Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #01: del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026
El (resumen) Semanal: Semana #01: del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #01: del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026
El (resumen) Semanal: Semana #01: del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026
SE REGISTRA SISMO
Vaya, vaya… como si fuera poco iniciar el año, el 2 de enero de 2026 México volvió a recordar, con fuerza y sobresalto, que habita en una de las geografías más sísmicamente activas del planeta. A las 7:58 hrs, un **sismo de **magnitud 6.5 sacudió el sur y centro del país, con epicentro a unos 15 km al suroeste de San Marcos, en Guerrero, muy cerca de la costa del Pacífico.
Fue un temblor contundente: se sintió no sólo en Guerrero, sino también en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Morelia y otros estados del centro y sur. Cientos de miles de personas recibieron la alerta sísmica segundos antes, lo que obligó a evacuar edificios, interrumpió actividades cotidianas y provocó escenas de pánico y miles de reportes ciudadanos.
El récord oficial, tanto del Servicio Sismológico Nacional como de agencias como la U.S. Geological Survey, confirma que se trató de un sismo relativamente superficial, alrededor de 35 km de profundidad, con más de mil réplicas registradas a lo largo del día, algunas alcanzando magnitudes de más de 4.5.
Los datos duros no ocultan lo humano: al menos dos personas perdieron la vida —una mujer en Guerrero tras el colapso de su vivienda y otra en la Ciudad de México tras sufrir una caída durante la evacuación— y decenas resultaron heridas, según reportes oficiales y medios.
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2026/SSNMX_rep_esp_20260102_Guerrero_M65.pdf
Las afectaciones materiales han sido variadas: daños estructurales menores en viviendas, algunos deslizamientos, cortes momentáneos de luz y el despliegue de protocolos de emergencia en múltiples municipios de los estados afectados.
Y mientras los equipos de Protección Civil, bomberos y fuerzas federales actúan, la réplica social y política también se siente: la alerta sísmica operó, las autoridades hacen llamadas a la calma y a la revisión de construcciones, y la conversación pública se desplaza hacia la necesidad de reforzar la cultura de prevención y la infraestructura urbana ante lo inevitable.
Porque no es solo un dato en una escala de Richter: el 6.5 de Guerrero es otro recordatorio de que en el cinturón sísmico mexicano la tierra se mueve, la gente también, y que el próximo temblor podría estar a la vuelta de la esquina.
INTERVENCIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA
Explosiones y el sonido de aeronaves sobrevolando la capital venezolana sacudieron la madrugada de este sábado, en lo que se reporta como ataques militares ejecutados por fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano. Vecinos en zonas como La Carlota y Fuerte Tiuna escucharon al menos siete detonaciones y observaron columnas de humo, además de cortes de energía en algunos sectores de la ciudad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en una “operación de gran escala”, las fuerzas estadounidenses habrían capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los habrían trasladado fuera del país, con la intención de que enfrenten cargos en tribunales estadounidenses. Trump describió la acción como parte de un ataque exitoso contra lo que su administración califica de “narcoestado”.
El gobierno venezolano, en tanto, rechaza y condena lo ocurrido como una “agresión militar” y una violación de su soberanía, denunciando que los ataques afectaron tanto instalaciones militares como zonas civiles en Caracas y los estados de Miranda, La Guaira y Aragua. Nicolás Maduro declaró estado de emergencia nacional y llamó a la movilización, mientras que su vicepresidenta exclamó que el país se mantiene en resistencia.
Los reportes oficiales disponibles hasta el momento no han confirmado cifras claras de víctimas o muertos, pero circulan imágenes y videos de humo, detonaciones y actividad aérea militar que han provocado alarma y confusión entre residentes y extranjeros en Venezuela.
Este ataque representa la escalada militar más directa entre Estados Unidos y Venezuela en décadas, marcando un giro radical en un conflicto que venía intensificándose desde meses atrás con operaciones contra embarcaciones y presuntos objetivos vinculados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, dentro de lo que se conoce como la operación “Southern Spear” de Washington.
