Esta semana, las comunidades de Zirahuén volvieron a denunciar la contaminación del lago y el despojo territorial; mientras, el Gobierno reporta condiciones ambientales estables. También abordamos la crisis del agua, las presiones inmobiliarias en el Cerro Punhuato, conflictos mineros y petroleros, y la agenda ambiental nacional. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #46 del 9 al 15 de noviembre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #46 del 9 al 15 de noviembre de 2026
Por: en15dias.com
COMUNIDAD DE ZIRAHUÉN DENUNCIA CONTAMINACIÓN DEL LAGO, EXPANSIÓN DE MONOCULTIVOS Y DESPOJO TERRITORIAL
La comunidad indígena de Zirahuén denunció un proceso acelerado de degradación ambiental del lago, asociado con las descargas de aguas residuales sin tratamiento, el uso de agroquímicos en huertas de aguacate y berries, la deforestación y la apropiación de zonas federales por parte de particulares y empresarios.
En un pronunciamiento, las autoridades comunitarias señalaron que, contrario a lo difundido por algunas instituciones ambientales y autoridades gubernamentales, el Lago de Zirahuén presenta problemas de contaminación que afectan sus condiciones ecológicas y ponen en riesgo el equilibrio del ecosistema acuático.
Uno de los principales señalamientos se refiere a las aguas residuales del municipio de Salvador Escalante. Según la comunidad, alrededor del 70% de las aguas negras no recibe ningún tipo de tratamiento adecuado, debido a que la planta depuradora presenta problemas operativos y no funciona correctamente. Como consecuencia, sostienen, una parte importante de las descargas termina directamente en el lago.
La comunidad también cuestionó la ausencia de un programa institucional de vigilancia de residuos y descargas contaminantes que permita identificar, monitorear y sancionar las fuentes de contaminación.
Otro de los factores señalados es la expansión de los monocultivos de aguacate y berries en la cuenca. De acuerdo con el pronunciamiento, existen más de 2 mil 250 hectáreas de estos cultivos, cuya actividad representa una presión sobre los bosques, el suelo y los recursos hídricos.
La comunidad advierte que los escurrimientos de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos provenientes de cientos de huertas, algunas de ellas presuntamente ilegales, llegan al sistema hidrológico del lago.
El señalamiento incluye un proceso de eutrofización, relacionado con el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo procedentes de los fertilizantes. Estas sustancias pueden favorecer la proliferación excesiva de algas, reducir la disponibilidad de oxígeno en el agua y alterar las condiciones del ecosistema acuático. En determinadas circunstancias, también pueden propiciar la aparición de floraciones de algas capaces de producir toxinas.
La denuncia coloca la expansión agroindustrial como parte de un problema territorial más amplio: el cambio de uso de suelo, la presión sobre los bosques y la competencia por el agua en la cuenca.
En materia forestal, la comunidad reportó la pérdida de más de 2 mil hectáreas de bosques nativos y denunció la continuidad de la tala inmoderada.
También señaló el robo de agua y la apropiación de espacios de la zona federal del lago por parte de empresarios y particulares, situaciones que relaciona con un proceso de transformación territorial y gentrificación que afecta a la población originaria.
Uno de los datos más preocupantes del pronunciamiento es la estimación de que, durante los últimos 80 años, el Lago de Zirahuén habría perdido entre 30 y 40% de su volumen de agua.
La comunidad considera que estos procesos están relacionados y que no pueden analizarse de manera aislada: la expansión agrícola, la deforestación, las extracciones de agua y las descargas residuales forman parte de las presiones que enfrenta la cuenca.
La comunidad también cuestionó la respuesta de las instituciones federales y estatales.
Como ejemplo, señaló que desde hace más de un año la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asumió formalmente el compromiso, junto con otras dependencias, de liberar la zona federal del lago ocupada por empresarios y particulares. Sin embargo, sostiene que el acuerdo continúa sin cumplirse.
Asimismo, denunció que la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán no ha constituido formalmente el Comité Interinstitucional para Salvaguardar el Lago de Zirahuén, lo que, de acuerdo con el pronunciamiento, impide contar con una estructura de coordinación y apoyo presupuestal para las acciones de conservación.
La comunidad atribuyó esta situación a la falta de voluntad política del Estado mexicano para atender los problemas ambientales y territoriales de Zirahuén.
En su pronunciamiento, la comunidad recordó que Zirahuén tiene presencia desde tiempos prehispánicos y participó en los procesos de expansión y consolidación del Estado p’urhépecha. También reivindicó la conservación de títulos virreinales y la posesión de sus tierras desde la época colonial.
Desde esa perspectiva, las denuncias ambientales forman parte de una disputa histórica por el territorio, los bosques y el lago frente a los intereses de particulares, empresarios, exgobernantes y empresas transnacionales.
