Te presentamos lo más relevante acontecido en El (resumen) Semanal: Semana #32: del 4 al 10 de agosto de 2025. Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana. El (resumen) Semanal: Semana #32: del 4 al 10 de agosto de 2025.
El (resumen) Semanal: Semana #32: del 4 al 10 de agosto de 2025
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #32: del 4 al 10 de agosto de 2025.
El (resumen) Semanal: Semana #32: del 4 al 10 de agosto de 2025
¿ASÍ SERÁ? ¿ASÍ SERÁ GOBERNADOR?
Vaya, vaya… que la manifestación del Ramal Camelinas destapó fantasmas y permite, una vez más, entrever los intereses sobre esa zona.
Primero, nuevamente, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla utilizó el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes. Ya lo había hecho con el movimiento (ya casi apagado) de San Nicolás Obispo contra el Segundo Anillo Periférico, esta vez lo hicieron en contra nueve propietarios de terrenos aledaños al Ramal Camelinas e integrantes del ejido de Jesús del Monte.
Sea cual sea la lucha o la manifestación, no hay justificación alguna para el uso desmedido de la fuerza contra quienes denuncian y se manifiestan, aún menos cuando la mayoría era gente adulta mayor.
Al siguiente día de esa “manifestación de autoridad” (obviamente con sarcasmo), nuevamente los mismos que el día anterior actuaron con el uso desmedido de la fuerza, se opusieron a la toma de las vías por parte del pueblo indígena de San Miguel del Monte que tenían pensado tomar el ramal.
Vaya, vaya… ¿el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla comenzará con este tipo de respuestas a las demandas (cualesquiera que sean) de particulares, ejidos, comunidades y población en general que sea incómodo a su perspectiva de gobierno?
¿Será que los acuerdos que conllevan inversiones con privados michoacanos que participarán en el dichoso “polo de desarrollo” son tan “fuertes” que tiene que defender sus intereses (aunque se representen en una vía)? ¿Defenderá a los privados y sus intereses con la fuerza desmedida?
Recordemos que el Ramal Camelinas es un proyecto que se hizo para los privados; es una carretera que beneficio en especifico a los inmobiliarios.Después de su inauguración en 2018, la obra enfrentó falta de presupuesto para su mantenimiento regular, lo que generó denuncias por ausencias de labores preventivas y reparaciones.
Tan sólo el costo actual para mantener la infraestructura, particularmente ventilación e iluminación de los túneles, asciende a cerca de 1 millón de pesos bimestrales, es decir, unos 6 millones de pesos anuales.
En 2023, el Gobierno de Michoacán destinó cerca de 18 millones de pesos para trabajos multianuales en la vialidad. Posteriormente, en agosto de 2024, se anunció una inversión adicional de 31.1 millones de pesos, enfocada en modernización, instalación de videovigilancia, wifi para túneles, mejoras en sistemas de emergencia y conectividad con el C5i-Sitec.
Vaya, vaya… ¿será que partir de este momento los intereses se defenderán así? ¿Así será? ¿Así será gobernador?
¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL RAMAL CAMELINAS?
Y lo único que surge de esta semana de alboroto en el sur de Morelia son preguntas y algunas actuaciones, realmente cínicas, de funcionarios. Primero hay que hacer la pregunta: ¿De quién es el Ramal Camelinas?
Hay que dar contexto al tema. El Ramal Camelinas es una carretera de sólo 4.5 kilómetros que costó 700 millones de pesos, pero que inicialmente era un proyecto más ambicioso llamado “Libramiento Sur de Morelia”, muy parecido, si no es que igual, al “Segundo Anillo Periférico” impulsado por la autollamada “Cuarta Transformación”.
Sólo hay que ver los documentos de la Auditoría Superior de la Federación que revelan el proyecto consistía “en construir un libramiento con una longitud total de 19.4 km, dividió́ en 5 tramos”. La inversión de SCT era de 1,130 millones de pesos.
En la propia inauguración del Ramal Camelinas el propio prófugo de la justicia, Silvano Aureoles Conejo, señalaba el monto total de inversión por parte de SCT: 1,130 millones de pesos.
Hasta ahora, no se ha encontrado información pública que detalle el costo total del Ramal Camelinas. Si reportes de las irregularidades y corrupción en pagos, contratos y obra.
