Ley minera a discusión ¿Cuál es el panorama de la minería en México?

En Michoacán, existen 695 concesiones mineras, según los últimos datos del gobierno de México publicados en enero de 2023. Ley minera a discusión ¿Cuál es el panorama de la minería en México?

De las 23, 441 concesiones vigentes que hay en México, 17,740 se concentran en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Sinaloa y Michoacán, según los datos de la Dirección General de Minas, perteneciente a la Secretaría de Economía.

El Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua.  Pero ¿Cuál es el panorama de la minería en México?

Ley minera a discusión ¿Cuál es el panorama de la minería en México?

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Ley minera a discusión ¿Cuál es el

panorama de la minería en México?

Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com

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I. DEL PASADO AL PRESENTE

En 2021, en15dias.com tuvo la oportunidad de entrevistar a la Doctora Violeta Núñez Rodríguez, Profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, quien realizó un análisis histórico de lo que fue el actuar de las empresas mineras en México.

Para la doctora, “definitivamente es un tema que nos debería de interesar a toda la nación porque la minería se expande por prácticamente todos los estados”.

“Hay algo en algunos que es más la presencia, pero finalmente todos los estados y bueno más Michoacán está tocado desde hace varios años por esta temática sumamente importante”.

En entrevista con en15dias.com hace una valoración histórica.

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“Hay que enmarcar en términos históricos está minería que estamos viviendo hoy en el siglo XXI que se da en el contexto de finales del siglo XX con la reforma al Artículo 27, una reforma que se enmarca también como una de las más importantes”, señala

Explica que estas reformas se negociaron en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio. “Se hace esta reforma constitucional que tenía como objetivo uno cancelar el reparto agrario y dos dar esta seguridad a la Tierra, es decir, que los ejidos y comunidades agrarias, pero en particular los ejidos, esta propiedad social pudiera ser, pues lanzada de alguna u otra manera al mercado y pudiera ser privatizada no dando un certificado de propiedad de propiedad social”.

La reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992 abrió a puerta a la posibilidad de que a las empresas mineras pudieran adquirir terrenos para desarrollar sus actividades de manera integral.

Esto permitió que la circulación de tierras en el mercado se diera y facilitará a los intereses privados el acceso al territorio, en especial a las corporaciones trasnacionales.

“Como parte de estas reformas se crean tres leyes reglamentarias: la Ley Agraria, la Ley Minera y la Ley de Aguas”, explica la doctora Núñez Rodríguez.

La Ley Minera actual, se aprobó el 26 de junio de 1992 y permitió la más amplia extracción y explotación privada de los recursos minerales.

Su objetivo central fue favorecer los intereses bajo el supuesto de que se requeriría la entrada masiva de capitales nacionales y extranjeros en la explotación de los recursos mineros.

Así lo expone la exposición de motivos de la iniciativa del 26 de mayo de 1992.

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¿Qué establece la actual Ley Minera?

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En el caso de las reformas a la Ley de Aguas impulsadas en 1992, se establecía la posibilidad de que la iniciativa privada incursionara en el aprovechamiento y distribución de los recursos hídricos del país.

El sistema de concesiones y asignaciones establecido en la Ley de Aguas Nacionales funciona actualmente bajo una lógica desigual que mercantiliza el agua.   

¿Qué establece la actual Ley de Aguas Nacionales?

Este proceso, explica la doctora Violeta Núñez, “tiene un proceso sumamente intenso de otorgar por parte del gobierno mexicano una gran cantidad de concesiones y una gran extensión del territorio nacional. Llegamos a tener cerca de 30 millones de hectáreas vigentes concesionadas durante el gobierno de Felipe Calderón, pero a lo largo de estos años desde 1992 hasta antes de que se iniciara el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se habían entregado 100 millones de nuevas concesiones, no obstante, no todas estaban vigentes al mismo tiempo”.

Para la doctora, esta Ley Minera permitió que se gestara este tipo de expansión por todo el territorio.  

“Creaba todas las circunstancias para para que se gestara un paraíso minero en México, porque por una parte no había límite a la propiedad y se podían entregar hasta por un siglo las concesiones mineras”.

