Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. / EL (resumen) SEMANAL Semana # 14: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana #14: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
ZIRAHUÉN: EL LAGO EN DISPUTA DONDE EL AGUA REVELA LA LUCHA POR EL TERRITORIO
Vaya, vaya… el llamado “espejo de los dioses” se ha convertido en reflejo de otra cosa: la disputa por el territorio. El caso del Lago de Zirahuén, documentado esta semana por en15dias.com, no sólo exhibe una crisis ambiental, sino una confrontación directa por el control del agua, la tierra y las decisiones sobre el futuro de la región.
La comunidad indígena de Zirahuén, respaldada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, denunció una crisis “multidimensional” marcada por extracción ilegal de agua —hasta 50 pipas diarias—, contaminación por agroquímicos, descargas de aguas negras y cambio de uso de suelo para monocultivos como aguacate y berries.
Pero el problema no se queda en lo ambiental. Lo que emerge es una red de intereses donde confluyen empresarios, actores políticos e incluso permisos institucionales cuestionados. La comunidad acusa que pozos profundos han sido autorizados sin consulta ni estudios, debilitando los mantos acuíferos y reduciendo el nivel del lago, mientras avanza la apropiación de tierras comunales.
Y es que, como si fuera poco, el abandono institucional también es parte del conflicto. Desde hace más de un año, las comunidades han solicitado la instalación de una mesa interinstitucional sin obtener respuesta, lo que ha escalado la tensión al punto de advertir movilizaciones y toma de carreteras si no hay atención inmediata.
En ese contexto, el lago deja de ser sólo un ecosistema en riesgo para convertirse en un territorio en disputa. La crisis no es únicamente hídrica o ambiental: es política. ¿Quién decide sobre el agua?, ¿quién autoriza su uso?, ¿quién se beneficia de su explotación?
Y es que, en el fondo, Zirahuén vuelve a poner sobre la mesa una constante en Michoacán: la pugna entre comunidades que defienden el territorio y estructuras de poder —legales e ilegales— que lo explotan. Lo que está en juego no es sólo un lago, sino la capacidad de los pueblos para sostener la vida frente a un modelo que avanza, literalmente, a costa del agua.
REGIDORES Y AUTORIDADES “ESCUCHAN” A VECINOS DE COLONIAS DEL SUR
Vaya, vaya… en Morelia la discusión por el agua en el sur de la ciudad dejó de ser sólo una queja para convertirse en una disputa organizada con propuestas concretas sobre la mesa.
Y es que esta semana se realizó una reunión entre vecinos de las Colonias Unidas del Sur, regidores, autoridades del ayuntamiento y el OOAPAS que no sólo evidenció el conflicto, sino que abrió rutas —aún tensas— para redefinir el modelo de gestión del agua.
Divididos en dos grupos, vecinos de las colonias de Sur se reunieron con 8 de 14 regidores de Morelia para “escuchar” las demandas de los vecinos, tras la extinción de su Junta de agua.
Durante la reunión, los vecinos hicieron evidente su sentir sobre la extinción de la Junta que reclamaron fue sin consultarlos. Destacaron que fue una afrenta a su dignidad y a su historia, “porque se borró lo que construyeron con sus propias manos sin siquiera preguntarles su opinión”.
Visiblemente molesto, Adolfo Torres participó en la reunión, gran parte de los testimonios fueron ignorados por los regidores y el director de OOAPAS que era distraído por su teléfono celular.
En sus intervenciones, el OOAPAS reconoce esa historia, pero argumenta que la Junta creció de manera desordenada, acumuló deudas millonarias y operaba sin controles ni transparencia, lo que hacía inviable su continuidad.
Las autoridades plantean una ruta institucional: revisión técnica, acceso a instalaciones y análisis jurídico antes de cualquier decisión.
En sus intervenciones, los regidores reclamaron el tono de la conversación y los reclamos a los regidores que se ofendieron porque los vecinos les señalaron que deberían recorrer el territorio.
“Quisiéramos que hubiera regidores de escritorio, pero también de territorio. Que salieran a las colonias a ver los problemas que tienen, porque las colonias tienen problemas y los regidores están como los indígenas, encerrados. Que se distraigan un poquito pero que vean los problemas que hay y no se equivoquen al levantar la mano”, señaló un vecino de las colonias del Sur.
