El resumen semanal del 9 al 15 de marzo de 2026 reúne los principales temas políticos, económicos y territoriales del país: el ataque contra el defensor ambiental Erik Saracho en Nayarit, los retos del agua en Morelia, la estrategia federal ante municipios violentos, tensiones rumbo a la revisión del T-MEC y nuevas disputas comerciales por las fresas mexicanas. EL (resumen) SEMANAL Semana #11: del 9 al 15 de marzo de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana #11: del 9 al 15 de marzo de 2026
Por: www.en15dias.com
Vaya, vaya… mientras en el discurso público se invoca la austeridad y la ética republicana, los registros abiertos de la Biblioteca de Anuncios de Meta cuentan otra historia en Michoacán.
Esta semana en15dias.com publicó una investigación sustentada en registros públicos, capturas verificables y datos abiertos de la Biblioteca de Anuncios de Meta que documenta un posible uso de recursos públicos del Gobierno de Michoacán para financiar publicidad política en Facebook a favor de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, en el contexto de la sucesión estatal de 2027.
Y es que los datos no hablan de un hecho aislado. Al menos 16 anuncios difundidos entre febrero y marzo de 2026 promocionaron la imagen de la funcionaria morenista, todos declarando ante la propia plataforma digital al Gobierno del Estado de Michoacán como pagador y beneficiario. El patrón aparece replicado en cuatro páginas distintas —“En Michoacán Morena Va”, “Gladyz Butanda la Arquitecta”, “Morena Michoacán 2024” y “Morelia es Morena”— que difundieron contenidos con encuestas de preferencias, slogans de posicionamiento electoral y cobertura de actos políticos.
Como si fuera poco, varios anuncios replican exactamente las mismas imágenes, textos y enlaces gubernamentales —incluido el programa DATA de chips con internet para universitarios— publicados el mismo día desde distintas páginas, lo que sugiere una operación coordinada de promoción digital.
Los vínculos entre correos electrónicos, dominios y estructuras de consultoría política refuerzan la hipótesis de que detrás de las páginas existe una misma red operativa.
El contexto político explica parte del movimiento. Michoacán elegirá nueva gubernatura en 2027 y el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, no puede reelegirse. En ese escenario, Butanda ha comenzado a aparecer como una de las figuras visibles dentro de Morena, impulsada por una narrativa que busca posicionarla como posible candidata en una contienda que todavía ni siquiera ha iniciado formalmente.
Sin embargo, el marco legal mexicano es explícito. El artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y no puede incluir promoción personalizada de funcionarios. A ello se suma la legislación electoral que sanciona el uso de recursos públicos con fines político-electorales.
Y mientras tanto, la investigación —sustentada en registros abiertos, evidencia pública y metodología verificable— pasó prácticamente inadvertida en la mayoría de los medios locales, pese al rigor documental del reportaje y a las implicaciones políticas y legales que plantea.
El silencio mediático termina siendo parte de la historia: un ecosistema informativo que prefiere mirar hacia otro lado incluso cuando los propios registros digitales del poder dejan huellas claras sobre cómo se financia y se construye una candidatura antes de tiempo.
Juez absuelve al único acusado por el asesinato de Samir Flores y deja al descubierto fallas en la investigación
Y mientras el país sigue acumulando casos de impunidad en crímenes contra defensores comunitarios, el proceso judicial por el asesinato del activista nahua Samir Flores Soberanes dio un giro que vuelve a colocar el expediente bajo sospecha. A casi cuatro años del inicio del juicio, un juez federal absolvió al único detenido como presunto responsable del homicidio, al considerar que la investigación presentada por la Fiscalía contenía inconsistencias graves.
La resolución judicial, emitida el 13 de marzo, concluyó que las entrevistas y testimonios utilizados como base de la acusación resultaron deficientes e inverosímiles.
De acuerdo con el fallo, la forma en que fueron integrados a la carpeta de investigación mostró irregularidades que debilitaron la teoría del caso presentada por la Fiscalía de Morelos, institución que durante la investigación estuvo encabezada por Uriel Carmona.
El juez reconoció que en el juicio quedó acreditado un posible móvil del crimen: el activismo social de Flores Soberanes contra el Proyecto Integral Morelos y su labor como comunicador comunitario. Sin embargo, concluyó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para sostener la responsabilidad penal del acusado Javier “N”, quien quedó en libertad.
La decisión judicial reavivó las críticas de organizaciones sociales y del movimiento que desde 2019 exige justicia por el asesinato del defensor. Integrantes de su comunidad y colectivos señalaron que durante años advirtieron que la investigación contenía irregularidades y que la acusación presentada era incapaz de sostenerse ante un tribunal.
El caso también involucra la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia federal que retomó el expediente pero mantuvo la misma línea de investigación construida originalmente por la fiscalía estatal.
Según denunciaron familiares y organizaciones acompañantes, esto prolongó un proceso judicial que, además de desgastante, revictimizó a la familia y a integrantes de la comunidad.
El asesinato de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Amilcingo, Morelos.
El activista, locutor de la radio comunitaria Amiltzinko e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, fue asesinado frente a su domicilio pocos días antes de la consulta impulsada por el gobierno federal sobre el destino del Proyecto Integral Morelos, una obra energética que desde entonces ha generado una fuerte oposición social.
La absolución del único acusado deja nuevamente el caso en un terreno incierto. Para los colectivos que han acompañado la exigencia de justicia, la resolución judicial no sólo derrumba la investigación inicial, sino que abre nuevas preguntas sobre la actuación de las autoridades que integraron la carpeta.
