La crisis ambiental y sanitaria en el Oriente de Michoacán suma décadas de denuncias contra la operación de Los Azufres. Comunidades indígenas cuestionan a CFE y PROFEPA por la falta de transparencia, inspecciones y resultados ante los posibles impactos de la geotermoeléctrica. / ¿Qué esconde la CFE? ¿Por qué administra la crisis socioambiental y de salud comunitaria en el Oriente de Michoacán?
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¿Qué esconde la CFE? ¿Por qué administra la crisis socioambiental y de salud comunitaria en el Oriente de Michoacán?
En el Oriente de Michoacán, la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevan meses disputando algo que debería ser elemental la transparencia acerca de qué información debe hacerse pública sobre los impactos del Campo Geotermoeléctrico de Los Azufres.
Cuando se habla de los impactos socioambientales y a la salud comunitaria, la transparencia debería ser total, más cuando eres una empresa del Estado como lo es CFE.
¿Qué es lo que no quiere aceptar CFE y demostrar PROFEPA?
Lo que existe en estos momentos es un conflicto ambiental y sanitario que las comunidades indígenas han denunciado durante más de tres décadas, una investigación académica que encontró indicios de afectaciones y una respuesta institucional que todavía no logra producir la certeza que reclaman quienes viven en el territorio por su falta de transparencia, su omisión y, muchas de las veces, simulación en el actuar en las distintas mesas de diálogo interdependencias.
en15dias.com documentó, en diciembre de 2025, la publicación del informe técnico final “La enfermedad renal crónica en la región oriente de Michoacán y su relación con las condiciones naturales, impacto ambiental y psicosocial” financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).
El estudio interdisciplinario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo identificó un número inusual de casos de enfermedad renal crónica en San Pedro Jácuaro, Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, además de contaminantes y metales pesados en fuentes de agua y un patrón epidemiológico atípico, con presencia de personas jóvenes entre quienes requieren atención renal.
El informe no permite afirmar, por sí solo, que CFE sea responsable de todos los casos. Sí documenta indicios de impactos ambientales que requieren investigación y una relación espacial entre la incidencia de enfermedad renal y el entorno del campo geotérmico. Esa diferencia importa porque la evidencia exige esclarecer responsabilidades, no sustituirlas por una declaración política ni por una negativa empresarial ni por una administración de la crisis mediante mesas interinstitucionales.
Las comunidades han insistido en los antecedentes de estudios realizados desde 2005 y 2014 cuyos resultados no fueron entregados de manera transparente.
Después de las investigaciones vinieron las movilizaciones y mesas interinstitucionales. En enero de 2026, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció que la crisis ambiental y sanitaria llevaba décadas sin una respuesta suficiente del Estado.
Durante febrero, tanto las comunidades del oriente de Michoacán con el apoyo del CSIM realizaron movilizaciones que desembocaron en la reactivación de las mesas interinstitucionales que se habían congelado desde 2021.
En marzo de 2026, la cobertura de en15dias.com documentó que las comunidades habían identificado problemas en pilas de enfriamiento, fugas en tuberías y materiales que consideraban tóxicos. CFE comenzó a corregir algunas de esas fallas, pero mantuvo su postura de no reconocer responsabilidad por las afectaciones denunciadas.
Obligada por la presión social de las comunidades del oriente michoacano, la empresa ha intervenido los puntos señalados por contaminación y ha participado en las mesas de trabajo. También ha tenido que sostener un narrativa que choca con la realidad que sus operaciones “cumplen la normatividad ambiental aplicable”. Pero es que lo que no entiende la CFE o no quiere entender o simplemente se hace que no entiende, que corregir una fuga o reparar una estructura no equivale a esclarecer el origen de una contaminación ni a determinar las responsabilidades de la empresa del Estado.
CFE tiene derecho a defender sus procesos y a presentar estudios que contradigan las investigaciones comunitarias y académicas. Lo que no puede hacer es pretender que la discusión termine con un comunicado que diga que todo está conforme a la norma. Si CFE sostiene que no existe responsabilidad ambiental, debe aportar la información técnica que permita verificarlo, debe de dar acceso a las evicencias que permitan confimar que CFE miente y que ha sido poco transparente sobre la información de la geotermoeléctrica de Los Azufres.
Las comunidades han pedido expedientes históricos de impactos ambientales, información sobre aire, agua, suelo, residuos y descargas, así como estudios que permitan comparar los resultados de las distintas instituciones. También han exigido que los análisis de agua se homologuen bajo 45 parámetros fisicoquímicos y la CFE se ha negado a transparentar su información.
PROFEPA, LA ESPECTADORA
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene una responsabilidad que no puede diluirse en la dinámica de las mesas interinstitucionales que encabeza una dependecia estatal, en este caso la Secretaía de Medioa Qambiente de Michoacán. Esto a pesar de que el tema es de índole federal al 100 por ciento.
