La SCOP mantiene reservada información técnica y ambiental de los segmentos 1 y 5 del Segundo Anillo Periférico de Morelia, incluidos planos, estudios de impacto, predios afectados y derecho de vía, mientras el gobierno difunde públicamente cifras y avances de la obra. / SCOP mantiene clasificada la información de los segmentos 1, 4 y 5 del Segundo Anillo Periférico
SCOP mantiene clasificada la información de los segmentos 1, 4 y 5 del Segundo Anillo Periférico
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com / 14 de septiembre de 2026
Con información de solicitudes de transparencia (folios 161283524000079, 161283526000030), el contrato de obra pública DCC/LPE/OPM-08/2023 y comunicados oficiales del gobierno de Michoacán.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha convertido al segundo anillo periférico de Morelia en la obra insignia de su administración. Durante su construcción ha realizado recorridos de supervisión casi mensuales, se han redactado boletines con cifras de kilómetros, empleos, vehículos beneficiados y árboles reforestados.
Pero detrás de esa comunicación constante hay un patrón que se repite en los tres segmentos actualmente en construcción, la información técnica de fondo como los planos, estudios de impacto ambiental, predios afectados y costos de financiamiento han sido clasificados como reservada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), en algunos casos hasta por cinco años.
El proyecto contempla 87.8 kilómetros divididos en siete segmentos, de los cuales solo tres están actualmente en construcción: el Segmento 1 (La Estancia–Tacícuaro), el Segmento 4 (La Goleta–Cuitzillo, en Tarímbaro) y el Segmento 5 (Mil Cumbres/Jaripeo–La Goleta, en Charo).
La inversión total declarada por el gobierno estatal para estos tres tramos ha oscilado entre 2 mil 596 y 2 mil 900 millones de pesos, según la fecha del comunicado.
La longitud del Segmento 1 ha sido reportada, en distintos boletines oficiales, como de 21.4 kilómetros (septiembre de 2025), 19.7 kilómetros (julio de 2025) y 13.4 kilómetros (abril de 2026). El Segmento 4 ha sido descrito indistintamente como de 17.9, 7.9 o apenas 4.9 kilómetros. Ninguno de esos comunicados explica el motivo del cambio.
El pasado 1 de septiembre de 2026, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció públicamente que a mediados de ese mes estará concluido el Segmento 5 del segundo anillo periférico de Morelia, tramo que conecta la capital michoacana con el municipio de Charo.
En el mismo evento, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, ofreció cifras detalladas sobre la obra: 12 kilómetros de longitud, más de 100 mil habitantes beneficiados, un aforo proyectado de 4 mil 500 vehículos diarios, y el estado de los trabajos de balizado, señalética y colocación de luminarias.
Sin embargo, documentos obtenidos por transparencia muestran que, apenas diez semanas antes de ese anuncio, la propia SCOP clasificó como información reservada por dos años prácticamente todo lo relacionado con ese mismo segmento.
LA RESERVA DEL 22 DE JUNIO DE 2026
En respuesta al folio de solicitud de información 161283526000030 (oficio SCOP/DPLC/OS/E0080/2026, fechado el 1 de julio de 2026), la SCOP informó que su Comité de Transparencia, en su sexta sesión extraordinaria del 22 de junio de 2026, determinó reservar por un periodo de dos años el expediente completo del «Quinto Segmento del Segundo Circuito Periférico de Morelia», correspondiente al tramo La Goleta, en el municipio de Charo.
¿Qué documentos abarcan la reserva de información?
- El proyecto ejecutivo, memorias descriptivas, planos generales, de trazo, perfiles longitudinales y secciones transversales.
- La longitud total o proyectada del tramo y sus puntos de inicio y término.
- Los predios, parcelas o inmuebles afectados por la obra.
- Los levantamientos topográficos, estudios geodésicos, planos georreferenciados y coordenadas UTM.
- Los estudios de liberación del derecho de vía y los avalúos correspondientes.
- Los estudios de impacto ambiental y cambios de uso de suelo vinculados a la obra.
De las trece preguntas planteadas por el solicitante, la dependencia únicamente respondió una: el ancho autorizado del derecho de vía (60 metros, 40 del lado izquierdo y 20 del lado derecho respecto al eje carretero).
El resto de la información, incluida la longitud del tramo, sus puntos de inicio y fin, y los predios afectados, fue negada.