Pero más allá del desencuentro, el centro de la reunión fueron las propuestas. Dos grupos de colonos presentaron proyectos formales para la creación de una nueva Junta Local de Agua, ambos sustentados en la Ley del Agua de Michoacán y acompañados de argumentos técnicos, sociales y jurídicos. Lejos de disputarse el control, ambos plantearon la necesidad de construir una sola propuesta que beneficie al conjunto de las más de 130 colonias.
A estas iniciativas se sumó la propuesta de conformar una comisión bipartita entre colonos y autoridades, encargada de realizar un diagnóstico integral: fuentes de abastecimiento, infraestructura existente y viabilidad operativa. La exigencia de una auditoría —financiera y técnica— se volvió condición central, no sólo para esclarecer irregularidades pasadas, sino para definir el futuro del sistema.
El cierre dejó acuerdos, pero también interrogantes. Las propuestas serán turnadas al cabildo, se instalará un comité técnico mixto y se realizará la auditoría con acompañamiento ciudadano.
Sin embargo, el fondo sigue abierto: no es sólo cómo se administrará el agua, sino si el modelo responderá a la lógica comunitaria que la construyó o a una estructura institucional que hoy busca reorganizarla.
Lo más notable de los regidores fue que en general reconocieron errores sin defenderlos frontalmente, adoptaron una postura de escucha y compromiso de análisis, pero evitaron comprometerse a resultados concretos en esa misma sesión.
En sus redes sociodigitales quisieron darse los aires del diálogo pero en realidad no hicieron mucho caso a las intervenciones. en15dias.com estuvo en la reunión y pudo constatarlo.
La salida institucional consistente fue: “nos llevamos la tarea, analizamos las propuestas, y nos reunimos la semana del 13 de abril con respuestas”. Esto generó frustración en algunos colonos, que pedían garantías por escrito y no solo promesas verbales…. Veremos…
A esta reunión fueron convocadas autoridades de la Conagua, sin embargo, según la versión del secretario del Ayuntamiento Yankel Benítez no respondieron al llamado ni tampoco fueron a la reunión.
Conagua ha estado sentado a la mesa con un tercer grupo autollamado Coordinación 9 Sur Santa María de Guido que ha mantenido una negociación a nivel federal.
En un boletín de prensa de la Conagua Michoacán, difundido en el sitio del gobierno estatal, se señala que “la Comisión Nacional del Agua delegación Michoacán instaló una mesa de diálogo con habitantes de nueve colonias de la tenencia de Santa María, para atender sus necesidades en materia de acceso al agua”.
“Como parte del seguimiento a la demanda ciudadana, en los próximos días se invitará a los portavoces de dichas colonias a sumarse a una mesa de trabajo con autoridades del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) y del Ayuntamiento de Morelia. El fin es establecer acuerdos que prioricen el bienestar social y la distribución equitativa del líquido”.
Cabe destacar que la difusión del boletín de prensa emitido por Conagua y publicado por el Gobierno de Michoacán está fechado con día 29 de marzo de 2026, cuando en realidad la reunión se registró el 6 de marzo. Vaya, vaya…
¿REORGANIZANDO EL AGUA DE LA CIUDAD?
Vaya, vaya… y mientras Adolfo Torres menospreció a los vecinos de las colonias del Sur, en su reunión con los empresarios inmobiliarios se veía contento y satisfecho.
Esta semana, el autollamado “Fito” sostuvo una reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del H. Ayuntamiento de Morelia, Johanna Moreno “para alinear estrategias y coordinar acciones en materia de obras e infraestructura, bajo una visión integral del desarrollo urbano”, según posteó en su red sociodigital.
Destacó que “a través de la coordinación interinstitucional, se impulsan soluciones que atienden de manera estructural las necesidades de la ciudadanía y fortalecen un crecimiento ordenado, eficiente y sostenible”.
Sin embargo, lo que evita el post de Adolfo Torres es señalar que también estuvo presente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Roberto Santillán Ferreyra.
Y es que querida lectora y lector, los que se está jugando en estos momentos es la reorganización del agua en la ciudad ya que el proyecto inmobiliario e industrial está en su mejor momento (con inversiones, con capital político y territorial) para echarlo andar en su totalidad.
Así que les preguntamos a los funcionarios ¿reorganizando el agua de la ciudad, o qué hace?
AMISTADES VEMOS, INTERESES YA SABEMOS
Vaya vaya… hay ocasiones que las fotografías revelan mucho de quiénes son los actores políticos y las intenciones que tienen.
