El avance del crimen organizado en México también tiene una dimensión ambiental poco visible. Tala ilegal, minería irregular, cambio de uso de suelo y apropiación de agua forman parte de una economía criminal que impacta bosques, ecosistemas y comunidades, particularmente en estados como Michoacán. / Crimen organizado y crisis ambiental
Crimen organizado y crisis ambiental
La huella más escondida de los delitos ambientales en México, es decir, la que está detrás de mucho del daño al medio ambiente, lleva a una entidad reconocida por todos: el crimen organizado.
Está detrás de la minería ilegal o asociado con la minería legal; está detrás de gran parte de la tala ilegal; está detrás del cambio de uso de suelo para propiciar cultivos agrícolas o desarrollos urbanos; está detrás de la apropiación ilegal de aguas como pozos ilegales, hoyas ilegales y captura de ríos; está detrás del tráfico de fauna silvestre; está detrás de la pesca ilegal. Está detrás de muchas de las actividades económicas que tienen por objeto el aprovechamiento de materias primas, es decir, de la naturaleza.
Si se revisa la información constituida por los casos de delitos contra el bosque y contra las aguas, o la minería en Michoacán, se encontrará siempre, ya no tanto en las sombras sino abiertamente, a un protagonista que ha alcanzado casi la omnipresencia económica: los cárteles del crimen.
La economía criminal desde hace al menos dos décadas dejó de ser solo de narcóticos y ha extendido sus tentáculos a todas las esferas de la economía rentable, mayorista y hasta menudista, como la venta de carne de pollo o la venta de tortillas. Por supuesto que no ha dejado intacta la riqueza que se puede obtener de nuestros bosques, ecosistemas, minerales y aguas.
Su ingreso ilegal a las riquezas de la naturaleza le ha sido fácil. La debilidad de las instituciones ambientales ha sido un manjar para el crimen. Pronto entendieron que incluso los particulares podían, sin ayuda de las corporaciones criminales, obtener ganancias cometiendo delitos ambientales. De ello derivaron una conclusión clarísima: con el poder de la corporación criminal se podrían asegurar riquezas a niveles colosales.
Entraron así a ser patrocinadores y gerentes de la tala ilegal y el cambio de uso de suelo en todos los territorios en donde se establecieron. Tomaron en sus manos todo el proceso, desde la generación y control de los incendios forestales, pasando por la limpia de material maderable de los predios, la obtención del cambio de uso de suelo para huertas aguacateras, hasta la apropiación ilegal de aguas para el riego de los nuevos cultivos y rematando con el cobro de piso a la producción. ¡Un negocio absoluto y con enorme rentabilidad!
Algo semejante han hecho con la minería. Lo hicieron los caballeros templarios con el mineral de Lázaro Cárdenas en la pasada década y lo están haciendo los grupos criminales de Sinaloa extorsionando a la minera canadiense de Concordia asesinando a diez de sus ingenieros por no pagar la extorsión.
En el caso michoacano no se salvan ni los modestos trabajadores resineros que deben pagar, en algunos lugares, hasta el 50 % de sus ventas como “derecho de piso”.
El impacto de la actividad criminal en el ecocidio michoacano hasta ahora no se ha medido con exactitud, pero por la magnitud de los bosques abatidos y las aguas privatizadas en los últimos años, se les debe reconocer ponderadamente como los principales generadores de daño ambiental y principales verdugos del derecho ambiental a un medio ambiente sano de los michoacanos.
Las políticas ambientales de Michoacán deben considerar, en los diagnósticos que las fundamentan, la fenomenología cuantificable de la operación criminal en todas las áreas en donde los recursos naturales son tomados para la generación de riqueza ilegal. Reconocer esta realidad determinará la revisión de las legislaciones y la asignación de recursos económicos y humanos para atender la escalda ecocida de estos grupos.
Si bien es cierto que el crimen organizado es un asunto de seguridad pública y de seguridad nacional, también es cierto que, por los efectos de su criminalidad, debe considerárseles como de alto riesgo para los entornos territoriales naturales de los pobladores de la ciudad y el campo y, por lo tanto, procesados también por delitos ambientales.
La magnitud de la huella de los cárteles en los delitos ambientales es otra de las caras que presenta el crimen como entidad poliédrica que ha tomado la mayoría no solo de los territorios, sino también de las actividades económicas, para ejercer sobre ellas un control que reta y rebasa al estado mexicano.
