Vaya, vaya… la semana #45 nos deja un retrato descarnado del país y del planeta: ataques armados contra ambientalistas, leyes del agua con olor a centralismo, tecnificación agrícola que concentra poder, obras públicas que pavimentan el “desarrollo”, mineras verdes de papel, un T-MEC sin pueblo y promesas climáticas que no alcanzan al termómetro. El poder, otra vez, contra la vida.
El (resumen) Semanal: Semana #45: del 3 al 9 de noviembre de 2025
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #45: del 3 al 9 de noviembre de 2025
El (resumen) Semanal: Semana #45: del 3 al 9 de noviembre de 2025
Por: en15dias.com
La izquierda social no se extinguió ni se ha extinguido.
Vaya, vaya… cuando la izquierda electoral de los partidos políticos creyó haber domesticado la calle, la izquierda social volvió a tomarla.
Y es que este sábado, en Morelia, la Coordinadora de Colectivos, Artistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) encabezó una marcha que recordó que la organización desde abajo no ha muerto, solo había sido invisibilizada.
Bajo el sol, decenas de personas se reunieron en el Jardín Morelos —rostros cubiertos o descubiertos, da igual— para gritar que la violencia no se combate con discursos, sino con justicia y dignidad.
No es que no hubiera manifestaciones en estos meses y años, es la esencia misma de la lucha y la aglutinación de la izquierda social, de los movimientos sociales y ambientales, de estudiantes y partidos de izquierda social. Esto no es menor
Y es que mientras la política institucional gira en torno a funcionarios, negocios y posibles candidaturas, la calle se vuelve nuevamente territorio de resistencia.
Los manifestantes exigieron el fin de la violencia estructural que atraviesa el país, denunciaron el control de los partidos sobre la vida pública y demandaron la “liberación del sistema político”.
En el recorrido por Acueducto y Madero, la consigna fue clara: ninguna bandera partidista, ningún líder al frente, solo la voz colectiva de quienes resisten.
En un gesto que desborda fronteras, la marcha también se solidarizó con el pueblo palestino, trazando un puente entre luchas que comparten raíces: la defensa de la vida ante la violencia del poder.
Frente al Congreso y el Palacio de Gobierno, las y los representantes de los colectivos leyeron un pronunciamiento en defensa de la paz, la justicia social y los pueblos. Ningún incidente, ningún espectáculo mediático: solo el eco de una multitud que vuelve a organizarse, a reconocerse, a recordar que el cambio no se decreta desde arriba, se construye desde abajo.
Porque, a pesar de los deseos de la clase política gobernante, la izquierda social no se extinguió ni se ha extinguido.
Se reorganiza, se reinventa, y cuando menos se espera, reaparece para recordarle a los partidos políticos —y al poder— que la historia no avanza por decreto político-electoral, sino por movilización. Vaya, vaya…
Madero: tres ataques armados contra ambientalistas y un gobierno bajo sospecha
Vaya, vaya… mientras Michoacán presume campañas de reforestación y discursos de “seguridad integral”, en Madero la realidad es otra.
Y es que la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, los ambientalistas Javier Gómez y Guillermo Saucedo Gamiño sobrevivieron a tres ataques armados consecutivos, presuntamente orquestados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según la crónica publicada por Julio Santoyo Guerrero, integrante del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán y del Consejo Promotor de Área Natural Protegida en Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje, en El Zangarro, comunidad enclavada en la sierra, los disparos resonaron hasta el amanecer sin que una sola patrulla municipal apareciera, a pesar de que el lugar se encuentra a apenas cinco minutos de la cabecera.
Y es que el silencio institucional pesa más. Los ambientalistas aseguran que pidieron auxilio al alcalde Juan Carlos Gamiño, quien —según relataron— respondió que “no podía hacer nada porque no le obedecen los policías municipales”.
Entre los restos de los vehículos utilizados por los agresores, se habrían hallado documentos que apuntan a una presunta colaboración entre el ayuntamiento y el grupo criminal: pagos de gasolina, equipos tácticos y registros de movimientos.
El trasfondo, sin embargo, no es nuevo. Desde 2020, los defensores ambientales de Madero han sido objeto de amenazas, secuestros y campañas de difamación.
