nahuatzen y Los Reyes, donde inspectores confirmaron daños graves en ecosistemas forestales con extensas áreas desmontadas mediante tala de árboles adultos de pino, con la evidente intención de cambiar el uso de suelo.
Esto ocurrió mientras la Mesa de Seguridad Ambiental ya llevaba meses operando.
De acuerdo con el inventario de la Comisión Forestal del Estado, en los últimos años se ha perdido casi el 40% de la superficie forestal de Michoacán. El cambio ilegal de uso de suelo va precedido de incendios provocados y tala clandestina.
Son 17 los municipios considerados focos rojos: Zitácuaro, Salvador Escalante, Uruapan, Madero, Tacámbaro, Ocampo, Ziracuaretiro, Erongarícuaro, Morelia, Pátzcuaro, Tuxpan, Tingambato, Charo, Acuitzio, Parácuaro, Zinapécuaro y Zacapu. Y el 70% de los municipios siguen sin cumplir con sus obligaciones ambientales, bajo el argumento de que representan fuertes erogaciones de recursos.
Pero hay que decirlo claro, los operativos no han logrado revertir la tendencia de deforestación en el estado más talado del país, que los focos rojos siguen activos y que la coordinación institucional que celebra el comunicado convive con una cadena de corrupción y filtraciones que neutraliza buena parte de los esfuerzos.
Después de esta información se queda cortó el post de PROAM: “damos seguimiento a los resultados obtenidos en operativos interinstitucionales”. Una línea. Un hashtag. Una fotografía de funcionarios sentados alrededor de una mesa.
El viernes, el secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, asistió a otra reunión. Esta sesión de la Junta de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario junto a representantes del sector aguacatero.
No hay más información más que la referencia de la reunión, como si esto abonara a la transparencia y rendición de cuentas al respecto.
Y es que lo que no se entiende desde el púlpito del poder es que las instituciones públicas tienen el mandato de proteger los recursos naturales de Michoacán —el estado con más denuncias forestales del país— no puede considerar que ese es su nivel de rendición de cuentas.
No porque haya mala intención necesariamente, sino porque el problema es demasiado grande, demasiado urgente y demasiado complejo para caber en una publicación de redes sociales redactada como si fuera un parte de guerra sin bajas.
Los bosques de Michoacán merecen informes con datos, con municipios específicos, con metros cúbicos asegurados, con carpetas de investigación abiertas, con nombres de aserraderos clausurados. Merecen ruedas de prensa donde se responda preguntas. Merecen transparencia activa, no comunicación institucional de mínimo esfuerzo.
Una Mesa de Seguridad Ambiental que sesiona y coordina es mejor que no tener ninguna. Pero mientras Michoacán siga perdiendo bosque a una velocidad que ningún operativo semanal puede compensar, y mientras la única rendición de cuentas sea un post de Facebook con filtro verde, el hashtag #MichoacánEsMejor seguirá siendo más aspiración que diagnóstico.
SEMARNAT, ACCIONES AL RÍO TULA
Vaya, vaya… el río Tula vuelve al centro del discurso ambiental federal. Esta vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que la restauración del afluente hidalguense será una de las piezas estratégicas del nuevo ciclo gubernamental, dentro de los compromisos presidenciales de Claudia Sheinbaum.
Y no es menor: el río Tula no es sólo un río contaminado, es el símbolo de décadas de olvido y de costos ambientales. en15dias.com registró en un reportaje la situación que prevalece en esa región llamada “zona de sacrificio”.
CHECA REPORTAJE
Y Renacer documentó la zona como parte de los 60 “infiernos ambientales” en México por contaminación y crisis sanitaria.
CHECA LA NOTA
El 24 de febrero, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, supervisaron avances y delinearon acciones para 2026.
Los funcionarios afirman que el proyecto está diseñado con un “enfoque de cuenca, restauración basada en la naturaleza, participación comunitaria y justicia social”.