La comunidad internacional ya ha empezado a reaccionar: partidos políticos en Europa expresaron opiniones divididas, con llamados a condenar la acción o a replantear las relaciones con Washington, mientras que países como Cuba y Colombia han denunciado el ataque y pedido acciones urgentes, incluido el llamado a foros multilaterales.
En todo el continente, la tensión es alta y los líderes observan con cautela estos hechos que podrían reconfigurar las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, abrir debates sobre soberanía, derecho internacional y la respuesta de los organismos multilaterales ante acciones militares de esta magnitud.
SEVINA INAUGURA PLANTA DE TRATAMIENTO CON AUTOGOBIERNO INDÍGENA
Vaya, vaya… en la Meseta Purépecha, el discurso del saneamiento del agua volvió a ocupar el centro de la escena pública. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en la comunidad indígena de Sevina, municipio de Nahuatzen, una planta de tratamiento de aguas residuales que, de acuerdo con la información oficial, permitirá sanear el 100 por ciento del agua utilizada en esta localidad con autogobierno.
La obra tuvo una inversión total de 11 millones de pesos, aportados de manera conjunta por la federación, el Gobierno de Michoacán y la propia comunidad. El dato adquiere relevancia al compararse con un intento previo de construcción en 2012, cuando se destinaron 36 millones de pesos sin que la planta llegara a operar. Desde el Ejecutivo estatal se subrayó este contraste como ejemplo de eficiencia en el uso de recursos públicos y como evidencia de prácticas de corrupción en administraciones anteriores.
La planta fue diseñada para operar con un bajo costo energético, ya que incorpora paneles solares y utiliza un sistema de lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas residuales. Según autoridades estatales, este esquema permite reducir gastos de operación y mantenimiento, además de disminuir el impacto ambiental del proceso. Con su puesta en marcha, la capacidad de tratamiento en Sevina aumentará de cinco a 15 litros por segundo, lo que representa una mejora significativa en la cobertura del servicio para la población local.
Desde la Comisión Nacional del Agua se informó que el agua tratada podrá ser reutilizada, principalmente para actividades agrícolas. De acuerdo con las estimaciones técnicas, el volumen generado permitiría el riego de hasta 50 hectáreas, lo que abre la posibilidad de un uso productivo del recurso en una región donde el acceso al agua es un tema crítico.
El evento reunió a funcionarios estatales, federales y legisladores locales, en un cierre de año marcado por la intención gubernamental de mostrar resultados en materia ambiental y de justicia territorial. No obstante, el reto real comienza después del discurso: garantizar que la planta funcione de manera continua, que el mantenimiento no recaiga de forma desproporcionada en la comunidad y que el saneamiento del agua no se convierta en un nuevo argumento político sin seguimiento técnico ni presupuestal.
Así, la planta de Sevina se presenta como un avance concreto frente a un pasado de simulación y corrupción, pero también como un recordatorio de los límites del modelo actual. Una obra puede sanear el agua; lo que aún está por verse es si también ayudará a sanear la relación entre el Estado, los recursos naturales y las comunidades que históricamente han cargado con los costos del abandono institucional.
“MIL 147 MDP EN OBRAS HÍDRICAS EN MICHOACÁN”
Vaya, vaya… como si la crisis hídrica pudiera medirse únicamente en montos de inversión, el Gobierno de Michoacán cerró 2025 presumiendo una cifra contundente: mil 147 millones de pesos destinados a obras hídricas desde el inicio de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
Y es que el balance oficial habla de miles de familias con acceso a agua limpia y de avances en el cumplimiento del derecho humano al agua, un discurso que llega en un contexto marcado por sequías recurrentes, ríos contaminados y una infraestructura históricamente abandonada.
Desde la narrativa gubernamental, el cierre del año deja “avances significativos” en materia de saneamiento y abastecimiento. Plantas tratadoras, redes de agua potable y colectores sanitarios aparecen como la respuesta institucional a una deuda estructural que atraviesa tanto zonas urbanas como comunidades rurales e indígenas. El mensaje es claro: hay obra, hay inversión y hay resultados visibles, al menos en el papel.