Así, más que cerrar el caso, el fallo judicial vuelve a colocar el asesinato de Samir Flores en el centro de una discusión mayor: la fragilidad de las investigaciones en crímenes contra defensores del territorio y el largo historial de impunidad que acompaña este tipo de asesinatos en México.
SAN PANCHO Y LA DISPUTA POR LA COSTA: EL ATAQUE CONTRA ERIK SARACHO
Vaya, vaya… en San Francisco (San Pancho), una comunidad costera de Nayarit, la defensa del territorio volvió a encontrarse con la violencia. El defensor ambiental Erik Saracho Aguilar fue atacado a balazos frente a su casa después de dejar a su hija en la escuela. Sobrevivió porque alcanzó a cubrirse el rostro y los disparos impactaron en sus brazos. Pero el mensaje fue claro: en México, defender el territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Saracho no es un desconocido en la región. Periodista, activista y director de Alianza Jaguar A.C., lleva años denunciando el avance de proyectos turísticos e inmobiliarios sobre ecosistemas sensibles de la costa nayarita.
Su trabajo ha estado vinculado a la defensa de la biodiversidad —incluida la protección del hábitat del jaguar en la Sierra de Vallejo— y a la vigilancia ciudadana sobre los permisos ambientales que permiten el crecimiento acelerado del turismo en la llamada Riviera Nayarit.
Esa es precisamente la tensión que vive este lugar. Porque detrás de la postal turística de playas vírgenes, hoteles boutique y desarrollos de lujo, la costa del Pacífico mexicano vive una transformación territorial acelerada. Inversiones millonarias, complejos residenciales, campos de golf y urbanizaciones que prometen desarrollo económico, pero que también han abierto una disputa cada vez más intensa por el uso del suelo, el acceso a la costa y la conservación de ecosistemas.
En ese contexto, Saracho ha sido una de las voces más insistentes en denunciar irregularidades en los procesos de autorización ambiental. Uno de los casos más recientes es el desarrollo turístico Ysuri, proyectado en la región de San Pancho.
Activistas y organizaciones ambientales han cuestionado el proyecto por posibles impactos ecológicos y por la forma en que se habrían gestionado sus permisos.
Las denuncias apuntan a un patrón que se repite en distintas zonas costeras del país: proyectos que avanzan con estudios ambientales cuestionados, cambios de uso de suelo acelerados y presiones políticas para facilitar inversiones inmobiliarias en territorios ecológicamente sensibles.
Cuando esas denuncias ocurren, aparecen los conflictos. Y cuando los conflictos escalan, muchas veces aparece también la violencia.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medio ambiente. De acuerdo con organizaciones internacionales, cada año se registran asesinatos, amenazas y agresiones contra activistas que se oponen a proyectos extractivos, energéticos, mineros o turísticos. En muchos casos, los ataques ocurren en regiones donde la expansión económica choca directamente con comunidades locales y con defensores del territorio.
Lo ocurrido en San Pancho no es un hecho aislado. Forma parte de una cadena de agresiones que revela un problema estructural: el modelo de desarrollo territorial en México sigue generando conflictos donde quienes cuestionan los proyectos quedan expuestos.
Porque en teoría existen mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Saracho tenía el mecanismo. En la práctica, esos mecanismos suelen reaccionar tarde, o no logran prevenir las agresiones. El resultado es un país donde denunciar daños ambientales puede convertirse en una sentencia de riesgo permanente.
Mientras tanto, los megaproyectos continúan avanzando, impulsados por inversiones privadas, gobiernos locales que buscan atraer turismo y un mercado inmobiliario que convierte cada vez más territorios costeros en mercancía.
En medio de esa disputa quedan los ecosistemas, las comunidades y los activistas que intentan frenar o al menos cuestionar el ritmo de la transformación territorial.
Y es ahí donde el ataque contra Erik Saracho adquiere un significado más amplio. No se trata únicamente de la agresión a un defensor ambiental en una comunidad costera. Es un recordatorio de que, en México, la defensa del territorio sigue siendo una actividad que puede pagarse con violencia.
Porque cada vez que un activista es atacado por denunciar irregularidades ambientales, lo que está en juego no es solo su seguridad personal y su vida, está el derecho de la sociedad a cuestionar qué tipo de desarrollo se está construyendo y quién paga realmente el costo de ese progreso.
DENUNCIAN CONTAMINACIÓN DE AGUA
Vaya, vaya… Integrantes de los comités de defensa ambiental del municipio de Villa Madero denunciaron públicamente la contaminación deliberada de manantiales y la tala indiscriminada de bosques en la región, hechos que —advierten— ponen en riesgo una de las zonas hidrológicas más importantes del centro del país.
La alerta fue expuesta en conferencia de prensa por el coordinador de dichos comités, quien advirtió que estas acciones no sólo afectan a las comunidades locales, sino que representan una amenaza directa para el suministro de agua potable que abastece a distintas regiones de Michoacán e incluso a otras entidades del país.
De acuerdo con su testimonio, el pasado domingo 8 de marzo descubrió contaminado el manantial que abastece su propiedad, una antigua olla prehispánica de más de 70 años construida con piedra y barro, luego de que personas no identificadas arrojaran un líquido desconocido al afluente. “Los delincuentes ya no se conforman solamente con secuestrar, asesinar y talar; ahora ya hasta contaminan el agua”, declaró.
