Comunidades indígenas del oriente de Michoacán acusan al Estado de omitir acciones ante una crisis ambiental y sanitaria que atribuyen a la geotermoeléctrica Los Azufres de la CFE. Denuncian incumplimientos, enfermedad renal y falta de inspecciones por parte de Profepa. / Comunidades del oriente de Michoacán denuncian omisión del Estado ante crisis de salud vinculada a la CFE en Los Azufres
Comunidades del oriente de Michoacán denuncian omisión del Estado ante crisis de salud vinculada a la CFE en Los Azufres
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
31 de julio de 2026
31 de julio de 2026
Representantes de comunidades indígenas del oriente de Michoacán acusaron al Estado mexicano de convertirse en “cómplice por acción u omisión” de una crisis ambiental y sanitaria que atribuyen a la operación de la geotermoeléctrica Los Azufres, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) cumplir con una inspección pendiente desde hace meses.
En conferencia de prensa, Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, dirigió un posicionamiento formal a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en el que responsabilizó a la geotermoeléctrica de contaminar “manantiales, suelos y aire” en comunidades otomíes cercanas a sus instalaciones.
SEIS MESES DE MESAS DE TRABAJO SIN RESULTADOS
El vocero explicó que desde hace medio año opera el Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública Los Azufres con Comunidades Indígenas, en el que participan más de 30 instituciones federales, estatales, educativas y comunales.
Sin embargo, afirmó que la mayoría de los compromisos asumidos en ese espacio no se han cumplido.
Entre los incumplientos están los estudios en los manantiales de las comunidades, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente; la instalación de filtros en las fuentes de agua potable, responsabilidad de Conagua; una inspección conjunta de primer nivel en las instalaciones de la geotermoeléctrica, por parte de Profepa; una unidad de hemodiálisis en San Matías el Grande, a cargo de la Secretaría de Salud y el IMSS; un programa de apoyo para enfermos renales, gestionado por la Secretaría de Bienestar y un programa de detección temprana de enfermedad renal en los municipios afectados, entre otros.
“El balance que realizamos es que el Estado mexicano, responsable constitucional del cuidado del medio ambiente, se ha convertido en cómplice por acción u omisión de la crisis ambiental que persiste en el oriente de Michoacán”, declaró Guzmán Macario.
El vocero emplazó directamente a la titular de Profepa, Mariana Boy Tamborell, a realizar la inspección comprometida. “De lo contrario, nos movilizaremos en breve en sus instalaciones en la entidad y en la Ciudad de México”, advirtió.
“EN LOS HECHOS NO HAY NADA CONCRETO”
Roque Martínez Hernández, consejero de la comunidad otomí de San Matías el Grande, mostró ante los medios las minutas firmadas en las mesas de trabajo realizadas tanto en Morelia como en San Matías. Según explicó, de cada reunión se desprenden en promedio diez acuerdos, de los cuales prácticamente ninguno se ha concretado.
“En la realidad no hay nada concreto, en los hechos no se ve eso que está aquí plasmado”, dijo, al sostener las minutas en mano.
Martínez Hernández detalló dos incumplimientos que calificó como prioritarios: la falta de pruebas adicionales en los manantiales que abastecen a la comunidad y la ausencia de una visita técnica conjunta con la CFE y Profepa. “Por algo no quieren hacer los estudios, porque temen a lo que van a encontrar”, planteó.
Sobre las campañas de tamizaje comprometidas, señaló que sólo se realizó un intento parcial. “No lo llevaron a cabo como debiera de ser”, sentenció Martínez Hernández.
QUEJAS SIN RESPUESTA ANTE COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS
Consultado sobre el estado de las quejas presentadas, Roque Martínez Hernández confirmó que ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la comisión estatal correspondiente han emitido respuesta.
Destacó que la CNDH les informó que se encuentra recopilando información de todas las dependencias involucradas, mientras que de la instancia estatal “hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta”.
ALREDEDOR DE 350 PERSONAS ENFERMAS EN LA REGIÓN
El punto central de la denuncia es sanitario. Roque Martínez Hernández indicó que sólo en San Matías el Grande hay alrededor de 60 personas enfermas, cifra que se eleva a aproximadamente 350 al sumar los casos reportados en las comunidades vecinas de San Pedro, Alta Huerta, Ucareo, Jaracuaro, San Lucas y San Bartolo.
El consejero afirmó que, además de los casos ya diagnosticados, existen personas “propensas” identificadas mediante pruebas de tamizaje realizadas por las propias autoridades comunitarias, y que la enfermedad está apareciendo cada vez en personas más jóvenes.
“Anteriormente eran personas adultas mayores… a raíz de que aparece la Comisión Federal, la planta, se desarrollan estas enfermedades”, indicó.
Según los datos de la comunidad, los registros de salud de la región no mostraban casos de enfermedad renal hace 30 años. “A raíz de que empieza a operar esta planta, pues se desata esta enfermedad”, sostuvo.
Ambos representantes coincidieron en que, de no obtener resultados concretos en la mesa de trabajo programada para el mismo día de la conferencia, las comunidades recurrirán a otras formas de presión.
