Uitzume, el perro del lago
“Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: la reconfiguración de los territorios
La intervención federal inyecta recursos y blindaje militar, pero no trastoca las redes que sostienen la gobernanza real: funciona como una sofisticada reconfiguración que permite a las élites políticas, económicas, sociales y de grupos delictivos organizados retener las riendas del control territorial.
Michoacán no es un territorio fallido; es un territorio profundamente funcional. La pregunta no es si funciona, sino para quiénes lo hace.
Comprender las dinámicas actuales del estado exige abandonar la cartografía institucional y observar el mapa real del poder: una red de alianzas, formales e informales, integrada por actores políticos, económicos, empresariales y criminales que, desde distintas posiciones, cogobiernan el territorio y participan en su permanente reconfiguración.
En este contexto, el despliegue federal del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, presentado como la principal estrategia de pacificación del Gobierno de México en Michoacán, no irrumpe como un elemento externo capaz de alterar esas relaciones de poder. Por el contrario, opera como un catalizador de su reorganización.
El plan facilita la adaptación de los distintos actores involucrados, permitiéndoles preservar las estructuras de dominación, las redes criminales y los mecanismos de control sobre la tierra, el agua y los corredores económicos estratégicos.
La dimensión financiera del programa ilustra la magnitud de esta apuesta. Tan sólo para 2026 se proyecta una inversión pública de 57,564 millones de pesos, a la que se suman 39,330 millones provenientes de inversión mixta y proyectos de infraestructura. En conjunto, desde el inicio del plan se ha anunciado una bolsa acumulada superior a 96,894 millones de pesos.
Sin embargo, esa cifra también revela la ingeniería presupuestal que sostiene la narrativa oficial. Los 96,894 millones de pesos no constituyen recursos extraordinarios destinados específicamente a Michoacán, sino una concentración de partidas que, en buena medida, corresponden a transferencias federales ordinarias y a inversiones previamente contempladas en el presupuesto público.
De hecho, dentro de esa bolsa se contabilizan rubros que ya forman parte del andamiaje nacional de programas sociales: 30,270 millones de pesos en Programas para el Bienestar genéricos, que beneficiarán a poco más de un millón de personas, y 6,300 millones adicionales en becas educativas para 892,639 estudiantes a través de la Beca Rita Cetina, instrumentos que operan de manera similar en cualquier otra entidad del país y no constituyen un fondo excepcional diseñado para pacificar Michoacán.
Al incorporar bajo la marca del Plan Michoacán recursos como los más de 37,450 millones de pesos destinados a los Programas para el Bienestar, así como las inversiones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de los 39,330 millones para infraestructura carretera, 8,186 millones corresponden a conservación de carreteras ya existentes y 2,297 millones a caminos artesanales, partidas de mantenimiento rutinario más que de obra nueva, el Gobierno federal presenta gasto público ordinario como si se tratara de una estrategia integral de pacificación.
En ese sentido, la bolsa anunciada no representa un fondo excepcional para reconstruir el tejido social, sino una reorganización presupuestal orientada a financiar y consolidar un nuevo esquema de administración y control territorial.
Por ello, desde en15días sostenemos que el Plan Michoacán no redefine el territorio en beneficio de sus habitantes. Lo que redefine es la forma en que ese territorio se administra, se financia y se gobierna, garantizando la continuidad de los intereses económicos y políticos que históricamente han estructurado el poder en el estado.
LA TIERRA Y EL AGUA COMO BOTÍN Y LA AMNISTÍA DEL CAPITAL
Desde hace más de dos décadas, el territorio michoacano ha sido reorganizado conforme a los intereses de la agroindustria de exportación, la especulación inmobiliaria y la mercantilización de la naturaleza a través del turismo.
Este proceso no ha estado guiado por políticas de conservación ni por estrategias de desarrollo sustentable, sino por una lógica extractivista que convierte la tierra y el agua en activos económicos al servicio de la acumulación de capital.
En este contexto, el territorio se disputa, se privatiza y se redistribuye en función de los intereses de grandes corporaciones y de grupos empresariales estrechamente vinculados con las estructuras gubernamentales. Más que regular el uso del suelo en función del interés público, el Estado actúa como facilitador de la expansión del capital privado.
El mecanismo es recurrente, aunque pocas veces se nombra con claridad. A través de cambios de uso de suelo de facto, con frecuencia precedidos por incendios forestales presuntamente provocados, las instituciones terminan legalizando la expansión del monocultivo del aguacate y el desarrollo de megaproyectos logísticos, industriales y habitacionales.
A ello se suman iniciativas como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), entre ellos los polos anunciados en Uruapan, el llamado “El Bajío” en Morelia y la modernización del Puerto de Lázaro Cárdenas, como parte del “Plan (extractivista) México”, que desde en15días lo hemos llamado así por su papel en la profundización de un modelo orientado a la explotación intensiva del territorio.
