Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. / EL (resumen) SEMANAL Semana 18: del 27 de abril al 3 de mayo de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 18: del 27 de abril al 3 de mayo de 2026
Por: en15dias.com
EL ÚLTIMO ADIÓS AL “GAUCHO”, EL GEÓGRAFO DE LA ESPERANZA
La Universidad Nacional Autónoma de México rindió homenaje póstumo al geógrafo Gerardo Bocco Verdinelli, destacando su trayectoria académica y su compromiso social. Durante el acto, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental nombró su biblioteca en honor al investigador, quien fue fundador y referente de esta institución.
Bocco, exiliado de Argentina durante la dictadura, desarrolló en México una destacada carrera en el estudio del territorio, integrando enfoques ambientales y sociales. Fue impulsor de programas académicos en ciencias ambientales y autor de numerosos estudios con alto impacto académico.
Colegas y estudiantes resaltaron su papel como formador y su visión de una geografía centrada en las personas. El homenaje concluyó con un reconocimiento a su legado científico y humano dentro de la comunidad universitaria.
MOVILIDAD EN MORELIA: SATURACIÓN EN EL CENTRO, ABANDONO EN LA PERIFERIA Y PROYECTOS BAJO LA LUPA
Vaya, vaya… mientras el discurso oficial insiste en modernización del transporte, en Morelia la realidad cotidiana apunta en otra dirección: un sistema de movilidad saturado en sus corredores centrales, desordenado en su operación y profundamente desigual en su cobertura territorial.
De acuerdo con el análisis del Observatorio Socioambiental de Morelia (OSAM), la capital michoacana arrastra una crisis estructural de transporte público donde la concentración de rutas en el primer anillo periférico contrasta con la falta de servicio en colonias alejadas. Ari Jurado Castillo, integrante del observatorio, advierte que el problema no es la falta de información técnica, sino la ausencia de voluntad política para reorganizar el sistema.
Y es que, como si fuera una constante urbana, múltiples variantes de una misma ruta compiten por los mismos pasajeros en avenidas principales, mientras amplias zonas periféricas quedan con frecuencias insuficientes o prácticamente sin cobertura en ciertos horarios. El resultado es un sistema ineficiente que privilegia la rentabilidad del corredor sobre el derecho a la movilidad.
El OSAM señala que esta situación no es nueva. Proyectos como “Morelia Next”, planteado en administraciones anteriores, ya incluían propuestas de transporte eléctrico y movilidad sustentable. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas no se han concretado, acumulando promesas sin ejecución a lo largo de varias administraciones municipales.
En este contexto, el proyecto del teleférico se ha convertido en uno de los puntos más polémicos. Para el observatorio, se trata de una infraestructura que no responde a las condiciones reales de la ciudad: una urbe de topografía relativamente plana donde, argumentan, este tipo de sistema no representa la solución más eficiente.
A ello se suma el debate económico. Mientras un kilómetro de sistemas BRT en México puede costar alrededor de 70 millones de pesos, el teleférico en Morelia alcanza cifras cercanas a los 300 millones por kilómetro, lo que ha encendido cuestionamientos sobre la pertinencia del gasto público frente a otras alternativas de movilidad.
Y es que el fondo del debate no es solo técnico, sino político: qué tipo de ciudad se está construyendo y para quién. El OSAM sostiene que estos proyectos responden más a decisiones de visibilidad política e inversión de alto impacto mediático que a una estrategia integral de movilidad.
Frente a este escenario, el observatorio impulsa una agenda de diez ejes para transformar el sistema de transporte, que incluye desde la reestructuración de rutas y la transparencia en concesiones, hasta la mejora de condiciones laborales para operadores y la prohibición de uso político del transporte público.
Además, el OSAM forma parte de un frente ciudadano nacional que agrupa colectivos de distintas ciudades del país, con el objetivo de exigir un transporte digno, accesible y sustentable, así como frenar los llamados “tarifazos” que han impactado a usuarios en diversas entidades.