Los 4 kilómetros tenían un costo estimado de 630 millones de pesos, lo que implicaba un costo por kilómetro considerablemente alto, de más de 150 millones de pesos por kilómetro. Sin embargo, algunas cifras relevantes emergen de investigaciones en prensa indican que requirió una inversión aproximada de 900 millones de pesos en los cinco años en completarse. Una obra millonaria, irregular e ilegal.
Pero ¿quién es el dueño del Ramal Camelinas?
El 7 de agosto de 2025, se reportó el cierre indefinido del acceso al ramal por parte de ejidatarios de Jesús del Monte, ex trabajadores de la anterior Secretaría de Agricultura (SARH) y nueve propietarios, quienes alegaron incumplimientos de convenios firmados hace más de una década, reclamando que la vía sigue siendo privada. Es decir, que los propietarios son ellos, pero no los ejidatarios sino los nueve propietarios como Santiago Tapia que es dueño del cerro que se ve bajando de Altozano a Ocolusen después del primer túnel.
Hay que ser muy claros. Se está utilizando al ejido de Jesús del Monte para esta exigencia porque no es terreno ejidal sino propiedad privada, pero ese es otro tema.
Santiago Tapia, vocero del grupo de nueve propietarios afectados, explicó a en15dias.com que en tres ocasiones (2004, 2012 y 2015) se autorizó la construcción del ramal sobre sus predios bajo acuerdos formales que incluían: respetar accesos y caminos sacacosechas, regularizar la propiedad mediante subdivisión y enajenación legal, y registrar oficialmente la vialidad. A la fecha, ninguna de estas condiciones se ha cumplido.
Aunque la obra fue concluida el 16 de noviembre de 2018, ninguna dependencia cuenta con la propiedad legal del ramal. El gobierno estatal —a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)— se ostenta como propietario, pero no existe documento alguno que lo respalde: ni subdivisión, ni enajenación ni registro catastral. Incluso, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) ha eliminado el ramal de los planos oficiales, lo que agrava la incertidumbre legal.
Argumenttaron que adicionalmente, el ayuntamiento de Morelia ha desconocido los usos de suelo previamente otorgados a 150 extrabajadores federales, quienes llevan más de ocho años sin resolución sobre los terrenos que habitan, generando creciente inconformidad.
Tapia aseguró que los terrenos fueron donados de forma gratuita, sin que mediara pago alguno. Los manifestantes reiteraron que no están en contra de la vialidad, pero exigen que se respeten los acuerdos pactados. Advirtieron que, si no hay cumplimiento, los predios deben ser devueltos a sus dueños y deben pagarse daños y perjuicios.
Y es que cuando preguntamos ¿quién es el dueño del Ramal Camelinas? Es para aclararnos esta viscitud legal ya que hasta este momento los terrenos por donde pasa esta vía siguen siendo propiedad privada.
Y es que hay que decirlo, no existe, hasta ahora, un documento legal válido (como una escritura, acta de donación, expropiación o convenio de cesión de derechos) que traspase formalmente la propiedad o el uso de esos terrenos al gobierno.
En este caso, los propietarios aseguran que nunca firmaron una cesión de derechos ni recibieron pago por la ocupación. Por lo tanto, el Estado construyó y opera una obra pública en un terreno que jurídicamente no le pertenece.
Lo dejaremos más claro: Sin cesión es igual a “sin permiso legal para usar el terreno”.
Entonces, de acuerdo con los que se dicen propietarios que son nueve privados, no existe escritura pública ni acta inscrita en el Registro Público de la Propiedad que acredite la cesión de los terrenos al Estado. Alegan que solo se firmaron promesas de donación y convenios condicionados, que nunca se cumplieron en su totalidad.
Por su parte, el gobierno afirma que la obra fue entregada y cuenta con la documentación necesaria, aunque hasta ahora no se han mostrado públicamente los títulos de propiedad o cesiones inscritas.
En términos jurídicos, una obra pública construida sobre propiedad privada o ejidal sin cesión formal queda en situación irregular. Esto implica riesgos de litigios, indemnizaciones y, en casos extremos, la restricción de su uso.
Esto convierte al Ramal Camelinas en una obra irregular desde el punto de vista jurídico, aunque sea funcional.
¿Se enfrentará el Gobierno de Michoacán a una disputa sobre su acceso y titularidad legal? ¿Será que los nueve propietarios privados (más no ejidales) meterán una demanda? Veremos… lo que no se puede contestar es ¿Quién es el dueño del Ramal Camelinas?