Cuatro conceptos que, en el papel, buscan corregir una historia de abandono, descargas industriales y riesgo permanente de inundaciones, como quedó expuesto dramáticamente en 2021.
La narrativa oficial subraya que la restauración no se limita al cauce, sino que abarca la región completa: ecosistemas riparios, zonas de recarga y espacios públicos.
Sin embargo, el territorio del Tula es también una de las zonas industriales más densas del centro del país, con presencia histórica de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, además de corredores fabriles que han descargado aguas residuales durante años.
Restaurar el río implica, por tanto, intervenir en la relación entre industria, regulación y poder económico.
Para 2026, las acciones se concentrarán en la zona urbana y semiurbana del río y en la presa Endhó, donde se ubica la mayor población vulnerable.
Entre las obras previstas destacan la ampliación del Parque Nacional Tula, la instalación de colectores de drenaje en Tula, Atotonilco y Atitalaquia, la rehabilitación de plantas de tratamiento, la estabilización de bordos y taludes, la recuperación del cuerpo de agua en Bojay y la reforestación de riberas. También se contempla el control del lirio acuático y del mosquito Cúlex en la presa.
Los resultados reportados para 2025 incluyen la ampliación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación —de 100 a 1,700 hectáreas—, el desazolve de cuatro kilómetros del río, la restauración forestal en 693 hectáreas y la inspección de 62 industrias. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Mariana Boy, anunció que intensificará la capacitación y supervisión empresarial en 2026, con 70 inspecciones programadas.
Hay que recordar, querida lectora y lector que el río Tula ha funcionado durante décadas como receptor de aguas negras metropolitanas y como válvula de escape de un modelo de desarrollo que priorizó la expansión urbana e industrial sin internalizar sus impactos ecológicos.
La apuesta gubernamental habla ahora de justicia ambiental y participación comunitaria. La pregunta es si esa justicia implicará límites reales a las descargas industriales, sanciones efectivas y transparencia en la operación de las plantas de tratamiento, o si se quedará en la lógica de mitigación gradual. Veremos…
…Y EL RÍO SANTIAGO DE PASO
Y mientras tanto… el río Santiago vuelve a ser promesa de restauración.
El sector ambiental federal presentó en Jalisco las acciones estratégicas para recuperar la cuenca del Lerma–Santiago, uno de los corredores hídricos más contaminados y socialmente conflictivos del país.
La reunión, realizada el 21 de febrero en Poncitlán, forma parte de los compromisos presidenciales de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca, según el discurso oficial, articular una respuesta integral a una crisis que lleva décadas gestándose.
Convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y encabezada por la comisionada Claudia Gómez Godoy, la Mesa de Restauración reunió a más de 150 personas entre organizaciones sociales, representantes indígenas, investigadores, autoridades municipales y ciudadanía de El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Poncitlán, Chapala, Ocotlán, Zapotlán del Rey y Atotonilco el Alto.
El río Santiago atraviesa uno de los territorios industriales más dinámicos de Occidente, donde convergen parques fabriles, descargas urbanas y un modelo agroindustrial intensivo que ha tensionado el equilibrio ecológico de la cuenca.
Las acciones expuestas incluyen el despliegue de promotores ambientales, la elaboración del Estudio Técnico Justificativo para declarar en restauración la cuenca alta del río y la construcción de un Plan Maestro para recuperar el humedal El Ahogado, uno de los puntos críticos de contaminación.
También se enmarcan en los trabajos de la Comisión de Saneamiento y Restauración del Río Lerma–Santiago, coordinada con la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Pero no será tan fácil esta tarea, el río Santiago no es sólo un caso urgente de restauración, es la oportunidad de modificar, al menos en sus procesos industriales, de las industrias de la economía regional que durante años ha priorizado el crecimiento industrial y logístico sin resolver el tratamiento efectivo de aguas residuales ni frenar descargas tóxicas.