Como si fuera poco, el diagnóstico coincide en un punto clave: la legislación en materia de movilidad ya existe. La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán contempla herramientas suficientes para ordenar el sistema; sin embargo, su aplicación ha sido limitada o parcial.
En ese vacío entre la norma y la práctica, la movilidad en Morelia se mantiene como un sistema fragmentado: saturado en el centro, desigual en la periferia y marcado por proyectos que, más que resolver, abren nuevas preguntas sobre el rumbo de la ciudad.
REAPARECEN MANANTIALES EN EL LAGO DE PÁTZCUARO
Vaya, vaya… en lo que va de 2026 se han identificado 18 manantiales como resultado de trabajos de desazolve y del Programa de Empleo Temporal implementado por el gobierno estatal en el Lago de Pátzcuaro.
De acuerdo con lo informado en conferencia encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y detallado por el titular de medio ambiente y notario público con licencia, Alejandro Méndez López, los nuevos brotes de agua se distribuyen en puntos estratégicos de la cuenca: siete en Urandén de Morales, cinco en el canal de Erongarícuaro, tres en Ojo de Agua y tres en el canal de Chapultepec.
A estos se suman intervenciones en Tzentzénguaro, la isla de La Pacanda y La Alberca, configurando un mapa de acción que abarca al menos 21 sitios desde marzo.
Los trabajos han sido ejecutados de manera coordinada entre la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Comisión de Pesca del estado y la Secretaría de Marina, con el despliegue de maquinaria especializada: excavadoras de gran capacidad, dragas, aquadozers y cosechadoras acuáticas.
En paralelo, el Programa de Empleo Temporal busca involucrar a cerca de mil habitantes de municipios como Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, integrando una dimensión social a la intervención ambiental.
El hallazgo de manantiales tiene una lectura técnica relevante: estos brotes no son nuevos en sentido estricto, sino que corresponden a flujos de agua subterránea que habían sido obstruidos por el azolve acumulado durante años.
Su “reaparición” evidencia tanto el grado de deterioro del sistema lacustre como la capacidad de respuesta que pueden tener intervenciones focalizadas de restauración hidráulica.
Sin embargo, el desazolve, aunque necesario, es una medida correctiva que atiende los efectos como la sedimentación, obstrucción de flujos, sin necesariamente resolver las causas estructurales del problema como la deforestación en la cuenca alta, expansión urbana, descargas contaminantes y cambios de uso de suelo vinculados a actividades productivas.
En ese sentido, la recuperación de manantiales podría ser tan frágil como las condiciones que la rodean.
Como si fuera una constante en la gestión ambiental, el reto no está sólo en intervenir, sino en sostener la intervención y hacerlo de manera integral.
Ya que la continuidad de estos trabajos, su articulación con políticas de ordenamiento territorial y la inclusión efectiva de las comunidades serán determinantes para evaluar si este repunte hídrico se traduce en una recuperación real del lago o queda como un indicador aislado dentro de un sistema que sigue bajo presión. Veremos…
NATURALEZA EN VENTA: TURISMO Y LA NUEVA ECONOMÍA DEL TERRITORIO
Vaya, vaya… esta semana el brillo del Tianguis Turístico de México dejó algo más que premios: dejó al descubierto cómo la naturaleza se convierte, cada vez más, en mercancía. Michoacán fue reconocido por experiencias como la migración de la Mariposa Monarca y la Noche de Muertos en el Lago de Pátzcuaro, consolidando su lugar en el mercado turístico nacional. ¿Qué pasa cuando la naturaleza deja de ser territorio vivo y se convierte en producto?
Y es que el lenguaje lo dice todo. “Experiencias únicas”, “destinos imperdibles”, “productos turísticos”. La biodiversidad, las tradiciones y los ecosistemas pasan a formar parte de un catálogo donde su valor depende de su capacidad de atraer visitantes y generar ingresos.
La Monarca ya no es sólo un fenómeno ecológico; es una experiencia vendible. El lago ya no es sólo un sistema hídrico en crisis; es una postal cultural que debe mantenerse funcional para el turismo.