El desglose técnico revela proyectos de gran escala. En Uruapan, el rescate de la planta tratadora de San Antonio permitirá sanear hasta 300 litros por segundo, con una inversión estatal de 200 millones de pesos y un impacto estimado en más de 200 mil habitantes.
En Zamora, la planta tratadora Norte promete sanear el 100 por ciento de las aguas residuales, con una inversión cercana a los 526 millones de pesos bajo un esquema multianual que incluye mantenimiento hasta 2027. A ello se suman 120 millones adicionales para colectores sanitarios, vinculados al saneamiento del río Duero y a compromisos federales asumidos por la administración de Claudia Sheinbaum.
El discurso se amplía hacia las comunidades. Sevina, con autogobierno, aparece nuevamente como ejemplo de inversión tripartita; Cañada de Ramírez, La Ermita y Tuzantla son presentadas como localidades donde el acceso al agua potable dejó de ser una promesa.
Particularmente simbólico resulta el caso de Tuzantla, señalado como el primer municipio donde, por primera vez, se cuenta con agua potable formalmente instalada. Son logros relevantes en un estado donde el acceso al agua sigue siendo profundamente desigual.
También figuran obras menos visibles pero estratégicas, como el entubamiento del agua tratada de la planta de Atapaneo, con casi 199 millones de pesos, inscrito en el plan nacional de tecnificación, o la inauguración del Museo Virtual Interactivo de Cultura del Agua, con una inversión cercana a los 8 millones. Acciones que buscan combinar infraestructura dura con pedagogía ambiental, aunque su impacto real suele ser más difícil de medir.
Así, Michoacán cierra el año con cifras que buscan mostrar rumbo y capacidad de gestión. Sin embargo, el reto persiste más allá de los montos: garantizar operación continua, mantenimiento efectivo y una gestión del agua que no se limite a inaugurar obras, sino que enfrente las causas de fondo de la escasez, la contaminación y la desigualdad hídrica. Porque invertir es necesario, pero no siempre suficiente para sanar una crisis que es, ante todo, territorial y política.
IMPULSO DE “EL PAÍS” AL PANISTA ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
Vaya, vaya… mientras Morelia sigue lidiando con baches persistentes, servicios desiguales y una violencia que no desaparece con comunicados, su alcalde decide aparecer en un escaparate nacional de alto perfil.
La entrevista publicada por El País no es un gesto inocente ni un ejercicio periodístico aislado: es una operación política cuidadosamente colocada en el calendario. A finales de 2025, cuando formalmente no hay campañas pero sí aspiraciones en ebullición, Alfonso Martínez Alcázar opta por adelantarse al reloj electoral bajo la cómoda etiqueta del “perfil independiente”.
La pregunta que flota —y que nadie formula de manera directa— no es menor: ¿para qué y para quién sirve esta entrevista? No se trata sólo del espacio, sino del momento y del mensaje.
En un país donde la frontera entre información, promoción y propaganda es cada vez más difusa, la aparición del alcalde como “figura a seguir en 2026” funciona como posicionamiento anticipado. No hace falta decir “voy por la gubernatura” cuando el texto lo sugiere en cada párrafo. La política mexicana aprendió hace tiempo a violar la ley sin violarla: no es campaña, pero se parece demasiado.
El relato insiste en presentarlo como un independiente casi antisistémico, ajeno a los partidos, cuando su trayectoria reciente cuenta otra historia. Alfonso Martínez no sólo viene del PAN: gobernó con el PAN, regresó al poder con el PAN y ha ganado elecciones cobijado por estructuras panistas y perredistas. No se afilia, sí, pero se reúne, acuerda y opera con ellos.
En los últimos meses su agenda pública y privada ha incluido encuentros con dirigencias del PAN, actores clave de la oposición local y nacional, así como diálogos estratégicos con figuras del gobierno federal en materia de seguridad. Independiente en el discurso, partidista en la práctica.
Mientras el alcalde construye su proyección nacional, Morelia acumula pendientes. Colonias sin servicios completos, obras inconclusas, problemas de movilidad no resueltos y una ciudad que sigue fragmentada social y territorialmente.