Los municipios como El Salto y Juanacatlán se convirtieron en símbolos de enfermedad ambiental, mientras comunidades ribereñas denunciaban impactos en salud y pérdida de medios de vida. Restaurar el río implica, por tanto, revisar las reglas de juego entre industria, regulación y fiscalización.
El discurso oficial insiste en la justicia ambiental y la participación comunitaria como ejes rectores. Sin embargo, el desafío estructural sigue siendo el mismo: ¿habrá límites claros y verificables para las descargas industriales? ¿se transparentarán los datos de monitoreo y cumplimiento? ¿se articulará la restauración ecológica con una transformación del modelo productivo regional? Sin respuestas contundentes, la restauración corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de mitigación parcial frente a un problema sistémico.
Como si fuera poco, la cuenca Lerma–Santiago conecta dinámicas que rebasan Jalisco: nace en el Estado de México, atraviesa zonas agrícolas, industriales y metropolitanas, y desemboca en el Pacífico.
Es, en términos geopolíticos del agua, una arteria estratégica para el occidente del país. Su recuperación no sólo demanda obras y planes maestros, sino una coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y sectores productivos que históricamente han operado con lógicas fragmentadas.
La apuesta presentada esta semana marca un nuevo intento de reconciliar desarrollo y naturaleza en uno de los territorios más tensionados del país. El río Santiago ha escuchado promesas durante décadas. Ahora la prueba será si la estrategia anunciada logra pasar del diagnóstico a la transformación estructural, o si quedará, una vez más, atrapada entre la retórica ambiental y la inercia industrial. Veremos…
TENENCIAS DE MORELIA: OBRAS REALES, CALENDARIO POLÍTICO INEVITABLE
En información política y electoral, Alfonso Martínez Alcázar lleva meses intensificando su presencia en la zona rural de Morelia.
Las reuniones con jefes de tenencia se han vuelto recurrentes, las giras de supervisión de obra aparecen con regularidad en los comunicados oficiales, y el discurso es siempre el mismo: la zona rural es prioridad, la comunicación es permanente, el gobierno está cerca.
Lo que ya nadie en Morelia ignora es que detrás de esa actividad también corre un reloj electoral: 2027, y con él, la gubernatura de Michoacán.
La relación entre el gobierno de Martínez Alcázar y los jefes de tenencia no es nueva ni esporádica. Desde que arrancó su actual periodo, el patrón se ha repetido con regularidad desde 2025.
En enero de 2025, encabezó la sesión de Cabildo donde rindieron protesta los nuevos jefes de tenencia de Atécuaro, Atapaneo y Jesús del Monte.
Durante abril de 2025, su administración instaló el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, reuniendo a jefes de tenencia, comisariados ejidales, regidores y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
En junio de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural arrancó reuniones del Consejo Rural en las 14 tenencias, donde productores, ejidatarios y habitantes exponen problemáticas de caminos, mejora territorial y medio ambiente.
El mes de agosto de 2025, el propio alcalde sostuvo una reunión de trabajo y convivencia con los jefes de tenencia, donde destacó los avances en rehabilitación de caminos rurales como una de las principales demandas atendidas.
En octubre de 2025, ante jefes de tenencia, encargados del orden y líderes de colonias, Martínez Alcázar reafirmó que su gobierno cree en estos liderazgos y que su forma de gobernar es “caminar las colonias como ningún otro presidente municipal lo ha hecho”.
En septiembre de 2025, fue el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien encabezó una reunión para estrechar comunicación con jefes de tenencia y avanzar en el desarrollo de la zona rural.
Y el 25 de febrero de 2026, se realizó nuevamente una reunión con jefes de tenencia, dando seguimiento a los temas planteados por cada una de las tenencias y afianzando los canales de comunicación.
El alcalde publicó en su Facebook que él estuvo presente, aunque el comunicado oficial lo protagonizó su secretario.
Más allá de las reuniones, hay obra física verificable. En marzo de 2025, Martínez encabezó una gira en Chiquimitío donde constató la reconstrucción de vialidades con maquinaria adquirida para la zona rural, informando que solo en esa tenencia se habían intervenido 28.8 kilómetros de caminos.