Esta forma de gobernanza, sustentada en la convergencia entre intereses públicos y privados, garantiza impunidad administrativa, agiliza la expedición de permisos y mantiene un flujo constante de autorizaciones para nuevos proyectos.
Como resultado, el ordenamiento territorial se ha convertido, en numerosos casos, en una simulación jurídica que legitima el despojo de bienes comunes, mientras la inversión pública en infraestructura crea las condiciones para la expansión de las actividades extractivas y comerciales.
EL CRIMEN COMO REGULADOR Y SOCIO DE LA CADENA
Lejos de la narrativa oficial que presenta al crimen organizado como un actor externo que irrumpe para alterar el orden y al que únicamente hay que “combatir”, diversas organizaciones criminales se han reconfigurado como agentes económicos centrales e intermediarios funcionales dentro del propio modelo de producción.
Al definir los tiempos de cosecha, controlar las rutas de transporte e imponer cuotas por cada caja de aguacate, limón o berries, estos grupos incorporan la extorsión como un costo estructural asumido por exportadores y productores locales.
Las cifras documentadas permiten dimensionar el impacto económico de la extorsión sobre las cadenas agroproductivas de Michoacán. En el caso del aguacate, cuya producción estatal supera regularmente el millón de toneladas anuales, productores, empacadores y organizaciones empresariales han denunciado la presencia de cobros ilegales que afectan distintas etapas de la cadena, desde la producción hasta la comercialización.
Aunque no existe una cifra oficial consolidada sobre los ingresos que obtienen los grupos criminales mediante estas prácticas, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha estimado que la extorsión representa entre 3% y 5% del valor de la cadena exportadora del aguacate, un mercado que en 2025 alcanzó cerca de 4,000 millones de dólares en ventas hacia Estados Unidos.
En otras regiones agrícolas del estado, la extorsión sí ha sido cuantificada a partir de denuncias de productores y estimaciones de organismos empresariales. En el Valle de Apatzingán, por ejemplo, productores de limón han denunciado cobros criminales de entre tres y cuatro pesos por kilo, mientras que el costo de producción ronda los siete pesos por kilogramo. Bajo estas estimaciones, el cobro ilegal representaría una carga significativa sobre la cadena productiva y habría generado ingresos cercanos a 1,800 millones de pesos anuales para los grupos criminales que operan en la región.
El fenómeno no se limita al limón o al aguacate. En las zonas productoras de berries de Zamora y Jacona, así como en otros corredores agroexportadores, productores han denunciado mecanismos similares de control criminal mediante cuotas, amenazas y restricciones para movilizar y comercializar sus productos.
La extorsión dejó de ser únicamente un delito contra productores individuales para convertirse en un mecanismo de regulación económica dentro de cadenas estratégicas del campo michoacano. En este esquema, los grupos criminales funcionan como actores que intervienen en los costos de producción, la circulación de mercancías y las condiciones de operación de sectores orientados al mercado nacional e internacional.
Las ganancias derivadas de la extorsión, el control territorial y otras economías ilícitas no permanecen al margen del mercado formal. Por el contrario, se reintegran mediante la adquisición de tierras, el financiamiento de campañas políticas, la inversión en infraestructura y la participación en actividades económicas legales, difuminando las fronteras entre la economía criminal y la economía formal.
En distintas regiones de Michoacán, como Madero, la Meseta Purépecha, Zamora y Los Reyes, existen casos en los que los grupos armados no sólo cobran el llamado “derecho de piso”, sino que también intervienen para preservar la continuidad de la producción y mantener la estabilidad necesaria para el funcionamiento de las cadenas agroexportadoras.
En estos contextos, se convierten en un poder regulador de facto y en un brazo armado que coexiste con los esquemas institucionales de gobernanza y pacificación. Que esta lógica persista pese al despliegue federal lo confirman las propias cifras oficiales: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de extorsión en Michoacán aumentó 15% entre 2024 y 2025, un dato que contradice la idea de que la sola presencia militar basta para desarticular el cobro de piso sobre la agroindustria.
La detención, la semana pasada, de los presuntos operadores conocidos como “Sierra 1” y “Sierra 2” en la zona de Bosque Monarca, al sur de Morelia, ilustra esta reconfiguración del control criminal sobre el territorio. Ya que mientras no se desmantelen las estructuras financieras, las redes logísticas y las relaciones políticas que permiten la reproducción de estos grupos, las detenciones aisladas difícilmente modificarán el problema de fondo.
En la práctica, sólo favorecen una nueva reconfiguración del territorio y de los equilibrios de poder entre las organizaciones criminales.
LA MILITARIZACIÓN COMO EL GRAN ESTABILIZADOR DEL MERCADO
En este entramado, el despliegue masivo de fuerzas federales contemplado en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” adquiere un papel eminentemente funcional. La presencia militar no irrumpe para desarticular las estructuras que sostienen las economías criminales y las redes de complicidad; más bien contribuye a pacificarlas y reordenarlas de manera selectiva.