Para la doctora Núñez Rodríguez, otro elemento que propició el despojo de agua y territorio en las comunidades de México es el Artículo sexto que declara a la minería como actividad de “utilidad pública”.

En el primer párrafo del artículo 6, se señala que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

“Se le dio preferencia sobre cualquier otra actividad que se pudiera desarrollar en los territorios donde hay minerales, entonces, eso fue como el punto inicial está Ley Minera enmarcada, en esta reforma al Artículo 27 y a su vez enmarcada, en este proceso de firma de tratado de libre comercio con América del Norte, ahí empezó la historia”, destaca la doctora.

“Así como comenzó la historia también comenzó, por otra parte, el despojo de tierras de agua, de recursos, y también, de cambio propiamente de la vida de los pueblos y comunidades que viven en estos territorios donde se aplica la minería”.

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Ley minera a discusión ¿Cuál es el panorama de la minería en México?

II. CIFRAS Y CIFRAS QUE MUESTRAN EL DESASTRE

En Michoacán, existen 695 concesiones mineras, según los últimos datos del gobierno de México publicados en enero de 2023.

Según el gobierno, Michoacán tiene concesionado en total 755,025.5430 hectáreas, lo que representa una ocupación total de territorio de 4.81 por ciento.

De las 23, 441 concesiones vigentes que hay en México, 17,740 se concentran en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Sinaloa y Michoacán, según los datos de la Dirección General de Minas, perteneciente a la Secretaría de Economía.

Estos estados, con graves problemas de agua, ocupan 71.57 por ciento de las concesiones mineras que hay en el país.

Un estudio elaborado por la organización no gubernamental OXFAM México y el Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2019, registraba un total de 24,723 concesiones mineras con un volumen de 566,560,867 metros cúbicos al año, lo que representa 56,656,087 pipas de agua.

En los mapas de concesiones mineras en el territorio nacional que se presentan en el documento, se advierte como el norte de México es el que concentra la mayor cantidad de concesiones tanto mineras como de agua para esta actividad.

La minería es una de las industrias más intensivas en el consumo de agua.

“Todos estos resultados advierten claramente como la industria minera ha acumulado y concentrado agua para sus negocios en detrimento de las comunidades campesinas e indígenas donde se han asentado.

“Esto mismo ha ocasionado una gran cantidad de conflictos por el usufructo de las tierras y la contaminación del suelo y del agua”, se concluye en una de las secciones del estudio.

Un análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, realizado en 2020, determinó que en 2019 el volumen de agua concesionado para la industria minera y consignado en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), ascendía a 472.53 hm3.

Un hectómetro cúbico equivale a 1,000 millones de litros de agua, lo que significa el consumo anual e 15,000 personas. Es decir, en 2019 el agua concesionada a la industria minera equivalía al consumo anual de más de 7 millones de personas.

Este dato, es exclusivamente de los volúmenes de agua que las compañías mineras obtienen de las concesiones, sin embargo, hay otro modo de complementar el agua que requieren para su producción: el agua de laboreo.

Este aprovechamiento de agua está exenta de registro y de pago de derechos fiscales.

A pesar de esto, el IMTA en 2020 por medio de su proyecto de investigación interno “Agua y minería: Análisis multiescalar y sus efectos social, ambiental y económico”, estimó el volumen de agua de laboreo utilizada por la industria minera en México en 1,128.9 hm3/a, el cual es 2.9 veces mayor que el volumen de agua concesionado registrado en el REPDA en 2019 (472.53 hm3). La primera cifra incrementa en un 14.34 % el total del volumen de agua concesionado a la industria en México, quedando en 9,354.8 hm3.

Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 66 por ciento de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y 18.96 por ciento de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

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La organización CartoCrítica, señala que hay 9 por ciento del territorio está concesionado a las mineras.

En un estudio publicado el 10 de abril de 2023, se concluye que “la información sobre la minería en México está sumamente desintegrada y en muchos casos es inaccesible o inexistente”.

Destaca que “no conocemos públicamente la producción de las minas, su ubicación o características. No tenemos idea de la cantidad de recursos naturales que acaparan y destruyen, ni cómo gestionan su impacto ambiental”.