El mes de junio de 2025, la Secretaría de Agricultura reportó haber rehabilitado 132 ollas agrícolas y más de 258 hectáreas en mejora territorial desde el inicio de la administración, además de trasladar materiales productivos a artesanos de Capula en beneficio de más de 250 familias.
En números globales, la administración reporta haber invertido más de 400 millones de pesos en obra pública en tenencias y comunidades, con atención a caminos, ollas agrícolas, desazolves y mejoras parcelarias.
Y en su informe de agosto de 2025, Martínez anunció una meta de 5 mil millones de pesos en obra pública acumulada en sus tres periodos de gobierno.
Todo lo anterior ocurre en un contexto que los boletines del Ayuntamiento omiten puntualmente: Alfonso Martínez Alcázar busca la gubernatura de Michoacán en 2027, y las tenencias —que representan el 70% del territorio municipal— son un territorio político indispensable para cualquier aspiración de ese calibre.
Hay al menos seis tenencias de Morelia, Capula, San Miguel del Monte, San Nicolás Obispo, Santa María de Guido, Santiago Undameo y Tiripetío, donde conviven movimientos pro autogobierno indígena, jefaturas cercanas al alcalde panista y movimientos sociales legítimos en defensa del agua y el bosque.
Desde hace tiempo, las tenencias son campo de batalla. En ese escenario, la intensidad de las visitas, las reuniones y las obras en la zona rural no pueden leerse únicamente como una gestión municipal sino con una lectura electoral.
Bien o mal, las obras existen, es cierto; las reuniones son documentables; las cifras de inversión son las que el propio gobierno reporta, sin auditoría externa.
Lo que no existe, al menos no públicamente, es un seguimiento independiente que permita saber cuántos de esos caminos rehabilitados siguen en condiciones tras una temporada de lluvias, cuántas hoyas agrícolas funcionan, y qué piensan los habitantes de las tenencias más allá de los jefes que aparecen en las fotografías junto al alcalde.
Que un gobierno haga obra en zonas históricamente abandonadas no es sospechoso. Que lo haga con una frecuencia que aumenta conforme se acerca un proceso electoral, y que cada visita tenga cobertura mediática coordinada, sí merece la pregunta que si esto ¿es política pública o es campaña adelantada? La respuesta, probablemente, querida lectora y lector, es las dos cosas al mismo tiempo.
¿GESTIÓN HÍDRICA O CAMPAÑA DE AUTOPROMOCIÓN?
Mientras Morelia enfrenta quejas recurrentes por interrupciones en el suministro de agua potable, el debate sobre si algunos funcionarios municipales usan el cargo como trampolín electoral ya salió del murmullo ciudadano y llegó al Cabildo.
El caso más mediático es el autollamado “Fito”, quien es Adolfo Torres Ramírez, director del OOAPAS, quien ha dado una campaña intensa, en redes sociodigitales y algunos medios de comunicación hablando acerca de “narcocultura” y de paso promocionando su imagen.
Desde marzo de 2025, Torres Ramírez ya dejaba caer sus intenciones ante la pregunta sobre si sería aspirante del PAN a la presidencia municipal, respondiendo que “sería un honor, pero primero termino de arreglar el grifo“.
A partir de ese momento ha generado una campaña de promoción de su nombre e imagen. A tal grado que en sesión ordinaria del 25 de febrero, la regidora de Morena, Mariana Estefany Orozco Hernández no guardó silencio: señaló directamente al funcionario por la publicidad con su imagen que tapiza la ciudad y fue contundente.
“La ciudad está tapizada de publicidad del encargado de este organismo. Quien quiera estar en campaña, que renuncie y se vaya a campaña“, exigió la edil, pidiendo además que el dinero recaudado del pago de agua se destine a atender tuberías y no a dicha campaña.
