El conflicto por el control del agua en la tenencia de Santa María escaló este martes luego de que habitantes bloquearan el ingreso de personal de OOAPAS para realizar una auditoría. Mientras la comunidad exige una revisión externa bajo vigilancia ciudadana, autoridades municipales plantean la intervención de un despacho contable certificado como vía para transparentar la situación financiera y administrativa del sistema. / Exigen auditoría externa a junta local de agua; municipio propone revisión con despacho certificado
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
Habitantes de la tenencia de Santa María impidieron este martes 30 de junio el ingreso de personal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), quienes pretendían iniciar una auditoría en las instalaciones del sistema local de agua.
Los pobladores señalaron que no permitirán que el propio organismo realice la revisión, al considerar que podría existir un conflicto de interés. Ramiro Cortéz, vocero del grupo en lucha por el agua, afirmó que la comunidad exige una auditoría externa que garantice transparencia y permita esclarecer los señalamientos sobre el manejo administrativo y financiero del sistema.
Cortéz sostuvo que OOAPAS no puede ser «juez y parte» en el proceso, por lo que la revisión debe estar a cargo de un despacho independiente que permita conocer la situación real del sistema y evitar cualquier duda sobre la información presentada.
Municipio plantea auditoría externa para destrabar conflicto
Durante el diálogo con los habitantes, un funcionario municipal que acudió como mediador planteó una alternativa para avanzar en el conflicto: permitir el acceso a un despacho contable externo y certificado, encabezado por un contador identificado como Eduardo.
El representante del ayuntamiento explicó que la propuesta contempla la participación de personal ajeno a OOAPAS, precisamente para evitar cuestionamientos sobre una posible manipulación de información.
Señaló que el objetivo de la revisión es contar con datos técnicos y financieros que permitan conocer qué ocurrió antes de la toma de las instalaciones y ofrecer información clara a la población.
«Necesitamos los números», expresó el funcionario durante la conversación, al argumentar que la auditoría permitiría determinar con precisión la situación del sistema de agua.
Como medida de confianza, propuso que la comunidad designe a una persona para acompañar permanentemente los trabajos de revisión, supervisar quién ingresa a las oficinas y establecer los horarios de las actividades. También aseguró que el personal encargado no retiraría documentos ni información de las instalaciones.
El funcionario reconoció que no cuenta con facultades para resolver todas las demandas planteadas por el movimiento, pero señaló que su función era gestionar el acceso de los auditores y transmitir las peticiones de los habitantes a sus superiores.
Durante el encuentro, también reconoció la organización comunitaria y calificó la lucha de los habitantes como «muy fuerte, muy resistente y válida», al señalar que comprendía el respaldo social con el que cuentan los representantes vecinales.
Al finalizar la reunión, aseguró que llevaría nuevamente las solicitudes de la comunidad ante sus superiores, entre ellas la petición de un encuentro con el presidente municipal, y afirmó que el diálogo es la vía para encontrar una solución al conflicto.
Comunidad cuestiona extinción de la junta de agua
El conflicto se intensificó luego de que el presidente municipal presentara ante el Cabildo una propuesta para extinguir la junta local de agua. De acuerdo con los habitantes inconformes, la decisión se tomó sin una consulta adecuada a los usuarios ni a quienes participaron en la construcción y operación de la infraestructura.
Ramiro Cortéz cuestionó el actuar de los regidores y aseguró que aprobaron la medida sin contar con información suficiente sobre la situación del sistema. Señaló que el proceso estuvo basado en argumentos que calificó como un «cuento chino» por parte del alcalde.
Habitantes defienden infraestructura construida por la comunidad
Los habitantes de Santa María sostienen que la infraestructura hidráulica no fue construida por el ayuntamiento, sino mediante el trabajo comunitario y aportaciones de los propios pobladores.
Recordaron que los pozos y la red de distribución fueron levantados con la participación directa de la comunidad, mediante jornadas de trabajo y donaciones privadas.
«El nombre se lo regalamos, pero nuestra estructura, nuestros pozos y nuestro abastecimiento no se los vamos a regalar», expresó Cortéz durante la protesta.
El vocero también señaló que, desde la perspectiva del movimiento, existe la intención de modificar el uso del agua para beneficiar a desarrollos inmobiliarios privados vinculados, según sus acusaciones, con intereses cercanos al presidente municipal. Estas afirmaciones no han sido acreditadas públicamente por una autoridad competente.
Asimismo, los manifestantes rechazaron la propuesta atribuida a Fito Torres para intercambiar el agua de sus pozos por agua tratada. Los habitantes cuestionaron por qué deberían ceder un recurso que consideran resultado de años de organización comunitaria.
Mantendrán protesta y denuncian presuntas intimidaciones
El grupo en lucha por el agua anunció que mantendrá la toma de las instalaciones hasta que se realice una auditoría externa y se atiendan sus demandas.
Los inconformes también advirtieron que podrían ampliar sus acciones de protesta a otros puntos de la ciudad como medida de presión hacia las autoridades municipales.
Durante el pronunciamiento, Ramiro Cortéz denunció que integrantes del movimiento han recibido llamadas intimidatorias. Ante ello, responsabilizó al presidente municipal y a Fito Torres por cualquier afectación que pudiera presentarse contra los participantes o sus familias.
Llaman a suspender pagos mientras continúa proceso legal
Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a la población para evitar realizar pagos al OOAPAS o al ayuntamiento mientras continúe el proceso jurídico relacionado con el conflicto.
