Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #47: del 16 al 23 de noviembre de 2025.
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #47: del 16 al 23 de noviembre de 2025.
El (resumen) Semanal: Semana #47: del 16 al 23 de noviembre de 2025
Por: en15dias.com
TEMPORADA DE MARIPOSA MONARCA
Vaya, vaya, que la temporada de hibernación de la mariposa monarca llega con fanfarrias oficiales, discursos bien medidos y un telón de fondo que nunca cambia: la fragilidad de un fenómeno natural que sobrevive, más que por la voluntad gubernamental, por la terquedad de las comunidades que resguardan los bosques.
Y mientras Semarnat, Conanp y el gobierno de Michoacán celebran en Sierra Chincua la apertura 2025-2026, lo cierto es que cada año este ritual se parece más a un recordatorio de que el corredor migratorio entre Canadá, Estados Unidos y México depende de vasos comunicantes que incluyen políticas serias, freno al extractivismo y, sobre todo, territorios vivos.
Porque detrás de las palabras de la secretaria Alicia Bárcena —esa insistencia en la “cero tala clandestina” y la necesidad de reforzar la protección en las zonas de amortiguamiento— se revela la tensión permanente entre la narrativa de conservación y las presiones reales sobre los bosques. No olvidemos que el modelo de desarrollo dominante sigue empujando expansión agrícola, tala hormiga y proyectos turísticos que, si no se regulan con rigor, terminan erosionando justo aquello que dicen proteger. Sin los 121 núcleos agrarios que han puesto el cuerpo para defender el oyamel, la Reserva de la Biósfera no sería más que una buena intención consignada en decretos federales.
Y mientras tanto, el discurso turístico intenta ordenar el caos: infraestructura verde, promoción permanente, “siete regiones” como mantra y una promesa de sostenibilidad que, en el territorio, siempre tendrá que medirse en impactos concretos.
El gobernador Ramírez Bedolla insiste en que la conservación es prioridad, pero la historia reciente de Michoacán recuerda que esa prioridad debe traducirse en vigilancia real, presupuesto suficiente y coordinación con los propios ejidos, no sólo en ceremonias inaugurales.
De su lado, el comisionado de la Conanp, Pedro Álvarez-Icaza, recalca el valor internacional del fenómeno migratorio, y sin duda lo es; pero la verdadera prueba vendrá en la capacidad institucional para sostener el monitoreo, enfrentar amenazas y mantener alianzas transfronterizas en tiempos de crisis climática.
Como si fuera poco, la electrificación subterránea presentada en Sierra Chincua aparece como símbolo de un intento por conciliar turismo y protección ecológica, evitando impactos visuales y riesgos para el ecosistema. Sin embargo, toda obra dentro de zonas de alta sensibilidad ambiental exige un escrutinio constante: que no se convierta en la puerta de entrada para infraestructura más agresiva o para un turismo masivo que altere la capacidad de carga del bosque.
El Código de Turista Responsable —no tocar mariposas, no usar flash, no llevar gel antibacterial, limitar la estancia a 18 minutos— es correcto, pero insuficiente si no va acompañado de reglas claras para operadores turísticos, transportistas y autoridades locales.
Los cuatro santuarios, abiertos hasta el 31 de marzo de 2026, recuerdan que este territorio compartido entre Michoacán y el Estado de México resguarda cerca del 70% de la población de monarca en hibernación.
Un tesoro biológico cuyas raíces se hunden entre bosques comunitarios que resisten, instituciones que deben recomponerse y un país que, si quiere honrar este patrimonio mundial, tendrá que superar la visión extractivista que ha colocado al territorio al borde del colapso.
Y es que la temporada inicia una vez más, no por los discursos, sino por el trabajo cotidiano de quienes habitan el bosque, vigilan senderos, gestionan paradores y sostienen, con esfuerzo y memoria, uno de los fenómenos migratorios más extraordinarios del planeta.
RÍO LERMA: REHABILITACIÓN A GOTAS MIENTRAS LA CONTAMINACIÓN SIGUE
Vaya, vaya… El gobierno de Michoacán presume avances en la rehabilitación del Río Lerma en La Piedad, un tramo castigado durante décadas por descargas industriales, drenajes municipales y omisiones institucionales que todos conocen, pero pocos admiten. Hoy, el discurso oficial promete una restauración “integral” del cauce, mientras la realidad recuerda que el Lerma no se deterioró solo: lo dejaron morir entre permisos laxos y vigilancia simbólica.