Lo que comenzó como una lucha por proteger los bosques y manantiales del municipio terminó convirtiéndose en un pulso por el control territorial, donde convergen intereses del crimen organizado, del negocio maderero y del propio poder municipal. El territorio, nuevamente, como botín de guerra.
Mientras tanto, las organizaciones locales y los propios habitantes exigen la destitución del alcalde y una investigación profunda sobre el uso de los recursos públicos. No se trata solo de un caso de omisión, sino de una estructura política que parece haberse fundido con la delincuencia.
En un país donde la defensa del medio ambiente se ha vuelto una actividad de riesgo —México ocupa año tras año los primeros lugares en agresiones contra ambientalistas—, lo que sucede en Madero es un espejo del colapso institucional que permite que la violencia avance allí donde el Estado retrocede.
Uruapan: entre el duelo y el poder, el relevo que deja la violencia
Vaya, vaya… en medio del dolor y la indignación, el municipio de Uruapan en Michoacán acaba de vivir un relevo abrupto que redefine, de un plumazo, los equilibrios políticos, territoriales y de poder.
Y es que el asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez el 1 de noviembre —en plena plaza pública y durante un evento festivo— evidencia que la violencia organizada sigue moldeando la geografía del mando local.
Y mientras el Estado insiste en planes de pacificación, la designación de su viuda como nueva alcaldesa cambia el tablero: Grecia Itzel Quiroz García asume el cargo como sustituta para el periodo 2024–2027, avalada por unanimidad en el Congreso del Estado de Michoacán.
De 35 años, licenciada en Ciencias Políticas (o Trabajo Social, según fuentes), madre de dos hijos, Quiroz García era hasta hace poco presidenta honoraria del DIF Municipal de Uruapan, un puesto asociado al bienestar social local.
Su llegada a la alcaldía —con el respaldo del movimiento independiente fundado por Manzo, conocido como Movimiento del Sombrero— expresa continuidad política en horas de crisis, pero también inaugura nuevas responsabilidades.
Quizá lo más simbólico fue su juramento: dijo venir “con el corazón destrozado” pero con la convicción de seguir la lucha de su esposo. “El legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca… el Movimiento del Sombrero no lo callaron”.
La nueva alcaldesa asume el mando en un escenario que combina tres tensiones críticas: Primero, seguridad y violencia organizada: su antecesor fue asesinado en un municipio clave para la agroindustria del aguacate y los cítricos, asediado por disputas entre el CJNG y otros grupos.
Segundo, gobernabilidad y legitimidad: que su nombramiento haya sido unánime en el Congreso revela tanto la urgencia de estabilidad como un sistema político que reacciona más que previene.
Tercero, continuidad o ruptura: está por verse si mantendrá la línea de Manzo o si optará por redefinirla. ¿Podrá “honrar el legado” sin repetir los errores que llevaron al choque?
Y es que no se trata solo del relevo de una persona, sino de un modelo territorial. Uruapan es epicentro de la agroindustria del aguacate y los recursos forestales; un nodo extractivo donde convergen crimen, corrupción y un Estado debilitado.
El nuevo gobierno municipal tendrá que decidir si continúa la ruta de confrontación con el narco o si hace otra forma de gobernabilidad local.
En clave de ecología política, este relevo muestra que incluso las expresiones “independientes” o de “movimiento social” terminan atrapadas en la lógica del territorio colonizado por el capital y la violencia.
No bastará con el gesto simbólico de “seguir la lucha”: se requerirá reconstrucción institucional, transparencia, reconocimiento comunitario y una gobernanza territorial efectiva.
¿Qué esperar? En los próximos meses convendrá observar tres aspectos: la investigación sobre el asesinato de Manzo: si habrá verdad o impunidad; las medidas que adopte la alcaldesa para desmantelar redes criminales y coordinarse con los gobiernos estatal y federal y el diálogo con actores sociales, económicos y políticos.
Porque, al fin y al cabo, la “nueva alcaldesa” no es un inicio, sino una intersección: entre violencia, jurisdicción, extractivismo y promesas de justicia. En Uruapan el tablero político cambia, pero el territorio sigue sobre un filo. Vaya, vaya…
La Conagua, “reformas” y “nueva” ley
Vaya, vaya… Los diputados federales continúan en la discusión de la supuesta nueva ley de aguas y las reformas a la ley neoliberal de 1992.