Y es que la zona de manantiales de Villa Madero forma parte de un sistema hidrológico estratégico que alimenta diversas cuencas de la región. De estos ojos de agua dependen comunidades de Huetamo y Turicato, además de otros sistemas de distribución que eventualmente se conectan con redes de abastecimiento que llegan incluso a la Ciudad de México.
La degradación de estos ecosistemas —sea por tala ilegal o por contaminación de los manantiales— compromete directamente la disponibilidad del recurso hídrico en amplias zonas del centro del país.
COMUNIDADES Y AUTORIDADES REVISAN ACCIONES AMBIENTALES EN LA SEXTA ASAMBLEA DEL PLAN DE JUSTICIA DEL PUEBLO PURÉPECHA
Vaya, vaya… el gobierno federal y comunidades indígenas de Michoacán volvieron a sentarse a dialogar sobre la protección del territorio purépecha. El 13 de marzo se realizó en Tiríndaro, municipio de Zacapu, la Sexta Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, un espacio que busca articular acciones institucionales y comunitarias para atender rezagos históricos y fortalecer el cuidado de los recursos naturales.
La reunión se llevó a cabo en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y reunió a representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de autoridades comunitarias y representantes de distintos pueblos purépecha.
También participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), instituciones que acompañan la implementación del plan.
Durante la jornada se instaló la mesa de trabajo “Tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente”, en la que autoridades federales y representantes comunitarios discutieron prioridades para la región.
Entre los temas abordados destacaron la gestión integral de residuos y residuos sólidos urbanos, el manejo sustentable de los recursos naturales y las estrategias de restauración ambiental en zonas afectadas por degradación ecológica.
El encuentro también permitió revisar avances en proyectos impulsados por la Semarnat para la recuperación ambiental del Lago de Pátzcuaro, uno de los ecosistemas más presionados de la región.
Las acciones, de acuerdo con las autoridades, buscan implementarse bajo un enfoque de cuenca que permita atender tanto los problemas del lago como las dinámicas territoriales que inciden en su deterioro.
El Plan de Justicia del Pueblo Purépecha forma parte de la estrategia federal para atender demandas históricas de comunidades indígenas en materia de desarrollo, infraestructura, bienestar social y protección del territorio.
En ese marco, las asambleas regionales funcionan como espacios de consulta y coordinación entre instituciones públicas y autoridades comunitarias, con el objetivo de construir políticas y proyectos que respondan a las necesidades locales y fortalezcan el cuidado del agua, los bosques y la tierra.
LA PROMESA DE GARANTIZAR EL AGUA ¿PARA QUIÉN?
Vaya, vaya… ahora sí, dicen, el agua llegará para la zona poniente de Morelia. El anuncio vino desde la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), donde su titular Olivia Cazarez Arreola presentó el proyecto de una nueva planta potabilizadora que —según la promesa oficial— garantizará el suministro para miles de familias que viven en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la capital michoacana.
El planteamiento técnico suena contundente: una planta con capacidad para potabilizar 250 litros por segundo, destinada principalmente a abastecer colonias como Villas del Pedregal, Villa Magna, Lomas de la Maestranza o Villas de la Loma.
Zonas que, por cierto, se convirtieron en el laboratorio perfecto de la expansión urbana moreliana durante las últimas dos décadas: grandes fraccionamientos levantados a ritmo acelerado, miles de viviendas construidas en la periferia y una infraestructura urbana que muchas veces llegó tarde o simplemente no llegó.
La zona poniente de Morelia no creció por accidente. Fue el resultado de un modelo de desarrollo urbano basado en fraccionamientos masivos, vivienda social y expansión territorial hacia las orillas de la ciudad. Miles de familias se mudaron a esos complejos habitacionales con la promesa de servicios completos, transporte digno y acceso garantizado al agua. La realidad, como saben quienes viven ahí, ha sido bastante más irregular.
Durante años, los problemas de suministro hídrico han sido parte de la vida cotidiana en esas colonias. Tandeos, presión irregular en las redes, dependencia de pozos y sistemas que apenas alcanzan para sostener el crecimiento poblacional. En otras palabras: el agua siempre ha llegado con retraso frente al ritmo de la urbanización.
Por eso el nuevo proyecto plantea algo más que una planta potabilizadora. También incluye la conexión con el acuaférico de Morelia, una infraestructura hidráulica diseñada para redistribuir el agua en la ciudad y, según el discurso oficial, reducir la extracción de los mantos acuíferos que durante años han soportado el consumo urbano.
En teoría, el esquema funcionaría así: 150 litros por segundo para uso urbano directo y 100 litros para alimentar el acuaférico, con lo que se aliviaría la presión sobre los pozos que abastecen la ciudad. Un planteamiento que, sobre el papel, suena razonable en una ciudad donde el crecimiento urbano ha puesto en tensión permanente el equilibrio hídrico.
El problema es que, como ocurre con frecuencia en la gestión del agua en México, entre el anuncio y la obra suele existir una larga distancia. Por ahora el proyecto sigue en etapa de procesos técnicos y administrativos, lo que en el lenguaje burocrático significa que todavía no hay maquinaria trabajando ni fecha clara para el inicio de la construcción.
Mientras tanto, el crecimiento urbano en la zona poniente no se detiene. Nuevas etapas de fraccionamientos, expansión de servicios y hasta la construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también dependerá del suministro que, en teoría, garantizará esta planta.
La planta potabilizadora anunciada por el gobierno estatal podría ser una pieza importante para equilibrar el sistema hídrico de la ciudad, veremos en qué finaliza.
