Guillermo Naranjo Chávez revela en entrevista exclusiva que desde 1986 no existen autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal a cultivos frutícolas y califica la certificación estatal del “aguacate libre de deforestación” como un “greenwashing”.
El delegado ubicó a Michoacán como uno de los focos rojos ambientales del país, junto con estados del centro y sur como Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Puebla, en contraste con estados del norte como Chihuahua.
“Somos estados que tenemos altos índices de tala ilegal. De aprovechamientos ilegales”, señaló.
En Michoacán específicamente identificó dos grandes focos rojos: la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en el oriente del estado, y la franja aguacatera que se extiende desde Los Reyes hasta Morelia.
“La franja aguacatera que se quede así. Que no crezca”: Delegado de Profepa en Michoacán
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
El ingeniero Guillermo Naranjo Chávez, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Michoacán, confirmó que ocho de cada diez huertas de aguacate operan en la ilegalidad al carecer de autorizaciones ambientales, y que el estado ha perdido casi medio millón de hectáreas de bosque en las últimas décadas.
“Desde 1986 no hay cambios de uso de suelo autorizados para cultivos frutícolas, para ganadería o para la agricultura. Nada más hay cambios de uso de suelo autorizados por excepción”, afirmó Naranjo Chávez en conversación con en15dias.com, agregando que las únicas excepciones son para obras de beneficio social como carreteras, líneas de transmisión eléctrica y presas.
La declaración implica que prácticamente toda la expansión aguacatera registrada en Michoacán durante las últimas casi cuatro décadas ha ocurrido al margen de la ley ambiental.
“El 80% de las huertas de aguacate que están establecidas en el estado de Michoacán, todas son ilegales. Todas son ilegales”, enfatizó el funcionario federal.
Medio millón de hectáreas devastadas
El delegado trazó una línea histórica del problema. El aguacate, explicó, comenzó estableciéndose en cultivos agrícolas convencionales, pero su expansión explosiva inició con la apertura del mercado estadounidense tras la firma del Tratado de Libre Comercio en los años 90.
“El aguacate en los 90s, parte de los 80s y 85 hacia adelante y luego los 90s con la firma del TLC, se convierte pues en el cultivo más dañino de la meseta”, señaló.
El impacto fue doble: por un lado, la tala directa de bosques para establecer huertas; por otro, la transformación de la silvicultura comunitaria tradicional en una explotación mercantil para producir cajas de madera para empacar aguacate.
“Comunidades como Angahuán, San Lorenzo, Charapan, San Felipe Los Herreros, Ocumicho y Capacuaro se convirtieron en las comunidades depredadoras de los bosques de la meseta con el afán de cumplir para los aguacateros haciendo caja de madera para empacar sus aguacates y a precios muy bajos”, relató el ingeniero.
“Se llenaron las comunidades de sierras cintas para hacer cajas de madera para el empaque del aguacate”.
Actualmente, Naranjo Chávez, ingeniero agrónomo especialista en bosques egresado de la Universidad Nicolaíta, con más de 30 años de trayectoria en instituciones ambientales del estado, presentó cifras alarmantes sobre la deforestación: “De los bosques, se han derribado, yo creo que andamos ya casi llegándole al medio millón de hectáreas de bosque”.
Tan solo en 2024, según datos del funcionario, Michoacán registró cambios de uso de suelo por aproximadamente 36,000 hectáreas. Y la expansión continúa verticalmente: el cultivo ya no se limita a las cotas tradicionales de 1,200 a 1,600 metros sobre el nivel del mar, sino que ha alcanzado altitudes superiores a los 2,000 metros.
“Un ejemplo es Pico de Tancítaro. En Pico de Tancítaro tenemos unas huertas que les llaman los congeladores o la Siberia, por la altura en la que están”, explicó.
“Ese es el afán de ganar más a costa del daño de los ecosistemas. Si yo como aguacatero ya tengo 300, 400 hectáreas y que son suficientes y no me las voy a alcanzar a acabar en el resto de mi vida ni dos o tres generaciones más, no. Es una ambición, es una ambición por ir por más”.
¿QUIÉN ES?
Guillermo Naranjo Chávez es ingeniero agrónomo especialista en bosques, egresado de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de Uruapan. Cuenta con más de 30 años de experiencia en instituciones ambientales de Michoacán, habiendo trabajado en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, la Comisión Nacional Forestal, y actualmente como delegado de PROFEPA en Michoacán. Participó en el proyecto de ampliación del polígono de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en los años 90 junto a Julia Carabias.
