Mientras el gobierno de Michoacán construye un nuevo periférico de casi 88 kilómetros alrededor de Morelia, un estudio académico advierte que la obra no responde a ningún plan técnico, sino a la misma lógica de mercado que durante tres décadas ha dejado a la planificación urbana mexicana en manos de unos cuantos desarrolladores. / El “Segundo Anillo Periférico”, el retrato del urbanismo sin rumbo de Michoacán
El “Segundo Anillo Periférico”, el retrato del urbanismo sin rumbo de Michoacán
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
15 de septiembre de 2026
El gobierno de Michoacán avanza en la construcción del segundo anillo periférico de Morelia: seis segmentos, casi 88 kilómetros, pensados para rodear la capital del estado.
En palabras del propio gobernador, la obra es simplemente “muy buena” para “ordenar la ciudad”. Pero un estudio académico reciente sostiene que esa frase resume, mejor que cualquier otra cosa, el problema de fondo. En Michoacán se construye infraestructura urbana de gran escala sin que exista detrás un estudio técnico que la respalde.
La investigación «Los límites de la planificación urbana. Una aproximación desde la experiencia de México», elaborada por Fausto Plutarco Figueroa Gutiérrez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y publicada en la revista Proyección de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), usa el segundo anillo como el ejemplo más nítido de un fenómeno que atraviesa todo el sistema de planeación urbana en México: la sustitución del criterio técnico por el interés de mercado.
El dato que más llama la atención del estudio es casi administrativo: el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU) 2023-2040, el documento rector que debería justificar y encuadrar una obra de esta magnitud, tiene más de 700 páginas y menciona el segundo anillo periférico solo dos veces, y siempre dentro del listado de proyectos que la actual administración ya decidió ejecutar, no como resultado de un análisis previo sobre su necesidad o impacto.
Eso significa, según el investigador, que el documento funciona más como una justificación posterior de decisiones ya tomadas que como una herramienta real de planeación. No hay, señala el estudio, una evaluación pública de los efectos que una obra vial de esa escala tendría sobre la movilidad o el crecimiento de la mancha urbana de Morelia, dos fenómenos que están íntimamente conectados y que rara vez se analizan por separado.
EL TRAZO COINCIDE CON EL MAPA DE EXPANSIÓN… Y CON EL NEGOCIO INMOBILIARIO
El estudio va más allá de señalar la ausencia de justificación técnica: compara el trazo del segundo anillo con el propio mapa oficial de “aptitud para asentamientos humanos” incluido en el PEOTDU.
Ese mapa identifica como “aptas” para el crecimiento urbano las zonas que ya vienen expandiéndose de forma acelerada en los últimos treinta años, sin que el documento proponga ninguna medida para contener o reorientar esa tendencia.
Al superponer ambos mapas, el investigador encuentra que el trazo del periférico refuerza exactamente esas zonas de expansión, entre ellas el área de Villas del Pedregal, el fraccionamiento más grande de América Latina, con más de 16,500 viviendas, construido por Grupo Herso, la empresa que domina el 79% del mercado de vivienda popular en Morelia.
La conclusión del estudio es directa: la obra no solo carece de estudios que la sustenten, sino que además parece diseñada para consolidar el negocio de un actor inmobiliario específico.
El dato se vuelve más importante si se considera que, según el Censo de 2020, el 44% de las viviendas de ese mismo fraccionamiento están deshabitadas, y que en la ciudad de Morelia en conjunto una de cada cuatro viviendas está vacía.
Es decir: mientras se construye una vialidad de 88 kilómetros para “ordenar” el crecimiento de la ciudad, buena parte de la vivienda ya construida, bajo la lógica de esos mismos actores privados, simplemente no se usa.
CÓMO SE LLEGÓ HASTA AQUÍ: TREINTA AÑOS DE UN ESTADO QUE CEDE EL PASO AL MERCADO
Para entender por qué una obra de esa magnitud puede avanzar sin estudios técnicos visibles, el estudio retrocede varias décadas. Documenta cómo, desde 1930, México contó con una Ley General de Planeación que ponía al Estado como coordinador explícito del desarrollo del territorio.
Ese mandato desapareció en 1983, cuando una nueva Ley de Planeación eliminó la referencia concreta al “desarrollo material y constructivo del país” y la sustituyó por objetivos más amplios y menos vinculantes, en sintonía con el repliegue estatal de la época neoliberal.
