Organizaciones sociales y ambientalistas denunciaron que el martes 21 de diciembre por la mañana José Gutiérrez fue intimidado en su domicilio junto a su familia en la localidad de Huatzanguio, municipio de Lagunillas en Michoacán.
A través de un comunicado destacaron que “tres hombres se apersonaron en su propiedad cuando solo se encontraba su mujer e hijos, estos hombres fueron: Rubén Acosta, comisariado de bienes ejidales de Huatzanguio, Rodrigo Alvarado y el encargado del orden de Huiramba José Hernández”.
Según la denuncia “posteriormente llegó él, y le advirtiendo con «Proceder» si no ordena a pobladores del ejido de Huatzanguio, en municipio de Lagunillas, que dejen pasar los camiones de talamontes, esto dado que ayer lunes 20 los pobladores detuvieron tales camiones cuando bajaban cargados de pinos del pico del Águila, y los dejaron retirarse con el compromiso de que no pasarían más por dicha localidad”.
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“José ha sido uno de los voceros de los campesinos y pobladores por los reclamos de destrucción del bosque de talamontes y robo de agua de la empresa fresera Driscolls, en la región Lagunilla-Huiramba, al sur este de Morelia”, se destaca en el comunicado.
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Comunidades luchan contra el saqueo de la agroindustria en Michoacán – (en15dias.com)
Las organizaciones ambientalistas exigieron “a la autoridad medidas de seguridad para nuestro compañero, y exigimos solución al problema de la tala, en beneficio de los pobladores que arriesgan sus vidas por proteger el Cerro del Águila”.
Llamaron a las “a pronunciarse en el mismo sentido, y acompañar esta lucha contra la destrucción de nuestros bosques”.
¿Quiénes firman?
- Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María.
- Asamblea comunitaria del pueblo indígena de ALPUYECA MORELOS
- Tekuan radio: la voz de los guardianes de los cerros
- Colectivo Viva Tierra y Libertad.
- Salvemos los cerros de Chihuahua.
- Frente Ecosocial paso del norte.
Después de Roberto, esperen la muerte
Y mientras tanto, el territorio vuelve al centro de la disputa: agua, movilidad, bienes públicos y derechos colectivos se entrecruzan en un mismo escenario de tensiones. En Michoacán, los conflictos no son aislados, sino síntomas de un modelo que presiona comunidades y redefine el control sobre lo común.
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