NOTARIO PÚBLICO CON LICENCIA, CINISMO PURO
Para finalizar este tema dejaremos esta imagen que representa el símbolo del cinismo puro y sólo diremos que en el poder también hay impostores.
Usan el cargo como disfraz, el discurso como detergente y la foto oficial como certificado de pureza.
Simulan transparencia mientras tejen acuerdos en la sombra, convencidos de que la gente olvidará que el agua clara también puede venir de un río contaminado.
¿QUIÉNES SERÁN LOS “MANDONES” EN EL “POLO DE DESARROLLO”?
Vaya, vaya… que lleva prisa el gobierno de México y de Michoacán con el dichoso “polo de desarrollo”. Y es que esta semana se anunció desde Palacio Nacional las inversiones de lo que es el primer “Polo de Desarrollo para el Bienestar” que se implementa en el país.
A pesar de que el anuncio fue en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el protagonismo no fue del Estado: el nombre que encabezó el evento fue Citelis, filial inmobiliaria de Organización Ramírez, dueña también de Cinépolis. Y también estuvo David Martínez Gómez Tagle, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) y director general de Artifibras S.A. de C.V.
Citelis no solo es el primer inversor del “polo de desarrollo”, sino su desarrollador y operador principal. Bajo la figura de “urbanizador maestro” (master developer), la empresa asumirá la planeación, venta y administración del parque, sin aportar tierra pública ni recibir inversión directa del gobierno.
La inversión privada inicial supera los mil millones de pesos, y entre las primeras marcas en incorporarse están Oxxo, Mercado Libre y Amazon.
Y es que los Ramírez han decidido ir de los cines al capital territorial. Fundada por Enrique Ramírez Miguel, la Organización Ramírez consolidó un emporio empresarial que va más allá de las salas de cine.
Hoy, su división Citelis desarrolla centros comerciales, fraccionamientos, hoteles y parques industriales en más de 16 estados. Su incursión en los “Polos de Desarrollo” forma parte de una estrategia más amplia de control territorial bajo lógica empresarial, sin necesidad de subsidios públicos pero con incentivos fiscales, facilidades operativas y acceso a infraestructura estatal.
Vaya, vaya… la trayectoria de Citelis no está exenta de poder político. Además de su influencia cultural a través de Cinépolis y del Festival Internacional de Cine de Morelia, miembros de la familia Ramírez han ocupado cargos en organismos multilaterales, gabinetes presidenciales y cúpulas empresariales.
Su participación en el “polo de desarrollo” no es una casualidad: es una declaración de territorio.
Si Citelis representa la inversión y el diseño urbano, Artifibras S.A. de C.V. encarna el músculo productivo local. Fundada en Uruapan en 1968, esta empresa michoacana pasó de fabricar piezas con fibra de coco a especializarse en componentes de polipropileno expandido (EPP) para la industria automotriz. Entre sus clientes están Nissan, Audi, Tesla y Stellantis. Cuenta con certificaciones internacionales y una política de responsabilidad social alineada con los manoseados “Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Pero más allá de su perfil industrial, Artifibras juega un rol político. Su director, David Martínez Gómez Tagle, preside la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) y fue parte del anuncio del “polo de desarrollo”. Su presencia validó la narrativa del “sector productivo comprometido con el bienestar”, y colocó a la empresa como pieza clave en la legitimación del proyecto.
El Polo Bajío forma parte del Plan México, una estrategia nacional que busca industrializar el país a través de nodos de inversión público-privada. La narrativa oficial repite el guion: atraer capital, generar empleo, aprovechar la posición geográfica. Pero detrás de ese discurso, se juega algo más complejo: la disputa por el modelo de desarrollo regional, la apropiación de tierra e infraestructura por actores privados, y el rol subordinado del Estado como facilitador.
Citelis y Artifibras son, hasta ahora, los rostros visibles del nuevo orden económico que se propone desde el Bajío michoacano. Uno con formas limpias, discursos inclusivos y códigos éticos bien redactados. Pero también con raíces en viejas estructuras de poder, concentración de capital y redes familiares que han sabido adaptarse —y prosperar— al calor del desarrollo.
Y cabe preguntarnos entonces: ¿Qué tipo de bienestar dará el empresariado? ¿Qué tipo de empleo se generará y con qué condiciones laborales? ¿Quiénes serán dueños del suelo, las naves industriales y la infraestructura compartida? ¿Qué papel jugarán las comunidades locales frente a la llegada de corporativos logísticos y marcas transnacionales? Veremos…
LA IZQUIERDA POLÍTICO ELECTORAL SE ACOMODÓ
Vaya, vaya… esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado la incorporación de grandes corporaciones —como Walmart y el fondo Blackstone— al “Plan México”, una estrategia económica que prioriza la atracción de capital privado.