El caso más claro de ese giro es el del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que hasta 1992 operaba como desarrollador integral, con reservas de tierra, laboratorios de construcción y normas técnicas propias, y que a partir de ese año se transformó en una entidad esencialmente financiera, más dedicada a otorgar créditos que a construir ciudad.
Ese mismo 1992 es el año en que se fundó Grupo Herso, la empresa que hoy domina el mercado de vivienda en Morelia y cuyo fraccionamiento bordea buena parte del trazo del nuevo periférico.
Entre 2007 y 2018, señala el estudio, unos 7,000 millones de pesos anuales en subsidios federales canalizados a través de la Comisión Nacional de Vivienda terminaron reforzando esa concentración, al favorecer a desarrolladores “certificados” capaces de cumplir requisitos técnicos y financieros que funcionaban, en la práctica, como barreras de entrada para competidores más pequeños.
Una investigación citada en el estudio, elaborada por especialistas del propio INFONAVIT, documenta que ese esquema de subsidios distorsionó los precios de la vivienda financiada hasta en un 6.1% entre 2014 y 2016.
ALCALDES SIN FORMACIÓN TÉCNICA Y PLANES QUE NADIE VIGILA
El segundo anillo, sostiene el estudio, no es una excepción sino la manifestación más visible de un problema estructural: la debilidad técnica del sistema local de planeación.
Con datos del Programa Sectorial de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad del estado, el investigador documenta que en el periodo 2015-2018 una tercera parte de los directores municipales de urbanismo en Michoacán no tenía ninguna formación profesional relacionada con el tema urbano.
De los 362 instrumentos que debería tener el sistema estatal de planeación, apenas un tercio estaba disponible al momento del análisis citado, y su grado de cumplimiento rara vez supera el 35%. En ese contexto, explica el estudio, una obra como el segundo anillo puede avanzar prácticamente sin contrapesos técnicos ni ciudadanos que la cuestionen antes de que se construya.
Para explicar por qué las normas de planeación existen pero no impiden decisiones como esta, el estudio recurre a un modelo de incentivos desarrollado por el economista Akmal Gafurov, que distingue cuatro motivaciones en quienes toman decisiones públicas: administrativa (temor a sanciones), económica, moral y de supervivencia básica.
Aplicado a Michoacán, el modelo encuentra que el incentivo administrativo es prácticamente nulo ya que no hay antecedentes de funcionarios sancionados por incumplir los planes urbanos, mientras que el incentivo económico es alto: los salarios de la alta burocracia estatal pueden llegar a ser veinte veces superiores al ingreso promedio de la entidad, pero dependen más de lealtades políticas que de resultados técnicos.
Citando al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el estudio señala que el sistema de monitoreo de esas políticas apenas alcanza un 40.6% de eficacia, y que Michoacán cayó del sexto al trigésimo lugar nacional en la materia entre 2011 y 2019.
Bajo ese esquema, sostiene el investigador, tiene sentido que un proyecto como el segundo anillo avance sin estudios que lo respalden: quienes lo autorizan no enfrentan consecuencias reales por omitirlos, sí obtienen beneficios políticos y económicos por concretarlo, y el sistema que en teoría debería vigilarlos apenas funciona.
El investigador no plantea que la solución sea simplemente devolverle poder al Estado tal como existe hoy, al que describe como subordinado a los mismos intereses de mercado que debería regular. Propone en cambio la formación de cuadros técnico-políticos a nivel de barrio, capaces de dar seguimiento puntual a obras como el segundo anillo: vigilar su cumplimiento respecto a instrumentos como el PEOTDU, rastrear la asignación presupuestal detrás de la obra y documentar su impacto real sobre la ciudad, usando herramientas como la cartografía participativa que el propio estudio empleó para su diagnóstico.
Esa recuperación de lo que el estudio llama “ciudadanía civil”, la capacidad de las personas de interpelar a las instituciones que las rigen, aparece como la única vía plausible frente a una obra, y un modelo de planeación urbana en general, que según el propio análisis “difícilmente” se corregirá desde arriba.
Este reportaje se basa en el artículo académico «Los límites de la planificación urbana. Una aproximación desde la experiencia de México», de Fausto Plutarco Figueroa Gutiérrez, publicado en la revista Proyección. Estudios Geográficos y de Ordenamiento Territorial (Vol. 19, Nº 38, 2025), de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