La respuesta de Torres no tardó. En entrevista con El Sol de Morelia, el director del OOAPAS defendió su gestión y aseguró que no ha descuidado su labor al frente de la paramunicipal. Su argumento central: que trabaja en el proyecto ciudadano — el libro sobre narcocultura que lo tiene en espectaculares por toda la ciudad — en sus ratos libres, no en horario de trabajo. Y agregó que los problemas del agua en Morelia “no son de ahora sino de hace mucho tiempo“, como si la herencia histórica del problema lo eximiera de la obligación de resolverlo hoy.
Desde diciembre de 2025, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, anunció que presentaría una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán por presunto desvío de recursos públicos para financiar dicha imagen. Sin embargo, no hay evidencia de ello.
Torres tampoco está solo en este paisaje de autopromoción institucionalizada. Joanna Moreno Manzo, funcionaria del Ayuntamiento de Morelia, ya diseñó un logo con su nombre para circular en recorridos por colonias que, en política, tienen un nombre específico: posicionamiento electoral.
¿Cuántos más dentro del Cabildo ya preparan su logo, su slogan y su gira de trabajo con cargo al erario? En política, eso tiene un nombre. Y no es gestión pública, es campaña.
EL 7 DE MARZO, MORENA ACORDARÁ REGLAS; MICHOACÁN LLEVA SEMANAS EN LO ELECTORAL
Faltan ocho días para que el Consejo Nacional de Morena se reúna en la Ciudad de México y apruebe las reglas que definirán quién gobernará 17 estados en 2027. En Michoacán, nadie esperó la convocatoria oficial para empezar a moverse.
El Consejo Nacional de Morena realizará una sesión extraordinaria en la que se aprobarán las reglas del proceso interno para elegir candidatos a la elección federal de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gobernadores.
De acuerdo con el documento que ya circula entre los diputados federales morenistas, se avalarán las reglas para elegir a los abanderados a gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como para las presidencias municipales.
El partido proyecta ratificar que las candidaturas a las 17 gubernaturas se definirán por medio de encuestas, y busca establecer que por lo menos en nueve estados sea una mujer la abanderada.
También se adoptarán medidas para evitar que el partido postule a personas que enfrenten procesos por delitos, validando que los aspirantes no estén sancionados ni tengan antecedentes penales.
El nombre oficial del documento que se aprobará ese día dice mucho sobre cómo Morena maneja los tiempos: se llamará “Los criterios generales del proceso interno 2026-2027 para la selección de coordinaciones estatales, distritales y municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación”.
Como en otros procesos anteriores, dicho título tiene la intención de evadir la legislación sobre actos anticipados de campaña, pues la selección de abanderados es hasta inicios de 2027.
Pero en Michoacán ya se adelantaron, no por ello la decisión de la encerrona del 19 de febrero. Y es que antes de que llegara siquiera la convocatoria oficial, Michoacán ya había tenido su propia reunión de aspirantes.
El 19 de febrero, a puerta cerrada,la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, arrancó una reunión con media decena de aspirantes a la candidatura a la gubernatura y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. A la reunión también se integró el líder estatal, Jesús Mora, así como la secretaria general del CEN, Carolina Rangel.
El encuentro donde se prohibió el paso a celulares y periodistas, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Urbano, Gladyz Butanda Macías; la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; el fiscal general Carlos Torres Piña; el senador Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel, diputado federal y la diputada local Fabiola Alanís Sámano, entre otros.
La disputa interna en Morena Michoacán no es nueva, pero el 7 de marzo la formalizarán.
En el plano local, existe una confrontación política abierta entre el grupo afín al gobernador Ramírez Bedolla, que mantiene la mayoría en los órganos internos del partido, y el senador Raúl Morón Orozco, quien también aspira a competir por la gubernatura en el próximo ciclo electoral.
Y para Morelia en particular, el proceso interno perfila resultados hacia mediados de 2026, con el levantamiento de encuestas que, según el propio gobernador, deberá hacerse “cuidando el margen legal y los procedimientos legales para la definición del aspirante”.