La comunidad sostiene que la degradación ambiental no puede separarse de los procesos de despojo territorial, apropiación de recursos naturales y transformación de los espacios comunitarios.
La situación exige información pública, inspecciones ambientales y estudios independientes que permitan verificar las dimensiones de la contaminación, la pérdida forestal y la disminución del volumen de agua.
Para la comunidad de Zirahuén, la defensa del lago implica también la defensa de su territorio, sus recursos naturales y sus derechos colectivos.
DIFUNDEN VIDEOS DE CONTAMINACIÓN DEL LAGO DE ZIRAHUÉN
Videos difundidos recientemente muestran presuntas descargas contaminantes relacionadas con el rastro municipal de Salvador Escalante, en la cuenca del Lago de Zirahuén. Las imágenes reabren las interrogantes sobre el manejo de las aguas residuales, el funcionamiento de la infraestructura de saneamiento y la vigilancia ambiental en uno de los cuerpos de agua más importantes de Michoacán.
El problema tiene antecedentes documentales. Un registro técnico de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), publicado en 2016, identificó ocho puntos de descarga de aguas residuales en la cuenca, con un caudal conjunto de 40 litros por segundo. Entre ellos aparece un punto denominado El Rastro, al que se le atribuyó un caudal de cinco litros por segundo. Este registro es histórico y no permite confirmar que las condiciones continúen siendo las mismas ni que corresponda exactamente al establecimiento municipal que aparece en los videos.
La infraestructura de tratamiento también está bajo cuestionamiento. La planta ubicada en Irícuaro —localidad que no debe confundirse con Iramuco— fue construida para atender aguas residuales de Santa Clara del Cobre, Opopeo y Casas Blancas. Antecedentes periodísticos reportaron que, hace aproximadamente una década, operaba al 40% de su capacidad.
La preocupación se extiende al Río del Silencio, también conocido como Arroyo La Palma, principal afluente de la cuenca y corriente que desemboca en el Lago de Zirahuén. El 2 de abril de 2026, autoridades comunales denunciaron descargas de drenaje sin tratamiento adecuado hacia este cauce y cuestionaron la eficacia de la planta de tratamiento existente.
Por su parte, el 10 de noviembre de 2026, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán informó que, de acuerdo con reportes municipales y de la tenencia de Zirahuén, no se registraba contaminación activa ni alteraciones en la coloración del agua. Sin embargo, esa valoración no sustituye una inspección de los puntos de descarga ni los análisis de calidad del agua.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿los residuos del rastro municipal están llegando al Río del Silencio y, posteriormente, al Lago de Zirahuén?
Para esclarecerlo se necesitan inspecciones, análisis de laboratorio, ubicación precisa de las descargas y bitácoras de operación de la planta de tratamiento. También corresponde al Ayuntamiento de Salvador Escalante informar sobre el destino de las aguas residuales del rastro y las medidas que aplica para evitar vertimientos contaminantes.
La protección del Lago de Zirahuén no puede limitarse a verificar la apariencia de su superficie. Requiere conocer qué ocurre en los drenajes, arroyos y puntos de descarga que alimentan su cuenca.
GOBIERNO DECLARA ESTABLE EL LAGO DE ZIRAHUÉN
El Gobierno de Michoacán asegura que el lago de Zirahuén se encuentra sin contaminación y con condiciones ambientales estables; sin embargo, detrás del mensaje oficial permanece una problemática mucho más profunda: décadas de denuncias de las comunidades por invasiones de tierras, deforestación, extracción de agua y deterioro de sus recursos naturales, sin que hasta ahora exista una solución integral que atienda sus exigencias.
El reciente posicionamiento de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), emitido el pasado 10 de noviembre, vuelve a colocar el énfasis en las condiciones actuales del espejo de agua y en las revisiones realizadas por las autoridades locales. No obstante, reducir la discusión a determinar si el lago presenta o no cambios de coloración deja fuera los reclamos históricos de quienes habitan y defienden el territorio.
Las comunidades de Zirahuén llevan décadas denunciando conflictos territoriales y ambientales. Sus antecedentes se remontan a los años ochenta, cuando comenzaron a señalar presuntas invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos comunales. Posteriormente, las denuncias se extendieron a la tala de árboles, el cambio de uso de suelo, la extracción de agua para actividades agrícolas y el avance de intereses inmobiliarios y turísticos.
En 2009, habitantes denunciaron la extracción de agua del lago mediante bombas y pipas para abastecer huertas de aguacate. En 2011, señalaron la tala de aproximadamente cuatro mil árboles en el predio de Tepamio. Para 2013 ya existían alertas comunitarias por cambios en la coloración del agua y proliferación de algas.
