Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron la libertad inmediata de José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera.
Con unanimidad, de cinco votos, los ministres votaron a favor del amparo directo en revisión 2359/2020, referente al caso de José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, antiguos integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, quienes fueron privados de su libertad tras haber ejercido su derecho a la autonomía.
“A través del medio de comunicación más eficaz, comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la inmediata y absoluta libertad de los recurrentesJosé Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera.
La primera sala determinó la liberación José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera.
Ministros que votaron a favor
Ministras Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández y ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y al Ministro Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Nahuatzen, la exigencia de territorio libre en Michoacán
Familiares de Antonio Arreola y José Luis así como integrantes de Nahuatzen y organizaciones solidarias escuchan la sesión de la primera sala en relación al caso de #NahuatzenLibre
CHECA EL AMPARO:
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2359/2020
NAHUATZEN, TERRITORIO LIBRE
¿Qué pasó?
José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, dos miembros del concejo indígena y un activista de Nahuatzen, fueron encarcelados desde noviembre de 2018.
Fueron detenidos por unos sucesos ocurridos el 1 de noviembre de 2018, cuando se produjeron enfrentamientos en Nahuatzen a causa del desalojo del Ayuntamiento.
Los comuneros aseguran que aquel día se encontraban en una reunión de trabajo en Pátzcuaro, ubicado a 49 kilómetros de Nahuatzen.
Nahuatzen se declaró municipio autónomo en 2015 debido a que los habitantes decidieron tomar sus instituciones en sus manos debido a un incremento de la presencia del crimen organizado vinculado a las autoridades políticas.
En septiembre de 2015, los habitantes de la comunidad de Nahuatzen determinaron por medio de una asamblea expulsar al presidente municipal en turno, desconocer a los partidos políticos y conformar un Consejo Ciudadano Indígena.
Dos años después, en el 2017, Nahuatzen logró que su Consejo Ciudadano Indígena fuera reconocido legalmente por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. No obstante, hasta el día de hoy esta comunidad y los integrantes del Consejo Ciudadano Indígena se enfrentan a amenazas, acoso y hostigamiento por parte del gobierno municipal y estatal, partidos políticos y crimen organizado.
El 23 de junio de 2019 el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió la causa 021/2019 y dio la razón a los partidarios de que Nahuatzen se rija a través del Consejo Ciudadano Indígena.
Nahuatzen, la exigencia de territorio libre en Michoacán
Organizaciones acompañantes de las y los comuneros han señalado diversas irregularidades a los estándares regionales en materia de debido proceso, como el tiempo excesivo de su desahogo, por lo que exhortaron a las y los ministros a considerar las violaciones de DDHH cometidas durante el proceso penal en el que se condenó a José Antonio y José Luis por el delito de sabotaje, sin tener en cuenta un adecuado enfoque intercultural y su calidad jurídica de autoridades tradicionales del gobierno de su comunidad.
A lo largo del proceso, se han formulado diversas denuncias ante la SCJN en relación con la detención arbitraria, con malos tratos y tortura, en represalia por la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas de su comunidad en el estado de Michoacán; así como del hostigamiento judicial del que han sido objeto.
A ello se han sumado organismos internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, resaltandoque las violaciones reclamadas conllevan afectaciones a los derechos humanos con base en los más altos estándares internacionales.
A más de tres años de la privación arbitraria de la libertad de José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, y a más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera su caso se hizo justicia.
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