Y es que la nueva Ley de Aguas promete ser el parteaguas que reordene el mapa hídrico del país. Con más de 536 mil concesiones bajo su lupa, la Conagua se convierte en una especie de superintendente nacional del agua, con facultades ampliadas para fiscalizar, regular y —en teoría— garantizar un uso sustentable del recurso más disputado del siglo XXI.
El Estado busca recuperar control sobre el líquido, tras décadas en que las concesiones se volvieron un botín del desarrollo extractivo: agroindustrias, mineras y embotelladoras que convirtieron el agua en mercancía.
Y es que la medida llega en un momento de cuencas sobreexplotadas y conflictos territoriales por el agua desde el norte hasta el sur.
En este contexto, la promesa de una “gestión sustentable” puede sonar bien, pero también puede servir para reforzar el centralismo institucional y desplazar a comunidades que defienden el agua como bien común.
El anuncio de audiencias públicas aparece como un gesto de apertura, un intento de legitimar la reforma a través de la participación social. Pero habrá que ver si estas audiencias serán espacios reales de deliberación o simples escenografías consultivas.
Porque mientras se convoca al diálogo, siguen pendientes las demandas históricas de pueblos y comunidades que exigen reconocimiento a sus sistemas comunitarios de agua y al derecho al autogobierno sobre sus fuentes.
La Conagua, por su parte, enfrenta el reto de demostrar que no será juez y parte. Su historial de discrecionalidad en la entrega de títulos y su cercanía con los grandes usuarios la colocan bajo sospecha.
La nueva ley puede marcar un cambio, sí, pero también puede profundizar el mismo esquema de poder hídrico: más control desde arriba, menos autonomía desde abajo.
Lo que está en juego no es sólo quién administra el agua, sino qué modelo de país se sostiene con ella: uno que la reparte según las reglas del mercado o uno que la reconoce como derecho, territorio y vida. Porque el agua —como bien saben los pueblos que la defienden— no se gestiona sólo con decretos, sino con justicia ambiental y memoria.
Avance en tecnificación
Y mientras tanto, entre válvulas, tuberías y discursos de modernización, el Distrito de Riego Morelia–Queréndaro presume un 33% de avance en su tecnificación. En apariencia, se trata de un logro técnico: nuevas bombas, riego por goteo, aspersores y sensores que prometen hacer “más eficiente” el uso del agua. Pero detrás del lenguaje ingenieril late una pregunta incómoda: ¿tecnificar para quién y con qué propósito?
El proyecto, impulsado por Conagua, se presenta como ejemplo de sustentabilidad. Se afirma que el agua se aprovechará mejor, que habrá menos desperdicio y más productividad agrícola.
En el papel, suena impecable. Sin embargo, la tecnificación no es neutral: redefine el territorio y concentra el control del agua en quienes pueden pagar la infraestructura, dejando a los pequeños productores en el borde del sistema. Los tubos del progreso, como casi siempre, riegan más donde hay capital.
El 33% de avance es apenas una cifra, pero también un indicador de la ruta que sigue el campo mexicano: una transición hacia un modelo agrícola cada vez más dependiente de la tecnología y del financiamiento público-privado.
En nombre de la eficiencia, se impulsa una reconversión productiva que, si no se acompaña de justicia hídrica, puede terminar reforzando las desigualdades históricas del agro.
Porque tecnificar no basta si no se replantea la relación entre agua, tierra y poder. Sin capacitación real, sin participación de las comunidades y sin transparencia en la gestión, la tecnificación corre el riesgo de volverse un nuevo rostro del viejo extractivismo agrícola: el que exprime el agua del subsuelo para exportar frutos y ganancias, mientras las comunidades rurales siguen secas.
El Distrito Morelia–Queréndaro se vende como modelo replicable, pero el verdadero desafío es que ese modelo no repita los errores del pasado. Que el agua deje de ser sólo un insumo productivo y vuelva a ser lo que siempre fue: un bien común, un derecho y una base de vida.
La necedad del “desarrollo”
Vaya, vaya… esta semana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla ha dado el banderazo a la construcción del cuarto segmento del segundo anillo periférico de Morelia, con una inversión de 789.9 millones de pesos, casi ochocientos millones destinados a ensanchar la huella urbana y acelerar el tránsito motorizado en una ciudad que se expande sin detenerse a pensar en su propio límite.