Desde una mirada crítica de izquierda, estos acuerdos no solo reafirman una agenda pro empresaria, sino que desdibujan los objetivos sociales y redistributivos que deberían sustentar el proyecto.
Y es que, en una reunión reciente en Palacio Nacional, Walmart anunció una millonaria inversión de más de 6,000 millones de dólares para 2025, destinada a abrir nuevas tiendas y construir centros de distribución de alta tecnología en Guanajuato y Tlaxcala. La empresa anticipa generar 5,500 empleos directos mientras mantiene más de 200,000, e impulsa a más de 30,000 proveedores mexicanos, en su mayoría PYMES.
Vaya, vaya… y es que desde la izquierda social (la verdadera izquierda), esta noticia representa un continuismo: aunque la inversión se presenta como generadora de empleo, refuerza un modelo económico extractivo centrado en el consumo masivo y la concentración de capital, sin cuestionar la lógica del mercado que prioriza las ganancias empresariales sobre la redistribución del bienestar.
Del mismo modo, Sheinbaum anunció el fortalecimiento de la cooperación con Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo. Aunque oficialmente se habla de cooperación en infraestructura y desarrollo económico, organizaciones críticas advierten que el desembarco de este conglomerado puede profundizar la desigualdad, fragmentar el tejido social e impulsar procesos de gentrificación que desplacen comunidades vulnerables —un patrón observado en otras latitudes.
Estos anuncios, en el marco de la narrativa de unidad con el sector privado, evidencian una coherencia con las prácticas neoliberales antes criticadas por el proyecto de la autollamada “Cuarta Transformación”.
Y es que lejos de ser una ruptura, la estrategia parece mantener un modelo que pone al país en el escaparate corporativo global. Desde una perspectiva de izquierda, el Plan México debería priorizar la inversión pública para fortalecer los servicios y proyectos comunitarios, sostener la producción local desde abajo y asegurar la soberanía alimentaria, energética y tecnológica.
Esa inversión tendría que garantizar empleo digno, control social y cuidado ambiental, y no reproducir un esquema donde el Estado facilita condiciones para el capital privado sin contrapartida real para la población…. Veremos… Lo que podemos decir es que la izquierda político-electoral de este país ya se acomodó.
¿QUIÉN SE BENEFICIA REALMENTE DE LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGO?
Vaya, vaya… que el reciente anuncio de que la tecnificación del riego beneficiará a 225 mil productores rurales ha sido celebrado como un avance en eficiencia hídrica y productividad agrícola. Sin embargo, desde una mirada crítica es necesario preguntarse: ¿estas inversiones sirven a los pequeños campesinos, o refuerzan un modelo agroindustrial que consolida el capital privado y erosiona la soberanía comunitaria?
En el marco del Plan Nacional Hídrico 2024–2030 y dentro del Plan México, el gobierno prevé la tecnificación de más de 200 mil hectáreas con una inversión superior a 51 mil millones de pesos, incluyendo recursos públicos, estatales y participación de los productores.
En este contexto, se presentan tecnologías como el revestimiento de canales, entubamiento y riego por goteo como herramientas para “producir más con menos agua”. Sin embargo, el riesgo latente es que, al aumentar la eficiencia, los grandes productores simplemente expandan sus cultivos, incrementando el consumo total de agua sin desempeño distributivo.
Y es que se olvida, o se quiere olvidar que, desde una perspectiva histórica y estructural, la tecnificación ha tendido a favorecer a quienes ya disponen de tierras extensas, capital y acceso al crédito.
Las familias campesinas y ejidatarios, que enfrentan márgenes estrechos, pueden quedar marginadas debido a los altos costos de instalación (bombas, tuberías, sistemas automatizados), el mantenimiento técnico y la formación requerida para operar estas tecnologías.
Además, la adopción efectiva de estas tecnologías depende en buena medida de la existencia de apoyo técnico local y cadenas de servicio, que a menudo no están disponibles en las comunidades más alejadas.
El riesgo es que esta tecnificación se convierta en un mecanismo más de consolidación agroindustrial.
Al mejorar el acceso al agua y la productividad, se favorece la entrada de empresas agroexportadoras y agronegocios que operan en gran escala, mientras se debilita la agricultura de autoconsumo y la diversidad campesina.
