Durante la semana, los discursos oficiales sobre paz, sustentabilidad y gobernanza chocaron frontalmente con la realidad política y territorial: el Plan Michoacán se estrenó entre despliegues federales, reacomodos de poder y un empresariado que huele oportunidad más que pacificación, mientras defensores ambientales huyen a los montes perseguidos por el crimen ante la indiferencia de todas las instancias de gobierno; al mismo tiempo, Conagua presume avances del Plan Integral del Edomex mientras en Michoacán su delegación permanece inmóvil, los agricultores enfrentan incrementos de hasta 600% en tarifas eléctricas para riego y la apertura arancelaria al aguacate profundiza la presión sobre bosques y acuíferos.
En el plano internacional, la COP30 repite exclusiones estructurales al hablar de la Amazonía sin sus pueblos mientras Michoacán exhibe su propio greenwashing con plataformas satelitales y certificaciones que no frenan la expansión depredadora en territorio; y en el tablero global, la ONU advierte riesgo de hambruna en 16 países como síntoma de un modelo agroalimentario roto. En conjunto, las notas revelan un país donde las políticas públicas se anuncian con épica, pero en el territorio la violencia, el extractivismo y la desigualdad siguen marcando el rumbo.
El (resumen) Semanal: Semana #46: del 11 al 15 de noviembre de 2025
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #46: del 11 al 15 de noviembre de 2025

El (resumen) Semanal: Semana #46: del 11 al 15 de noviembre de 2025
Por: en15dias.com

La seguridad de Michoacán al son del cambio constante
La seguridad en Michoacán volvió a girar este domingo, pero no necesariamente hacia donde el gobierno presume. Con el nombramiento de José Antonio Cruz Medina al frente de la SSP y la llegada de Ramsés Adalid Vega Sayabedra a la Subsecretaría de Operación Policial, la administración estatal presenta estos movimientos como un “fortalecimiento” del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
En realidad, la jugada se parece más a un intento por consolidar una coordinación federal-estatal que, pese a los discursos, no ha logrado alterar la geografía de violencia que se mantiene prácticamente intacta desde hace más de una década.
Cruz Medina llega con un perfil robusto: inteligencia, operaciones tácticas, trayectoria en Guardia Nacional, Policía Federal, unidades antisecuestro y un pasado inmediato como vicefiscal. Es, en teoría, el tipo de cuadro que se supone necesario cuando un estado intenta ordenar la multiplicidad de actores armados que lo atraviesan. Pero también encarna un modelo que Michoacán ya ha ensayado varias veces: una apuesta tecnocrática por la inteligencia operativa sin un replanteamiento serio del fondo del problema.
El Plan Michoacán prometió pacificación, pero la realidad es que opera con una estrategia heredada—más policía especializada, más articulación con la Federación, más ajustes administrativos—y menos transformación estructural del territorio, la economía ilícita y las redes político-empresariales que alimentan la violencia.
La llegada de Vega Sayabedra, con su experiencia militar, de disciplina y operación táctica, confirma la ruta: el gobierno afianza mandos que privilegian la capacidad de reacción y la profesionalización operativa. Pero la apuesta, aunque necesaria, es insuficiente si no toca los intereses que históricamente han hecho del caos un negocio.
Políticos, empresarios, caciques regionales y estructuras criminales han sabido adaptarse a cada reacomodo en la SSP.
El problema no ha sido la falta de currículum en los titulares, sino la ausencia de voluntad para confrontar las complicidades que permiten que los mismos grupos sigan administrando territorios, economías y vidas.
Michoacán no necesita solo nuevos mandos: necesita un Estado que deje de simular que pacifica mientras convive con lo que dice combatir.