La reducción de homicidios que presume —dato relevante, sin duda— convive con otras violencias menos visibles: extorsión, desigualdad urbana, precariedad en la periferia. Nada de eso aparece en la entrevista. El texto privilegia la narrativa del éxito personal y del político excepcional, no la evaluación crítica de su gobierno.
El capítulo de la seguridad también merece una lectura menos complaciente. Criticar los “abrazos” y posar como alcalde firme frente al crimen resulta rentable en tiempos de hartazgo social, pero omite una verdad incómoda: los municipios siguen siendo el eslabón más débil del sistema de seguridad y Morelia no es una isla autosuficiente.
El diálogo con Omar García Harfuch, presentado como logro, confirma más bien la dependencia de acuerdos federales que el propio alcalde cuestiona cuando le conviene.
Así, la entrevista no informa tanto como posiciona. No explica tanto como prepara el terreno. Alfonso Martínez se muestra como alternativa mientras evita hablar de sus omisiones, de sus alianzas reales y de los límites de su gestión. Y eso, en una ciudad que no vive de perfiles sino de realidades cotidianas, deja una sensación incómoda: mientras Morelia enfrenta sus problemas, su alcalde ya está jugando en otro tablero.
Porque adelantarse a lo electoral también es una forma de gobernar… o de dejar de hacerlo.
Remesas a Michoacán caen 4.6% en 2025 y revelan fragilidad económica
Y mientras tanto, el sostén silencioso de la economía michoacana empieza a mostrar fisuras. De enero a septiembre de 2025, Michoacán recibió 3 mil 971.43 millones de dólares en remesas, una cifra millonaria que, lejos de celebrarse sin matices, marca una caída del 4.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Son 191 millones de dólares menos que en 2024, según datos de la Secretaría del Migrante y del Banco de México, y el dato no es menor para un estado cuya estabilidad social y económica depende, en buena medida, del dinero que envían quienes se fueron.
El comportamiento trimestral revela un patrón claro: un arranque sólido y una desaceleración sostenida. El primer trimestre de 2025 mostró un incremento del 3.78 por ciento respecto a 2024, pero el segundo y tercer trimestre registraron caídas de 9.21 y 6.95 por ciento, respectivamente. Es decir, el flujo de dólares comenzó a resentirse conforme avanzó el año, anticipando un cierre que difícilmente repetirá los niveles récord del pasado reciente.
Conviene recordar el contexto. En 2024, Michoacán recibió 5 mil 646 millones de dólares en remesas, colocándose como el estado número uno a nivel nacional, por encima de Guanajuato y Jalisco. Ese liderazgo, más que motivo de orgullo, ha sido históricamente un síntoma de dependencia estructural: municipios enteros sobreviven gracias al ingreso externo, mientras las economías locales permanecen débiles, precarizadas y sin alternativas productivas sostenidas.
El discurso oficial suele presentar las remesas como fortaleza, pero la caída de 2025 expone su verdadera naturaleza: no son una política pública, sino un salvavidas privado. Millones de dólares llegan cada mes no por éxito gubernamental, sino por la expulsión constante de población, la falta de empleo digno y la ausencia de un modelo de desarrollo territorial que permita a la gente quedarse.
A ello se suma un factor externo que agrava el escenario. La Secretaría del Migrante ha advertido que los michoacanos en Estados Unidos enfrentan condiciones cada vez más adversas, derivadas de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, particularmente en materia de deportaciones. Menos migrantes trabajando, más miedo, más precariedad y, eventualmente, menos dinero enviado a casa. La ecuación es directa.
Por eso el llamado a incluir el tema migratorio en la agenda del T-MEC resulta revelador, aunque tardío. Durante años, el tratado comercial se ha concentrado en mercancías, inversiones y cadenas productivas, mientras las personas migrantes —quienes sostienen regiones enteras con su trabajo y sus remesas— quedan fuera de la negociación. Hoy, cuando los dólares empiezan a disminuir, la omisión se vuelve evidente.
Así, Michoacán entra a 2026 con una señal de alerta encendida. La caída de las remesas no sólo anticipa tensiones económicas, sino que desnuda la fragilidad de un modelo que se sostiene en la migración forzada. Mientras no se transforme esa realidad, cada variación en las cifras será un recordatorio incómodo: el dinero llega de lejos porque las oportunidades siguen faltando cerca.