Y es que esta semana, Luis Navarro, secretario de Finanzas, posteo en su red sociodigital una imagen donde se muestra agradecido en tener amistades como Jesús Camacho, ex director de Conagua (2020-2024), quien entregó a un particular el agua histórica de Morelia, que viene del manantial La Mina, vía una concesión ilegal.
Vaya amistades de Luis Navarro. Pero es que estas ganas de mostrar “músculo” y apoyo a su gris promoción de imagen para ser candidato por la ciudad de Morelia, muestra realmente el proyecto de ciudad que planteará. Y no será más que la política inmobiliaria que ha imperado en las últimas dos décadas.
Ya lo hemos venido diciendo desde nuestros espacios de opinión: hay un “cártel inmobiliario” en Morelia.
Hay que recordar que Luis Navarro fue el artífice de que el 15 de julio de 2023, el gobernador de Michoacán se reuniera, junto con más de seis secretarios de su administración, con el empresario inmobiliario Francisco Medina Chávez y con ex gobernadores priístas de Michoacán, entre ellos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
La invitación, según la explicación breve del gobernador en su conferencia de prensa del 17 de julio, fue pensada y afinada por el Secretario de Finanzas, Luis Navarro, quien está interesado en ser el nuevo presidente municipal de Morelia.
La gente no lo conoce, es tal el desconocimiento a su persona que el gobernador tuvo que hacer un encuentro proselitista llamado “Foro Juntos Reconstruimos Michoacán Región Morelia” para poder alzarle la mano y ubicarlo entre el imaginario colectivo. Y también, ya hay algunos medios chayoteros que presentan “encuestas” para posicionarlo.
¿Pero qué importa que no te conozca la gente mientras te codees con el poder económico? Mientras hables con el poderoso y quien manda en Morelia, Francisco Medina Chávez, todo puede ser posible.
Pero aquí no termina todo, ante el poco “territorio” andado que tiene Luis Navarro en Morelia ha tenido que valerse de una campaña llamada “Haciendo barrio” para la cual pintó bardas por toda la ciudad, con la finalidad de que su nombre se conozca.
Lo más preocupante es que comienza a utilizar obras en las comunidades para sacarse la foto y fortalecer su supuesta base social. El 5 de marzo de 2026 hizo un recorrido por Atapaneo y San Miguel del Monte.
En Atapaneo se reunión con habitantes del fraccionamiento Misión del Valle, La Aldea y colonias vecinas. En las fotos difundidas se puede ver una lona con el texto “Distrito XI con Luis Navarro”, lo que sugiere un evento de carácter político o informativo.
Más tarde inauguró una calle en San Miguel del Monte con parte de la comunidad que buscó en algún momento el autogobierno y que son parte del Consejo Supremo indígena de Michoacán y que ahora sustentan la jefatura de tenencia.
Cabe recordar que el Distrito XI abarca principalmente las zonas rurales, tenencias y colonias populares en la periferia de la ciudad, destacando áreas como Tarímbaro, Chiquimitío, Cuto, Capula, Tacícuaro, San Nicolás, Undameo, Atécuaro, Santa María, Jesús del Monte y San Miguel del Monte.
Habrá de tener cuidado la comunidad indígena Pirinda de San Miguel del Monte de que la lucha por el despojo de agua que sufrieron por un particular, gracias a Jesús , amigo de Luis Navarro, y la lucha en contra de la urbanización mediante “fraccionamientos campestres”, no se desvirtúe por la presencia de este personaje con intereses inmobiliarios.
Ya lo hemos dicho, hay un proyecto inmobiliario pensado para el sur de la ciudad, en especifico, en San Miguel del Monte. E
speremos que se aprenda de la experiencia de Santa María de Guido y Jesús del Monte donde la ambición inmobiliaria le ha ganado a los espacios comunitarios y a los territorios de las comunidades indígenas… Veremos…
AUTONOMÍAS EN MICHOACÁN: LA DISPUTA POR EL PODER Y EL CONTROL DEL TERRITORIO
Vaya, vaya… en Michoacán se seguirá discutiendo acerca autonomías indígenas: en el fondo, lo que se pone sobre la mesa es una redefinición del poder en el territorio. Quién decide, cómo se gobierna y bajo qué lógica se administran los recursos en comunidades que históricamente han sido marginadas.
El 11 de abril, el foro “Dialogar para decidir” reunirá a autoridades comunitarias, al Instituto Electoral de Michoacán y al Consejo Supremo Indígena, en un ejercicio que va más allá de lo informativo. Más de 30 comunidades mostraron interés en avanzar hacia el autogobierno, evidenciando que esta ruta ya no es marginal, sino una apuesta política en crecimiento dentro del estado.