Las autoridades anuncian limpieza del cauce, reforestación y obras para tratamiento de aguas. Suena bien, pero el Lerma carga una losa histórica: cada administración ha intentado un rescate sin tocar a fondo a las industrias que descargan residuos o a las redes municipales que siguen vertiendo aguas negras sin tratamiento. El anuncio, sin esa confrontación, huele más a cosmética que a saneamiento verdadero.
El río es crucial para la región: sustenta agricultura, ganadería y vida cotidiana. Por eso, la rehabilitación no puede quedarse en bordos pintados y retroexcavadoras en pose fotográfica. La falta de inspección a las descargas, el olvido de las microcuencas y la ausencia de monitoreo ciudadano han convertido cada “rescate” en un parche que dura lo que dura un sexenio.
Aun así, el proyecto podría dar resultados si se acompaña de algo inusual en los gobiernos estatales: continuidad real. Sin una política pública que supere los tiempos electorales y obligue a empresas y municipios a cumplir normas ambientales, el Lerma seguirá siendo el mismo río enfermo al que cada administración promete curar.
Ley General de Aguas, iniciaron las audiencias públicas
La iniciativa presidencial para expedir la nueva Ley General de Aguas avanza en medio de aplausos, dudas y tensiones acumuladas durante décadas. Las audiencias públicas en la Cámara de Diputados han reunido a especialistas, pueblos originarios, activistas, empresarios y académicos que saben que, en México, la ley del agua define algo más que distribución del recurso: define poder.
El proyecto promete garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la gestión pública y proteger ecosistemas. Sobre el papel, es la reforma que el país necesita desde hace más de veinte años. Pero el reto está en cómo pasar del discurso a una aplicación que no se quiebre ante intereses económicos, presiones locales y viejas estructuras de corrupción hídrica.
En las audiencias, los reclamos se repiten: participación real de comunidades, fin de concesiones opacas, protección de acuíferos, y sanciones efectivas para quien contamine o robe agua. La demanda es clara: se acabó el modelo donde unos cuantos controlan el recurso y miles padecen escasez.
El Congreso recibe propuestas, pero también cargas políticas. La nueva ley será tan fuerte como la voluntad del Estado para hacerla cumplir. Si queda llena de excepciones y discrecionalidades, será otra oportunidad desperdiciada en un país que está entrando de lleno en la crisis hídrica más severa de su historia.
México necesita una ley que no tiemble ante mineras, refresqueras, gobiernos municipales ni cacicazgos regionales. Veremos si esta vez el agua corre hacia donde debe: hacia la gente, no hacia los intereses.
POLO ECONÓMICO EN URUAPAN, RECONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO
Vaya, vaya… el anuncio de los polos económicos en Uruapan y Zinápecuaro no llega en un vacío: es una extensión muy concreta del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo borrador ya ha sembrado más preguntas que certezas. Tal como señala la editorial de en15días, este plan no es solo un programa de seguridad; es una estrategia para redefinir quién controla el territorio, cómo se ordena y qué modelo de desarrollo se impone.
En este escenario, Uruapan reaparece con un nuevo disfraz. Tras años de violencia extrema —que incluyó el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un punto de inflexión simbólico en la narrativa oficial— la ciudad se proyecta ahora como epicentro de un polo agroindustrial de aguacate.
Y es que esta semana en sus redes sociodigitales comenzo a cacarearse los tres “polos de desarrollo” que se impulsarán desde la Secretaría de Desarrollo Económico.
Y es que no se trata de una simple recuperación de lsa seguridad, el Plan Michoacán articula seguridad, inversión y ordenamiento territorial para habilitar corredores extractivos: monocultivos de alta demanda hídrica, infraestructura logística, territorios con potencial de exportación.
El “ordenamiento territorial” que presenta el gobierno no es neutral: en los hechos, es una reorganización para facilitar esos flujos productivos, no para proteger comunidades ni bosques.
