A tres años de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia, sus familias y organizaciones internacionales presentaron avances en la búsqueda e hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla con sus obligaciones.
A tres años, denuncian impunidad y exigen justicia en caso Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia
Por: en15dias.com
16 de enero de 2026
En una rueda de prensa virtual que reunió a familiares, defensores de derechos humanos, expertos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, se conmemoró el tercer aniversario de la desaparición forzada de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder indígena náhuatl, ocurrida el 15 de enero de 2023 en la región de Aquila, Michoacán.
Ricardo y Antonio fueron desaparecidos cuando regresaban de una reunión informativa con comuneros de Aquila, donde trabajaban en la renovación de la representación comunal en un territorio atravesado por intereses mineros y la presencia del crimen organizado. Ambos defendían el medio ambiente y los derechos territoriales de comunidades indígenas.
«Han sido tres años muy difíciles. Yo no le deseo esto a nadie», expresó con dolor Keivan Díaz Valencia, hijo de Antonio. «Queremos a mi papá junto con Ricardo, queremos la verdad, queremos justicia y que esto no se repita».
Obstáculos y resistencia del Estado
Los familiares y sus representantes legales denunciaron múltiples obstáculos en el proceso de investigación y búsqueda. Gonzalo Cartas, asesor jurídico del caso, detalló las dificultades enfrentadas: «Tuvimos que interponer diversos recursos ante la autoridad jurisdiccional federal para obtener copias de la carpeta de investigación, elementos básicos que no deberían costar tanto».
Don Arturo Lagunes Moreno, padre de Ricardo, fue contundente: «Hemos vivido en carne propia el rechazo de la fiscalía de forma permanente. Estamos en un estado de indefensión. Las autoridades muestran resistencia constante».
La familia reportó haber tenido tres comisionados de búsqueda y dos fiscales especializados durante estos tres años, sin resultados concretos. «Ya basta de simulación política, basta de esta ficción que estamos viviendo», exigió Keivan.
Mecanismos independientes de búsqueda
Ante la falta de avances efectivos, los familiares lograron en octubre de 2025 que un juez autorizara la intervención del Mecanismo Independiente de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRAR), integrado por expertos internacionales del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense y especialistas en macrocriminalidad.
Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio, explicó que MIRAR combina análisis forense, análisis de contexto y análisis de actores, incluyendo no solo al crimen organizado sino también a actores estatales y corporativos. «El MIRAR no viene a suplantar la obligación del Estado, pero depende de su colaboración para acceder a la información», precisó.
María Eloísa Quintero, experta en macrocriminalidad, enfatizó la importancia de una mirada integral: «Necesitamos señalar a todos los actores presentes y ver las responsabilidades más allá de los ejecutores. No solo a quienes estuvieron detrás de una camioneta ese día».
Presión internacional: la queja en Luxemburgo
En un paso sin precedentes, los familiares presentaron en mayo de 2025 una queja contra la empresa multinacional Ternium ante el Punto de Contacto Nacional de la OCDE en Luxemburgo, donde tiene su sede europea.
«Ir a Luxemburgo es aceptar que mi país me falló», reflexionó Keivan sobre la experiencia de viajar más de 5,000 kilómetros para buscar justicia. «Pero también es esperanzador saber que hay personas del otro lado del mundo pendientes de nuestra lucha».
Jean-Louis Saillant, de la Iniciativa por el Deber de Vigilancia en Luxemburgo, explicó que la denuncia señala «la falta de diálogo constructivo con las familias» por parte de Ternium y busca que la empresa cumpla con sus obligaciones de debida diligencia en derechos humanos.
Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy y representante de las familias, señaló que las empresas tienen obligaciones diferenciadas de las penales: «Cuando operan en territorios con desapariciones forzadas tan prominentes, sus obligaciones son aún mayores en materia de búsqueda y prevención».
Un patrón de violencia nacional
Javier Garete, de Global Witness, contextualizó el caso dentro de un patrón más amplio: «En 13 años hemos documentado 222 casos de ataques letales a defensores ambientales en México, 23 de ellos en Michoacán, donde un tercio de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas».
El caso de Ricardo y Antonio fue incluido en el informe «Voces Silenciadas» de 2024, que documenta la violencia sistemática contra defensores del territorio. «Este caso junta todos los elementos de ser emblemático: intereses sobre territorios ricos en recursos, comunidades vulnerables, falta de protección estatal y total impunidad», señaló Garete.
Llamado a la presidenta Sheinbaum
Los familiares dirigieron un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum. «Hemos visto que la presidenta estuvo yendo a Aquila, parece que tiene una buena relación con gente que sabemos está involucrada en esta desaparición», expresó Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo. «Me gustaría mucho que pudiera ponerse de nuestro lado y moviera lo que tenga que mover para que nos los devuelvan ya».
Don Arturo fue específico: «Pido a la presidenta que desde sus mañaneras dé la orden a sus instituciones para que nos lleve a encontrar a Ricardo, conocer la verdad. Lo merecemos como mexicanos y constitucionalmente le pedimos que cumpla con su trabajo».
Mes de acción global
Las familias y organizaciones aliadas anunciaron un mes de acción global por Ricardo y Antonio, con el objetivo de visibilizar el caso, presionar a las autoridades y exigir que no caiga en el olvido. Se lanzó una petición en Change.org y se convocó a la comunidad internacional a sumarse con actos de solidaridad.
«Ricardo y Antonio no son cifras, son personas, defensores, hijos, padres, hermanos, compañeros de lucha», cerró Fernanda Ambrosio, moderadora del evento. «Mientras no sepamos dónde están, la búsqueda continúa. Los queremos de regreso con vida».
El caso evidencia las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano ante la crisis de desapariciones forzadas, que según cifras oficiales supera las 100,000 personas, con más de 70,000 cuerpos sin identificar en el sistema forense nacional.