ATIENDEN CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
Vaya, vaya… con bastante tardanza esta semana, autoridades federales activaron un operativo interinstitucional para contener la presencia de hidrocarburos detectada en playas de Veracruz y Tabasco.
Las acciones se coordinan a través del Centro de Comando Unificado de Veracruz, en el que participan la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como autoridades estatales y actores del sector portuario y pesquero. El objetivo es monitorear y contener las manchas detectadas en distintos puntos del litoral.
De acuerdo con los reportes oficiales, las manchas de hidrocarburos han sido observadas en zonas costeras del Golfo de México, particularmente en áreas cercanas a Alvarado y Coatzacoalcos, en Veracruz, así como en el litoral de Tabasco. Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas, así como los cambios en corrientes marinas y vientos, han influido en la dispersión del contaminante y en la forma en que se desplaza hacia la costa.
Los primeros reportes se registraron a principios de marzo, lo que llevó a personal técnico de la ASEA a realizar recorridos de verificación en instalaciones portuarias y zonas costeras. Durante las inspecciones no se detectaron fugas directas en terminales o infraestructura cercana al litoral, aunque en distintos tramos de playa sí se identificaron residuos de hidrocarburos con diversos niveles de degradación por exposición al ambiente.
Para reforzar el monitoreo, las autoridades han desplegado patrullas marítimas, vuelos de reconocimiento, drones y sistemas de mapeo satelital, además de estudios sobre corrientes marinas en la región. Con esta información se busca anticipar la posible expansión del contaminante y definir las estrategias de contención.
Aunque las autoridades señalaron que hasta el momento los incidentes detectados no se han vinculado directamente con operaciones de Pemex, la empresa petrolera desplegó su embarcación Oil Rec para instalar barreras de contención y realizar trabajos de recuperación en altamar. Paralelamente se organizaron brigadas de limpieza en playas con participación de dependencias federales, autoridades locales, pescadores y comunidades costeras.
En el municipio de Alvarado, Veracruz, se activó el Plan Marina para coordinar las labores de limpieza, instalar barreras de contención y brindar apoyo a la población pesquera, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de eventos ambientales.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han cuestionado la respuesta oficial al derrame, al señalar que el hidrocarburo ya habría afectado decenas de comunidades y ecosistemas costeros.
Los colectivos también han criticado la falta de información clara sobre el origen del contaminante y han advertido que el daño ambiental y económico podría extenderse durante meses.
Mientras tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza inspecciones complementarias a las efectuadas por la ASEA con el objetivo de fortalecer las investigaciones y determinar responsabilidades en caso de que se identifique el origen del contaminante.
Por ahora, las autoridades continúan evaluando la procedencia de los hidrocarburos. Los modelos oceanográficos analizados sugieren que el contaminante habría sido transportado desde el mar hacia la costa, lo que abre distintas hipótesis sobre su origen.
En tanto se esclarece el caso, personal de Semarnat, Semar, Profepa, Pemex y ASEA permanece desplegado en las zonas afectadas de Veracruz y Tabasco, donde se mantienen tareas de monitoreo, limpieza y seguimiento a las afectaciones que enfrentan las comunidades pesqueras del Golfo.
GOBIERNO IMPULSA ECONOMÍA CIRCULAR COMO NUEVO NICHO DE NEGOCIOS AMBIENTALES EN MÉXICO
Y mientras la crisis ambiental se acumula en lagos, bosques y costas del país, el discurso ambiental del gobierno federal vuelve a colocarse en el terreno de las oportunidades económicas. Esta semana, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, participó en una sesión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para promover la transición hacia la llamada economía circular como una estrategia para impulsar inversión, competitividad y manejo de residuos en México.
Durante el encuentro con líderes empresariales, la funcionaria sostuvo que la economía circular se ha convertido en una prioridad estratégica para la actual administración, al considerar que este modelo permitiría reducir la generación de residuos, optimizar el uso de recursos naturales y abrir nuevas oportunidades productivas. “Es un nuevo sector económico del cual podemos obtener enormes ganancias para México”, señaló.
El planteamiento ocurre en un contexto en el que el país enfrenta un problema estructural en el manejo de desechos. De acuerdo con datos presentados por la dependencia, México genera alrededor de 140 mil toneladas de residuos sólidos urbanos cada día. La cifra, explicó la secretaria, equivale a una fila de 100 mil automóviles compactos alineados entre la Ciudad de México y Guadalajara.
Pese a ese volumen de residuos, el sistema de manejo de basura sigue operando con una fuerte dependencia de tiraderos a cielo abierto. Según la información presentada, cerca del 76 por ciento de los residuos generados en el país tendría potencial de recuperación o reciclaje, pero alrededor del 90 por ciento termina depositado en basureros sin tratamiento adecuado.
En ese escenario, la estrategia federal busca promover nuevos circuitos productivos para recuperar materiales que hoy se pierden en los sistemas de disposición final. Entre las acciones planteadas se encuentra la construcción de tres parques de economía circular destinados al reciclaje de residuos en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, así como un cuarto complejo enfocado en el tratamiento del sargazo en Quintana Roo.
La funcionaria también enumeró algunos de los flujos de residuos que podrían integrarse a estos procesos productivos. Entre ellos mencionó los más de 300 millones de neumáticos abandonados en el país, 3.7 millones de toneladas de textiles en la Ciudad de México, 6.7 millones de toneladas de plásticos, 9.7 millones de toneladas de residuos de construcción y más de 1.2 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.