Como si fuera una paradoja perfectamente ensamblada, el mismo Lago de Pátzcuaro que hoy recibe reconocimiento es también un ecosistema que ha requerido intervenciones urgentes tras años de deterioro.
Y mientras tanto, el modelo avanza. La mercantilización de la naturaleza implica algo más profundo que la promoción turística: redefine la relación con el territorio. Lo que antes era un bien común, ahora se gestiona bajo lógicas de rentabilidad.
La conservación se vuelve argumento de venta; la cultura, un atractivo; el paisaje, un activo económico. Bajo esta lógica, proteger no siempre significa preservar, sino hacer viable el recurso para su consumo.
Como si fuera una constante en la política ambiental contemporánea, la sostenibilidad se traduce en equilibrio financiero más que ecológico. Se invierte donde hay retorno, se cuida lo que genera flujo, se prioriza lo que puede escalar. Y en ese proceso, las comunidades que habitan estos territorios quedan muchas veces atrapadas entre la promoción y la presión, entre el orgullo cultural y la sobreexplotación.
ENTRE MESAS Y PENDIENTES: QUIROGA AVANZA EN AGENDA AMBIENTAL
Entre el 27 y el 30 de abril, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán, encabezada por Alejandro Méndez López, sostuvo una serie de reuniones con autoridades del municipio de Quiroga, particularmente con la regidora Laura Álvarez, para dar seguimiento a tres ejes centrales: nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, empleo temporal vinculado al rescate del Lago de Pátzcuaro y el manejo de residuos sólidos.
El 27 de abril se abordó la propuesta de establecer esquemas de conservación voluntaria en el municipio, una figura que permite a propietarios y comunidades destinar tierras a protección ambiental sin que estas pierdan su carácter privado o comunal. En paralelo, se discutió la continuidad del Programa de Empleo Temporal enfocado en labores de desazolve y restauración del lago.
El 29 de abril, la agenda se trasladó a la Mesa de Seguridad Ambiental, donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna. En este espacio se revisaron denuncias ciudadanas relacionadas con contaminación, manejo irregular de residuos y posibles delitos ambientales, lo que evidencia que, más allá de los proyectos en curso, persisten problemáticas estructurales sin resolver.
Para el 30 de abril, las reuniones retomaron el enfoque en la certificación de nuevas áreas de conservación, ahora en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Este proceso implica no sólo delimitar territorios, sino también establecer mecanismos de vigilancia, reglas de uso y posibles incentivos, lo que en la práctica suele enfrentar retos como falta de recursos, seguimiento institucional limitado y tensiones con actividades productivas locales.
En conjunto, la secuencia de reuniones muestra una estrategia centrada en ordenar el territorio y atender rezagos ambientales en la región del lago. Sin embargo, también deja ver que muchos de estos procesos siguen en la fase de planeación o gestión, mientras problemáticas como la disposición de residuos, la presión sobre el agua y la vigilancia ambiental continúan siendo desafíos cotidianos en Quiroga.
DESPUÉS DEL FUEGO: INICIAN TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA MESA DE TZITZIO
En la Mesa de Tzitzio, Área Natural Protegida del municipio de Tzitzio, las autoridades ambientales estatales y federales activaron, entre el 28 y 29 de abril, una serie de acciones que buscan contener los daños provocados por el incendio forestal de marzo, aunque el reto de fondo sigue siendo estructural.
El 28 de abril, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán, junto con instancias como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realizaron un recorrido en la zona afectada.
Acompañados por la comunidad indígena y el gobierno municipal, encabezado por José Naunelí Pérez Avilés, pusieron énfasis en obras de retención de suelo y en el saneamiento ante plagas, dos medidas clave para evitar que la degradación avance tras el fuego.
Y es que, como si fuera poco, los incendios no terminan cuando se apagan las llamas. La pérdida de cobertura vegetal deja suelos expuestos, vulnerables a la erosión y a la pérdida de nutrientes, abriendo la puerta a plagas y afectando la capacidad del territorio para retener agua, un factor crítico en regiones con presión hídrica creciente.