La situación escaló en 2021, cuando comuneros denunciaron desmontes y presuntos cambios ilegales de uso de suelo en alrededor de 90 hectáreas de bosque en Tepamio. También alertaron sobre posibles proyectos turísticos y fraccionamientos. En ese mismo contexto se reportaron 12 demandas contra habitantes de Zirahuén, relacionadas con presuntos delitos de despojo y daño en las cosas.
En junio de ese año, la comunidad recurrió a la instalación de barricadas para proteger su territorio, con el respaldo de integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM). La movilización evidenció que el conflicto no era un asunto menor ni una preocupación pasajera, sino una disputa territorial que requería intervención institucional.
Las denuncias tampoco desaparecieron en los años siguientes. En 2024 volvieron a señalarse presuntas extracciones de agua mediante pipas, así como afectaciones relacionadas con la agroindustria, la contaminación y la presión sobre los recursos naturales.
Frente a este historial, la Secma informó que desde abril de 2026 mantiene una mesa de trabajo permanente con la comunidad indígena de Zirahuén y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. De acuerdo con el titular de la dependencia, Alejandro Méndez López, este espacio ha sesionado en tres ocasiones durante el presente año.
En las reuniones participan Conagua, Semarnat, Profepa, Proam, Ceac, la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna, Sader y Coepris.
El funcionario también informó sobre una inspección de campo para establecer acciones por dependencia y la elaboración de un programa de educación ambiental. Incluso, el pasado 22 de octubre se realizó un taller participativo con habitantes de la comunidad, en coordinación con el proyecto GEF-COBIOCOM.
Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿qué ha hecho realmente el Gobierno para resolver las denuncias históricas de las comunidades?
La realización de reuniones, talleres e inspecciones no equivale a resolver los conflictos. Tampoco basta con informar que el agua no presenta contaminación activa si continúan pendientes las exigencias relacionadas con la protección de los bosques, la extracción del recurso hídrico, la certeza sobre la propiedad comunal y la vigilancia del territorio.
El Gobierno estatal presenta las condiciones actuales del lago como un indicador de estabilidad, pero las comunidades han planteado una problemática que no se limita a la apariencia del agua. La defensa de Zirahuén implica atender las causas estructurales de los conflictos y garantizar que las denuncias se traduzcan en investigaciones, procedimientos y resultados verificables.
Hasta ahora, el comunicado de la Secma no precisa cuántas denuncias comunitarias han sido atendidas, qué investigaciones han concluido, si existen sanciones por posibles irregularidades, qué medidas concretas se han ejecutado para frenar la extracción de agua ni qué avances existen para resolver los conflictos territoriales.
Tampoco presenta un calendario público de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad.
La preocupación es que la administración estatal termine gestionando la crisis mediante comunicados, reuniones y diagnósticos, mientras las demandas de fondo continúan pendientes. La estabilidad momentánea del agua no significa que estén resueltos los problemas que amenazan el territorio.
CRISIS DEL AGUA EN MÉXICO: ACAPARAMIENTO, AGRONEGOCIO Y CRIMEN ORGANIZADO AGRAVAN EL DESPOJO
Esta semana, en una ponencia magistral durante el VII Congreso Nacional de Manejo y Gestión de Cuencas, la investigadora Patricia Ávila García profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, de la UNAM Campus Morelia, expuso que el desabasto también está relacionado con un modelo económico que favorece la concentración de concesiones, la explotación de acuíferos y el uso del recurso por grandes empresas agrícolas, mineras e industriales, mientras comunidades rurales enfrentan restricciones en el acceso al agua.
En su análisis, Ávila García señaló que las reformas económicas de las décadas de 1980 y 1990 impulsaron la mercantilización del agua y redujeron la capacidad reguladora del Estado. También cuestionó la permanencia de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, al considerar que el sistema de concesiones ha facilitado el acaparamiento del recurso y no ha garantizado plenamente el derecho humano al agua. La falta de una Ley General de Aguas, sostuvo, mantiene pendientes cambios de fondo en su distribución y administración.
Uno de los señalamientos más delicados fue la participación del crimen organizado en los conflictos por el agua. La investigadora documentó casos de extorsión en la distribución mediante pipas en Tlayacapan, así como el control armado de fuentes de abastecimiento, entre ellas el manantial de La Mintzita, en Morelia. También advirtió sobre la participación de grupos delictivos en procesos de deforestación, apropiación de pozos e intimidación a defensores ambientales en zonas de expansión aguacatera y de producción de berries.
Michoacán ocupa un lugar central en este diagnóstico. En las cuencas de Lerma, Cuitzeo, Pátzcuaro y Zirahuén, la expansión de los monocultivos de exportación ha presionado los recursos forestales e hídricos.