Millones al campo, ¿paz y justicia o contención territorial?
Vaya, vaya. Cuando la violencia persiste, la desigualdad se profundiza y los territorios rurales siguen siendo campo de disputa económica y criminal, el Gobierno de México presenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como una estrategia integral que promete seguridad, bienestar social y desarrollo sostenible.
La narrativa es conocida: atender las causas estructurales mientras se inyectan recursos al campo, ese espacio históricamente abandonado pero políticamente indispensable.
Según la versión oficial, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destinará 292 millones de pesos para respaldar al campo michoacano, con el objetivo de impulsar la productividad agroalimentaria, el bienestar rural y un desarrollo con justicia social.
El dinero, se afirma, irá directo a productoras, productores e industrias del sector agroalimentario, fortaleciendo cadenas productivas consideradas estratégicas para la entidad.
Y es que Michoacán sigue siendo presentado como potencia agrícola. Aguacate, limón, mango, caña de azúcar y berries encabezan la lista de cultivos prioritarios, los mismos que han colocado al estado en los primeros lugares nacionales de producción y exportación.
Sin embargo, detrás de esas cifras hay territorios tensionados, comunidades expuestas a economías ilegales y una estructura productiva profundamente desigual, donde el valor se concentra lejos del productor y del suelo que lo sostiene.
Como si fuera poco, el discurso de paz y justicia vuelve a apoyarse en el campo sin cuestionar a fondo el modelo que lo rige. Se habla de bienestar rural, pero poco se dice de la concentración de la tierra, de la presión ambiental, del uso intensivo de agua y agroquímicos, o de la violencia que acompaña a varios de estos cultivos estrella.
La agroexportación sigue siendo motor económico, sí, pero también fuente de conflictos sociales y ecológicos que rara vez entran en los comunicados.
El Plan Michoacán promete estabilidad social a partir del fortalecimiento productivo, como si el desarrollo económico, por sí solo, pudiera suturar décadas de abandono institucional.
La pregunta es ¿estos 292 millones de pesos alcanzan para transformar las condiciones estructurales del territorio o sólo funcionan como un dique temporal frente a una crisis más profunda?
Mientras tanto, el campo vuelve a ser escenario y argumento. Motor del desarrollo, dicen; ancla de la paz, aseguran. Pero sin una revisión crítica del modelo agroindustrial y de las relaciones de poder que lo atraviesan, la justicia seguirá siendo una palabra atractiva en el título y esquiva en la vida cotidiana de las comunidades michoacanas.
Autogobierno en Michoacán: 48 comunidades al cierre del año y la deuda que persiste
Y mientras tanto, al cierre del año, el gobierno estatal presume una cifra que no es menor: 48 comunidades indígenas en Michoacán ejercen ya el autogobierno desde que inició el proceso. Cuarenta y ocho territorios que, al menos en el papel, decidieron romper con décadas de intermediación política para administrar de manera directa sus recursos, su organización y parte de su destino colectivo.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostiene que con ello la entidad avanza hacia la justicia social. Los números acompañan el discurso: más de 163 mil habitantes de pueblos purépecha, otomí, nahua, matlazinca o pirinda y mazahua hoy ejercen derechos reconocidos en la Constitución local, como autonomía, presupuesto directo, educación y seguridad comunitaria. Derechos que no fueron concesión graciosa del Estado, sino resultado de luchas largas, muchas veces invisibilizadas y, en no pocos casos, criminalizadas.
Y es que durante décadas, las comunidades indígenas fueron sistemáticamente excluidas de la toma de decisiones. Los recursos públicos llegaban filtrados por ayuntamientos, cacicazgos locales y estructuras partidistas que convertían el “apoyo” en herramienta de control político.
El actual proceso de autogobierno, impulsado mediante reformas a la legislación estatal, rompe con ese esquema y coloca el dinero —y el poder— directamente en manos comunitarias.