Aquí está el detalle que el comunicado oficial nunca menciona: el 7 de marzo Morena aprobará las reglas de un proceso que, en los hechos, ya lleva meses corriendo, al enos en territorio michoacano.
Las reuniones a puerta cerrada, las giras de gobernadores y presidentes municipales a zonas rurales, los comunicados institucionales con frecuencia de campaña, los perfiles femeninos posicionándose en bancadas legislativas —todo está ocurriendo antes de que hubiera una sola regla aprobada. ¿Qué podemos esperar?
ABC DE LA REFORMA ELECTORAL DE SHEINBAUM: LO QUE CAMBIA, LO QUE NO Y LO QUE ESTÁ EN DISPUTA
Y en medio de este delirio electoral anticipado, se encuentra la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles 25 de febrero su iniciativa de reforma electoral, un paquete de cambios constitucionales que será enviado formalmente al Congreso el 2 de marzo de 2026. El proyecto contiene diez puntos agrupados en cuatro ejes centrales y, antes incluso de iniciar su discusión legislativa, ya provocó tensiones dentro de la propia coalición gobernante.
¿De dónde surge la iniciativa? En agosto pasado, la mandataria nombró una comisión especial para construir la propuesta en diálogo con legisladores, académicos y organizaciones civiles.
El proceso incluyó 63 audiencias públicas en 31 entidades federativas, además de siete encuentros en Estados Unidos y una audiencia migrante en la Ciudad de México. Según cifras oficiales, se recibieron 1,357 propuestas ciudadanas.
El resultado es una reforma constitucional que, para aprobarse, requerirá mayoría calificada —dos terceras partes— tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como el aval de más de la mitad de los congresos locales. El calendario también presiona: si se pretende aplicar en las elecciones de 2027, deberá estar aprobada y promulgada a más tardar a principios de junio de este año, sin embargo todo se perfila a que se implmentará en 2030.
El primer punto propone eliminar las listas de diputaciones y senadurías plurinominales tal como hoy se conocen. La intención, de acuerdo con la presidenta, es que todas las candidaturas hagan campaña y obtengan respaldo directo en territorio. No obstante, la representación proporcional no desaparece: se mantiene la distribución de curules, pero sin listas cerradas definidas por los partidos. En su lugar, se plantea un método basado en voto directo.
En ese mismo eje se incluye una nueva fórmula para asignar los 200 escaños de representación proporcional en la Cámara de Diputados. De acuerdo con la propuesta, 97 lugares serían para candidaturas que no ganaron su distrito pero obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido; 95 se elegirían por circunscripción con garantía de paridad de género; y 8 corresponderían a mexicanos residentes en el extranjero.
El tercer punto contempla un recorte del 25 por ciento al gasto electoral. La reducción alcanzaría al Instituto Nacional Electoral, a los institutos locales, a los tribunales electorales y a los partidos políticos. Para 2026, el INE tiene aprobado un presupuesto de 14 mil 99 millones de pesos, mientras que los seis partidos nacionales recibirán en conjunto 7 mil 368 millones.
En materia de fiscalización, la iniciativa plantea eliminar el uso de efectivo en campañas. Según el planteamiento oficial, todos los movimientos financieros tendrían que realizarse mediante transferencias electrónicas, lo que “permitiría un monitoreo en tiempo real de los recursos”.
Otro de los cambios relevantes es la eliminación de la reelección inmediata para cargos legislativos y municipales, medida que comenzaría a aplicarse a partir de 2030.
Asimismo, se propone que los cómputos oficiales arranquen el mismo domingo de la jornada electoral y no el miércoles siguiente, como ocurre actualmente. Con ello desaparecería el PREP, el sistema de resultados preliminares que informa en tiempo real el avance de los conteos.
La reforma también introduce reglas sobre el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Se obligaría a transparentar su utilización y se prohibirían bots y mecanismos automatizados en redes sociales que busquen influir artificialmente en la contienda.
