La 76 Legislatura de Michoacán aprobó desincorporar 38 inmuebles del patrimonio estatal. Mientras algunos serán donados a instituciones públicas, 24 predios pasarán al fideicomiso FIDEMICH para su venta a particulares. La decisión ha generado críticas por inconsistencias en el proceso y por posibles beneficios a intereses privados. / Morena privatiza 24 predios públicos
Morena privatiza 24 predios públicos
La 76 Legislatura, dominada por Morena, aprobó el 4 de marzo de 2026 la desincorporación de 38 inmuebles del patrimonio estatal. De estos, cuatro serán donados al IMSS, nueve a ayuntamientos y uno al Congreso local. Los otros 24 predios serán transferidos a un fideicomiso (FIDEMICH) para ser vendidos a particulares [1].
La Comisión de Hacienda y Deuda Pública fue la encargada de dictaminar la iniciativa, excluyendo a la Comisión de Desarrollo Urbano a pesar de que su presidenta, la morenista Sandra Garibay, lo solicitó formalmente [2].
El argumento oficial, repetido como mantra por el diputado Juan Pablo Celis, es que hay que «transformar lo que no produce, lo que está estancado, en lo que sí produce bienestar»[3].
Cómo si no fueran ellos los que lo administran “lo estancado”. La misma cantaleta salinista o calderonista para justificar lo injustificable.
En la propuesta del gobernador los inmuebles venían a precio de catastro, y algunos costaban tan solo $200,000. Es decir, que con el collar de la secretaria Gladys Butanda alcanzaba y sobra para adquirir dos predios. Las inconsistencias del proceso saltan a la vista y huelen a corrupción.
El dictamen original era tan vago que no distinguía qué predios eran para donación y cuáles para venta, los inmuebles estaban mal ubicados, pues en ocasiones se confunden entre oriente y poniente (predio 14), o las referencias no tienen sentido (predio 8), lo que impide saber con certeza qué se estaban rematando.
Pero lo más grave es lo que el presidente del Congreso, Baltazar Gaona, soltó en una rueda de prensa: varios de los predios ya tienen compradores «apalabrados»: una gasolinera, una tienda de franquicia, una agencia de autos y una tienda departamental. Osea que ni siquiera es una venta, es un regalo, tráfico de influencias de cara a las campañas. Ni siquiera se trata de un remate, es un despojo legal disfrazado de «desarrollo». Hasta diputados de la oposición y de la propia bancada morenista denunciaron que el proceso busca «abaratarlos» para beneficiar a unos cuantos.
La incongruencia de Morena es bochornosa y raya en la traición a sus principios, en nada se distingue su discurso del usado por el priismo y panismo noventeros. Hoy usan los mismos argumentos neoliberales que combatieron hace apenas cinco años, en 2021.
Cuando Silvano Aureoles intentó algo similar, los hoy diputados morenistas le impidieron vender seis inmuebles acusándolo de dañar el patrimonio. Hoy, el diputado Juan Pablo Celis, que entonces protestaba, defiende ahora la venta asegurando que «no es lo mismo vender por desesperación que administrar con disciplina».
La disciplina no consiste en defender los principios de los estatutos de la 4T sino en callar y obedecer. Porque en el Congreso, los diputados morenistas no supieron defender nada. Callaron ante un procedimiento que su propia compañera Sandra Garibay calificó de «ilegal» y que llevarán a los tribunales. Pocas voces rompieron el consenso infame, Maria de la Luz Nuñez y la secretaria del partido en Michoacán Jeanette Márquez Capiz reprobaron esta privatización.
Y es que mientras existen necesidades sociales urgentes como la falta de espacios para que los jóvenes practiquen el arte y deporte, espacios para organizaciones sociales, espacios para proyectos productivos desde la economía popular, el gobierno estatal “de izquierda” prefiere hacer caja chica con el patrimonio público.
Dicen que lo destinarán a «inversión pública productiva» pero la inversión que han hecho va manos privadas. El desprecio por lo público ya es un modus operandi. Por ejemplo, mientras se deshacen de edificios, el gobierno de Bedolla sigue pagando renta en inmuebles privados, dejando los públicos vacíos y en el abandono.
Lo mismo ocurre con megaproyectos como el segundo anillo de periférico, que solo favorece a especuladores y constructores privados, mientras cientos de proyectos productivos comunitarios y sociales carecen de apoyos y espacios dignos para operar. La apuesta por la «ineficiencia de la administración pública» para justificar la privatización es un chiste de mal gusto: son los propios administradores los que generan esa ineficiencia para luego rematar los bienes.
Habrá que ver si este proyecto de saqueo tendrá continuidad con los alfiles de Bedolla para sucederlo, como Gladys Butanda, quien ha sido señalada por usar recursos públicos para su promoción personal, violando el artículo 134 constitución federal que prohíbe usar el erario para posicionamiento político. Si ya tiene comprobada corrupción desde la precampaña, qué no hará cuando se trate de entregar a sus amigos el patrimonio de las y los michoacanos.
A todo esto ¿Qué opinan las bases morenistas de este atraco? ¿Qué opina el pueblo en general? ¿Permitiremos que esos corruptos sigan entregando a sus amigos el patrimonio de todas y todos? Ante los tiempos de tempestad global, nacional y estatal, no se puede contar con dirigencias tan miopes y entreguistas, los retos son mayúsculos.
Referencias:
- https://congresomich.site/76-legislatura-autoriza-desincorporar-inmuebles-del-ejecutivo-estatal/
- https://oem.com.mx/elsoldemorelia/local/pese-a-senalamientos-congreso-autoriza-desincorporacion-de-38-predios-28783576
- https://www.ecosdemichoacan.com/?p=8444