Sin políticas complementarias de soberanía alimentaria, redistribución del agua y apoyo directo a las economías locales, las inversiones acaban reforzando los mismos patrones de dependencia y desigualdad que el discurso oficial pretende corregir…vaya, vaya…
AGUA Y LA POLÍTICA EXTRACTIVA
Y hablando de extractivismos pero de otro partido. Esta semana el titular de OOAPAS, Adolfo Torres aseguró que se requieren tres nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) —ubicadas en Villas del Pedregal, Tenencia Morelos y Jesús del Monte— para avanzar hacia el saneamiento total de los afluentes de la ciudad, con una inversión aproximada de 500 millones de pesos. Incluso, señaló que alcanzar el 100 % de tratamiento del río Grande requeriría más de 900 millones adicionales.
Vaya, vaya… ¿con qué cinismo este señor pide más recursos? Y es que mientras el organismo municipal OOAPAS solicita a la Federación más de 500 millones de pesos para construir tres plantas tratadoras, el gobierno local no ha mostrado compromiso real con garantizar el derecho humano al agua ni detener el deterioro de los acuíferos.
La realidad es que el municipio ha continuado impulsando fraccionamientos y desarrollos urbanos sin una visión de sustentabilidad hídrica. La aprobación de nuevas construcciones, sin infraestructura hidráulica paralela, presiona los acuíferos y la ya escasa capacidad de saneamiento.
Operativamente, actualmente se tratan sólo mil 300 litros por segundo gracias a siete PTAR existentes, mientras el resto se descarga sin tratamiento —lo que amenaza seriamente la salud pública y los ecosistemas fluviales.
CONFERENCIA DE PRENSA
Este modelo representa una política municipal extractiva: el territorio se vende y urbaniza sin asegurar servicios básicos ni infraestructura ambiental.
Y es que la omisión (completamente a proposito) evidencia una clara contradicción: se reclama presupuesto federal para saneamiento mientras se permiten fraccionamientos que profundizan la crisis hídrica.
La falta de voluntad política local para priorizar el agua segura y proteger los acuíferos está llevando a Morelia hacia un colapso ecológico previsible, en lugar de caminar hacia un futuro urbano sostenible y equitativo… vaya, vaya…
ALFONSO MARTÍNEZ FORTALECE LAZOS (ELECTORALES) CON JEFES DE TENENCIA DE MORELIA
En una fotografía reciente y un acto protocolario, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar fortaleció sus lazos con las y los jefes de tenencia del municipio.
En el encuentro, presumió avances en caminos rurales y entregó mochilas de emergencia, chalecos y apoyo simbólico, en lo que parece ser una estrategia política anticipada hacia 2027. Sin embargo, el contraste con su trienio anterior evidencia una agenda reactiva y electoralista, más que propositiva.
Aunque el alcalde destacó «avances logrados en la rehabilitación de caminos rurales», vale la pena recordar que muchas tenencias continuaron padeciendo abandono estructural durante años.
La entrega de mochilas y chalecos, sin acompañarse de programas continuos de infraestructura, salud preventiva o inversión real en servicios públicos, evidencia un interés en el marketing político más que en soluciones duraderas.
No es la primera vez que vemos gestos de gobernanza simbólica haciendo campaña; lo preocupante es lo que no se ve: mejoras sostenidas, presupuestos asignados regularizados o planes de largo plazo que realmente empoderarían a las comunidades.
La cercanía con las autoridades auxiliares, reforzada en el acto, contrasta con la percepción de descuido político durante su gestión. Si bien la coordinación institucional es importante, las tenencias de Morelia demandan autonomía real, inversiones en movilidad, acceso a agua potable, centros de salud y espacios comunitarios.
Varios reportes ciudadanos indican que las mejoras fueron esporádicas y fragmentadas, enfocadas en zonas con mayor capital político. Ahora el alcalde exhorta a una «comunicación constante», pero ¿dónde estuvo esa comunicación durante los tres años anteriores?
Este tipo de acciones ponen en evidencia una dinámica frecuente en la política: el uso del pequeño gesto público para suavizar críticas, en lugar de transformar realidades.
Mientras más visores apuntan a 2027, las tenencias esperan que esta atención se traduzca, finalmente, en políticas integrales y efectivas realmente comprometidas con sus derechos, no solo con su voto. ¿Lo entenderá Alfonso Jesús Martínez Alcázar?