Porque no nos engañemos: la militarización no es un fin, sino un medio. Las fuerzas federales ahora se desplegan para “garantizar seguridad”, sí —pero, más allá, para asegurar que inversiones estratégicas estén protegidas. Esa presencia militar se convierte en dispositivo para legitimar un reordenamiento rentable del territorio.
La producción del aguacate como se ha dado hasta este momento es una veta de presión hídrica, de expansión sobre bosques, de disputas socioambientales ya documentadas. Desde en15días hemos magnificado las voces de las comunidades que han denunciado que este tipo de modelos extractivistas tiene costos muy concretos: agua, suelo, autonomía comunitaria.
Por otro lado, esas “inversiones” no se hacen al margen del conflicto: en muchos casos, la violencia misma actúa como mecanismo de reordenamiento. En15días advierte que actores armados, redes empresariales y estatales han cohabitado históricamente en Michoacán, negociando quién manda en el territorio, quién entra y quién se queda afuera.
Más aún: estabilizar ciertas zonas violentas puede ser una forma de administrar un modelo de acumulación, no de desarmar las estructuras de la violencia.
Es fácil imaginar que, tras la narrativa oficial de “pacificación” y “recuperación”, se esconde una apuesta que no cambia tanto el fondo como la forma del extractivismo en Michoacán. Porque, como planteamos en la editorial, el verdadero reto no es solo administrar la violencia —sino transformar el modelo dominante.
Debemos preguntarnos ¿qué estamos construyendo? ¿la reconfiguración de viejas dinámicas de acumulación? La estabilización no basta como justificación si no va de la mano con justicia ambiental, reconocimiento comunitario y una verdadera transformación del poder sobre el territorio.
Gladyz Butanda entre autoelogios, lujo y obras
Vaya, vaya… Gladyz Butanda Macías vivió esta semana un momento mediático agridulce. Por un lado, celebró con orgullo en sus redes sociales su titulación como “Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible” por la Universidad Latina de América, un logro que ella misma compartió con emoción.
Mientras tanto, el proyecto más visible de su gestión —el teleférico de Morelia— también enfrenta presión. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, a su cargo, ha tenido que emitir boletines para prometer que acelerarán las obras, después de que los retrasos comenzaran a generar un malestar creciente. Según sus reportes más recientes, el proyecto ha llegado al 48 % de avance, con casi todas las cabinas electromecánicas fabricadas y varias torres ya instaladas.
Además, para calmar las inquietudes vecinales, Butanda entregó dictámenes estructurales notariados a residentes cerca de las torres para garantizarles que sus viviendas no sufrirán daños.
En paralelo, se comprometió públicamente a responder “inmediatamente” ante cualquier reporte ciudadano sobre afectaciones por la obra.
Pero el golpe mediático más duro vino por otro flanco: el lujo personal.
El periódico Reforma documentó que durante una gira pública ella portaba un collar de oro valorado en 434 mil pesos y una bolsa de marca de alrededor de 68 mil pesos.
Para muchos, ese estilo contrasta con la retórica de austeridad que suele predicar su partido y con la imagen de “servidora pública comprometida”. Vaya, vaya…
COP30: MÉXICO SE COMPROMETE CON EL CLIMA… Y EL MUNDO PIDE PRUEBAS
En la COP30, la secretaria Alicia Bárcena presentó las NDC 3.0 de México: metas más ambiciosas en reducción de emisiones, energías renovables y restauración de ecosistemas. México busca proyectarse como país comprometido con el Acuerdo de París. Pero la comunidad internacional, que ya se sabe el guion, quiere evidencias, no solo discursos.
Bárcena llamó a acelerar la acción climática y advirtió sobre la urgencia de mantener el límite de 1.5 °C. Su mensaje fue sólido, pero México carga con contradicciones internas: expansión de combustibles fósiles, retrasos en transición energética y proyectos de infraestructura que han generado impactos ambientales significativos.
Las NDC 3.0 incluyen compromisos en bosques, agricultura, agua y energía. Pero cumplirlos requiere presupuesto, coordinación interinstitucional y voluntad política que no siempre están alineados. La brecha entre lo que México promete y lo que implementa ha sido un problema histórico.