La obligación de PROFEPA es clara, si existen denuncias sobre contaminación de agua, suelo, residuos y afectaciones ambientales vinculadas a una instalación federal, su obligación es investigar, requerir información y determinar, cuando corresponda, infracciones y responsabilidades. Sin embargo PROFEPA no ha sido responsable, al contrario, a solpado y en algunos casos encubierto a la CFE.
En julio de 2026, comunidades del Oriente denunciaron que PROFEPA había omitido acciones ante la crisis sanitaria y ambiental. En agosto, la cobertura documentó que se acordaron inspecciones sin previo aviso, revisión de estudios ambientales y un protocolo sanitario con participación comunitaria.
Sin embargo, la CFE en una actitud de prepotencia absoluta dejó plantadas a las comunidades y no dejó inspeccionar las instalaciones de Los Azufres, sin embargo ante las movilizaciones que se realizaron, es decir nuevamente la presión social hizo que CFE cambiara de opinión y rectificara.
El 3 de septiembre, la CFE abrío sus puertas para que representantes de las comunidades pudieran verificar las condiciones de la infraestructura de CFE.
Esa misma semana, a modo de presión y mediante la publicación de videos de denuncia, las comunidades del oriente de Michoacán denunciaron que 35 de 56 presas de enfriamiento identificadas en Los Azufres carecerían de protección adecuada para evitar filtraciones y desbordamientos de residuos con metales pesados.
Mientras tanto, la CFE reportaba mediante un boletín 33 presas, de las cuales, según la propia empresa, “18 cuentan con recubrimiento de concreto, tres con geomembrana y 12 no tienen ningún tipo de protección”.
Las comunidades también mostraron a las autoridades una pila de lixiviación que, según denunciaron, se encuentra abandonada y sin recubrimiento de concreto ni geomembrana.
La denuncia fue presentada durante la inspección técnica conjunta del 3 de septiembre, a la que asistieron representantes de CFE, PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA y otras instituciones.
Y aquí debemos preguntar ¿Qué esconde la CFE?
Y preguntamos esto porque según la cobertura que hemos realizado desde en15dias.com la exigencia de las comunidades no es extravagante. Es el mínimo para que una empresa pública pueda sostener que sus operaciones no generan el daño que se le atribuye.
Porque hay que decirlo también muy claro y muy fuerte, porque esa es la postura desde las comunidades del oriente de Michoacán, no se está en contra de la operación de la planta, lo que cuestionan los pobladores son los procedimientos de la planta, las deficiencias en la infraestructura, las omisiones en las decisiones, la falta de transparencia y la poca sensibilidad de las autoridades e instituciones para resolver una crisis de salud comunitaria.
No es difícil entender por qué la desconfianza se ha acumulado. Cuando una comunidad denuncia contaminación, pide estudios y recibe mesas; cuando pide información, recibe compromisos; cuando pide inspecciones, recibe condiciones; y cuando exige resultados, recibe otra reunión, la institución termina administrando el conflicto en lugar de resolverlo.
Y es que la crisis también es de salud pública. El estudio de la UMSNH documentó un patrón de enfermedad renal que requiere atención, y las comunidades han exigido detección temprana, atención especializada y hemodiálisis. El propio CSIM elaboró un registro independiente que en marzo de 2026 contabilizaba 50 personas enfermas y seguía en proceso.
La condición indígena de quienes viven en San Matías el Grande, San Pedro Jácuaro, San Isidro Alta Huerta, San Lucas, San Bartolo y Jeráguaro no puede ser utilizada como una razón para administrar el conflicto con menos exigencia. Las comunidades tienen derecho a participar en los estudios, conocer los resultados y verificar que las medidas se cumplan.
Entonces, ¿Qué esconde la CFE?
CFE y PROFEPA tienen que dejar de jugar a la defensiva, ya.
CFE debe explicar qué información ambiental ha generado durante más de cuatro décadas de operación de Los Azufres. Debe entregar los expedientes que las comunidades han solicitado, permitir la revisión de los sitios señalados y participar en una investigación que determine si existe relación entre sus operaciones y las afectaciones denunciadas.
PROFEPA debe garantizar que esa investigación sea completa, independiente y verificable. Debe dejar de aparecer como una autoridad que negocia hasta dónde se puede mirar y asumir su responsabilidad de inspeccionar, requerir información y determinar responsabilidades.
Si CFE no tiene nada que ocultar, debe abrir la información. Si PROFEPA está cumpliendo con su obligación, debe demostrarlo con resultados.
La inspección del 3 de septiembre es un avance pero no cierra el expediente. Lo vuelve más exigente y ahora hay que saber qué encontraron las autoridades, qué medidas se tomarán, qué estudios faltan y cuándo se harán públicos los resultados.
Porque después de décadas de operación, años de denuncias, investigaciones académicas, movilizaciones indígenas y compromisos institucionales, el Oriente michoacano no necesita otra promesa de diálogo. Necesita que CFE deje de administrar la opacidad y que PROFEPA deje de administrar la inspección.
¿Las comunidades no tienen el derecho de conocer qué ocurre en el territorio donde viven, qué riesgos enfrentan y quién debe responder por ellos? La salud de las comunidades no puede convertirse en el costo de operación de una empresa pública.