El proyecto se presenta como una apuesta por la movilidad, pero en realidad forma parte de la vieja receta desarrollista que entiende el progreso en kilómetros de carretera y toneladas de concreto.
Se habla de descongestionar el centro, de mejorar la conectividad, de reducir tiempos de traslado. Sin embargo, detrás del discurso técnico se esconde el modelo de ciudad que prioriza el coche sobre el peatón, la infraestructura dura sobre los ecosistemas, y la inmediatez política sobre la planificación a largo plazo.
El segundo anillo periférico se vende como una obra estratégica, pero atraviesa territorios rurales y áreas que aún conservan valor ambiental. El impacto no será solo vial: implica modificar dinámicas de suelo, presionar zonas de recarga hídrica y fomentar la expansión inmobiliaria.
A cada nuevo tramo de asfalto le sigue una oleada de fraccionamientos y centros comerciales que devoran el paisaje y multiplican la dependencia del automóvil. Así, Morelia se moderniza mientras su entorno natural se convierte en periferia de sí mismo.
¿Qué sentido tiene hablar de sustentabilidad mientras se consolida una ciudad extendida, fragmentada y sedienta? El discurso del desarrollo sigue pavimentando el futuro sin detenerse a mirar los costos ecológicos y sociales de su propio avance.
Ramírez Bedolla busca dejar huella, y lo conseguirá: una huella de asfalto, visible desde el aire, imborrable para el suelo. En Michoacán, ¿el progreso aún se mide en metros lineales de carretera? Vaya, vaya…
El espejismo del agave: modelo mezcalero sostenible antes del despojo
Y mientras el agave se vuelve el nuevo atractivo del occidente mexicano, la Secretaría de Medio Ambiente abre conversaciones con “Tierra de Agaves”, una organización oaxaqueña que sabe bien lo que implica convertir una planta sagrada en mercancía global.
El propósito, dicen, es aprender de la experiencia oaxaqueña para promover la sostenibilidad del agave-mezcal en Michoacán, antes de que el auge mezcalero repita la historia del aguacate: riqueza para unos cuantos, erosión para todos.
La expansión del mezcal ha traído consigo la ilusión del desarrollo rural, pero también la sombra de la deforestación, el acaparamiento de tierras y la pérdida de variedades silvestres.
En nombre de la tradición y del mercado, el paisaje agavero ha comenzado a homogeneizarse, desplazando los saberes campesinos que por siglos mantuvieron el equilibrio entre cultivo y monte.
“Tierra de Agaves” llega, pues, como una suerte de espejo: Oaxaca ya recorrió ese camino y conoce los límites del discurso de la “sustentabilidad” cuando esta se queda en el papel.
Michoacán tiene hoy la oportunidad —y el riesgo— de construir su identidad mezcalera en un contexto donde la etiqueta “artesanal” se vende más rápido que la conciencia ambiental.
Las buenas intenciones oficiales suenan bien: manejo de residuos, conservación del agave silvestre, uso eficiente del agua. Pero lo que está en juego va más allá de la técnica: se trata de definir qué modelo rural se quiere promover y quiénes se benefician realmente del “boom” del mezcal.
Porque si algo enseña la historia oaxaqueña es que la sustentabilidad no se decreta desde los despachos, se cultiva con las comunidades. Sin participación campesina real, sin protección del territorio frente al capital extractivo y sin respeto a los tiempos del agave —que no son los del mercado—, cualquier intento de sostenibilidad será solo un brindis simbólico.
Mineras canadienses y el greenwashing
Vaya, vaya… ahora resulta que las mineras canadienses también quieren salvar al planeta. Con el sello de “minería sustentable” bajo el brazo, varias de estas empresas intentan convencernos de que su modelo extractivo puede ser verde, responsable y amigable con la naturaleza.