Ávila García señaló la proliferación de pozos clandestinos, la construcción de grandes ollas de almacenamiento y el cambio de uso de suelo para instalar huertas de aguacate y cultivos de frutos rojos. También cuestionó el programa «Guardián Forestal» por los criterios que permiten certificar huertas establecidas antes de 2018, pese a los antecedentes de transformación del territorio.
La exposición también recuperó conflictos socioambientales en distintas regiones del país: la resistencia contra la presa La Parota, en Guerrero; las movilizaciones de comunidades afectadas por el sistema Cutzamala; la disputa por el agua de la tribu Yaqui frente al Acueducto Independencia, en Sonora, y las denuncias por contaminación minera en el río Sonora.
Otro riesgo señalado es la instalación de centros de datos de grandes compañías tecnológicas en estados con estrés hídrico, como Querétaro y Guanajuato. Estas instalaciones requieren agua para sus sistemas de enfriamiento, lo que abre un nuevo frente de discusión sobre las condiciones en que los gobiernos autorizan inversiones industriales y la disponibilidad real del recurso en las cuencas.
El diagnóstico presentado por la investigadora Patricia Ávila coloca en el centro la necesidad de revisar quién tiene acceso al agua, bajo qué condiciones se otorgan las concesiones y qué autoridades permiten la extracción irregular y el deterioro ambiental. La solución exige combatir el acaparamiento, vigilar el uso industrial y agropecuario, sancionar la extracción clandestina y garantizar la participación de las comunidades.
REVISAN RUTA PARA IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE ESCAZÚ EN LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO
Representantes institucionales y del Consejo Cultural Intercultural Indígena participaron en una mesa de trabajo para revisar la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú en la cuenca del lago de Pátzcuaro.
El encuentro tuvo como eje la definición de acciones para llevar a este territorio los compromisos del acuerdo internacional, que establece garantías de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La participación del Consejo Cultural Intercultural Indígena coloca en la discusión la relación entre los derechos de los pueblos originarios y las decisiones que afectan sus territorios, recursos naturales y formas de organización comunitaria.
En una región como la cuenca del lago de Pátzcuaro, donde convergen problemas ambientales y demandas de las comunidades, la aplicación del acuerdo implica establecer mecanismos para que la población conozca los proyectos e intervenciones que pueden afectar el entorno y participe de manera efectiva en las decisiones.
La revisión de una ruta de trabajo es un primer paso, pero su alcance dependerá de que se traduzca en compromisos concretos, responsables institucionales, plazos y mecanismos de seguimiento.
También será necesario garantizar que la participación de las comunidades indígenas no se limite a reuniones de consulta, sino que tenga incidencia en las decisiones y en la vigilancia de las políticas ambientales que se desarrollen en la cuenca.
La implementación del Acuerdo de Escazú en Pátzcuaro deberá medirse por la capacidad de convertir sus principios en derechos ejercibles y resultados verificables para las comunidades y la protección del lago.
SANTA MARÍA LLEVA A TRBUNALES EXTINCIÓN DEL APAS; ADMITEN DOS AMPAROS
Habitantes de Santa María de Guido informaron que dos demandas de amparo contra el Ayuntamiento de Morelia y el OOAPAS fueron admitidas para su trámite, con las que buscan revertir la extinción de su Junta Comunitaria de Agua y recuperar la administración de la infraestructura hidráulica de nueve colonias.
Los recursos legales fueron promovidos contra el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, el Cabildo de Morelia y el director del OOAPAS. Los inconformes solicitan la nulidad de los dictámenes mediante los cuales el Ayuntamiento aprobó desaparecer el sistema comunitario y transferir su patrimonio al organismo municipal.
Durante una reunión informativa, los representantes del movimiento señalaron que la Junta Comunitaria fue constituida en 1995 con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que durante más de tres décadas administró el suministro mediante una estructura de nueve vocales, representantes de las colonias fundadoras.
Los habitantes sostienen que el Ayuntamiento tomó la decisión sin consultar a las comunidades ni presentar estudios técnicos que justificaran la desaparición del organismo. La autoridad municipal ha argumentado presuntas irregularidades financieras, falta de transparencia y la necesidad de mejorar la eficiencia del servicio.
También denunciaron que desde septiembre el OOAPAS comenzó a entregar recibos con nuevos contratos, supuestos adeudos anteriores y recargos. Como ejemplo, expusieron el caso de un usuario que recibió dos cobros por adeudos anteriores: uno de 464.12 pesos y otro de 9 mil 894.02 pesos. Además, señalaron que trabajadores del organismo advirtieron sobre posibles cortes del suministro por falta de pago.