El despliegue contempla 10,506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, más 1,781 efectivos de la Marina en municipios estratégicos, una cifra que en conjunto supera los 12,000 elementos, y que el propio Gobierno federal ha situado, en su dimensión más amplia de refuerzo nacional, en más de 100,000.
Estos efectivos buscan garantizar que los corredores logísticos, las carreteras en las que se invierten más de 42 mil millones de pesos, los puertos y las zonas de empaque permanezcan operativos para que la producción, la exportación y la acumulación de capital no se interrumpan.
En este contexto también proliferan las Bases de Operaciones Interinstitucionales en distintos municipios. Aunque son presentadas como una muestra del reforzamiento de la seguridad, en numerosos casos su presencia termina siendo principalmente disuasiva y de vigilancia permanente.
Más que modificar de fondo las dinámicas del control territorial o desmantelar las estructuras criminales, funcionan como dispositivos de regulación y contención que estabilizan temporalmente los territorios considerados estratégicos.
Vale la pena reconocer que, en su primer corte de resultados —el plan se presentó el 9 de noviembre de 2025—, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó, al comparar octubre de 2025 (previo al plan) contra diciembre de 2025, una reducción de 30% en homicidios dolosos —al pasar de un promedio de 3.48 a 2.45 homicidios diarios— y una baja de 13% en extorsión, junto con 287 detenciones entre el 10 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025, 150 armas de fuego aseguradas y el desmantelamiento de 18 laboratorios de metanfetamina.
Estas cifras, sin embargo, miden la intensidad de la violencia y la actividad operativa, no la desarticulación de las estructuras financieras, las redes de lavado y las relaciones políticas que sostienen a los grupos criminales como socios funcionales de la economía agroexportadora; una baja en homicidios y detenciones puede coexistir, como muestran los datos de extorsión a nivel estatal, con la persistencia o incluso el fortalecimiento de los mecanismos de cobro de piso sobre la producción.
Al mantener la violencia dentro de márgenes administrables y favorecer nuevos equilibrios entre los actores que disputan el territorio, la militarización contribuye a la continuidad de las actividades económicas prioritarias.
Al mismo tiempo, fortalece un enfoque de seguridad que con frecuencia desplaza los conflictos sociales hacia el ámbito del orden público, criminalizando o subordinando demandas vinculadas con la defensa del territorio, el agua y la autonomía de las comunidades indígenas.
En las regiones donde la agroindustria de exportación y los corredores comerciales concentran intereses estratégicos, la intervención militar rara vez rompe los circuitos económicos y criminales existentes. Su presencia tiende a reconfigurar los equilibrios de poder y a estabilizar los nodos territoriales indispensables para garantizar la circulación de mercancías y la continuidad del modelo económico.
LAS CUATRO PATAS
El resultado es una arquitectura de gobernanza sostenida por cuatro pilares, cuya operación termina siendo lubricada por el flujo de recursos federales.
En un extremo se encuentra el poder político, que aporta el marco de legalidad institucional y canaliza recursos públicos (entre ellos, más de 37,450 millones de pesos destinados a los Programas para el Bienestar en Michoacán). A su lado opera el sector empresarial, que moviliza el capital, la inversión y las cadenas de exportación.
Un tercer componente lo constituyen los grupos delictivos organizados, que ejercen control territorial mediante la violencia selectiva, la intimidación, la presencia armada y la regulación de los flujos económicos y sociales.
Un control que, como se observa en las cuotas de entre uno y tres pesos por kilo de aguacate o de hasta 60% del costo del limón, opera como un verdadero impuesto paralelo sobre la producción regional.
Finalmente, el Estado despliega su aparato de seguridad y militarización, no sólo para intervenir en los territorios, sino para estabilizar las condiciones bajo las cuales ese entramado puede seguir funcionando.
Esta arquitectura no responde a una suma de fallas institucionales ni a una coyuntura excepcional. Es el resultado de una reconfiguración del poder en la que intereses políticos, económicos y criminales convergen alrededor del control del territorio, de los recursos naturales y de las rutas de acumulación.
En ese escenario, la frontera entre lo legal y lo ilegal deja de ser una línea nítida para convertirse en un espacio de negociación permanente.
Desde esta perspectiva, el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” no representa una ruptura con ese modelo de gobernanza. Antes que desmontar las estructuras que lo sostienen, contribuye a reorganizarlas y estabilizarlas, asegurando que la circulación del capital, las mercancías y las inversiones continúe sin alterar los equilibrios fundamentales del poder territorial.
El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” está reconfigurando el territorio y con ello rediseña el modelo que necesitaba para seguir flotando. El territorio sigue siendo funcional, sólo que no para quienes lo habitan y defienden.