Y es que los datos lo confirman: de las 381 comunidades indígenas reconocidas en Michoacán, apenas entre 40 y 50 han logrado transitar hacia esquemas de autonomía. El contraste no sólo revela el potencial del modelo, sino también las barreras institucionales, jurídicas y políticas que siguen limitando su expansión.
En ese contexto, el foro también dejará ver las tensiones. Mientras las comunidades destacan beneficios como la administración directa de recursos, el fortalecimiento de la seguridad y la toma de decisiones en asamblea, algunos gobiernos municipales mantienen resistencias ante la redistribución de facultades y presupuesto, lo que evidencia una disputa real por el control territorial.
Y es que, como si fuera poco, la autonomía indígena ya no puede leerse como un tema sectorial. Lo que está en juego es un reordenamiento profundo del poder local: una transición desde estructuras centralizadas hacia formas de gobierno comunitario que replantean la relación entre Estado, territorio y pueblos originarios.
SORPRESIVA GRANIZADA
Vaya, vaya… hasta el granizo encontró la forma de suavizar el ritmo en Morelia. Por un momento, la ciudad dejó de correr para mirarse distinta: calles blancas, techos cubiertos y ese silencio breve que sólo provocan los fenómenos que obligan a detenerse.
Pero incluso en esa postal hay lectura de fondo. Lo que parece un instante bonito también es reflejo de una atmósfera cada vez más alterada, donde los eventos intensos se vuelven parte de lo cotidiano. La belleza, entonces, no cancela la pregunta: ¿qué tanto estamos entendiendo el territorio que habitamos y los cambios que ya están aquí?
SE LE ACABÓ EL VEINTE AL GOBERNADOR
Vaya, vaya… Esta semana, el Instituto Electoral de Michoacán puso freno al discurso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al determinar que sus reiteradas declaraciones sobre que “es tiempo de mujeres” vulneran los principios de imparcialidad y neutralidad. No es menor: no se trata del mensaje en sí, sino de quién lo emite y desde qué aparato de poder.
Y es que, mientras en el plano discursivo se posicionaba una transición de género en el Ejecutivo estatal, en los hechos el expediente IEM-CA-01/2026 revela algo más profundo: la delgada línea entre promoción política y uso del cargo.
Las llamadas “Asambleas en Defensa de la Soberanía Nacional”, donde el mandatario respaldó a Claudia Sheinbaum y empujó esa narrativa, quedaron bajo lupa no por su contenido ideológico, sino por su potencial impacto en la equidad del proceso rumbo a 2027.
La autoridad fue clara: no hubo elementos suficientes para acreditar actos anticipados de campaña, pero sí para limitar el uso del discurso institucional con fines de orientación electoral.
Como si fuera poco, el trasfondo deja ver la disputa temprana por la sucesión en Michoacán, donde nombres dentro del propio oficialismo comienzan a perfilarse con el respaldo implícito del poder estatal. La medida cautelar no solo es un llamado de atención individual, sino un síntoma de un modelo político donde los tiempos legales chocan con las urgencias del relevo.
En un estado marcado por tensiones territoriales, violencia y disputas por el control económico, la contienda electoral empieza —una vez más— mucho antes de que la ley diga que debe comenzar.
ANTECEDENTES PENALES A CANDIDATOS: EL FILTRO QUE REABRE LA DISPUTA POR LA LEGITIMIDAD POLÍTICA
Vaya, vaya… en Michoacán la propuesta de exigir carta de antecedentes no penales a candidatos no sólo introduce un nuevo requisito electoral, sino que reactiva una discusión de fondo: la legitimidad del sistema político y la confianza en quienes buscan gobernar.
La iniciativa plantea que aspirantes a cargos públicos acrediten no contar con antecedentes penales, en medio de un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y los persistentes señalamientos de vínculos entre política y crimen organizado en distintas regiones del estado.
Sin embargo, el debate revela matices más incómodos. Especialistas advierten que la medida podría ser insuficiente frente a la complejidad del problema: no tener antecedentes no garantiza integridad, ni descarta relaciones con estructuras de poder criminal que operan fuera del ámbito judicial. En algunas zonas de Michoacán, los señalamientos sobre autoridades municipales coludidas con grupos delictivos han puesto en evidencia que el problema no siempre pasa por lo que está en los registros oficiales.