PLANETARIO DE MORELIA: MODERNIZACIÓN SIN VOZ CIUDADANA
Vaya, vaya…Y los que no entienden que no entienden son los funcionarios del gobierno de Michoacán que siguen impulsando proyectos sin el aval y la consideración de la gente.
Y es que esta semana se dieron noticias acerca de la “modernización” del Planetario “Lic. Felipe Rivera”, que dicho sea de paso tendrá una inversión estatal de 168 millones de pesos, el proyecto contempla una intervención integral de 2 mil 387 metros cuadrados.
El proyecto del gobierno estatal busca una transformación integral del recinto: nuevas salas temáticas, túnel sensorial, museo interactivo, terraza astronómica con telescopio “ScopeDome”, domo para videomapping, zonas para mascotas, cafetería, tienda y juegos infantiles espaciales.
Vaya, vaya… en el discurso público es convincente: ciencia, cultura, turismo y educación. El astronauta michoacano José Hernández Moreno participa como asesor, e incluso prestará sus trajes como atracción. Pero cabe preguntarnos: ¿esa modernización responde a una visión estratégica participativa, o más bien a un impulso gubernamental que ignora la historia y el sentir colectivo?
Un colectivo ciudadano, conformado por vecinos, arquitectos, historiadores y ambientalistas, ha alzado la voz. Exigen transparencia, convocatoria pública y protección efectiva del entorno —que incluye árboles, estructura y un proyector histórico—, y no meras declaraciones oficiales.
Mientras la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad afirma que “no se talarán árboles ni se alterará la base arquitectónica”, los activistas advierten que ya se cerró una zona verde, que no hay planos oficiales, y que ni siquiera se ha definido el destino del del único proyector Carl Zeiss Mark IV en funcionamiento en el mundo.
Lo preocupante, no es solo el contenido del proyecto, sino el procedimiento: un modelo “llave en mano” que, según el colectivo, se adjudicó sin consulta pública, sin examen cultural riguroso ni protección patrimonial adecuada.
Un modelo “llave en mano” se refiere a un tipo de contrato en el que la empresa o contratista se encarga de todo el proyecto de principio a fin: diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y entrega final lista para operar, de modo que el cliente (en este caso, el gobierno) solo “reciba la llave” y pueda empezar a usarlo sin hacer trabajos adicionales.
Vaya, vaya… La omisión de la Secretaría de Cultura estatal, a quien correspondería una revisión patrimonial, acentúa la falta de garantías. Los ciudadanos solicitan una declaratoria provisional de patrimonio, conforme a la legislación, para proteger el inmueble aún sin reconocimiento oficial.
Y es que más allá de salas interactivas o zonas de entretenimiento, está en juego el derecho a definir el futuro de los espacios comunes, sin que sean decretados desde la opacidad o la altivez institucional.
Hay que decirselo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad: La verdadera modernidad no se impone: se construye, colectivamente, con diálogo, respeto al pasado y visión compartida. ¿O no Gladyz Butanda?
SEGOB, LA TÉCNICA DE SIMULAR
Vaya, vaya… el reciente anuncio de que Raúl Zepeda Villaseñor —considerado la mano derecha del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla— asumirá la Secretaría de Gobierno genera señales preocupantes sobre la continuidad de los problemas estructurales de gobernabilidad en el estado.
Y es que Zepeda, licenciado en Administración con experiencia en logística portuaria y gestión ejecutiva, ha sido el enlace político de Ramírez Bedolla y está llamado ahora a encabezar la Secretaría de Gobierno. El gobierno lo presenta como un perfil técnico sólido, capaz de hacer frente a los retos institucionales con eficiencia y diálogo.
Pero esta apuesta por lo técnico corre el riesgo de ignorar que los problemas crónicos de Michoacán —violencia, fragmentación política y captura de instituciones por redes criminales— requieren soluciones políticas con visión democrática, comunitaria y de fortalecimiento del Estado de Derecho.
Vaya, vaya… Desde que Ramírez Bedolla asumió el cargo en 2021, resaltó que el principal desafío heredado era la “ingobernabilidad” del estado. Aunque aseguró que se logró cierta estabilidad al inicio de su administración, esa gobernabilidad es frágil. Michoacán sigue enfrentando asesinatos, colusión entre crimen y autoridades e incluso la fuga de exgobernadores acusados de corrupción.
Nominar a un operador fuerte como Secretaría de Gobierno puede apaciguar conflictos institucionales, pero no puede sustituir un enfoque político que rescate la confianza ciudadana y garantice justicia.