Según el propio mandatario, hoy las comunidades deciden de manera consensuada qué obras ejecutar y cuáles son las urgencias reales del territorio. Redes de agua potable, plantas tratadoras, rehabilitación de caminos, escuelas e infraestructura básica son algunas de las acciones realizadas bajo este modelo. Obras que, paradójicamente, el Estado nunca logró priorizar cuando administraba esos mismos recursos desde el centro.
Sin embargo, como si fuera poco, el relato oficial omite los claroscuros. El autogobierno no ocurre en el vacío: se despliega en un contexto de violencia regional, presión del crimen organizado, disputas territoriales y abandono estructural.
Transferir presupuesto sin garantizar condiciones de seguridad, acompañamiento técnico y respeto pleno a las decisiones comunitarias puede convertirse en una forma sutil de deslindar responsabilidades estatales.
Cuarenta y ocho comunidades al cierre del año son, sin duda, un avance histórico. Pero también son un recordatorio incómodo: si hoy funcionan es porque el modelo municipal tradicional fracasó durante décadas en garantizar derechos básicos.
El reto no es sumar cifras para el informe, sino sostener el proceso sin cooptarlo, sin usarlo como vitrina política y sin convertir la autonomía indígena en un eslogan conveniente de fin de sexenio.
Porque la justicia social no se mide sólo por cuántas comunidades entran al padrón del autogobierno, sino por cuántas logran ejercerlo plenamente, sin miedo, sin tutelajes y sin que el Estado vuelva a aparecer sólo cuando conviene.
EZLN: 32 años de dignidad rebelde y la herida abierta del Estado mexicano
Vaya, vaya… Han pasado 32 años desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquel 1 de enero de 1994 en que los pueblos indígenas de Chiapas irrumpieron en la historia nacional para recordarle a México —y al mundo— que el fin del siglo XX también llegaba cargado de exclusión, racismo y despojo.
Mientras el país celebraba su entrada al Tratado de Libre Comercio, en las montañas del sureste estallaba una rebelión contra el modelo de desarrollo que convertía territorios y vidas en mercancía.
El EZLN no sólo denunció la pobreza estructural y la violencia histórica contra los pueblos originarios; también cuestionó el corazón del proyecto neoliberal, señalando que el crecimiento económico sin justicia social era, en realidad, una forma sofisticada de guerra.
Tras los combates iniciales y el alto al fuego, el zapatismo se transformó en un movimiento político, ético y comunitario que apostó por la autonomía, la organización desde abajo y la construcción de otros mundos posibles.
A lo largo de estas tres décadas, los Acuerdos de San Andrés —firmados y luego traicionados por el Estado mexicano— se convirtieron en símbolo de una deuda histórica: el reconocimiento pleno de los derechos y la autonomía indígena.
Frente a ese incumplimiento, el EZLN optó por caminar solo, creando caracoles, juntas de buen gobierno, sistemas propios de salud, educación y justicia, fuera de los marcos institucionales que nunca llegaron o llegaron para imponer.
Como si fuera poco, el zapatismo ha sobrevivido a campañas militares, paramilitares, mediáticas y al intento sistemático de reducirlo a una postal del pasado. Lejos de ello, en años recientes el EZLN ha reconfigurado su estructura organizativa, ha dialogado con luchas feministas, ecologistas y anticapitalistas, y ha insistido en una crítica frontal al extractivismo, al patriarcado y a la devastación ambiental que avanza sobre los territorios indígenas.
Treinta y dos años después, el EZLN ya no es sólo un movimiento armado que decidió callar los fusiles, sino una referencia ética y política incómoda: evidencia que la autonomía sí es posible cuando el Estado falla, pero también expone la incapacidad —o falta de voluntad— del poder para garantizar derechos sin mediaciones ni simulaciones.
El zapatismo persiste no como nostalgia, sino como recordatorio vivo de que la democracia no se decreta, se construye; que la justicia no baja desde arriba, se organiza; y que mientras el modelo dominante siga expulsando pueblos de sus territorios, la rebeldía seguirá siendo una forma legítima de existir.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales de El (resumen) Semanal: Semana #01: del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto.
¡Hasta la próxima semana!
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