Integrantes de comunidades, colectivos, organizaciones y la academia comprometida, procedentes de 18 entidades federativas y 65 organizaciones de base comunitaria, reunidos en el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, manifestaron su “preocupación e indignación” por la propuesta de “planes gubernamentales” sin haberse realizado diagnósticos regionales y “corregido el régimen de impunidad”.
Por: en15dias.com
Con información de Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia
26 enero 2025
Integrantes de comunidades, colectivos, organizaciones y la academia comprometida, procedentes de 18 entidades federativas y 65 organizaciones de base comunitaria, reunidos en el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, manifestaron su “preocupación e indignación” por la propuesta de “planes gubernamentales” sin haberse realizado diagnósticos regionales y “corregido el régimen de impunidad”.
Destacaron que los procesos de despojo y contaminación en los territorios del país han provocado que en las comunidades abunden “las personas severamente enfermas y fallecidas por padecer todo tipo de cánceres, incluyendo las leucemias infantiles, la insuficiencia renal crónica, las malformaciones congénitas, las enfermedades autoinmunes, la anemia, la púrpura trombocitopénica, entre muchas otras”.
Destacaron que los pueblos y comunidades han sido despojados de sus “tierras, costas, aguas y aires limpios, mediante decisiones gubernamentales que las ofrecieron como sumideros, espacios y ecosistemas destruibles, como parte de la negociación del TLCAN y el TMEC y que incluso los gobiernos de la 4T han sido hasta ahora incapaces de frenar o revertir”.
“Manifestamos nuestra preocupación e indignación por la aplicación de planes gubernamentales que promueven la construcción de parques industriales, el nearshoring y la minería a cielo abierto sin haber reconocido antes el daño irreversible que ha sufrido históricamente el pueblo y el territorio nacional, sin haber diagnosticado y corregido el régimen de impunidad del que gozan los grandes capitales, así como la destrucción institucional y jurídica que apuntaló estas pérdidas, sin que las empresas extranjeras y nacionales, privadas y públicas, hayan resarcido mínimamente todas las destrucciones generadas, sin que se reconozca la importancia estratégica de la participación organizada de las comunidades y pueblos en la realización de diagnósticos regionales y en la búsqueda de soluciones”, se señala en un comunicado de prensa.
Reunidos en Ocotlán, Tlaxcala, en el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, realizaron un “contexto y situación nacional de la emergencia sanitaria y ambiental” que vive el país.
“Hemos atestiguado el deterioro progresivo de nuestro entorno y de la salud de nuestras familias y comunidades, lo cual nos motivó a organizarnos localmente para resolver ese y otros problemas. En nuestras regiones proliferan enfermedades crónico-degenerativas provocadas por nuestra exposición permanente a sustancias tóxicas y peligrosas, cuya acumulación en nuestros territorios ha sido provocada por tecnologías nocivas, concentración urbana y actividades extractivas nocivas, a la vez que permitida, tolerada y hasta encubierta por las autoridades de todos los signos políticos, incluso las que actualmente gobiernan nuestro país”.
En el comunicado señalan que se está “muy lejos de una situación segura que le garantice a nuestra población y a nuestra naturaleza una vida saludable y de calidad con garantías de no repetición de procesos contaminantes en regiones como el Río Sonora, La Laguna, las zonas áridas y semiáridas de Chihuahua, los Mochis, Sinaloa, sólo por mencionar algunas de las áreas geográficas más lastimadas”.
Resaltaron que el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia fue “producto de la necesidad de generar una fuerza social amplia, diversa y heterogénea, pero unificada y orientada al bien común, para que en nuestro país estos problemas no se minimicen ni banalicen y se empiece a poner un verdadero freno a la devastación socioambiental que nos está matando como condición indispensable para la recuperación de nuestros entornos vitales”.
“Nuestras luchas son la expresión viva de que nuestro país ha sido empujado a tener que aceptar múltiples formas de un envenenamiento sistemático que derivan de la multiplicación, combinación y acumulación de procesos de producción, comercio, distribución y consumo de sustancias tóxicas y peligrosas en todos los sectores económicos y en todos los territorios del país”.
Dentro del encuentro se destacó que “la exposición a esas sustancias y procesos contaminantes nos ha privado del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la biodiversidad, al agua, a la alimentación, a la cultura, a un trabajo, vivienda y hábitat dignos, sustentables y en paz, así como a la información verdadera (colectiva y científica), a la justicia, a la petición y todos los derechos asociados a aquellos”.
Laura Méndez, de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, detacó en su intervención que “nos han despojado hasta del derecho a morir tranquila y dignamente”.
PROBLEMAS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES
Dentro de las exigencias y manifestaciones que se realizaron desde el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia se encuentra, dentro del ámbito local y regional, la cancelación del proyecto turístico-destructivo llamado Ecoparque Tlalli Malinche, la cancelación de los proyectos el trasvase de agua en el país, el freno en el uso de cañones antigranizo y tecnología que afectael ciclo socio-natural del agua, así como también la cancelación del proyecto de instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.