La recepción internacional fue cordial, pero también vigilante. México puede recuperar liderazgo climático, pero solo si demuestra que estas metas no son un acto más del teatro diplomático. El planeta no espera y el tiempo se agota.
CAMIMEX: LA MINERÍA Y LA VIEJA RECETA DE SAQUEO
Vaya, vaya… ahora resulta que la Cámara Minera quiere colocarse en el centro del Plan México, como si la historia ambiental del país no estuviera marcada —precisamente— por el tipo de “desarrollo” que promueve el sector minero.
Hablan de “potencial”, de “minerales estratégicos”, de “miles de empleos”. Todo muy brillante, muy metálico… salvo por el pequeño detalle de que detrás de cada mina suele quedar un catálogo de daños.
Y es que esta semana, se llevó a cabo la inauguración de la XXXVI Convención Internacional de Minería, el encuentro minero más importante de México y uno de los más grandes de América Latina, que reúne a más de 8,500 participantes y más de 500 empresas expositoras enfocadas en innovación, sostenibilidad y el futuro del sector.
Y ahí CAMIMEX pidió “certidumbre jurídica” y “simplificación de trámites sin sacrificar lo ambiental”, pero cualquiera que viva en México entiende perfectamente el mensaje. No es una frase técnica: es una advertencia. Traducida al español llano significa quitar estorbos, sean leyes, comunidades o ecosistemas completos.
Ese mantra de “no sacrificar lo ambiental” es justamente la puerta por donde históricamente han entrado la contaminación, el despojo y los conflictos sociales.
En su discurso oficial imaginan un país fortalecido, con cadenas de valor robustas y procesamiento nacional de minerales, siempre y cuando ignoremos la otra mitad del paisaje: los ríos teñidos con metales pesados, los acuíferos agotados para darle de beber a la lixiviación, las montañas fracturadas, las asambleas comunitarias divididas a punta de presiones, y los territorios convertidos en zonas de sacrificio.
Pedro Rivero, su presidente, advierte que América del Norte no podrá competir con China en la transición energética si México no descubre más minerales críticos.
Y para hacerlo, exigen “certeza jurídica” y menos trámites, aunque este famoso discurso de “responsabilidad ambiental” suena demasiado parecido al libre pase para operar con impunidad.
Sobre el escenario, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) también pronostica un regreso de la iniciativa privada a la exploración. Según la directora Flor de María Harp, hay espacio para un esquema mixto: empresas privadas + SGM, con reglas.
Dicen que explorarán litio, uranio, tierras raras… pero la historia nos recuerda que “explorar” muchas veces ha sido el pretexto para perforar, fracturar y privatizar lo común.
Del otro lado, Ebrard vende la exploración como un acto de soberanía tecnológica: México necesita saber qué minerales tiene para competir en la transición energética. Suena futurista, pero huele a déjà vu. El país tiene décadas de experiencia en minería avanzada sin consulta, sin vigilancia independiente y sin protección efectiva para comunidades y ecosistemas. ¿De verdad estamos listos para otro ciclo sin corregir los errores del anterior?
La apuesta gubernamental es fabricar baterías, componentes, incluso semiconductores. Ambición necesaria, sí. Pero si la exploración arranca sin una reforma ambiental y social profunda, el discurso industrial se vuelve una coartada: es el viejo extractivismo pintado de verde y vestido con la narrativa de la descarbonización. CAMIMEX y el gobierno hablan de futuro; las comunidades recuerdan ríos con metales pesados, acuíferos agotados y territorios fracturados.
Las comunidades lo tienen claro: la minería mexicana rara vez deja bienestar duradero. Deja carreteras, sí, pero también tumores. Deja empleos temporales, pero erosiona la base territorial que sostiene cualquier economía real a largo plazo. Mientras las empresas presumen inversión, los pueblos cuentan enfermos, ganado perdido y agua que ya no puede beberse.
Si el Plan México adopta la visión de CAMIMEX sin corregir sus viejos vicios, la historia será la misma: riqueza para unos cuantos y devastación para muchos. Vaya, vaya…
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto.
¡Hasta la próxima semana!
El (resumen) Semanal: Semana #47: del 16 al 23 de noviembre de 2025
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