Para el 29 de abril, el enfoque se desplazó hacia la prevención a largo plazo. Como parte del plan de restauración, se inició un programa de educación ambiental con la participación de instituciones como el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales.
Las charlas, dirigidas a habitantes de la cabecera municipal, abordaron temas como la dinámica del suelo y la captación de agua, evidenciando cómo los incendios alteran profundamente estos procesos ecológicos.
Y mientras tanto, la restauración se presenta no solo como una tarea técnica, sino como un campo de disputa entre modelos: uno que insiste en atender las consecuencias sin cuestionar las causas —cambio de uso de suelo, presión agrícola, abandono institucional— y otro que apuesta por reconstruir la relación entre comunidad y territorio.
En Tzitzio, la emergencia ya pasó; lo que sigue es decidir si la recuperación será apenas un parche o el inicio de una transformación más profunda.
SESIONA EL FONDO AMBIENTAL, PERO LA TRANSPARENCIA SIGUE PENDIENTE
Como si fuera suficiente con sesionar, el andamiaje institucional ambiental en Michoacán vuelve a moverse sin necesariamente abrirse. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo Ambiental, un espacio que, en teoría, debería definir el rumbo de los recursos destinados a la conservación, restauración y protección del patrimonio natural del estado.
Durante la reunión se dio seguimiento a acuerdos previos con el objetivo de implementar acciones que fortalezcan estas líneas de trabajo. Sin embargo, más allá de la narrativa institucional, poco se sabe sobre los montos asignados, los criterios de distribución, las zonas prioritarias o los indicadores que permitan evaluar resultados.
La información difundida, hasta ahora, se limita a un comunicado breve, sin profundidad técnica ni datos verificables.
Y es que, en medio de una crisis ambiental cada vez más evidente, la gestión de los fondos públicos destinados al medio ambiente no puede seguir operando bajo lógicas de mínima rendición de cuentas.
La opacidad no solo limita el escrutinio ciudadano, también debilita la eficacia de las propias políticas, al impedir un seguimiento real de su impacto en los territorios.
Como si fuera poco, la comunicación institucional parece reducirse a publicaciones en redes sociales, donde las decisiones complejas se condensan en párrafos escuetos que no alcanzan a explicar ni el alcance ni las implicaciones de lo acordado. En ese vacío informativo, la pregunta es ¿quién decide, con qué criterios y para beneficiar a qué territorios?
Porque si el Fondo Ambiental aspira a ser una herramienta estratégica frente al deterioro ecológico, la transparencia no puede ser un pendiente. Debe ser el punto de partida.
SALUD EN ESPERA: PACIENTES RENALES DE LA MESETA PURÉPECHA EXIGEN ATENCIÓN CERCANA
Vaya, vaya… este 29 de abril, habitantes de la Meseta Purépecha se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Morelia para exigir atención médica urgente para pacientes con enfermedades renales.
De acuerdo con los manifestantes, al menos 25 personas requieren tratamientos constantes de hemodiálisis, pero ante la falta de servicios en su región, deben trasladarse a municipios como Uruapan, Zamora o Zacapu.
Estos recorridos, que implican varias horas de viaje, representan no sólo un desgaste físico considerable, sino también riesgos para su salud y una carga económica permanente para las familias.
La principal demanda se centra en la habilitación o subrogación de servicios en clínicas cercanas, particularmente en Cherán, con el objetivo de garantizar atención oportuna y reducir los traslados.
Organizaciones como la Asociación Michoacana para la Defensa de los Derechos de la Salud han respaldado la exigencia, señalando que la situación actual es inviable para pacientes que dependen de tratamientos frecuentes.
Hasta el momento, los inconformes señalaron que no han recibido una respuesta formal ni soluciones concretas por parte de las autoridades estatales, pese a que ya han sostenido acercamientos. Ante ello, advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener garantías reales de atención.