PLAN MICHOACÁN: PAZ ¿Y NEGOCIO EN LA PRÁCTICA?
El Plan Michoacán nace como la gran apuesta de la autollamada “Cuarta Transformación” para “pacificar” el estado: coordinación federal-estatal, reforzamiento de la seguridad, obras estratégicas y derrama económica.
En el papel, la estrategia promete reconstruir el territorio desde el “bienestar” y la “justicia”. En la práctica, sin embargo, el despliegue inicial ha dejado ver cómo políticos y empresarios se mueven alrededor del plan como zopilotes sobre un cadáver fresco: listos para enclavar sus proyectos, asegurar contratos y convertir la pacificación en una oportunidad de negocio más que en una política pública orientada a la gente.

Harfuch llega, supervisa… y manda mensaje
La visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue el primer acto fuerte del gobierno federal para mostrar músculo. Reuniones con mandos, evaluación de despliegues, recorridos y discursos sobre recuperar territorios. El mensaje oficial es claro: orden, coordinación y presencia del Estado.
Pero el mensaje político fue otro: el Plan Michoacán ya no es solo un programa, sino un banderazo nacional que atrae reflectores, capital político y reacomodo de fuerzas.
La visita de Harfuch abrió la puerta para que distintos grupos —desde gobiernos municipales hasta empresarios con vieja cercanía al poder— empezaran a moverse para posicionarse como “aliados estratégicos” del proyecto.

Empresarios: ¿socios para la paz o zopilotes de oportunidad?
Y en este plan, comenzaron a alinearse cámaras empresariales, corporativos regionales y viejos grupos económicos que históricamente han presionado por obras, permisos y concesiones.
Hoy, la narrativa oficial de “pacificar a través del desarrollo” les cayó como anillo al dedo: inversión, infraestructura, turismo, conectividad, servicios, electrificación y digitalización… cada eje representa una veta de negocio.
Más que preguntar cómo se va a pacificar Michoacán, varios empresarios ya preguntan cómo integrarse: ¿Qué obras?; ¿Qué contratos?; ¿Qué proveedoras?; ¿Qué regiones serán prioritarias?; ¿Qué dependencias manejarán los recursos?
En un estado donde la obra pública y los permisos siempre han sido terreno de disputa, la cercanía repentina de grupos económicos al plan despierta sospechas: ¿realmente buscan reconstruir el tejido social o simplemente asegurar su lugar en la repartición de proyectos?
Y es que esa es la pregunta: ¿Paz o negocio? El Plan Michoacán se vende como una estrategia integral: seguridad reforzada, intervención territorial, inversión federal y obras sociales para reducir desigualdad.
Pero la forma en que se ha movido el tablero muestra otra lectura: políticos reposicionándose, empresarios acercándose, dependencias buscando protagonismo, proyectos apareciendo en zonas “estratégicas” y una narrativa que mezcla seguridad con desarrollo sin establecer límites claros.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿realmente les interesa la paz o la paz solo funciona como pretexto para mover dinero, contratos, permisos y proyectos que en otro contexto serían cuestionados?
Si el objetivo fuera pacificar, el centro serían las comunidades, las víctimas, los territorios violentados y las rutas de protección. Pero hasta ahora, quienes se han incluido en los acuerdos no son las comunidades: son los actores políticos y económicos que ven en el plan una oportunidad para expandir influencia, negocio y presencia territorial.
Michoacán no necesita un nuevo reparto de obras; necesita un proyecto que ponga a las personas antes que los intereses. Entonces ¿pacificación real o negocio disfrazado de pacificación? Vaya, vaya…