Problemas locales y regionales:
1. Exigimos poner un alto definitivo a la mercantilización y comercialización de los bienes naturales y culturales, especialmente de la montaña Malintzi o Matlalcuéyetl. En ese sentido, exigimos que se cancele el proyecto turístico-destructivo llamado Ecoparque Tlalli Malinche, Puebla.
2. Exigimos detener el ingreso de material radiactivo al municipio de Temascalapa, Estado de México.
3. Exigimos la prohibición de la entrada a México, la comercialización y uso de insecticidas dañinos que matan a las abejas.
4. Exigimos detener la instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.
5. Exigimos frenar el uso de tecnologías que afectan el ciclo socio-natural del agua, dañando a las comunidades en su producción campesina y en su entorno.
6. Demandamos la cancelación de todos los proyectos de transferencia de agua en bloque entre cuencas, porque destruyen los territorios y alteran los flujos superficiales y subterráneos de agua, permitiendo la mayor concentración de contaminantes.
7. Exigimos que el Congreso federal modifique la LGEEPA para establecer la figura de entidad federativa envenenada y el estado de Yucatán sea declarado como entidad envenenada, por la acción impune de las industrias pecuarias, cerveceras, industriales, agroexportadoras y turísticas.
8. Demandamos el cierre de las granjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes, en Yucatán, donde sobreviven pueblos originarios en 53 municipios.
La Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia se sumó a las exigencias para alcanzar la Restauración Integral de la Cuenca del Alto Atoyac.
Llamaron al gobierno federal y al del estado de Tlaxcala “para que el saneamiento que se ha anunciado para esta Cuenca no sea un nuevo acto de simulación, basado sólo en la construcción de plantas de tratamiento”.
Propuesta Restauración Integral de la Cuenca del Alto Atoyac:
1. La participación de las comunidades, colectivos, organizaciones afectadas, científicas y científicos quienes históricamente han documentado la situación y presentado propuestas para su atención integral.
2. Retomar la información generada durante el sexenio pasado a través de los Proyectos de investigación e incidencia (Pronaiis) del entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
3. Que el saneamiento se realice con perspectiva de cuenca, es decir, en todos los 52 municipios de Tlaxcala, 3 del estado de México y 23 de Puebla, y no sólo en la parte de Tlaxcala.
4. Que en el plan se incluya el control de los agentes tóxicos y cancerígenos no sólo presentes en el agua sino también en el suelo y aire.
5. Que se prevengan y atiendan las enfermedades de las personas y comunidades afectadas, desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica de los procesos de salud-enfermedad en materia ambiental y ocupacional.
En ámbito nacional se hicieron las siguientes exigencias:
1. Defensa de la soberanía nacional frente a cualesquiera actos de injerencia sobre políticas internas de México en materia ambiental, laboral y sanitaria, así como ante actos de agresión en contra de su población, ya sea en nuestro propio territorio o en el extranjero.
2. Reconocimiento de la profunda situación de injusticia socioambiental que ya prevalece en la mayor parte del país, mediante acciones concretas que hagan efectivos los escasos instrumentos de defensa de derechos con los que cuenta el pueblo de México.
3. Revisión crítica de los marcos regulatorios en materia de agroquímica, salud laboral, asbesto, contaminación de aguas, aires y suelos, acceso popular y gestión de recursos vitales, bioseguridad, etc, así como en cuanto a la regulación de riesgos y la responsabilidad por daños ambientales y sanitarios, además de los procedimientos de creación de normas técnicas relativas.
4. Demandamos poder intervenir en la revisión del Plan México y otros programas de promoción del nearshoring en México.
5. Respeto al laboratorio nacional de toxicología y fortalecimiento de las capacidades técnicas, científicas y analíticas del país, así como su puesta inmediata al servicio de las necesidades comunitarias.
6. Reconocimiento de contralorías ciudadanas de agua, aire y suelos, así como ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y de los procesos de democratización de las instituciones públicas.
7. Freno a las importaciones de residuos tóxicos al país y regulación de los que circulan en México, así como adopción inmediata de un plan nacional de basura cero.
8. Demandamos la aplicación de un verdadero instrumento de consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para participación de las comunidades en las decisiones de planes, programas y proyectos de gobierno.
9. Revisión de la formación profesional en múltiples ámbitos estratégicos para la defensa de derechos y la reconstrucción de nuestros entornos vitales.
10. Derogación de la Ley de Aguas Nacionales, neoliberal salinista, y promulgación de una única Ley General de Aguas, que garantice el más alto grado de cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Demandamos al congreso federal la revisión de la Ley Minera, la Ley energética y la recuperación del sentido social del artículo 27 constitucional.
11. Exigimos el cese a la persecución política, la criminalización y las agresiones a las personas defensoras de los territorios, la salud y los derechos humanos. Demandamos justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinadas o desaparecidas, así como a quienes están llevando procesos criminales en su contra
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