El caso pone en evidencia una problemática estructural: la desigualdad en el acceso a servicios de salud en regiones indígenas y rurales. Más allá de la coyuntura, la falta de infraestructura médica especializada obliga a las comunidades a asumir costos y riesgos que deberían ser cubiertos por el sistema público.
Así, la semana deja un contraste claro: mientras el discurso oficial impulsa desarrollo en distintos frentes, en la Meseta Purépecha persiste una demanda elemental que sigue sin resolverse —el acceso efectivo a la salud.
ENTRE PUERTAS CERRADAS Y DIÁLOGO ABIERTO: LA HUELGA EN LA UMSNH SE ESTANCA
Vaya, vaya… la Semana 18 también dejó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo atrapada en su ya conocido ciclo de conflicto laboral, pero con un giro que expone tanto la presión institucional como los límites del diálogo.
Todo comenzó a tensarse cuando, tras una resolución judicial, la huelga estallada desde el 20 de abril regresó a la modalidad de puertas cerradas el 30 de abril, obligando a la universidad a replegarse y habilitar nuevamente clases en línea para miles de estudiantes.
La medida, más que solución, funcionó como contención: mantener la actividad académica a distancia mientras el conflicto seguía intacto en el plano laboral.
En paralelo, el 29 de abril el gobierno estatal intervino como mediador. El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó la instalación de una mesa de diálogo entre la Rectoría —dirigida por Yarabí Ávila González— y el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, en un intento por destrabar la huelga que mantiene paralizada la vida universitaria.
Sin embargo, el arranque de las negociaciones no trajo consigo avances sustanciales. Un día después, el 30 de abril, el propio sindicato calificó como insuficientes los ofrecimientos presentados por la autoridad universitaria, dejando claro que no existen condiciones para levantar el paro. Aunque reconocieron la apertura de la mesa —incluso como un hecho inédito en la actual administración—, la dirigencia sindical advirtió que no hay aún propuestas que permitan alcanzar un acuerdo.
Y es que, más allá de las fechas y los encuentros, el conflicto revela una constante: la distancia entre la voluntad política de diálogo y la capacidad real de resolver. El gobierno se posiciona como mediador, la universidad intenta sostener la operación mínima, y el sindicato mantiene la presión como herramienta de negociación. En medio, la comunidad estudiantil sigue operando en la incertidumbre.
Como si fuera parte del guion recurrente, la huelga avanza mientras las mesas apenas comienzan. La promesa de acuerdos contrasta con la falta de resultados inmediatos, y el riesgo de prolongar el conflicto se mantiene latente.
Porque al final, lo que dejó esta semana no fue una solución, sino un reacomodo: puertas cerradas, clases en línea y negociaciones abiertas. Un equilibrio frágil que, una vez más, mantiene a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en pausa.
EN EL ÁMBITO NACIONAL…
EMPRESAS AL CENTRO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
Vaya, vaya… esta semana, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, colocó al sector privado en el centro de la solución ambiental en México, afirmando que sin su participación “no se puede hacer nada”. Una declaración que no pasa desapercibida si se lee a la luz de los conflictos territoriales, la expansión extractiva y la creciente presión sobre los bienes comunes.
Y es que, según lo expuesto desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el país busca transitar hacia un modelo de economía circular respaldado por una nueva legislación aprobada en enero. La promesa: convertir los residuos —139 mil toneladas diarias— en oportunidad económica mediante parques industriales de reciclaje y nuevas cadenas productivas.
En el papel, la propuesta suena alineada con tendencias globales; en la práctica, deja abierta una pregunta incómoda: ¿quién controla esa transición y quién se beneficia realmente de ella?
Como si fuera poco, el propio diagnóstico oficial reconoce un escenario alarmante: 4.4 millones de hectáreas de bosques y selvas perdidas en poco más de dos décadas, el 70% de los ríos contaminados y un sistema hídrico cada vez más presionado.
Datos que no sólo evidencian una crisis ambiental profunda, sino también los límites de un modelo que, históricamente, ha privilegiado el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad.