Pero detrás del discurso del “progreso con responsabilidad” se asoma, una vez más, el viejo truco del greenwashing: un lavado de imagen para una industria que vive del despojo, la contaminación y la simulación. Así lo denuncian desde Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Y es que el nuevo “estándar de sustentabilidad” nace de las propias mineras, no de procesos participativos ni de evaluaciones independientes. Los mismos actores que drenan ríos, desmontan bosques y desplazan comunidades ahora redactan sus propias reglas para seguir operando con impunidad, solo que esta vez con un barniz ecológico. Lo llaman autorregulación; en realidad es un blindaje simbólico ante las crecientes críticas sociales y ambientales.
Mientras tanto, los impactos de la minería —oro, plata, cobre, litio, da igual el metal— siguen siendo devastadores: suelos arrasados, acuíferos contaminados, deforestación acelerada y comunidades fracturadas.
Las organizaciones que han denunciado este estándar señalan lo obvio: no existe tal cosa como minería sustentable. Extraer implica destruir, y el mito de la “transición verde” minera solo cambia el color del extractivismo, no su lógica de fondo.
El caso no es menor para México, país donde las mineras canadienses operan con notable comodidad y con un historial de conflictos socioambientales. Que hoy busquen imponer un estándar propio no debería sorprender, pero sí alarmar: sustituir la regulación pública por certificaciones privadas es entregar el control de los bienes comunes a los mismos intereses que los agotan.
Así, mientras en los foros internacionales se habla de “responsabilidad corporativa”, en los territorios se impone la realidad de siempre: la tierra herida, el agua envenenada y las comunidades resistiendo. Lo que las mineras llaman sustentabilidad, las comunidades lo viven como supervivencia.
Concluyen mesas de consulta rumbo a la revisión del T-MEC en 2026
Y mientras en el norte del continente se recalientan las tensiones comerciales, en México la Secretaría de Economía intenta construir algo parecido a un consenso nacional rumbo a la revisión del T-MEC.
Y es que durante octubre, la dependencia abrió mesas de diálogo con 30 sectores productivos y actores estratégicos en los 32 estados del país, un ejercicio que —según presume el secretario Marcelo Ebrard— “no tiene precedentes”. Pero la pregunta que flota entre economistas y trabajadores es inevitable: ¿consulta o simulacro?
En los hechos, más de dos mil cuestionarios estatales y quinientos adicionales de representantes empresariales fueron recopilados para delinear la postura que el gobierno presentará a la presidenta y al Senado en enero de 2026.
Es, en apariencia, un proceso de apertura y transparencia. Sin embargo, el contexto no es menor: el T-MEC entra en su primera gran revisión desde su entrada en vigor, y lo hace en medio de disputas energéticas, tensiones laborales y la eterna asimetría frente a Estados Unidos y Canadá.
El discurso oficial insiste en que esta vez se busca una negociación “integral” que refleje los intereses nacionales. Pero, como en cada revisión de tratados, los “intereses nacionales” suelen parecerse demasiado a los intereses del gran capital exportador.
Las mesas incluyeron sectores tan diversos como la minería, la agroindustria, la energía, los textiles o la economía circular. Sin embargo, brillan por su ausencia las voces campesinas, ambientalistas o de comunidades afectadas por megaproyectos y cadenas extractivas, precisamente las que cargan con los costos socioambientales del libre comercio.
El ejercicio de consulta, acompañado de un micrositio y foros sindicales coordinados con la Secretaría del Trabajo, podría ser un avance hacia una negociación más democrática. Pero también podría ser, como tantas veces, una coreografía institucional para legitimar decisiones ya tomadas.
La historia del libre comercio en México —del TLCAN al T-MEC— está llena de promesas de prosperidad que terminaron en precarización, despojo y concentración de riqueza.
Y es que detrás del lenguaje técnico de las “revisiones de capítulos”, lo que está en juego es el modelo de país: ¿seguirá México atado a un esquema extractivista y dependiente, o podrá usar esta revisión para impulsar una transición productiva más justa y sustentable? Vaya, vaya…
La brecha del poder climático
Vaya, vaya… diez años después del Acuerdo de París, el mundo sigue corriendo detrás de sus propias promesas. El nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lo dice sin rodeos: la acción climática avanza, sí, pero en dirección equivocada.
En 2024, las emisiones globales alcanzaron 57.7 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, un aumento del 2.3% respecto al año anterior. Dicho de otro modo: cada cumbre climática trae nuevos compromisos, pero el termómetro sigue subiendo.