Zepeda llega a la Secretaría de Gobierno con una tarea central: reconstruir puentes con la sociedad, las comunidades indígenas y los municipios, muchos de los cuales están afectados por la violencia y la impunidad.
Pero su nombramiento también evidencia un estilo tecnocrático que puede reforzar la centralización del poder estatal sin democratizar los procesos de gobernabilidad. Si no hay participación real, rendición de cuentas ni justicia, esta “técnica de gobernanza” corre el riesgo de fortalecer la simulación y prolongar la deslegitimación institucional.
El nombramiento de Zepeda refuerza la lógica de control vertical sin solución política. Hay que decírselo al gobernador: la gobernabilidad en Michoacán no se reconstruirá solo con técnicos eficientes: requiere abrir los espacios para la voz popular, desarmar estructuras clientelares y atender las raíces del Estado fallido. ¿Será que quiere la gobernabilidad o le conviene la ingobernabilidad?
SEGURIDAD, ESTADO INCAPAZ
Y hablando de seguridad, a pesar de los anuncios oficiales sobre colaboración federal y tecnología en investigaciones, la realidad en Michoacán sigue marcada por la inseguridad y una justicia siempre por detrás de los hechos.
El fiscal general (y carnal) del estado, Carlos Torres Piña, informó sobre un nuevo acuerdo con la Secretaría de Seguridad del gobierno federal —liderada por Omar García Harfuch— para ofrecer “respaldo técnico” y acelerar los procesos de denuncia mediante plataformas digitales y capacitación especializada.
Aunque suena progresista, este discurso ha sido recurrente a lo largo de varios gobiernos sin que se traduzca en eficacia real: las carpetas de investigación siguen acumulándose y pocas terminan con sentencias firmes. La tecnocracia no sustituye la debilidad institucional ni la falta de atención a víctimas y comunidades.
Y que se siguen cacareando las detenciones. Esta semana se señaló que hasta julio de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública reportó 53 detenciones de personas extranjeras —principalmente colombianos y venezolanos— presuntamente vinculadas a actividades criminales.
Estas cifras alarman, pero también reflejan la incapacidad de las autoridades para contener el fenómeno con justicia y prevención. Sin datos sobre los procesos judiciales, los arrestos parecen más anuncios de escenografía que resultados de una estrategia efectiva.
El dato, que se presenta como un logro, en realidad es un retrato incómodo: Michoacán sigue siendo un territorio atractivo para el delito, y la acción estatal se limita a “presentar” detenidos sin transparentar procesos judiciales, mucho menos condenas. La detención como espectáculo sustituye a la justicia como derecho.
Detrás de los operativos y detenciones se esconde un Estado incapaz de ofrecer una visión política real para la paz.
Las promesas de coordinación entre órdenes de gobierno, inversión tecnológica y exámenes de control de confianza (como anunció Torres Piña) son solo migajas frente a la magnitud del problema.
Michoacán necesita políticas audaces: justicia comunitaria, fiscalización real, atención integral a víctimas y transformación estructural del sistema para romper con décadas de impunidad y colusión entre autoridades y crimen.
Y es que se olvida o se quiere olvidar que por años, Michoacán ha sido laboratorio del fracaso institucional en materia de seguridad y justicia.
Hoy, los anuncios del fiscal Carlos Torres Piña sobre la colaboración con Omar García Harfuch para “fortalecer la efectividad en las investigaciones” suenan más a déjà vu que a cambio real.
El problema de fondo es que la violencia en Michoacán no se combate solo con policías y operativos mediáticos. El sistema judicial sigue cooptado, la Fiscalía es incapaz de investigar con autonomía real, y las comunidades viven en un estado de excepción no declarado.
La inseguridad se ha normalizado al grado de convertirse en un factor estructural de gobierno: un territorio permanentemente violento que justifica más gasto militar y policial, pero nunca inversión social ni mecanismos de justicia comunitaria.
Así, el círculo de impunidad se perpetúa. Y cada vez que anuncian “respaldo técnico”, lo único que respaldan es la continuidad de un modelo fallido….vaya, vaya…
T-MEC Y EL AGUACATE: LA DEUDA AMBIENTAL QUE MÉXICO NO QUIERE SALDAR
Vaya, vaya… la reciente reunión entre autoridades de México, Estados Unidos y Canadá para revisar la implementación del Capítulo 24 del T-MEC sobre medio ambiente dejó en evidencia un problema que el gobierno mexicano sigue evitando enfrentar: el impacto ambiental del monocultivo de aguacate en Michoacán y otras regiones productoras.