La apuesta del gobierno consiste en convertir parte de estos desechos en insumos para nuevas cadenas productivas, a través de actividades como reparación, reutilización, remanufactura y reciclaje industrial. Bajo ese enfoque, la economía circular se plantea no sólo como una política ambiental, sino como un nuevo campo de negocios en el que podrían participar empresas, gobiernos y centros de innovación tecnológica.
Para impulsar esa transición, la Secretaría de Medio Ambiente señaló que se trabaja en simplificación de trámites, programas de innovación, transferencia tecnológica y apertura de nuevos mecanismos de financiamiento vinculados a este sector.
Durante la reunión, representantes del empresariado reiteraron su disposición a colaborar con el gobierno federal en la promoción de inversiones y modelos de consumo considerados sostenibles. En el encuentro participaron dirigentes de cámaras industriales, asociaciones bancarias y organismos empresariales vinculados al comercio exterior y al sector agropecuario.
Así, mientras el país continúa enfrentando rezagos estructurales en el manejo de residuos, contaminación de cuerpos de agua y degradación ambiental en múltiples regiones, el gobierno federal intenta colocar la economía circular como una vía para reorganizar el manejo de materiales y, al mismo tiempo, abrir nuevos nichos de inversión dentro de la transición ecológica.
MORELIA Y ZAMORA EN LA LISTA DE MUNICIPIOS VIOLENTOS CONVOCADOS POR SHEINBAUM A PALACIO NACIONAL
Vaya, vaya… los alcaldes de los municipios más violentos del país fueron convocados a Palacio Nacional para hablar de seguridad, y varios de ellos parecían más preocupados por documentar el momento que por el significado político de la invitación. Fotos, videos y sonrisas para redes sociales marcaron la escena de una reunión que, en realidad, tenía un mensaje bastante menos festivo: si los llamaron fue porque la violencia en sus territorios sigue siendo un problema que no han logrado contener.
La convocatoria la hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reunió a alcaldes de 61 municipios considerados prioritarios por su nivel de violencia, una lista elaborada a partir de los datos federales de incidencia delictiva.
El planteamiento oficial fue claro: trabajar de forma coordinada entre Federación, estados y municipios para intervenir en los territorios donde se concentra una parte importante de los homicidios y delitos de alto impacto.
Pero detrás del discurso institucional hay un mensaje político evidente. Cuando el gobierno federal cita directamente a los presidentes municipales para discutir seguridad, lo que está reconociendo es que en esos municipios la estrategia local no está funcionando como debería.
No se trata de un reconocimiento honorífico ni de un encuentro protocolario; es, más bien, una señal de alarma sobre territorios donde la violencia ha rebasado la capacidad de respuesta municipal.
En el caso de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar confirmó su asistencia y destacó el encuentro como un espacio de diálogo con el gobierno federal. Según sus declaraciones, se trató de una reunión con alcaldes de distintos partidos para coordinar acciones y fortalecer la colaboración institucional en materia de seguridad.
El detalle interesante es que Morelia no fue el único municipio michoacano en la lista. También estuvo Zamora, otra ciudad que desde hace años aparece de manera recurrente en rankings nacionales de violencia y homicidios. Dos municipios del mismo estado, ambos gobernados por administraciones vinculadas al Partido Acción Nacional, que ahora forman parte de la lista federal de territorios prioritarios por inseguridad.
La paradoja política es inevitable. Durante años, el discurso opositor ha insistido en responsabilizar exclusivamente al gobierno federal por la crisis de violencia en el país. Sin embargo, cuando se revisa el mapa de los municipios convocados, aparecen ciudades gobernadas por distintas fuerzas políticas donde la seguridad es, por definición constitucional, una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno.
Y en ese mapa, Morelia ocupa un lugar particular. No sólo por ser capital estatal, sino por el estilo político de su alcalde, quien insiste en presentarse como “independiente”, aun cuando su trayectoria política y sus alianzas institucionales lo vinculan de manera directa con el PAN. Una narrativa que ha funcionado durante años en el terreno electoral, pero que resulta más difícil de sostener cuando se revisa la estructura política que respalda su gobierno.
Mientras tanto, en redes sociales, la escena fue otra. Alcaldes tomándose selfies frente a los patios históricos de Palacio Nacional, grabando videos y compartiendo fotografías del encuentro como si se tratara de una gira institucional más. Una postal curiosa si se considera que el motivo de la reunión era precisamente la violencia que golpea a sus municipios.
Porque en política, los símbolos también importan. Y si algo quedó claro con esta convocatoria es que el gobierno federal está intentando recentrar la discusión sobre la seguridad en los territorios concretos donde ocurre la violencia. Municipios donde los homicidios se concentran, donde el crimen organizado disputa espacios y donde la gobernabilidad cotidiana se vuelve cada vez más frágil.
Por eso, más allá de la fotografía oficial y de los discursos diplomáticos, la reunión deja una pregunta incómoda flotando en el aire: si los alcaldes fueron llamados a Palacio Nacional para hablar de violencia, ¿no será porque, en sus propios municipios, la paz todavía sigue siendo una promesa pendiente? Y es que, en política, a veces la invitación más solemne también puede ser el recordatorio más claro de que el problema sigue ahí, esperando soluciones que aún no llegan.