Según el reporte, con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) actualmente vigentes, el planeta se encamina hacia un calentamiento de entre 2.5 y 2.9 °C para finales de siglo, muy lejos del límite de 1.5 °C que el Acuerdo de París fijó como meta para evitar los peores escenarios climáticos. Apenas 60 países, responsables del 63% de las emisiones globales, han presentado planes actualizados rumbo a 2035. Los demás, simplemente no están haciendo lo suficiente.
El PNUMA lanza una advertencia que ya se vuelve estribillo: cada año sin acción decidida multiplica los costos, las pérdidas y los riesgos para las personas y los ecosistemas.
Pero el diagnóstico técnico encubre una verdad política: la brecha de emisiones no es solo de carbono, sino de poder. Las potencias siguen posponiendo su transición energética mientras los países del Sur cargan con los impactos de sequías, incendios y desplazamientos climáticos.
La receta está sobre la mesa desde hace tiempo —acelerar la transición energética, eliminar gradualmente los combustibles fósiles, fortalecer las NDC y financiar la adaptación—, pero la inercia del modelo fósil sigue pesando más que las declaraciones.
En lugar de reducirse, la brecha se ensancha entre los compromisos climáticos y las políticas reales, entre el discurso de las cumbres y la economía que sigue girando al ritmo del petróleo y el gas.
A una década del gran acuerdo que prometía “cambiarlo todo”, el mundo parece instalado en la contradicción: reconocer la urgencia sin alterar la estructura. Porque la verdadera brecha —más que de emisiones— es la que separa la conciencia del poder, la ciencia de la política, y la palabra de la acción.
México presenta su NDC 3.0 y busca un “liderazgo ambiental humanista” en la agenda global
Vaya, vaya… ahora México busca llevar al G7 un “liderazgo ambiental humanista”. La secretaria Alicia Bárcena lo presentó como la apuesta de una nación que pretende colocarse en el mapa de las potencias climáticas con conciencia social, un discurso que suena tan ambicioso como necesario en tiempos donde la sustentabilidad se ha vuelto moneda retórica de los gobiernos.
La idea —poner a las personas y no solo al carbono en el centro de las políticas— busca reconciliar lo ambiental con lo social, recordando que la transición verde sin justicia es solo otro nombre para el despojo.
El anuncio no llega aislado. Hace apenas unos días, en la plenaria de líderes de la COP30 en Brasil, Bárcena presentó la NDC 3.0, la nueva hoja de ruta climática de México, en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum. Allí habló de una verdad “incontestable”: el cambio climático no distingue fronteras ni ideologías, y la acción climática —dijo— debe ser una convicción generacional.
En ese marco, México se comprometió a alcanzar un máximo de emisiones netas entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente, una reducción superior al 50% respecto al escenario tendencial.
La NDC 3.0 incluye cinco ejes —mitigación, adaptación, pérdidas y daños, medios de implementación y temas transversales— y promete acelerar la descarbonización bajo un modelo “más justo e incluyente”.
Y, sin embargo, el gesto tiene algo de paradoja. México habla de justicia ambiental en los foros globales mientras enfrenta en su propio territorio deforestación acelerada, crisis hídrica y conflictos socioambientales que rara vez llegan a las mesas de decisión.
¿Puede un país que no logra frenar la contaminación de sus ríos ni la expansión del extractivismo minero asumir un liderazgo climático creíble?
El reto de Bárcena es convertir ese discurso en acción concreta, con políticas que atiendan la desigualdad ecológica interna, fortalezcan la gobernanza ambiental y desmonten las inercias de un modelo económico que sigue dependiendo de los combustibles fósiles y los megaproyectos.
El concepto de “liderazgo humanista” podría, si se toma en serio, marcar distancia del tecnocratismo verde del Norte Global, que convierte la crisis climática en un mercado de bonos y promesas de compensación.
Un liderazgo ambiental desde el Sur debería insistir en la deuda ecológica de los países industrializados, en un financiamiento climático justo y en el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades rurales como actores políticos fundamentales, no como simples guardianes del paisaje.
Hay que recordarle a Alicia Bárcena que un liderazgo ambiental humanista no se mide en los aplausos de las cumbres se mide en el territorio. Vaya, vaya…
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #45: del 3 al 9 de noviembre de 2025
¡Hasta la próxima semana!
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