Entre los argumentos de los amparos destacan la presunta apropiación de infraestructura comunitaria sin procedimiento de expropiación, la vulneración del derecho humano al agua, la falta de consulta y la afectación a los mecanismos de organización y autogestión que funcionaron durante más de 30 años.
La disputa también está relacionada con el crecimiento inmobiliario en la zona sur de Morelia. Durante la reunión, habitantes expresaron preocupación por los nuevos fraccionamientos y el aumento de la demanda de agua, ante las condiciones de abastecimiento que ya enfrentan algunas colonias.
Los representantes aclararon que la admisión de los amparos no significa que el movimiento haya ganado el litigio. Mientras esperan las resoluciones judiciales, convocaron a los usuarios a informar sobre nuevos recibos y cobros del OOAPAS. La controversia por el control del sistema comunitario de agua de Santa María de Guido se traslada así a los tribunales federales.
CERRO PUNHUATO: GOBIERNO PRESENTA PROYECTO DE CONSERVACIÓN MIENTRAS AVANZA LA PRESIÓN INMOBILIARIA
El notario público con licencia y secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, encabezó la cuarta sesión del Consejo de Planeación del Área Natural Protegida (ANP) Cerro Punhuato, en Morelia, donde presentó el proyecto del Centro Interpretativo, elaborado por Sin Título Arquitectura y Brigada Museográfica. Durante la reunión también se expusieron el reporte de actividades de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma) y el Plan de Seguimiento al Programa de Manejo del área protegida.
El anuncio institucional contrasta con las investigaciones publicadas por EN15DIAS.COM sobre las presiones inmobiliarias que enfrenta el Cerro Punhuato. En mayo de 2024, este medio documentó, a partir de un expediente entregado por el Movimiento Ambientalista por los Recursos Forestales del Estado de Michoacán, la reanudación de trabajos de desmonte y despalme en aproximadamente ocho hectáreas con vegetación de selva baja caducifolia, atribuidos al Corporativo Tres Marías. La denuncia señalaba que las intervenciones comenzaron nuevamente en 2023 y que no contaban con permisos de cambio de uso de suelo ni programas de rescate de flora y fauna.
La investigación también identificó que el predio intervenido se encontraba en una zona de valor ambiental y de amortiguamiento del ANP Cerro Punhuato, reconocida dentro del Programa de Desarrollo Urbano de Morelia 2022-2041. El expediente ambiental citado reportaba 813 especies identificadas en esa zona, incluidas algunas protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. La comparación de imágenes de 2019 y 2024 permitió documentar la transformación de superficies forestales.
En una investigación posterior, EN15DIAS.COM documentó la continuidad del desarrollo inmobiliario de Corporativo Tres Marías y el inicio del trámite ambiental del proyecto Torres Peñasco.
Estos hallazgos colocan bajo escrutinio la efectividad de los instrumentos de protección y la vigilancia sobre el crecimiento urbano en el entorno del área natural.
El problema no es la construcción de un centro interpretativo ni la realización de actividades educativas. El punto central es que los proyectos institucionales de conservación deben demostrar resultados frente a las presiones que enfrenta el ecosistema. El Programa de Manejo del Cerro Punhuato establece como objetivos la protección, recuperación y restauración de sus recursos naturales. Por ello, el seguimiento debe incluir la revisión de los cambios de uso de suelo, la vigilancia de los predios colindantes y la atención de las denuncias ambientales documentadas.
La cuarta sesión del Consejo de Planeación debe servir para exigir información puntual sobre las investigaciones y denuncias relacionadas con Tres Marías y otros desarrollos en la zona de influencia del Cerro Punhuato. La Secma debe informar qué medidas de inspección ha realizado, qué procedimientos ambientales están abiertos y cómo garantizará el cumplimiento del Programa de Manejo.
CAPACITAN A MUNICIPIOS Y AUTOGOBIERNOS PURÉPECHAS EN MANEJO DE RESIDUOS
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán puso en marcha en Pátzcuaro una serie de talleres de capacitación dirigidos a municipios y comunidades con autogobierno, enfocados en mejorar el manejo de residuos sólidos y fortalecer los sistemas comunitarios de recolección y disposición. Las actividades forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del Plan de Justicia al Pueblo Purépecha.
Las jornadas se desarrollaron del 10 al 11 de noviembre en Pátzcuaro y del 12 y 13 en Uruapan. El programa contempló temas como la separación de residuos desde su origen, la elaboración de diagnósticos básicos y la identificación de medidas para mejorar los esquemas de gestión tanto municipales como comunitarios.
La capacitación busca proporcionar herramientas para que los municipios y las autoridades comunitarias puedan identificar las deficiencias de sus sistemas de manejo de residuos y establecer mecanismos de trabajo acordes con sus condiciones locales.