Vaya, vaya… otra vez la foto, otra vez el convenio, otra vez el discurso de coordinación para “garantizar la paz”. Esta semana los gobiernos de Michoacán y Jalisco, encabezados por Alfredo Ramírez Bedolla y Pablo Lemus Navarro, anunciaron con entusiasmo una nueva etapa de colaboración para reforzar la seguridad en los municipios limítrofes entre ambas entidades. La narrativa es conocida: coordinación institucional, bases operativas, trabajo con el Ejército y la Guardia Nacional para cerrar el paso a la delincuencia.
Hasta ahí, el boletín oficial suena impecable.
El problema es que no es la primera vez que se firma o se anuncia algo parecido. De hecho, los gobiernos de ambos estados ya habían firmado un convenio de coordinación en materia de seguridad en mayo de 2022, cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Alfaro. Ese acuerdo prometía exactamente lo mismo: coordinación policial, intercambio de información y estrategias conjuntas para reducir delitos de alto impacto en la frontera entre ambos estados.
Incluso en los años posteriores se realizaron reuniones y operativos “de seguimiento” para reforzar ese mismo esquema de seguridad en la zona limítrofe.
Y aquí aparece la pregunta inevitable: si la coordinación ya existía desde 2022, ¿qué pasó con los resultados?
Porque la frontera entre Michoacán y Jalisco no es precisamente un territorio pacificado. Al contrario: es una de las regiones donde se cruzan algunas de las disputas más intensas del crimen organizado en el occidente del país. Municipios de Tierra Caliente, el Bajío michoacano y la zona de la Ciénega han sido escenario recurrente de bloqueos carreteros, enfrentamientos y presencia de grupos criminales que operan entre ambos estados.
Es decir, el problema que hoy motiva una nueva firma de coordinación es prácticamente el mismo que motivó la anterior.
Y esto revela algo que suele perderse entre boletines oficiales y fotografías institucionales: en México los convenios de seguridad interestatal se firman con relativa frecuencia, pero rara vez cambian de fondo las dinámicas territoriales del crimen organizado.
La razón es estructural. Los grupos criminales no reconocen fronteras administrativas. Sus redes logísticas, rutas de tráfico y territorios de operación atraviesan estados completos. Mientras tanto, las estrategias gubernamentales suelen depender de acuerdos de coordinación que, en muchos casos, terminan siendo más políticos que operativos.
En ese sentido, la nueva reunión entre Michoacán y Jalisco parece más un reinicio simbólico de una estrategia que ya existía que el anuncio de un cambio profundo en la política de seguridad regional.
Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que la seguridad en las fronteras estatales no se resuelve con una firma ni con una foto de gobernadores estrechando manos. Requiere inteligencia sostenida, control territorial real y una estrategia regional que vaya más allá de los ciclos políticos.
Mientras tanto, la política seguirá produciendo lo que mejor sabe producir: acuerdos, anuncios y nuevos compromisos de coordinación.El problema es que, del otro lado de esos convenios, la violencia rara vez espera a que se firme el siguiente.
SIN PROYECTO POLÍTICO, PRI COQUETEA CON EL PANISTA
Vaya, vaya… cuando los partidos empiezan a buscar candidatos fuera de sus propias filas es porque algo no está funcionando puertas adentro. Y eso parece estar ocurriendo en Michoacán, donde el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, decidió abrir públicamente la puerta al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como posible figura de una alianza opositora rumbo a 2027. Sí, el mismo alcalde que se presenta como “independiente”, aunque su trayectoria política y sus respaldos electorales lo colocan, sin demasiadas dudas, dentro de la órbita del Partido Acción Nacional.
La escena política tiene algo de déjà vu. El PRI, que durante décadas fue la fuerza dominante en el estado, vuelve a mirar hacia afuera para buscar un perfil competitivo. Y no cualquiera: un alcalde panista que insiste en mantener la etiqueta de “independiente”, quizá porque en el clima político actual esa palabra resulta más rentable que cualquier sigla partidista.
Martínez Alcázar respondió con cortesía política. Agradeció las palabras de Valencia, dijo valorar el reconocimiento y, como corresponde en estos momentos del calendario político, recordó que aún no son tiempos electorales. El discurso fue el habitual en estas situaciones: llamados al diálogo, a la construcción de consensos y a evitar la confrontación. Nada nuevo en la retórica política, pero sí revelador en el contexto en que se produce.
Porque el gesto del PRI no es menor. Que el dirigente estatal priista mencione al alcalde de Morelia como posible figura para una alianza opositora habla de un escenario donde los partidos tradicionales de oposición parecen carecer de un proyecto propio capaz de disputar el poder estatal por sí mismos. Y cuando eso ocurre, la política entra en modo supervivencia.
La pregunta entonces no es si habrá diálogo entre el PRI y el alcalde moreliano. En política siempre hay diálogo. La pregunta más bien es por qué el PRI necesita mirar hacia un alcalde panista —o “independiente”, según la narrativa que se prefiera— para imaginar su futuro electoral. Y es que la oposición en Michoacán atraviesa una crisis de liderazgo y de proyecto político.
Este martes el alcalde visitó a Jorge Romero, dirigente nacional del PAN donde «se compartieron ideas sobre el rumbo del país».
Mientras tanto, el debate de fondo sobre el rumbo del estado ocurre en otro lado. No está en los pasillos de las alianzas opositoras ni en las especulaciones sobre candidaturas prematuras. El verdadero debate político rumbo a 2027 se está dando dentro del propio campo de la izquierda, donde distintas corrientes discuten cuál debe ser el proyecto político para los próximos años.