“La información oficial disponible sobre la gestión territorial y ambiental de las minas del país es sumamente limitada, lo que nos impide realizar estudios de salud, impactos ambientales, sociales o económicos a la población alrededor de las minas”.

En la investigación se señala que “el sector minero no reporta públicamente la cantidad de minerales extraídos por mina, planta de beneficio o empresa, y mucho menos conocemos la cantidad de agua utilizada, ni cuanta se contaminó, ni cuánto se pagó por ella, o cuántas hectáreas forestales fueron convertidas en tajos a cielo abierto y presas de lixiviados”.

Destaca que “la información oficial desagregada y georreferenciada, sobre la operación de las minas en el territorio del país está limitada a la base de datos de las concesiones mineras. Sin embargo, la existencia de una concesión no es necesariamente un indicador de una actividad minera de extracción que esté ya ocurriendo”.

Para la organización, “escondidas a plena vista, ocultas entre decenas de miles de concesiones mineras en su mayoría dedicadas a la exploración o especulación financiera, se encuentran operando 97 minas metálicas a cielo abierto, y cientos más de minas metálicas subterráneas, de carbón y de otros minerales no metálicos. Sin que exista una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y hacerles rendir cuentas”.

La organización, después de una revisión de la documentación oficial, genera el primer mapa minero en México en los cuales destaca las concesiones mineras que hay en México, las concesiones de agua para la actividad y la gestión ambiental en las zonas de producción.

Se destaca que más de la mitad, 55%, de las minas metálicas en territorio mexicano no reportan sus contaminantes, y 62% opera sin concesión de agua.

La investigación, elaborada por la organización CartoCrítica revela que, de las 249 minas metálicas en México, hay 128 (51%) en acuíferos sin disponibilidad de agua, y hay 27 en áreas naturales protegidas.

Además, 38 % de las minas carece o no entregó una evaluación de impacto ambiental, una condición básica para su funcionamiento.

CartoCrítica, con el respaldo de la Fundación Heinrich Böll y la Colectiva Cambiémosla Ya, identifica 874 operaciones mineras, incluyendo 249 metálicas, 62 de carbón, 38 salinas, 182 no metálicas y 343 metálicas aún en exploración, que en conjunto suman más de 188.320 hectáreas.

Entre las más numerosas, destacan 114 de oro en 33.462 hectáreas, 63 de plata en 7.028 hectáreas y 30 de cobre en 25.517 hectáreas.

Según CartoCrítica, Michoacán tiene 16 operaciones mineras en activo; ocho son “metálicas”, cinco “metálicas exploración” y tres “minería no metálica”.

En cuanto al número de hectáreas, el estado de Michoacán suma 1,211 hectáreas de operaciones mineras metálicas, de las cuáles, 6 hectáreas corresponden a explotación de oro; 175 de cobre y 1,030 de Fierro. 

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III. ¿NUEVA LEY RESOLVERÁ?

El Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua.

Según la información contenida en la iniciativa de reformas a la Ley Minera enviada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 22 de marzo de 2023, se propone que las concesiones se otorguen a partir de un concurso público y condicionar a la disponibilidad hídrica que una concesión pueda ser otorgada.

Además, se busca la obligatoriedad de un Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre que establezca las acciones de reparación, restauración, rehabilitación y remediación ambiental; presentación de cartas de crédito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mitigación y restauración y la incorporación de un capítulo de delitos con el objeto de sancionar conductas delictivas.

Reformas a la Ley Minera

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Reformas a la Ley de Aguas Nacionales

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Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Al Ambiente

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En conferencia de prensa, organizaciones en defensa de los territorios, vieron con buenos ojos la propuesta de reformas a la Ley Minera.

Cecilia Navarro, de la Colectiva Cambiémosla Ya, señala que es “una oportunidad”.

“Es momento de que tomemos una decisión en la que se ponga en primer lugar el bien común, la protección de los derechos de pueblos y comunidades, el interés de México y se legisle en favor de todo esto y no a favor de los intereses privados”.