“NOS DEJARON SOLOS”
Vaya, vaya… mientras el discurso oficial presume estrategias de seguridad, “coordinaciones interinstitucionales” y mesas de gobernanza, en los territorios la realidad se escribe con balas, con desplazamientos forzados y con un silencio gubernamental que pesa más que cualquier amenaza.
Ahí, en la sierra al sur de Morelia, donde los bosques todavía resisten y el agua aún corre entre lomas resinadas por generaciones, un ambientalista denunció lo que el Estado no quiere escuchar: la defensa del bosque se ha vuelto una sentencia de muerte.
Él lo dice sin adornos: se dedicó toda su vida a cuidar el monte, a vigilar que no lo tumbaran, que no saquearan el agua, que las comunidades no perdieran los pocos recursos que todavía son propios.
Creyó —como creen tantos— que el trabajo honesto lo protegería, que al defender los bienes comunes el gobierno lo vería como aliado. Pero lo que recibió fue lo contrario: amenazas desde 2020, intentos de secuestro, atentados y ahora un ultimátum firmado por grupos criminales que operan con total conocimiento de las autoridades.
El jueves por la noche, hombres armados balearon la casa de su familia. Luego llegó un convoy más grande, decidido a sacarlo de su propio hogar. Sin armas, sin respaldo y sin más defensa que el conocimiento del monte, huyó al bosque. Desde entonces no ha podido volver: perdió el rancho, perdió la casa, perdió sus animales y su sustento. La sierra que cuidó se convirtió en su único refugio.
Lo más grave, dice, no es solo el ataque, sino la indiferencia. La 21 Zona Militar, el Gobierno del Estado, la Fiscalía, la Guardia Nacional: todos recibieron informes, solicitudes, peticiones de ayuda. Ninguno respondió. Cuando finalmente alguien llegó, fue de madrugada, cuando él ya ni quería salir por miedo a que fueran los mismos agresores. En su propio territorio, la única constante ha sido la ausencia del Estado.
Su caso no es aislado. Habla de resineros desaparecidos, mezcaleros asesinados, ganaderos desplazados y comunidades enteras expulsadas por la violencia. La lista crece, mientras los grupos criminales expanden su control sobre el agua, la madera, la tierra y hasta la vida.
Hoy, él no sabe a qué gobierno acudir. No sabe si Ramírez Bedolla lo escuchará, si Claudia Sheinbaum atenderá el llamado, o si Torres Piña —a quien conoció desde hace años— moverá un dedo por quienes defienden el bosque.
Lo único cierto es que ni los gobiernos anteriores ni los actuales han frenado la violencia que se cierne sobre los comités de defensa ambiental de Madero, Loma del Sauz, El Zangarro, Maravillas y toda la sierra hasta San Miguel del Monte donde también han exisitido amenazas.
Recibió un ultimátum. Cualquiera de los dos cárteles que disputan la región puede matarlo “primero”. Lo dice con la resignación de quien ya vio caer a muchos, con la voz quebrada de quien sabe que la vida se le reduce a correr y esconderse entre los pinos que un día defendió por convicción, no por sobrevivencia.
“Ya no tengo casa, ya no tengo rancho, ya no tengo dónde trabajar. Lo único que me queda es el monte”, dice. Y aun así, pide algo elemental: que el gobierno escuche. No dinero, no privilegios, no cargos. Solo que alguien atienda la emergencia que se vive en la sierra michoacana.
Su testimonio es un golpe a la narrativa oficial: la violencia no es una estadística, es una vida arrancada del territorio, es un defensor perseguido por proteger el agua y el bosque que son de todos. Y mientras los gobiernos se reparten discursos y los criminales se reparten la tierra, los ambientalistas están amenazados de muerte.
La pregunta queda en el aire, incómoda, urgente: ¿Cuántos más tienen que huir al monte para que el Estado mire hacia la sierra? ¿Cuántos más deben morir para que la defensa del territorio deje de ser una condena?

PLAN INTEGRAL DEL EDOMEX ¿MODELO A SEGUIR?
Vaya, vaya… la Conagua avanza en el Plan Integral para el Estado de México y cave preguntarnos ¿ será el modelo para los otros estados?
Y es que la Comisión Nacional del Agua esta vez no solo anunció, sino que ejecutó: en 2025 reportó inversiones por casi 2,600 millones de pesos en 137 acciones del Plan Integral para el oriente del Edomex.
Son obras duras —perforaciones, rehabilitación de pozos, cárcamos y drenaje— que representan aproximadamente el 35% del presupuesto total previsto, cerca de 7,400 millones. Ese porcentaje marca una diferencia importante: el plan dejó de ser una presentación ejecutiva.
La dependencia presume que la infraestructura mayor quedará lista en 2028, ya veremos. Sin embargo, lo que si hay que decir es que con esos planes, el discurso institucional adquiere otro peso político: las metas están calendarizadas y dan estructura a lo que durante años fueron promesas sin plazos para el Estado de México.
Mientras tanto, en otros estados , tanto gobernadores, alcaldes y la propia Conagua hablan de coordinación y priorización para colonias vulnerables, donde las fallas de suministro son la regla.