Guardián Forestal: vigilancia satelital en “tiempo real”
Una pieza clave de la nueva estrategia es la alianza con “Guardián Forestal”, el sistema de monitoreo satelital desarrollado por la empresa privada mexicana “Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica S.C.” y promocionado como política pública por la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Michoacán.
“Guardián Forestal tiene una plataforma que es de libre acceso. Detecta dónde están las alertas y al detectar dónde están las alertas nos envía a nosotros una denuncia», explicó el delegado, mostrando en su computadora el mapa del estado con las alertas activas.
Cualquier disminución en la cobertura forestal es detectada automáticamente por el sistema satelital y genera una denuncia que se envía en “tiempo real” tanto a PROFEPA como a la Fiscalía General del Estado, con información sobre coordenadas, tipo de bosque y extensión afectada.
El año pasado, PROFEPA recibió más de 700 denuncias, de las cuales el 95% fueron relacionadas con tala ilegal y cambio de uso de suelo.
“Ahorita traemos un rezago en la atención de denuncias. De tantas denuncias”, admitió.
La certificación: ¿herramienta o simulación?
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando se le consultó sobre el decreto estatal de certificación de aguacate libre de deforestación, que toma como línea base el año 2018 para considerar las huertas como “legales” si fueron establecidas antes de esa fecha.
“Desde mi punto de vista personal, es una farsa. Es tratar de hacer un greenwashing, un lavadito de cara”, respondió sin rodeos el delegado de PROFEPA a “título personal”.
Explicó que el esquema busca presentar ante consumidores estadounidenses que el aguacate michoacano no proviene de la deforestación: “Decir a la sociedad de Estados Unidos que está consumiendo aguacates que vienen como producto de la no deforestación. Y eso es mentira”.
“No hay autorizaciones de cambios de uso de suelo desde 1986. Todos los huertos de aguacates del 86 para acá están en la ilegalidad. Todos son producto de la deforestación”, insistió.
“Agarraste 2018 y de aquí para acá ya estás libre de pecado”.
Sin embargo, Naranjo Chávez reconoció que el instrumento puede tener utilidad práctica si se enfoca en detener nuevas deforestaciones: “Una cosa diferente es que queramos parar y decir: hasta aquí llega la frontera agrícola frutícola, está bien y conservar lo que tenemos. Porque esa debería de ser la política ahorita. Conservar lo que tenemos”.
En ese sentido, consideró que la certificación “se convierte en una herramienta que sirve. Sirve para conservar lo que tenemos”, aunque insistió en no confundir esto con validar el discurso de “aguacate libre de deforestación”.
“Que se lo coman los gringos con su certificado de aguacate libre de deforestación cuando sabemos que no es cierto. Pero para nosotros como autoridades ambientales, pues nos va a servir porque con esto vamos a detener lo que no habíamos podido hacer”.
Consultado sobre cómo se articulará la política federal con el decreto estatal de certificación, Naranjo Chávez explicó que habrá que “tropicalizarnos un poco, lo federal con lo que el estado está haciendo”.
Reconoció el esfuerzo estatal: “No hay que olvidar y hay que reconocer lo que el Estado está haciendo, o sea, no se había podido hacer; se hizo. Ahorita todavía no es momento de decir que está mal su estrategia, pero sí, que quede claro: va a servir para conservar, más no para regularizar lo anterior”.
Mencionó que la secretaria federal Alicia Bárcenas está considerando implementar un sistema de Guardián Forestal a nivel nacional, lo que podría replicar el modelo michoacano en otros estados.
Naranjo Chávez reflexionó sobre lo que considera debe ser la prioridad: “Si nos quedan 600,000 hectáreas de bosque, de bosque de clima templado frío, si nos queda esa superficie, creo que la política debería ser conservarla”.
“No solamente en la monarca, sino en todo el país deberíamos estar en defensa de lo que nos queda. De que lo que nos queda de bosque, lo que nos queda de selva, lo debemos de conservar”, enfatizó.
Para el delegado de PROFEPA, el mensaje es claro: después de décadas de devastación forestal impulsada por uno de los cultivos más rentables del país, ha llegado el momento de trazar una línea.
“La franja aguacatera que se quede así. Que no crezca”, sentenció.
San Rafael Tecario: el precedente histórico
Uno de los logros más significativos de la actual administración fue la recuperación de 27.3 hectáreas en el ejido de San Rafael Tecario que habían sido convertidas ilegalmente en huertas de aguacate.