A esto se suma la dimensión legal: imponer nuevos requisitos para competir podría entrar en tensión con derechos políticos fundamentales, como el de ser votado, lo que obligaría a construir un andamiaje jurídico sólido que evite exclusiones arbitrarias o el uso faccioso de este tipo de filtros.
Y es que, más allá del documento, lo que realmente está en juego es la legitimidad del sistema político. La propuesta vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo construir confianza en las candidaturas y qué mecanismos son verdaderamente efectivos para evitar que el poder público siga siendo capturado por intereses que operan fuera de la ley.
REAPARECE EL IMPRESENTABLE DE FELIPE CALDERÓN
Vaya, vaya… esta semana el expresidente Felipe Calderón Hinojosa reapareció en Morelia, y no en un evento público ni en una gira política, sino en un restaurante, captado en una escena cotidiana que rápidamente se volvió política.
La imagen, difundida por una regidora del PAN, bastó para reactivar una memoria incómoda en un estado donde su nombre no es neutro. Michoacán no es cualquier territorio en su historia: fue el punto de arranque de la estrategia de seguridad que marcó su sexenio y que redefinió la relación entre Estado y violencia.
Y es que su presencia, aunque breve y aparentemente casual, carga un peso simbólico difícil de ignorar. No se trata sólo de un exmandatario desayunando, sino de una figura asociada a una etapa que dejó huellas profundas en el tejido social, institucional y territorial del estado.
Al mismo tiempo, la escena también revela otra dimensión: la política ya no necesita actos oficiales para existir. Una fotografía, un encuentro fortuito y una publicación en redes son suficientes para colocar nuevamente en la conversación pública a actores que, en teoría, ya no están en el centro del poder.
Y es que, más allá del café o la foto, lo que realmente reaparece no es Calderón en sí, sino el debate que lo persigue: el de la seguridad, la militarización y el papel del Estado frente a territorios donde el crimen organizado sigue disputando el control. En Michoacán, ese pasado no se ha ido… sólo cambia de escenario.
DESAPARICIONES EN MÉXICO: ENTRE LA ADVERTENCIA DE LA ONU Y EL RECHAZO DEL ESTADO POR LA NARRATIVA DE LA CRISIS
Vaya, vaya… esta semana el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada decidió activar un mecanismo excepcional —previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional— para solicitar al Secretario General que lleve el caso mexicano ante la Asamblea General. Se trata de una vía preventiva que busca movilizar atención y apoyo internacional, no asignar responsabilidades penales individuales.
En su análisis, el organismo concluyó que existen “indicios fundados” de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Como subrayó su presidente, lo relevante no es una orden desde la cúpula, sino la escala, repetición y dirección de la violencia.
Y es que los datos sostienen la gravedad: más de 4 mil 500 fosas clandestinas, miles de cuerpos y restos humanos, y alrededor de 72 mil sin identificar. Una geografía del horror que no sólo evidencia la dimensión del problema, sino también la incapacidad institucional para contenerlo.
Aunque el Comité reconoce que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones, también advierte que estos crímenes pueden configurarse sin esa directriz central e incluso ser cometidos por organizaciones criminales cuando actúan de forma sistemática.
Además, señala posibles casos de participación, autorización o tolerancia de funcionarios públicos.
Frente a este diagnóstico, el Gobierno de México —a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores— rechazó el informe al considerarlo “tendencioso” y alejado de la realidad actual del país. Sostiene que el Comité omitió avances institucionales recientes y que su análisis se basa, en gran medida, en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores.
La postura oficial insiste en que en México no existe una política de Estado para desaparecer personas y que, por el contrario, se ha emprendido una transformación institucional en la materia. Entre los avances señalados destacan la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura obligatoria de investigaciones desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de mecanismos de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda.
También subraya que el país mantiene cooperación con organismos internacionales, pero rechaza evaluaciones que —afirma— no consideran información actualizada ni reflejan los cambios legales implementados, particularmente reformas aprobadas en 2025 con participación de colectivos de víctimas.
Sin embargo, el contraste permanece. Mientras el Estado defiende su estrategia y sus reformas, el Comité advierte que no hay una mejora sustancial y que las autoridades siguen rebasadas por la magnitud de la crisis. Vaya, vaya…
MUJERES MAZATECAS ANTE LA CORTE: UNA DÉCADA DE CRIMINALIZACIÓN QUE EXIGE JUSTICIA Y ESCUCHA
Vaya, vaya… mientras en el discurso institucional se habla de justicia, desde los márgenes del país las mujeres mazatecas vuelven a tocar la puerta del máximo tribunal. No es un trámite más: es la exigencia de ser escuchadas directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras más de una década de criminalización.