Además, se reducirían de 48 a 35 minutos diarios por emisora los tiempos oficiales en radio y televisión destinados a partidos políticos durante los periodos electorales.
En cuanto al voto en el extranjero, la propuesta facilitaría la participación en comicios legislativos y garantizaría representación directa en el Congreso para mexicanos residentes fuera del país, mediante figuras como diputaciones migrantes.
Un tema que quedó fuera fue la eliminación del fuero constitucional para diputados federales. La presidenta expresó que, en lo personal, considera que debería retirarse, pero dejó esa decisión a la comisión y al debate legislativo.
La reforma, sin embargo, ya enfrenta resistencias. Legisladores del Partido Verde Ecologista de México han advertido que no respaldarán los cambios relacionados con plurinominales ni con el INE.
El Partido del Trabajo y el propio Partido Verde —aliados de Morena— son, en proporción a su votación, de los que más diputaciones plurinominales obtienen, por lo que la modificación impactaría directamente su representación.
La discusión apenas comenzará en el Congreso, pero el mensaje político ya está lanzado: la reforma electoral se perfila como uno de los debates centrales del año, no sólo por sus implicaciones técnicas, sino por el reacomodo de poder que puede provocar dentro del sistema de partidos y al interior de la coalición gobernante y sí, también dentro del partido Morena.
NO ES “EMBARGO”… ¡ES BLOQUEO!
Vaya, vaya… Cuba vuelve a ocupar titulares bajo la narrativa del colapso, pero rara vez se coloca en primer plano el cerco estructural que condiciona cada uno de sus movimientos. Hablar de la crisis en Cuba sin colocar el bloqueo impuesto por Estados Unidos como eje central es analizar la mitad del problema.
El bloqueo no es únicamente una restricción comercial bilateral. Es un sistema de sanciones que penaliza bancos de terceros países, encarece financiamiento, limita créditos multilaterales y disuade inversión extranjera bajo amenaza de castigos secundarios. En una economía insular altamente dependiente de importaciones —combustible, alimentos, insumos médicos— ese entramado financiero actúa como un torniquete permanente.
Las consecuencias son materiales. El sistema eléctrico cubano, hoy afectado por apagones recurrentes, depende de combustibles y piezas que deben adquirirse en mercados donde el acceso a pagos internacionales no es fluido. Cada transferencia bloqueada o encarecida se traduce en retrasos, sobrecostos y menor capacidad operativa. La fragilidad técnica existe, pero opera dentro de un entorno de restricción externa constante.
En el plano monetario, la escasez de divisas impacta el tipo de cambio informal y presiona la inflación. El Estado administra recursos limitados en un contexto donde la inserción plena en el sistema financiero global está condicionada políticamente. Aun así, el país sostiene un esquema de servicios públicos universales en salud y educación que, pese a la crisis, continúa funcionando.
La migración masiva de los últimos años no puede desvincularse de ese escenario. Cuando el margen económico se estrecha, la movilidad se convierte en estrategia familiar. Pero reducir el fenómeno a “huida del modelo” ignora que el modelo opera bajo sanciones prolongadas que restringen crecimiento, inversión y acceso a mercados.
Desde Washington se argumenta que el bloqueo es instrumento de presión política. Desde La Habana se denuncia como política de castigo colectivo. Seis décadas después, el sistema político cubano permanece, pero el costo económico ha sido sostenido. La pregunta de fondo es si el objetivo es transformar o perpetuar el desgaste.
Nada de esto excluye responsabilidades internas: lentitud en reformas, rigidez administrativa y baja productividad forman parte del diagnóstico. Pero aislar esas variables del contexto geopolítico sería intelectualmente incompleto. Cuba no compite en condiciones simétricas dentro del mercado global; lo hace bajo un régimen de sanciones que reconfigura cada decisión estratégica.