Aunque en la sesión México presentó avances en biodiversidad, áreas protegidas y fortalecimiento institucional, omitió reconocer que el auge agroexportador del “oro verde” ha detonado deforestación masiva, sobreexplotación de acuíferos y desplazamiento de comunidades rurales.
El T-MEC obliga a los tres países a aplicar leyes ambientales efectivas, pero en los hechos, las autorizaciones de cambio de uso de suelo —muchas de ellas irregulares— y la ausencia de sanciones firmes contra taladores ilegales revelan un incumplimiento sistemático.
Y es que organismos civiles y académicos (comprometidos y no vendidos) han documentado que, cada año, miles de hectáreas de bosque de pino y encino en la Meseta Purépecha se convierten en huertas de aguacate, alterando cuencas hidrográficas y afectando la recarga de mantos acuíferos.
Esta situación ya ha sido señalada en denuncias internacionales, pero el gobierno federal y el estatal han preferido priorizar el negocio exportador —que beneficia principalmente a grandes empacadoras y corporaciones— sobre la protección real de los ecosistemas y el derecho al agua de las comunidades. Y no, el Guardián Forestal no es la solución al problema de deforestación para priorizar monocultivos.
Mientras, el gobierno repite el discurso de “cumplimiento ambiental” en foros trilaterales, la devastación avanza a la sombra del comercio internacional que el T-MEC ampara. Vaya, vaya…
ENCUENTROS DE RESISTENCIAS, ESPERANZA DE ORGANIZACIÓN
Vaya, vaya… pero todavía hay esperanza… y es que en el marco del Encuentro de Resistencias y Rebeldías, comunidades, colectivos y organizaciones sociales se reunieron para compartir experiencias de lucha frente a proyectos extractivos, megaproyectos de infraestructura y políticas gubernamentales que —denunciaron— atentan contra la vida, el territorio y la autonomía de los pueblos.
Y es que a lo largo de las intervenciones, las y los participantes coincidieron en señalar al Estado mexicano como actor central en la imposición de estos proyectos, ya sea a través de leyes hechas a modo de las empresas, uso de la fuerza pública, criminalización de defensores y defensoras, o simulación de procesos de consulta.
Se subrayó que, lejos de garantizar derechos, las instituciones estatales han servido como garantes de intereses privados y transnacionales.
Vaya, vaya… las críticas también apuntaron a la política ambiental y de desarrollo, que bajo el discurso del progreso y la modernización, justifican el despojo y la destrucción de ecosistemas.
Se resaltó que la resistencia no es únicamente oposición, sino también construcción de alternativas desde la comunidad, basadas en el cuidado de la tierra, el agua y la vida en común.
El Encuentro concluyó con un llamado a fortalecer las redes de solidaridad y acción directa, afirmando que la defensa del territorio y la autonomía no puede delegarse a un Estado que “ha demostrado estar del lado de quienes buscan explotar y mercantilizar los bienes comunes”.
Estaremos atentos a como se va desarrollando la organización social en los pueblos de México…
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #32: del 4 al 10 de agosto de 2025.
¡Hasta la próxima semana!
El (resumen) Semanal: Semana #32: del 4 al 10 de agosto de 2025.
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
Esto te puede interesar
EL (resumen) SEMANAL #07: del 9 al 15 de febrero 2026
Del agua en disputa en San Miguel del Monte a la expansión inmobiliaria en el sur de Morelia; de la opacidad en mesas ambientales a la tala y violencia en Tingambato; del reacomodo minero y los minerales críticos a la crisis cubana. Territorio, poder y recursos en tensión esta semana.
Gobierno de México recupera 889 mil hectáreas de concesiones mineras por especulación
El gobierno federal recuperó 1,126 concesiones mineras equivalentes a 889 mil hectáreas por falta de pago, omisión de informes y fines especulativos. Del total, 250 mil hectáreas corresponden a áreas naturales protegidas. Los estados con mayor recuperación son Coahuila, Chihuahua y Sonora.
Las tribulaciones de Clarita
A casi nueve meses del asesinato de dos personas cercanas a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el caso sigue sin esclarecerse. La discusión se trasladó al terreno mediático, luego de que la mandataria cuestionara a la prensa por la percepción de inseguridad y reabriera el debate sobre la cobertura de la…
