El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Educación para prohibir la venta de alimentos chatarra cerca de las escuelas de México.
“Las autoridades educativas observando los criterios nutrimentales y las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud, promoverán ante las autoridades correspondientes, de los tres ámbitos de gobierno, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares’’, cita la enmienda al artículo 75.
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De acuerdo con el cambio legal, dichas autoridades deberán promover, además, “el establecimiento de expendios de alimentos saludables, de preferencia producidos en el barrio, vecindad o región de cada plantel’’.
Las cooperativas escolares deberán incluir la “comercialización de frutas y verduras”.
El Pleno del Senado de la República avaló con 109 votos a favor, un dictamen por el que se reforma la Ley General de Educación, para fomentar el consumo de alimentos y bebidas sanos en las y los educandos.
Diputados a favor de prohibir alimentos chatarra
El senador Manuel Añorve Baños (PRI), lamentó que México se encuentre entre los primeros países de obesidad infantil a nivel mundial, por lo que resaltó la importancia de la reforma, la cual refuerza las medidas de seguridad alimentaria a las y los niños mexicanos.
“Esta es una reforma muy importante a favor de la salud. No han sido suficientes las medidas que se han tomado porque incluso, pasamos de los alimentos chatarra a la chatarrita, pero eso no eliminó este factor que daña la salud de niñas y niños”, enfatizó el senador Martí Batres Guadarrama (Morena), promovente de la iniciativa.
Por parte del PAN, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, resaltó la importancia de cuidar los alimentos de las y los estudiantes en sus centros educativos, por lo que pidió tener claridad con los comerciantes que ofrecen sus productos fuera de las escuelas para que también puedan ofrecer alimentos saludables.
El senador José Alberto Galarza Villaseñor (MC) también se sumó al dictamen y solicitó establecer políticas públicas claras que cuenten con una instrumentación adecuada para beneficio de la niñez.
El dictamen que se avaló en lo general y en lo particular, en la sesión a distancia de la Cámara Alta, se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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