El proceso, explicó Naranjo Chávez, requirió un trabajo intenso de vinculación comunitaria: “Fue un trabajo fuerte en territorio con ellos, de reuniones, de asambleas, para convencerlos de que lo que vamos a hacer en esa reparación de daño es en beneficio de las siguientes generaciones”.
Destacó el papel fundamental de la comisariada ejidal: “Una mujer que mostró mucha voluntad y apoyó mucho lo que nosotros queríamos hacer, de poder desinstalar, de poder cortar los aguacates, poder reforestar, poder quitar las ollas de agua que ya estaban en esos 27 hectáreas y sentar un precedente”.
“Fue un precedente a nivel nacional, no se había hecho con ningún cultivo y con ninguna actividad y menos de aguacate”, enfatizó el funcionario.
Sin embargo, la operación no fue sencilla. “En el evento hasta balas nos tiraron. Y antes al compañero de Guardián Forestal lo balearon”, reveló, confirmando la presencia de delincuencia organizada y un diputado local en el caso.
Actualmente, PROFEPA trabaja en 10 casos más de reparación de daño, incluyendo uno de cerca de 200 hectáreas en la carretera a Uruapan, a la altura de Zirahuén.
“Lo tenemos a la orilla de la carretera. Tú pasas y lo ves cuando vas a Uruapan. Ahí está. Y eso qué significa: impunidad. No se había hecho. Lo hicimos”, señaló.
La transformación de la PROFEPA
El funcionario explicó que la institución, creada en 1992, operó durante décadas como un organismo meramente punitivo. “Así estábamos vistos como institución. Como una institución de inspectoría, una institución de policía, los policías ambientales o los policías forestales”, recordó.
Sin embargo, bajo la actual administración federal y con Mariana Boy a la cabeza, la estrategia cambió: “Ya no seamos nada más una PROFEPA de garrote, una PROFEPA de policía, una PROFEPA de inspectoría, sino que seamos una PROFEPA de prevención también”.
La nueva filosofía, según explicó, es “hacer alianzas y después dar tiros de precisión”, enfocándose en sentar precedentes que demuestren que “no hay impunidad”.
A pesar de la magnitud del problema, PROFEPA en Michoacán opera con recursos humanos muy limitados. “Tengo 22 inspectores para todo el estado. Conmigo somos 23, porque también tengo mi credencial de inspector para poder actuar”, explicó Naranjo Chávez.
Esta limitación contrasta dramáticamente con las más de 700 denuncias recibidas anualmente y las decenas de miles de hectáreas que requieren supervisión y eventual restauración.
Por eso, enfatizó, la estrategia debe ser de “tiros de precisión”: casos emblemáticos que sienten precedentes y demuestren que la impunidad tiene límites, aunque reconoció que no pueden estar en todas partes.
Impunidad, no flexibilización
¿Hiperflexibilización de las leyes ambientales o simple impunidad?, se le preguntó.
Naranjo Chávez no titubeó: “Fue impunidad. Gobiernos, autoridades omisas que propiciaban la impunidad”.
Aclaró que las leyes ambientales siempre han sido claras y estrictas.
“Las leyes siempre han estado, no han sido flexibles. Las leyes han sido muy impositivas, muy claras. A lo mejor hasta muy dictatoriales, pero la voluntad de quien ha estado al frente de las instituciones para hacerlas cumplir, pues no se ha hecho y no se hizo”.
El lema de la actual administración de PROFEPA es claro: “Justicia ambiental, impunidad cero”, aunque Naranjo Chávez agregó una acotación realista: “Hasta donde podamos. También no somos todopoderosos».
Esto te puede interesar
EL (resumen) SEMANAL #07: del 9 al 15 de febrero 2026
Del agua en disputa en San Miguel del Monte a la expansión inmobiliaria en el sur de Morelia; de la opacidad en mesas ambientales a la tala y violencia en Tingambato; del reacomodo minero y los minerales críticos a la crisis cubana. Territorio, poder y recursos en tensión esta semana.
Gobierno de México recupera 889 mil hectáreas de concesiones mineras por especulación
El gobierno federal recuperó 1,126 concesiones mineras equivalentes a 889 mil hectáreas por falta de pago, omisión de informes y fines especulativos. Del total, 250 mil hectáreas corresponden a áreas naturales protegidas. Los estados con mayor recuperación son Coahuila, Chihuahua y Sonora.
Las tribulaciones de Clarita
A casi nueve meses del asesinato de dos personas cercanas a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el caso sigue sin esclarecerse. La discusión se trasladó al terreno mediático, luego de que la mandataria cuestionara a la prensa por la percepción de inseguridad y reabriera el debate sobre la cobertura de la…
