Entre discursos de justicia ambiental y decretos administrativos, la política verde en México se mueve entre la retórica y la impunidad. Mientras se prometen transiciones ecológicas y protección del patrimonio natural, los ecocidios se legalizan, la deforestación se normaliza y la ley se dobla para encubrir el desastre. / Prevaricación verde
Prevaricación verde
Cuando los políticos están en el gobierno sus frases favoritas son: “estamos avanzando”, “no pasa nada”, y “contra los enemigos de la nación”. Cuando les escucho me recuerdan la película Caltzontzin Inspector, en la que el presidente municipal, Perpetuo del Rosal, ejemplo arquetípico del político mexicano, lanza frases que sintetizan el ejercicio demagógico del poder.
El 19 de enero, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Barcena publicó en el Universal, una columna que tituló, “2026: Año para consolidar un México ambientalmente justo”. En ella dice que “la justicia ambiental es ya un principio de gobierno”, y destaca sus cualidades, que “ya no es sectorial, que es una política de Estado de bienestar, de equidad y derechos; que el territorio, las comunidades y la naturaleza van al centro; que no hay protección ambiental sin participación social”, y remata con una frase modélica que, según sea el caso, todo político quisiera decir: “la protección del patrimonio natural es una responsabilidad histórica”.
Entre otras cosas anuncia que en el 2026 se firmará el “Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares”, del que dice, “reconocerá a las 16 mil 953 comunidades agrarias e indígenas forestales, como actores clave y destaca el valor estratégico de estos ecosistemas para el clima, la economía y la seguridad hídrica nacional”.
Reconociendo los problemas ambientales del país subraya la siguiente declaración: “El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y la deforestación exigen una acción coordinada, constante y decidida”. Una frase que ha venido rebotando, como pelota en calle abajo, a lo largo de los sexenios… de los “buenos” y de los “malos”.
Y cierra con una sentencia, que bien podría ser la espada de Temis, diosa de la justicia, “ningún país o persona, por muy poderosa o influyente que sea, podrá detener la transición ecológica en la que el planeta ya está inserto.”
Diría Carlos Monsivais, “de lengua me como un plato”. La verdad, esa que camina más lenta que la mentira, tiene un reporte muy distinto. La justicia ambiental está a años luz de instalarse en nuestro país del eterno ecocidio; fue sofocada y pisoteada de manera brutal durante la construcción del Tren Maya que devastó selvas, afectó ecosistemas, interrumpió corredores biológicos, dañó cenotes, y, sin embargo, ni hay reparación ni mitigación ni mucho menos identificación jurídica de responsables.
La revista iCONOS, publicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con Sede en Ecuador, que ha medido la impunidad ambiental utilizando categorías de análisis como la “Imposibilidad de investigar y perseguir, enjuiciar y sancionar y reparar los delitos y daños contra el medio ambiente”, el “Incumplimiento de objetivos de política ambiental y climática” y la “Inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo o intergeneracionales”, ubica a México con una calificación de 1.93, en donde 4 representa el mejor estándar en el combate a la impunidad y cero la completa impunidad. Como se puede ver México es un país en donde la impunidad ambiental predomina de manera notable.
Y hablando del proyecto del acuerdo por los bosques, selvas y manglares, el propósito no tiene credibilidad pues los hechos dicen otra cosa. Los hechos referidos son ominosos, no se olvidarán, porque esa acción sí que fue histórica: el 24 de octubre del pasado 2025, la titular de la Semarnat firmó el acuerdo administrativo para legalizar a todos los aguacateros ecocidas por los bosques que talaron en Michoacán hasta antes del 2019, que son algo así como 200 mil hectáreas.
Los datos están ahí, en los últimos 30 años Michoacán perdió el 68 % de sus bosques. El decreto administrativo lo que hizo fue legalizar la barbarie ambiental y con ello hizo polvo cualquier posibilidad de justicia ambiental.
Para firmar el decreto, con el que se anula la justicia ambiental para cientos o tal vez miles de comunidades, jamás se consultó a un solo pueblo, es más a ningún ciudadano afectado por la deforestación ocasionada por la expansión aguacatera. Así que el propósito suena a falsedad, mejor dicho, a demagogia que es el uso de falacias y argumentos emocionales.
Es lamentable y condenable también, que la estrategia de algunas instituciones ambientales se esté rediseñando para congraciarse con el poder económico haciendo uso de la prevaricación. Si el problema ambiental ha rebasado a la autoridad la solución es prevaricativamente sencilla: mellar el filo de la ley con un decreto o reformar la misma para que el delito, que antes lo era, deje de serlo con tan solo cambiar algunas cuantas palabras y ¡saz! se acabó el delito ambiental. ¡Ya no pasa nada!
Los gobiernos pueden presumir ahora que el Tren Maya se construyó con estándares ambientales y que la producción aguacatera de Michoacán ahora ya está libre de huella ecocida. ¡Era tan sencillo como prevaricar! ¡Estamos avanzando! En el super bowl 2026 ahora se consumirá aguacate 100 % libre de deforestación, ¡dígase a los cuatro vientos: se acabó la deforestación!
Lo que ningún decreto administrativo o reforma podrán ocultar, sin embargo, son las sierras peladas, la crisis hídrica y el cambio climático, el daño a los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.
Así que el reto que lanza la secretaria de la Semarnat de que “ningún país o persona, por muy poderosa o influyente que sea, podrá detener la transición ecológica en la que el planeta ya está inserto” es francamente de pena ajena. Frente a la omnipotente realidad es como Perpetuo del Rosal lanzando jaculatorias de los logros de la revolución ante un pueblo en ruinas.