Ya lo advertíamos en la editorial ¿Qué izquierda queremos?: el dilema central no es si la oposición logra reorganizarse, sino qué tipo de izquierda gobernará Michoacán en el futuro. Ese es el terreno donde hoy se juega la discusión política más relevante del estado.
Porque, nos guste o no, el tablero político ha cambiado. Durante décadas el eje de la competencia electoral fue PRI contra PAN. Hoy la disputa central gira alrededor de las distintas expresiones de la izquierda, mientras los partidos tradicionales intentan reconstruir un espacio que cada vez parece más reducido.
Por eso el gesto de Valencia puede leerse de dos maneras. Como una invitación al diálogo político, sí. Pero también como un síntoma de algo más profundo: la dificultad de la oposición para construir un proyecto propio que dispute el rumbo del estado.
Y es ahí donde aparece la paradoja. Mientras el PRI coquetea con el alcalde “independiente” de Morelia para imaginar su futuro electoral, el debate político más intenso sobre el destino de Michoacán se libra en otro frente, dentro de las propias corrientes de la izquierda.
Dicho de otra manera: mientras unos buscan candidatos, otros están discutiendo proyectos. Y en política, cuando eso ocurre, normalmente ya se sabe dónde está realmente la batalla.
PANISTAS NO DISIMULAN CON SU “PUBLICIDAD DISFRAZADA”.
Vaya, vaya… mientras algunos apenas comienzan a mover discretamente las piezas rumbo a 2027, otros ya ni siquiera disimulan la prisa. En Morelia, la temporada preelectoral parece haberse adelantado varios años para ciertos personajes que han decidido tapizar la ciudad con espectaculares bajo el formato de lo que podríamos llamar “publicidad disfrazada”.
El caso más visible es el de Yankel Benítez Silva, cuya imagen aparece en espectaculares con la leyenda de una supuesta “entrevista exclusiva” en una revista de negocios. La fotografía —como la que circula en distintos puntos de la ciudad— muestra al funcionario posando con el estilo clásico de portada empresarial, acompañado de frases que sugieren una conversación editorial sobre liderazgo o desarrollo económico.
Pero el formato plantea una pregunta evidente: ¿es realmente una entrevista periodística o simplemente propaganda política disfrazada de contenido editorial?
Porque en la práctica el recurso no es nuevo. Durante años, distintos actores políticos han utilizado revistas de circulación limitada o suplementos pagados para promover su imagen personal bajo la apariencia de cobertura periodística. El resultado es una estrategia de posicionamiento anticipado que evita —al menos formalmente— los límites de la propaganda electoral.
Y si de prisa se trata, el caso de Adolfo Torres Ramírez tampoco pasa desapercibido. El aspirante político también ha comenzado a aparecer en la ciudad promoviendo su libro, otra vía clásica para construir presencia pública antes de que arranquen oficialmente los tiempos electorales.
Libro, entrevistas, espectaculares, promoción editorial… el repertorio es conocido en la política mexicana. Primero se construye la narrativa del personaje público —el empresario exitoso, el intelectual, el servidor público con visión— y después se traduce esa narrativa en capital político.
Lo interesante es el momento. Porque mientras el tablero político del estado discute proyectos, alianzas y el rumbo de Michoacán, algunos actores ya parecen haber decidido que la mejor estrategia es simplemente ganar visibilidad lo antes posible.
El problema es que esa visibilidad suele venir acompañada de una zona gris: la frontera entre información y propaganda. Cuando un espectacular presenta una “entrevista exclusiva”, pero la difusión se hace mediante publicidad pagada en la vía pública, el mensaje deja de ser periodístico y se convierte, en los hechos, en promoción personal.
Y así, entre portadas de revista, libros recién publicados y espectaculares que aparecen en avenidas estratégicas de Morelia, la carrera política rumbo a 2027 comienza a mostrar sus primeros síntomas de ansiedad.
Porque en política hay una regla no escrita: cuando alguien empieza a aparecer demasiado en espectaculares, normalmente es porque quiere aparecer después en las boletas. Y a juzgar por lo que ya se ve en las calles de Morelia, hay quienes sienten que ese momento no puede esperar.
“ORDENAN” TABLERO RUMBO A “REVISIÓN” DEL T-MEC
Vaya, vaya… mientras el calendario comercial de América del Norte avanza silencioso hacia la revisión del tratado en 2026, en México el gobierno federal comenzó a ordenar el tablero.
Esta semana, la Secretaría de Economía presentó los resultados de una serie de consultas y diálogos con sectores productivos para definir la postura nacional frente a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Y el mensaje que emergió de esas mesas es claro: el acuerdo se mantiene como columna vertebral del comercio mexicano, pero también como un campo creciente de tensiones, especialmente en la agroindustria.
La presentación estuvo encabezada por el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, quien explicó que el ejercicio de consulta reunió a decenas de sectores económicos y representantes de todas las entidades federativas para identificar riesgos, disputas y prioridades rumbo a la revisión obligatoria del tratado.
De acuerdo con los resultados, más de tres cuartas partes de los participantes respaldan mantener el acuerdo comercial, mientras que una amplia mayoría considera que el T-MEC ha sido positivo para la economía mexicana.
Sin embargo, ese respaldo no significa ausencia de conflictos: por el contrario, las consultas revelaron una creciente preocupación por medidas comerciales unilaterales, disputas regulatorias y presiones políticas provenientes principalmente de Estados Unidos.
