La Comisión de Recursos Hidráulicos instaló tres grupos de trabajo regionales para analizar la iniciativa de Ley General de Aguas. Especialistas, productores, academia y sectores productivos debatieron concesiones, transmisión de derechos, reuso y gestión hídrica en las zonas Centro, Sur y Norte. / Instalan tres grupos de trabajo en las audiencias públicas sobre la Ley General de Aguas

Instalan tres grupos de trabajo en las audiencias públicas sobre la Ley General de Aguas
Por: en15dias.com / Con información de Cámara de Diputados
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados instaló tres grupos de trabajo regionales —Centro, Sur y Norte— como parte de las audiencias públicas convocadas para analizar la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.
Los trabajos se enfocaron en el tema “Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”, con la participación de representantes de sectores productivos, organizaciones sociales, especialistas, académicos y autoridades de todo el país.
Las audiencias continuarán durante cuatro días, periodo en el que se integrarán todas las observaciones antes de la elaboración del dictamen correspondiente.
Zona Centro: demandas de certeza, uso eficiente y fortalecimiento de organismos de cuenca
El grupo de trabajo de la Zona Centro, coordinado por la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena), concentró opiniones de los estados del Altiplano y la región Occidente. La legisladora señaló que las propuestas serán sistematizadas y llevadas a Comisión para la discusión del dictamen.
Durante las intervenciones, legisladores, representantes industriales, académicos y productores coincidieron en la necesidad de un régimen de concesiones con mayor claridad, visión técnica y equilibrio entre derecho humano al agua y actividades productivas.
Desde Morena, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia expuso que zonas como el distrito 35 de Tenancingo enfrentan una “histórica deficiencia hídrica” derivada de factores geográficos, legislativos y de crecimiento urbano.
En la misma línea, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez propuso la regularización de trámites rezagados y el fortalecimiento de los sistemas de gestión, información y uso de agua residual tratada.
El sector industrial, representado por Christopher Ávila Mier (Concamin) y Rosa María Sánchez Maldonado (CANIPEC), destacó la importancia del reúso de aguas residuales y la necesidad de reconocer procesos eficientes y mecanismos de transmisión y reasignación.
El Consejo Nacional Agropecuario, a través de Luis Fernando Haro Encinas, llamó a incluir incentivos claros para el sector agrícola, responsable del 76% del uso nacional del agua.
Desde el ámbito técnico-ambiental, Juan Carlos Zárraga Sarmiento (Consejo Coordinador Empresarial) propuso precisar el concepto de sobreexplotación; Judith Domínguez Serrano (Colmex) planteó que las leyes estatales regulen el reúso; mientras que José Luis Luege Tamargo, exdirector de Conagua, advirtió que centralizar permisos en oficinas centrales restaría eficacia operativa y defendió mantener la facultad de los 13 Organismos de Cuenca.
Especialistas como Franco Lammoglia Ordiales y Susana Barroso Salcedo coincidieron en que la ley avanza en coherencia constitucional y robustez institucional, aunque alertaron sobre los efectos operativos de prohibir transmisiones de derechos.
Productores, ejidatarios y representantes sectoriales —entre ellos la Unión Nacional de Avicultores, Femeleche, y la Asociación Mexicana de Productores de Carne— expresaron preocupaciones sobre seguridad jurídica, impactos en la continuidad de actividades, pérdidas por infraestructura deficiente y necesidad de certeza para el campo.
En esta mesa también se planteó que un marco jurídico actualizado podría impulsar tecnologías pluviales, prácticas sostenibles y una gestión hídrica resiliente en México.
Zona Sur: derechos de la naturaleza, padrones confiables y fortalecimiento del reúso
El grupo de trabajo de la Zona Sur, coordinado por el diputado Gabriel García Hernández (Morena), se centró en revisar la iniciativa con enfoque territorial y en recoger observaciones para el dictamen.
La diputada Margarita Corro Mendoza (Morena) enfatizó la necesidad de padrones claros de productores, fiscalización efectiva y asignación de recursos para quienes realmente los requieren.
La Alianza Ríos Mayas, representada por Ana Pohlenz de Tavira, propuso incorporar el reconocimiento legal de ríos y cuerpos de agua como entidades vivas con derechos, bajo tutela de comunidades mayas. Señaló que estos derechos no están presentes actualmente en la legislación mexicana.
Representantes del sector ganadero y ejidal, como Néstor Octavio Guerrero Sánchez (CNOG) y Arturo García Jiménez (Coordinadora de Comisariados Ejidales de Guerrero), defendieron la permanencia de mecanismos que permiten suministrar agua sin que ello constituya transmisión de derechos, y pidieron fortalecer la autoridad de los Organismos Regionales de Cuenca.
Desde el ámbito jurídico y ambiental, Olivia del Consuelo Flores de la Torre destacó que la propuesta amplía la cooperación intergubernamental y las obligaciones en torno al reúso de aguas residuales. Alejandro López Tamayo (Centinelas del Agua A.C.) propuso reformar la ley para habilitar de manera segura el reúso potable y crear un sistema de certificación y vigilancia.
Zona Norte: estrés hídrico, seguridad jurídica y transmisión de derechos
El grupo de trabajo de la Zona Norte, coordinado por la diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena), abrió el análisis sobre los retos de la región: estrés hídrico, sobreexplotación de acuíferos, demanda agrícola e industrial y variabilidad climática.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (Morena) pidió un enfoque humano en las reformas y expresó preocupación por la prohibición de transmisiones de concesiones, especialmente para viudas y adultos mayores.
El senador Mario Humberto Vázquez Robles (PAN) subrayó que combatir la especulación es necesario, pero prohibir transmisiones afectaría la seguridad jurídica de quienes han invertido en infraestructura hídrica.
Desde Zacatecas, el diputado local Jesús Padilla Estrada advirtió que la iniciativa no contempla particularidades regionales y podría dejar en vulnerabilidad a pequeños productores. Funcionarios estatales, como Refugio Rodríguez López (Secretaría del Campo de Zacatecas), pidieron escuchar a toda la cadena productiva.
Representantes de ganaderos, industriales y organismos consultivos —entre ellos Octavio César Hernández Álvarez, Guillermo Pérez Gavilán y Jorge Luis López Martínez— insistieron en mantener mecanismos de suministro provisional, regular transmisiones para evitar especulación, fortalecer a Conagua con presupuesto y facultades, y garantizar seguridad jurídica en el acceso al agua.
También se planteó ampliar los plazos para prórrogas de concesiones, reconocer la prioridad social de pozos ganaderos y pecuarios, y facultar a los Organismos de Cuenca para otorgar concesiones y asignaciones.
Participación regional y conclusiones preliminares
En la mesa participaron funcionarios municipales, académicos, consultores, asociaciones de usuarios de riego, organizaciones campesinas, ganaderas, agroindustriales y organismos ambientales. Entre las preocupaciones transversales destacaron:
- Necesidad de certeza jurídica para concesionarios y productores.
- Debate sobre prohibición o regulación de transmisiones de derechos.
- Fortalecimiento de Conagua y Organismos de Cuenca.
- Inclusión del reúso de aguas residuales y su viabilidad para consumo humano.
- Reconocimiento de particularidades regionales y productivas.
- Peticiones para evitar afectaciones a pequeños productores, ejidos y adultos mayores.
- Propuestas de incorporar derechos de la naturaleza en la legislación.
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