Y mientras tanto, la apuesta institucional parece girar hacia la construcción de certidumbre para la inversión. La llamada NDC 3.0 —la hoja de ruta climática del país— coloca al sector privado como eje de la transformación, con el respaldo de organismos financieros y la promesa de convertir prioridades ambientales en proyectos “financiables y escalables”.
En otras palabras, la naturaleza entra al terreno de lo rentable, donde su protección depende, cada vez más, de su capacidad de generar valor económico.
Y es que, en el fondo, la narrativa no es nueva. La idea de que el mismo sistema que ha impulsado la degradación ambiental puede, ahora, revertirla, plantea tensiones difíciles de ignorar. Sobre todo en territorios donde comunidades enfrentan despojo, contaminación o violencia por defender el agua y el bosque.
Apostar por el sector privado como “clave” de la sostenibilidad no sólo redefine el papel del Estado: también reconfigura quién decide el futuro ambiental del país.
ENTRE CONSERVACIÓN Y DESPOJO: PUEBLOS DE BAJA CALIFORNIA SUR EXIGEN DECRETO PRESIDENCIAL
Vaya, vaya… mientras el discurso oficial insiste en la sostenibilidad como horizonte compartido, en el territorio la disputa se recrudece. Esta semana, pueblos originarios de Baja California Sur alzaron la voz para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la emisión de un decreto presidencial que frene lo que consideran una avanzada de despojo territorial y degradación ecológica en la región.
De acuerdo con la Asamblea General Pueblos Soberanos, el pasado 30 de abril se registraron sobrevuelos en zonas de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, una de las áreas naturales más importantes del noroeste del país,con introducción de materiales de construcción, en aparente continuidad con actividades iniciadas desde 2025.
Las comunidades señalan directamente a Jorge Emilio González Torres, vinculado al Partido Verde Ecologista de México, como actor clave detrás de proyectos inmobiliarios en la zona.
Como si fuera poco, el conflicto se entrelaza con decisiones legislativas recientes. La reforma al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, aprobada en febrero de 2026, abre la puerta a la introducción de especies ajenas en Áreas Naturales Protegidas, un punto particularmente sensible frente al proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”.
Para las comunidades, esta modificación no sólo carece de sustento científico suficiente, sino que también podría facilitar intervenciones bajo el argumento de conservación, con efectos irreversibles sobre el equilibrio ecológico.
Y mientras tanto, la contradicción institucional se vuelve evidente. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había rechazado previamente la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, las acciones denunciadas en campo parecen avanzar al margen de esas resoluciones. Un escenario que, según la Asamblea, evidencia la prevalencia de intereses privados —incluso extranjeros— sobre las decisiones públicas.
Desde febrero de este año, comunidades de Santiago, en el municipio de Los Cabos, se han articulado en una asamblea regional para enfrentar lo que consideran un modelo de ordenamiento territorial excluyente. En su lectura, figuras como las Áreas Naturales Protegidas, Áreas Marinas Protegidas y planes urbanos han sido utilizadas no sólo para conservar, sino también para reconfigurar el control del territorio, facilitando la entrada de capital privado y desplazando a poblaciones originarias.
Como si el diálogo institucional fuera otra deuda pendiente, la Asamblea señala que ha buscado interlocución con autoridades municipales, estatales y federales —incluyendo al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío— sin obtener respuestas efectivas. Ante ello, su pliego petitorio es claro: un decreto presidencial que recupere tierras en manos privadas dentro de Áreas Naturales Protegidas, una nueva política territorial con محور comunitario, reconocimiento del agua como asunto de seguridad nacional y mecanismos reales de consulta.
Y es que, en el fondo, lo que se juega no es sólo un proyecto específico, sino el sentido mismo de la política ambiental en México. Entre conservación, turismo e inversión, las comunidades advierten una deriva donde la protección del territorio se convierte en puerta de entrada para su mercantilización. La Semana 18 deja así otro frente abierto: uno donde la defensa ambiental no se disputa en abstracto, sino en la tierra, el agua y la soberanía.