Y es que, como si fuera poco, uno de los focos rojos más visibles se encuentra en el sector agroindustrial. Productores y exportadores advirtieron que, pese a la integración productiva que caracteriza a América del Norte, en los últimos años se han multiplicado las investigaciones antidumping, las cuotas compensatorias y las restricciones sanitarias contra productos agrícolas mexicanos.
Casos como las disputas en torno al jitomate, las investigaciones comerciales contra berries —incluida la fresa— o los controles sanitarios al ganado en la frontera fueron citados como ejemplos de un patrón que los productores consideran cada vez más recurrente.
Detrás de estas tensiones se encuentra un problema estructural: la asimetría en subsidios agrícolas. Representantes del sector agropecuario señalaron que los apoyos otorgados por Estados Unidos a su producción agrícola, particularmente en granos y oleaginosas, generan condiciones de competencia desigual frente a los productores mexicanos.
En otras palabras, mientras el discurso del libre comercio domina la narrativa del tratado, en el terreno productivo la intervención estatal sigue siendo un factor determinante para la competitividad.
Y es que la agroindustria se ha convertido en uno de los pilares más dinámicos del comercio regional. México exporta a Estados Unidos grandes volúmenes de frutas, hortalizas, berries y productos agroalimentarios procesados, construyendo cadenas de suministro profundamente integradas.
Pero esa misma integración también convierte a la agricultura en un terreno sensible para presiones políticas, especialmente en contextos electorales o en disputas regionales dentro de Estados Unidos.
Desde la perspectiva del gobierno mexicano, el objetivo ahora es llegar a la revisión del tratado con una postura técnica respaldada por el sector productivo. Ebrard insistió en que México buscará preservar la certidumbre comercial y evitar medidas unilaterales que vulneren el espíritu del acuerdo.
En términos diplomáticos, el mensaje apunta a una estrategia de negociación gradual: defender la integración económica de América del Norte sin escalar los conflictos comerciales que ya se encuentran en curso.
Pero la discusión de fondo va más allá de los tecnicismos comerciales. La revisión del T-MEC se perfila como un momento clave para redefinir el equilibrio económico de la región en un contexto global marcado por la competencia con Asia, la reorganización de cadenas de suministro y el avance del llamado “nearshoring”.
En ese tablero, la agroindustria mexicana aparece al mismo tiempo como una fortaleza exportadora y como un punto vulnerable frente a las disputas comerciales.
Así, mientras el tratado continúa siendo defendido como el motor del comercio regional, las consultas revelan una realidad menos cómoda: el libre comercio en América del Norte funciona, pero bajo tensiones permanentes entre intereses productivos, presiones políticas y asimetrías económicas. Y en ese delicado equilibrio, el campo mexicano vuelve a colocarse en el centro de la negociación.
EU INVESTIGA POSIBLE DUMPING EN FRESAS MEXICANAS Y ABRE LA PUERTA A CUOTAS COMPENSATORIAS
Vaya, vaya… y en este contexto, Estados Unidos inició una investigación comercial sobre las importaciones de fresas mexicanas, tras una petición presentada por productores agrícolas estadounidenses que acusan a México de vender el producto a precios injustamente bajos. El proceso podría derivar en la imposición de cuotas compensatorias, es decir, aranceles adicionales diseñados para neutralizar prácticas consideradas de competencia desleal.
La solicitud fue presentada ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, organismos responsables de determinar si existe dumping y si este causa daño a la industria nacional. La investigación se centra en las fresas frescas de invierno provenientes de México, que dominan el mercado estadounidense durante esa temporada.
Según la petición, impulsada por el grupo de productores Strawberry Growers for Fair Trade, las fresas mexicanas estarían ingresando al mercado estadounidense a precios por debajo de su valor real, lo que presionaría a la baja los precios internos y afectaría la rentabilidad de los agricultores locales, especialmente en Florida.
Una cuota compensatoria es un arancel adicional que un país impone a productos importados cuando determina que se venden a precios artificialmente bajos —práctica conocida como dumping— o cuando reciben subsidios que distorsionan la competencia. El objetivo es compensar esa ventaja de precio y proteger a los productores nacionales.
Aunque el comercio agrícola entre México y Estados Unidos está regulado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), este acuerdo no impide que los países utilicen mecanismos de defensa comercial. Por ello, las investigaciones antidumping y la eventual aplicación de cuotas compensatorias están permitidas dentro del marco del tratado.
El mercado estadounidense depende en gran medida de la producción mexicana de fresa. México abastece prácticamente la totalidad de las importaciones de este fruto en Estados Unidos durante el invierno, con exportaciones que en los últimos años se han acercado a los mil millones de dólares anuales.
El proceso de investigación se desarrolla en varias etapas. Primero, la Comisión de Comercio Internacional determina si existe daño o amenaza de daño a la industria estadounidense. Paralelamente, el Departamento de Comercio analiza si efectivamente hubo dumping y calcula el margen de precios. Si ambas conclusiones son afirmativas, se pueden imponer cuotas compensatorias a las importaciones mexicanas.
El caso se suma a otras tensiones comerciales recientes en el sector agrícola entre ambos países. Analistas señalan que estas disputas reflejan la creciente competencia en productos frescos dentro de América del Norte, así como presiones políticas internas de sectores agrícolas estadounidenses que buscan limitar el avance de las exportaciones mexicanas.
De confirmarse la imposición de aranceles, la medida podría afectar a miles de productores mexicanos, particularmente en estados con fuerte producción de berries como Michoacán, Jalisco y Baja California, que dependen del mercado estadounidense para colocar gran parte de su producción. Veremos…