Sin embargo, el reto de la gestión de residuos en Michoacán va más allá de capacitar funcionarios y autoridades. La separación desde el origen requiere infraestructura, rutas de recolección diferenciada, centros de acopio y sitios de disposición que cumplan con las normas ambientales. Sin estos elementos, la clasificación de basura puede quedarse en una recomendación sin resultados sostenidos.
La participación de las comunidades con autogobierno también plantea la necesidad de respetar sus formas de organización y garantizar que las decisiones sobre el manejo de sus residuos se construyan con las propias autoridades y habitantes, no únicamente desde los programas institucionales.
El seguimiento de estas jornadas deberá centrarse en los resultados: cuántos municipios y comunidades adoptan nuevos esquemas de separación, qué infraestructura se habilita y cómo se atenderá la disposición final de los residuos. La capacitación es un punto de partida; la reducción de la contaminación dependerá de que los compromisos se conviertan en acciones permanentes.
SUPERVISAN HUNDIMIENTO DE DOS EXBUQUES PARA CREAR ARRECIFE ARTIFICIAL EN LÁZARO CÁRDENAS
Esta semana, el sonriente notario público con licencia y secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, supervisó, en coordinación con la 16ª Zona Naval de la Secretaría de Marina, el proyecto de hundimiento de los exbuques Farallón y Magdalena, que serán incorporados al entorno marino de la región de Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia, la iniciativa busca establecer un nuevo arrecife artificial con el propósito de contribuir a la protección de la biodiversidad marina.
Este tipo de estructuras puede ofrecer superficies para la colonización de organismos y espacios de refugio para distintas especies. Sin embargo, su contribución ambiental depende de las condiciones del sitio, de la preparación de las embarcaciones y de un seguimiento posterior que permita evaluar sus efectos en el ecosistema.
La participación de la Secretaría de Marina en el proyecto contempla la coordinación de las labores relacionadas con el hundimiento de ambas embarcaciones, mientras que la supervisión estatal corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente.
La creación del arrecife artificial plantea también la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo para conocer qué especies lo ocupan, cómo evoluciona la zona y si la intervención produce beneficios ambientales verificables.
Hasta el momento, la información oficial no precisa la fecha en que se realizará el hundimiento, las características técnicas de la preparación de los exbuques ni el programa de evaluación ecológica posterior.
SECUNDARIA POPULAR FELIPE CARRILLO PUERTO: 50 AÑOS DE EDUCACIÓN POPULAR Y RESISTENCIA EN MORELIA
La Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto” cumplió 50 años de existencia el 9 de noviembre de 2026. Su aniversario representa cinco décadas de un proyecto de educación popular construido desde la organización colectiva, la solidaridad y la defensa del derecho a estudiar de adolescentes de sectores populares de Morelia.
La institución conmemoró la fecha con una jornada cultural y una marcha por el Centro Histórico de la capital michoacana. En las actividades participaron estudiantes, docentes, exalumnos, integrantes de la Dirección Coordinadora y representantes de organizaciones sociales.
La historia de la escuela comenzó en 1976, en un contexto de movilización estudiantil y organización social en torno al acceso a la educación. Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), vinculados con las casas del estudiante y la Coordinadora de Universitarios en Lucha, comenzaron a impartir clases a jóvenes que no encontraban espacios para continuar sus estudios.
En sus primeros momentos, las clases se desarrollaban incluso en las banquetas de las calles de Morelia. De ahí surgieron dos denominaciones que marcaron sus orígenes: “la escuela de los pobres” y “la Secundaria de la Calle”.
Uno de los primeros obstáculos fue conseguir el reconocimiento oficial de los estudios para que sus estudiantes pudieran continuar su formación académica. El 30 de septiembre de 1976, la comunidad escolar organizó una movilización durante el desfile conmemorativo del natalicio de José María Morelos y Pavón. La protesta permitió visibilizar su demanda de reconocimiento y el derecho a una educación popular.
A diferencia de los modelos escolares convencionales, la Secundaria Popular construyó una propuesta basada en la autogestión y la participación colectiva. Su funcionamiento no depende de un presupuesto gubernamental ordinario y mantiene una política de gratuidad: no cobra cuotas de inscripción ni colegiaturas, tampoco exige uniformes o útiles escolares costosos y no establece exámenes de admisión como condición para ingresar.
El proyecto está dirigido principalmente a adolescentes de entre 12 y 16 años provenientes de familias trabajadoras y colonias populares, incluidos jóvenes que han enfrentado dificultades para ingresar o permanecer en otras instituciones educativas.