¿Para cuando Michoacán? Y lo preguntamos porque desde hace 11 meses, desde que entró Roberto Arias a la Conagua Michoacán, sólo ha habido fotos y reniones sin que se vea en realidad el trabajo en el territorio. ¿andará dormido el funcionario federal o estará midiendo los intereses a los que se puede enfrentar y prefiere ser omiso?
Y es que debajo de la narrativa institucional de avance se mueven viejas sombras e intereses: la expansión urbana sin control sigue presionando los acuíferos, mientras que las tomas clandestinas y la tecnificación del riego mantienen un consumo creciente.
Los especialistas insisten en lo mismo: sin políticas de recuperación y control real en el uso del agua en el país, las obras terminan parchando el modelo, no transformándolo.
El reto, entonces, no es solo que el plan avance, sino que modifique la gobernanza del agua y que sea un ejemplo y modelo de la política hídrica en otros estados. Pero si este despliegue financiero no deriva en una gestión equitativa y participativa, lo construido será otro episodio de infraestructura que luce bien en informe, pero no cambia la estructura extractiva que devora al país.

ELIMINAN ARANCELES AL AGUACATE MICHOACANO
Estados Unidos eliminó aranceles a varios productos agropecuarios, entre ellos el aguacate mexicano. La medida dinamiza exportaciones y mejora competitividad para grandes productores de frutales y hortalizas. El mercado se abre, y con él, la posibilidad de subir volumen y ganancias.
Pero en el campo mexicano la lectura es más compleja: la demanda exportadora presiona tierra, agua y bosques. En estados como Michoacán, donde las huertas de aguacate ya han desplazado ecosistemas y sobreexplotado acuíferos, el aumento de exportación puede profundizar la crisis socioambiental.
Además, la apertura beneficia desproporcionadamente a grandes empresas con capacidad de escalar producción, mientras los pequeños productores quedan marginados. La brecha entre agricultura industrial y comunitaria se ensancha, alimentada por las mismas políticas comerciales que prometen “bienestar”.
El anuncio, en suma, es una oportunidad comercial, sí, pero también un riesgo ecológico y social. Si México quiere que la ventaja arancelaria no se convierta en catástrofe hídrica, necesita políticas de regulación, redistribución y protección del territorio. ¿para cuándo?