Y mientras tanto, la isla busca diversificar alianzas hacia América Latina, Asia y Eurasia, intentando ampliar margen frente a la presión histórica de su vecino del norte. La crisis cubana no es solo económica; es geopolítica. No es únicamente un problema de gestión; es una disputa de soberanía en el Caribe.
Porque si algo demuestra la persistencia del bloqueo es que la relación entre poder y economía sigue siendo el núcleo del conflicto. Y en esa tensión, Cuba no solo resiste: redefine constantemente los límites de su autonomía.
Teherán arde: EU e Israel abren la guerra contra Irán
Las primeras imágenes llegaron antes del amanecer: columnas de humo sobre Teherán, sirenas en Tel Aviv y un mensaje de Donald Trump que no dejaba margen a la interpretación. Estados Unidos estaba en guerra con Irán.
En la madrugada del sábado, Washington y Tel Aviv lanzaron la acción militar coordinada más grande que Medio Oriente ha visto en décadas. Trump la bautizó “Furia Épica”. Israel llamó a la suya “Rugido de León”. Dos nombres para una misma apuesta que el mundo entero mira con el aliento contenido.
El alcance de la operación no tiene precedente reciente. Dos portaaviones estadounidenses —el Gerald Ford y el Abraham Lincoln— operan en aguas del Golfo Pérsico, acompañados de al menos doce destructores y más de veinte aeronaves de combate. El Pentágono advirtió que la campaña podría extenderse varios días.
Netanyahu afirmó que la ofensiva “creará las condiciones para que el pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”. Trump fue más directo: llamó a los ciudadanos iraníes a refugiarse y, al terminar los ataques, a tomar el control de su gobierno. “Será probablemente su única oportunidad en generaciones”, les dijo.
Entre los blancos confirmados figuran instalaciones nucleares, altos mandos de la Guardia Revolucionaria y, según medios israelíes, el propio líder supremo Alí Jamenei. La televisión estatal iraní confirmó que el presidente Masoud Pezeshkian está vivo y en buen estado. El paradero de Jamenei no ha sido verificado de forma independiente.
Lo que sí está confirmado: 24 niñas murieron y 45 resultaron heridas cuando un ataque israelí alcanzó una escuela en Minab, ciudad del sur de Irán. En Abu Dhabi, un civil perdió la vida por la caída de restos de misiles interceptados.
Teherán no esperó. Las Fuerzas Revolucionarias lanzaron misiles contra bases estadounidenses en Catar, Arabia Saudita, Bahréin, Jordania y Kuwait, y contra objetivos en territorio israelí. Las sirenas de emergencia se activaron en varias zonas de Israel. El ministro de Defensa israelí Yisrael Katz declaró el estado de emergencia nacional.
El Gobierno iraní cortó el internet en todo el país. La conectividad cayó al 4% de los niveles normales.
La región entera está en alerta máxima.
La última ventana diplomática se abrió el 17 de febrero en Ginebra, con conversaciones indirectas mediadas por Omán. Washington exigía enriquecimiento de uranio cero, fin del programa de misiles y ruptura con grupos armados de la región. Irán rechazó los términos.
El 19 de febrero, Trump fijó su ultimátum: “diez, quince días como máximo” antes de que “ocurran cosas malas”. El 27 de febrero, el OIEA confirmó que no podía verificar si Irán había suspendido sus actividades de enriquecimiento.
Al día siguiente, comenzaron los bombardeos.
La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó la situación de “peligrosa”. El primer ministro de Malasia advirtió que los ataques llevan a Medio Oriente “al borde de la catástrofe”. Suiza se declaró “profundamente alarmada»”.
En el Congreso estadounidense, el demócrata Ruben Gallego cuestionó la legalidad de la acción; el republicano Lindsey Graham la aplaudió como “necesaria y largamente justificada”.
Nadie tiene una salida diplomática sobre la mesa.
⚠️ NOTA EN DESARROLLO — Al cierre de esta edición, 08:00 horas del 28 de febrero de 2026, los ataques continuaban.