Como justificación, la SCOP argumentó que dar a conocer esos datos “vulnera derechos económicos del contratista”, “podría generar interpretaciones erróneas sobre información sujeta a ajustes”, “pondría en riesgo la ejecución contractual de la obra”, “podría propiciar controversias contractuales anticipadas” e “interferir en negociaciones en curso”, además de “generar especulación respecto de costos”.
La información que se reservó en algún momento es precisamente la que el gobierno estatal difundió públicamente el 1 de septiembre, dos meses después de haberla declarado reservada por motivos de interés público y seguridad contractual.
Entre ella se encuentra la longitud del tramo (12 km), los puntos de inicio y término (de la salida a Mil Cumbres a la zona de hospitales en Charo), la población beneficiada (más de 100 mil habitantes) y el aforo vehicular proyectado (4 mil 500 vehículos diarios).
La contradicción resulta relevante porque la propia SCOP sostuvo, en el oficio de reserva, que divulgar esos elementos “generaría especulación respecto de costos” y “pondría en riesgo la ejecución contractual de la obra”.
El anuncio gubernamental, sin embargo, ofrece cifras específicas de la obra con fines de promoción política, mientras la ciudadanía sigue sin acceso a los planos, estudios de impacto ambiental, avalúos y expedientes de afectación predial que permitirían verificar de manera independiente esos mismos datos.
UN PATRÓN QUE SE REPITE: EL SEGMENTO 1
En octubre de 2023, mediante el oficio SCOP/SPLC/OS/E0054/2023, la misma dependencia ya había clasificado como reservada, por un periodo de cinco años, toda la información relativa al Primer Segmento del segundo anillo periférico (tramo La Estancia–Tacícuaro), incluyendo expedientes de licitación, contratos, convenios de liberación de derecho de vía, avalúos y planos de la obra.
De acuerdo con el contrato de obra pública DCC/LPE/OPM-08/2023, ese primer segmento fue adjudicado a la empresa de propósito específico APM UNO, S.A. de C.V. (constituida por Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y Construcciones Lerma, S.A. de C.V.) por un monto total de $1,274,882,561.99 pesos, de los cuales $282,964,542.82 corresponden a costo de financiamiento.
Es decir, la obra fue pactada bajo un esquema de pago a plazos (PAGO Diferido/PPS) en el que el propio contratista financia la construcción y el gobierno estatal paga después, con intereses capitalizados incluidos.
El plazo de ejecución de esta etapa inicial se fijó originalmente del 28 de septiembre de 2023 al 7 de mayo de 2027, sin exceder el 30 de junio de 2027.
Ese esquema de financiamiento, y el detalle de cómo se libera el derecho de vía sobre terrenos privados y ejidales a lo largo del trazo, permanece fuera del escrutinio público hasta 2029, mientras el gobierno estatal continúa presentando la obra, según el mismo comunicado del 1 de septiembre de 2026, como un proyecto de infraestructura en marcha.
.
SEGMENTO 4: SIN REGISTRO PÚBLICO DE ESTUDIO AMBIENTAL Y CONTRATACIÓN OMA
En lo respectivo al Segmento 4, que proyecta la conexión entre La Goleta y Cuitzillo (en el municipio de Tarímbaro), también fue reservada por el Gobierno de Michoacán. La información referente a los “documentos relativos a proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos y especificaciones generales de construcción (…) se encuentra reservada por un periodo de cinco años”, se señala en una solicitud de información.
La SCOP ha promocionado de forma recurrente acciones de mitigación ambiental: la reubicación de 50 árboles y varias especies de reptiles, una “reforestación compensatoria” proyectada de 30 árboles por cada ejemplar retirado y la firma de convenios con ejidatarios de Atapaneo ante el Registro Agrario Nacional.
Sin embargo, a pesar de los anuncios de inversión pública asignada para esta conexión intermunicipal, no se encontró en ningún archivo público ni solicitud de transparencia disponible el registro de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) específica ni las resoluciones definitivas emitidas por las autoridades ambientales para este tramo.
Tampoco aparece en el listado formal de proyectos recibidos por la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) en 2023, lo cual es consistente con que su construcción inició después, pero deja abierta la pregunta de en qué expediente, bajo qué costos finales y bajo qué criterios técnicos exactos se evaluó su impacto ambiental real sobre la zona agrícola y ejidal.
La Secretaría no está obligada, conforme al criterio que ella misma cita (Segunda Época, Criterio 03/17 del entonces INAI), a elaborar documentos nuevos para responder solicitudes de transparencia; pero sí a entregar la información que obra en sus archivos en el formato en que existe.