Señalaron que la iniciativa sienta las bases “para cambiar las reglas en materia de minería y con ello frenar los atropellos que durante estos 30 años han cometido, a lo largo y ancho del país, las empresas mineras, otros actores privados y el Estado en nombre de un “desarrollo” que ha beneficiado a unos pocos y ha generado cuantiosas pérdidas económicas, ambientales y sociales para los pueblos que han sufrido la imposición de los proyectos mineros”.

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Opinaron que las operaciones mineras en México “llevan décadas extrayendo agua, dividiendo a familias y comunidades, afectando los medios de vida de los pueblos, generando descomposición y violencia, contaminando agua, suelo y aire, violando derechos, desplazando a comunidades, sobornando a autoridades, entre otras calamidades”.

“Todo, sin cumplir ni una sola de sus promesas: ni empleos, ni mejora en la vida, ni desarrollo, ni beneficios relevantes para las finanzas públicas, ni cuidado del medio ambiente. Y todo al amparo de una ley que legaliza este insostenible modelo de extracción. Es momento de enmendar esta situación”, exigieron en un comunicado.

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IV. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES Y DEFENSORES

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “entre 2013 y 2018 la Cámara Minera de México (Camimex) contó 169 proyectos mineros detenidos por protestas sociales y oposición de las comunidades, y otras bases de datos reportaron la existencia de 173, 155, 103 y 44 conflictos socioambientales por minería”, señala en la revista “Diálogos Ambientales”.

En México existen más de 500 conflictos socioambientales, hasta 2019.

El origen de los conflictos en los que se han registrado defensores ambientales asesinados es: forestal (53), despojo del territorio (37), minería (24), proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas (18), proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua (7), denuncias (3), protección ambiental (1), proyectos turísticos (1) y proyectos minero-forestales (1).

Para Pavel Ulianov, vocero del Concejo Supremo Indígena de Michoacán va en aumento la criminalización y agresiones a los defensores de los bosques y derechos humanos en Michoacán.

En su participación en el podcast de en15dias, señaló que más de 60 defensores de los bosques, del territorio y la vida asesinados en la última década.

“Hay impunidad total, el gobierno no ha sido capaz de garantizar la vida ni la fiscalía ha resuelto ni un sólo caso. Hay una mayor violencia e impunidad total”, recrimina el líder indígena.

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Para la Doctora Violeta Núñez Rodríguez, Profesora investigadora de la UAM Xochimilco, a ese contexto debe sumarle “la situación sumamente compleja de lo que se ha estado denunciando ya por años que es la presencia del crimen organizado en esta actividad de la minería, en particular en Michoacán”.

Destaca que se ha tenido, a lo largo de la historia, una vinculación de algunos grupos organizados del crimen con estas mineras quienes “les imponen reglas y cuotas. Eso complica más, aún más, los territorios”, asegura.

“Se complejizó o ha sido uno de los espacios más difíciles justo por esta situación que se vive en Michoacán pues ha sido una constante, una denuncia, incluso hecha hasta por los propios empresarios mineros, que han tenido, en algún momento, que retirarse o los han sacado y pues ahí están las denuncias al respecto”.

Para la doctora, la aprobación de estas reformas será “un escenario complicado”.

“Sabemos que la derecha, en particular el PAN a lo mejor el PRI no, pero yo creo que también el PRI pues no estarían dispuestos a aprobar algo, que vaya en contra de sus intereses. Muchas de las mineras estarán oponiéndose a que se hiciera una modificación en términos de esta ley, que los pudiera perjudicar, aunque se declarara que no sería retroactiva, ellos pensarían hacia futuro también”.

Destaca que “no solamente basta con reformar la Ley Minera sino también estos elementos que le dieron sustento como el artículo 27, que ha posibilitado, que posibilita, llevar al mercado, todas las propiedades a nivel nacional, incluida la propiedad social, que fue producto de la Revolución Mexicana”.

En ese sentido, señala que se tendría que pensar en este en estos otros elementos e incluir en esto la Ley de Aguas Nacionales.

“Me parece fundamental que tiene que ser una reforma de gran calado que incluya estas tres leyes (Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales y Ley Minera)”.

Este 12 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema: Ley minera a discusión ¿Cuál es el panorama de la minería en México?

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