Estas características fueron documentadas en el artículo académico Secundaria Popular “Carrillo Puerto”. Una experiencia de educación popular, publicado en 2024 por la revista Sinéctica, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
La investigación, elaborada por Alejandro Suárez López, Ana María Méndez Puga y María de Lourdes Vargas Garduño, analiza la experiencia mediante entrevistas, conversaciones y observación participante. Entre sus hallazgos identifica la solidaridad entre estudiantes como uno de los componentes centrales de la propuesta pedagógica, así como la construcción de una comunidad que trasciende las actividades dentro del aula.
Actualmente, la escuela mantiene una matrícula de entre 130 y 150 estudiantes por ciclo escolar, de acuerdo con información proporcionada por sus representantes en junio de 2026. Su capacidad está condicionada por las dimensiones físicas del inmueble y la organización de grupos de aproximadamente 30 alumnos.
La historia de la Secundaria Popular también está atravesada por un conflicto sobre la permanencia en el inmueble que ocupa en la calle Melchor Ocampo, en el Centro Histórico de Morelia, en la parte posterior del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha reclamado la posesión del edificio y promovió un procedimiento judicial para recuperar el espacio. El conflicto escaló en enero de 2024, cuando se intentó ejecutar una orden de desalojo que encontró resistencia de estudiantes, docentes, familias y organizaciones sociales.
En junio de 2026, la comunidad escolar informó que el Juzgado Sexto en Materia Civil concedió un amparo que dejó insubsistente el juicio promovido por la Universidad. Sin embargo, la resolución no significa que el conflicto por el inmueble haya quedado definitivamente resuelto, pues la UMSNH conserva la posibilidad de presentar nuevamente la demanda una vez atendidas las observaciones judiciales.
Ante este escenario, la dirección de la secundaria solicitó retomar las mesas de diálogo con las autoridades universitarias para alcanzar un acuerdo que permita garantizar la continuidad del proyecto educativo.
Durante la conmemoración del 50 aniversario, la comunidad escolar volvió a colocar en el centro la defensa de su modelo educativo y la permanencia en el inmueble. La jornada incluyó poesía coral, danza, presentaciones musicales de estudiantes y música de protesta a cargo del Grupo Raíces, además de una movilización por las calles del Centro Histórico.
A cinco décadas de su fundación, la Secundaria Popular Felipe Carrillo Puerto representa una experiencia de organización social que convirtió una demanda de acceso a la educación en una institución sostenida colectivamente. Su trayectoria permite documentar otra forma de entender la enseñanza: como un derecho que no debe depender de la capacidad económica de las familias y cuya construcción también puede surgir de la organización comunitaria.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
ZANATEPEC CIERRA EL PASO A MINERA CANADIENSE; CRECE LA PREOCUPACIÓN POR EL AGUA Y EL TERRITORIO
Esta semana, autoridades municipales y habitantes de Santo Domingo Zanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, clausuraron las oficinas de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., ante la preocupación por una posible reactivación de actividades mineras en la zona. La medida, realizada el 9 de noviembre, responde al rechazo que distintos sectores de la población han manifestado contra los proyectos de extracción en su territorio.
El conflicto tomó fuerza el pasado 19 de octubre, cuando alrededor de 40 personas que viajaban en cinco camionetas ingresaron a la zona norte del municipio. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, una persona que se identificó como presidente de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa señaló que habían acudido a visitar sus tierras y que regresarían cuando lo consideraran necesario. El ingreso generó preocupación ante la posibilidad de que existan trabajos de exploración relacionados con intereses mineros.
Zanatepec tiene antecedentes de oposición a esta actividad. En 2022, el Ayuntamiento declaró al municipio libre de minería y estableció su rechazo al cambio de uso de suelo para favorecer proyectos extractivos. En junio de 2025, el Cabildo reiteró su postura contra la explotación minera en el territorio.
La preocupación de los habitantes se relaciona con los posibles efectos de la minería sobre las fuentes de agua, los suelos y las actividades productivas. Organizaciones defensoras del territorio han documentado desde años anteriores conflictos vinculados con concesiones mineras en la región, así como denuncias sobre afectaciones ambientales y tensiones entre comunidades.
Es necesario que las autoridades estatales y federales informen si existen concesiones vigentes, autorizaciones ambientales o trabajos de exploración en la zona, así como las condiciones legales bajo las cuales podría operar cualquier empresa minera.
También corresponde a las autoridades garantizar que las diferencias entre Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa no deriven en confrontaciones. La defensa del territorio y los derechos agrarios deben atenderse mediante información pública, diálogo entre las comunidades y respeto a sus decisiones.