HABLAN DE LA AMAZONÍA SIN LA AMAZONÍA
Vaya, vaya… resulta que en la COP30, ese gran escaparate mundial donde se supone que el planeta se juega el futuro, los pueblos indígenas volvieron a ser invitados de piedra: suficientes para la foto, insuficientes para la toma de decisiones.
Y es que como siempre, se habla de sus territorios, se negocia sobre sus bosques, se promete “proteger” su casa común, pero a la hora buena las puertas de la discusión real —la famosa zona azul, ese Olimpo diplomático— se cierran, se restringen, se reservan para los de siempre: gobiernos, corporaciones, delegaciones con recursos y diplomacias profesionales.
Y mientras tanto, la Amazonía sigue siendo tratada como mercancía en disputa: se negocia cuánto vale su carbono, cuántos créditos se pueden vender, qué infraestructura se puede levantar, cuánta extracción puede disfrazarse de “transición verde”.
Todo eso ocurre mientras quienes han cuidado esos territorios durante siglos —y que pagan con su vida la defensa de estos— quedan relegados a campamentos, foros paralelos y protestas en la entrada del evento.
Como si fuera poco, cuando intentan entrar para ser escuchados —no para invadir, no para sabotear, sino para ejercer el derecho básico de hablar sobre su propia casa— la seguridad responde como si se tratara de un enemigo interno.
Los acusan de irrumpir, de bloquear, de “perturbar” las negociaciones. Pero ¿qué negocian exactamente sin ellos? ¿Qué legitimidad tiene un acuerdo climático que discute la Amazonía sin amazónicos, que regula territorios indígenas sin indígenas?
Y es que el extractivismo del siglo XXI ya ni siquiera necesita excusas: se envuelve en lenguaje verde, en fondos climáticos, en gobernanza global. Se presentan megaproyectos como “soluciones”, minas como “transición”, hidroeléctricas como “energía limpia”.
Todo con el mismo patrón: decidir desde arriba, imponer desde afuera, lucrar desde lejos. La COP30 prometía ser distinta por celebrarse en Belém, en el corazón amazónico; pero la geografía no cambia la estructura de poder.
Los pueblos indígenas no quieren aplausos ni permisos temporales para desfilar en la zona verde. Quieren lo esencial: ser parte de las decisiones que definen el destino de sus tierras. Quieren un lugar en la mesa donde se discute el futuro de la selva, de sus ríos, de sus vidas. Quieren que la palabra “participación” deje de ser un eslogan y se convierta en práctica.
Mientras la COP celebra “avances” y redacta “acuerdos”, ellos siguen afuera, recordándonos —una vez más— que no existe justicia climática sin justicia territorial. Porque sin ellos no habrá Amazonía.

MICHOACÁN PRESENTA SU GREENWASHING EN LA COP30
Y en la misma reunión internacional y supuestamente ambiental que está sirviendo para pulir las narrativas greenwashing, Michoacán llegó a la COP30 con dos banderas: el sistema Guardián Forestal —una plataforma de monitoreo satelital y alertas de deforestación y cambio de uso de suelo— y la certificación ProForest Avocado, que promete trazabilidad forestal para la agroindustria del aguacate. Una apuesta por una narrativa de “producción verde”.
El gobierno estatal ha asegurado que tecnología y certificación permitirán conservar bosques y, al mismo tiempo, impulsar la economía. Pero ya lo hemos dicho, con evidencias en reportajes y columnas, que la tecnificación no detiene por sí sola la expansión de huertas ni garantiza respeto a los derechos comunitarios.
Hay que decirlo claro: Ya hay un riesgo de que estas dos banderas de la “sustentabilidad”, que quiere impulsar el notario público con licencia Alejandro Méndez López desde la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, se conviertan en vitrinas internacionales sin impacto real en territorio.
Y es que la vigilancia satelital necesita políticas de restauración, participación comunitaria y redistribución de beneficios para que no sea solo un mapa bonito.
Presentar estos avances en la COP30 eleva el perfil internacional del estado, pero también su responsabilidad: las promesas globales deben cumplirse en el terreno local. Si no, serán solo diplomacia ambiental sin raíces.
ONU ADVIERTE POSIBLE HAMBRUNA EN 16 PAÍSES
La ONU alertó que al menos 16 países enfrentan riesgo severo de hambruna, debido a conflictos, crisis climática y presiones económicas. Es una advertencia que desnuda la fragilidad de los sistemas agroalimentarios globales.
El informe indica que los sistemas alimentarios actuales no solo son insostenibles ambientalmente, sino también vulnerables a choques políticos y financieros. El hambre es síntoma de un modelo roto, no solo de una mala temporada.
Además, la ONU subraya que el financiamiento climático está mal distribuido: solo una fracción mínima llega a transformar la agricultura, mientras otros sectores absorben la mayor parte de los recursos. Es una asimetría que bloquea cualquier transición real.
Para México, el mensaje es doble: fortalecer soberanía alimentaria y proteger a los productores más vulnerables. La seguridad alimentaria ya no es solo agenda nacional, sino parte de la diplomacia climática.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto.
¡Hasta la próxima semana!
El (resumen) Semanal: Semana #46: del 11 al 15 de noviembre de 2025
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