Desde Eloxochitlán de Flores Magón, las mujeres indígenas plantean que su caso no es aislado, sino parte de un proceso sostenido de persecución judicial que ha implicado desplazamiento forzado, encarcelamientos prolongados sin sentencia, tortura y ruptura del tejido comunitario. Una crisis que ellas mismas nombran como urgencia humanitaria.
El momento no es menor. Una resolución reciente de un tribunal federal desmontó acusaciones clave, evidenciando fabricación de pruebas, testimonios inexistentes y fallas estructurales en el proceso penal. Para la comunidad, no se trata sólo de una victoria jurídica, sino de la confirmación de que el sistema de justicia fue utilizado como herramienta de persecución.
Y es que, como si fuera poco, el trasfondo del caso apunta a algo más profundo: la defensa del territorio y la autonomía comunitaria. Las mujeres mazatecas sostienen que la criminalización ha estado vinculada a su resistencia en defensa del río y de sus formas de organización, lo que coloca el conflicto en la intersección entre justicia, territorio y poder.
En ese contexto, la solicitud a la Corte no es sólo para resolver expedientes, sino para abrir un diálogo directo con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. La eventual llegada de varios casos al máximo tribunal es vista como una oportunidad histórica para corregir el rumbo y sentar precedentes.
Pero el llamado también interpela al Estado en su conjunto. Las mujeres recuerdan que existen obligaciones internacionales —como el Convenio 169 de la OIT— que obligan a garantizar acceso efectivo a la justicia y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, algo que, sostienen, no ha ocurrido en su caso.
Y es que, en el fondo, lo que está en juego no es sólo la libertad de personas criminalizadas, sino la legitimidad de un sistema judicial que, en lugar de proteger, puede convertirse en herramienta de despojo. La pregunta queda abierta: ¿escuchará la Corte o mantendrá el silencio que las comunidades llevan más de diez años enfrentando?
GOLFO EN CRISIS: CONTENCIÓN INTENSIVA, APOYOS EMERGENTES Y UN ORIGEN AÚN SIN ESCLARECER
Vaya, vaya… mientras el hidrocarburo sigue llegando de forma intermitente a las costas del Golfo de México, el gobierno federal ha desplegado durante esta semana una narrativa de control operativo intensivo: más brigadas, más equipo, más kilómetros atendidos. Pero también, más evidencia de que la crisis no ha terminado y que su origen sigue sin esclarecerse del todo.
Entre el 30 de marzo y el 3 de abril, el llamado Grupo Interinstitucional —donde confluyen Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos y organismos reguladores— reforzó un despliegue de más de 3 mil elementos, decenas de embarcaciones y aeronaves, así como barreras de contención en mar y costa.
En números, la semana deja una cifra contundente: cerca de 900 toneladas de hidrocarburo recolectadas y más de 630 kilómetros de litoral intervenidos, principalmente en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. A ello se suma la atención a casi 50 playas, de las cuales una parte ya no presenta arribazón, aunque el fenómeno persiste de manera intermitente.
Y mientras tanto, en tierra, la respuesta también se volvió política y social. La presencia de la secretaria Alicia Bárcena en playas de Veracruz no solo buscó supervisar la limpieza, sino enviar un mensaje de control territorial: recorridos aéreos, reuniones con comunidades y promesas de seguimiento a apoyos económicos.
El gobierno reporta apoyos por decenas de millones de pesos, contratación temporal de pescadores para limpieza, entrega de combustible y programas como Bienpesca que comenzarán a dispersarse en los próximos días.
Como si fuera poco, el frente científico también se activó. Bajo coordinación de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, un grupo de especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México participa en monitoreo satelital, análisis de muestras y evaluación de impactos en fauna marina. Paralelamente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, mientras continúan inspecciones a buques y ductos en la zona de Cantarell y frente a Coatzacoalcos.
Y es que ahí está el punto clave de la semana: pese al despliegue, la causa sigue en disputa. Por un lado, se habla de emanaciones naturales reactivadas; por otro, de posibles responsabilidades humanas bajo investigación. En ese terreno ambiguo, el gobierno sostiene dos líneas simultáneas: contención operativa y blindaje legal.