PEMEX: DERRAMES, INCENDIOS Y UNA DEUDA AMBIENTAL QUE SIGUE CRECIENDO
Los derrames de hidrocarburos, incendios y fugas relacionados con las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) mantienen bajo cuestionamiento la seguridad de sus instalaciones y la atención de los daños ambientales. Greenpeace México documentó una serie de siniestros registrados durante 2026 y exigió a la empresa reparar los ecosistemas afectados, transparentar sus acciones y asumir los costos de la contaminación. El señalamiento se acompañó de una protesta frente a las oficinas centrales de la petrolera, en la Ciudad de México.
El recuento de la organización incluye el derrame registrado en febrero en el Golfo de México, que habría afectado aproximadamente 933 kilómetros de línea de costa. Pescadores y habitantes de Veracruz reportaron hidrocarburos en playas y redes de pesca. De acuerdo con Greenpeace, Pemex reconoció su responsabilidad hasta abril, después de semanas de denuncias y trabajos de documentación realizados por las comunidades. La organización sostiene que todavía no existen medidas integrales de reparación para las zonas afectadas.
Otro caso es el incendio del pozo exploratorio Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, ocurrido en marzo. Según Greenpeace, el siniestro permaneció activo durante 150 días y dejó contaminación por hidrocarburos en terrenos cercanos. La organización reportó la presencia de sustancias tóxicas en suelo, agua y sedimentos. Tras su protesta, Pemex se comprometió a compartir el plan de remediación y restauración, realizar un recorrido por la zona y abrir mesas de trabajo con comunidades, organizaciones y especialistas. También se planteó el monitoreo de la salud de habitantes ubicados en un radio de 10 kilómetros.
El recuento también incluye el incendio y explosión ocurridos en marzo en el exterior de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, derivados del desbordamiento de aguas aceitosas, con un saldo de cinco trabajadores fallecidos.
En septiembre se reportó una fuga en un ducto del campo Cantarell-Ecbalam, frente a Campeche, y otro derrame en el río Pánuco, Veracruz, procedente de la refinería Madero. Greenpeace señala que en estos dos últimos casos no se han dado a conocer con claridad las afectaciones ambientales.
Las cifras citadas por la organización amplían el alcance del problema. Con base en el registro de sitios contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Greenpeace señala que entre 2008 y diciembre de 2025 se contabilizaron 1,114 sitios contaminados en México. De ellos, 1,015 corresponden a hidrocarburos y, según su análisis, 65 por ciento de estos casos están relacionados con Pemex. Además, refiere que durante 2025 se registraron 1,015 derrames, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia y reportada por El País.
Estos datos obligan a revisar la responsabilidad de Pemex y de las autoridades encargadas de supervisar la industria petrolera. Las indemnizaciones y las jornadas de limpieza no sustituyen la restauración de los ecosistemas ni la atención de las consecuencias para la salud y las actividades productivas. La Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente deben garantizar que los planes de reparación tengan presupuesto, responsables, plazos y mecanismos públicos de evaluación.
El compromiso de Pemex de presentar el plan de restauración del pozo Krem-1 deberá traducirse en resultados verificables. La empresa también tiene pendiente explicar las consecuencias de otros siniestros y las medidas adoptadas para evitar que se repitan. Mientras la política energética mantenga su dependencia de los hidrocarburos, la prevención, la transparencia y la reparación ambiental no pueden quedar subordinadas a las metas de producción. El costo de las operaciones petroleras no debe trasladarse a las comunidades ni a los ecosistemas afectados.
MÉXICO LLEVARÁ A LA COP31 UNA AGENDA DE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN JUSTA
Mientras tanto en el discurso, el Gobierno de México anunció que promoverá en la COP31 acuerdos sobre reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, financiamiento y cooperación internacional. Entre sus principales anuncios está la presentación de ADAPTA MX 1.0, la primera versión de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluye un diagnóstico de riesgos y 33 medidas frente a sequías y lluvias torrenciales.
La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realiza del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Türkiye. De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la delegación mexicana buscará impulsar la implementación del Acuerdo de París y ampliar el acceso al financiamiento y la tecnología para enfrentar los efectos del cambio climático.
Uno de los encargos de México será facilitar, junto con Polonia, las consultas ministeriales sobre transición justa. Este proceso forma parte de las negociaciones para desarrollar un mecanismo que permita avanzar hacia economías bajas en emisiones, incorporando derechos laborales, justicia ambiental y bienestar de las comunidades.
ADAPTA MX 1.0 fue elaborado mediante siete talleres regionales, con participación de instituciones públicas, academia y organizaciones civiles. El documento contempla herramientas como la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación. Sin embargo, el comunicado no precisa el presupuesto destinado a las 33 medidas, sus plazos de ejecución ni los mecanismos para evaluar sus resultados.
México también anunció que volverá a contar con un pabellón propio en la COP después de más de 12 años. El espacio reunirá a representantes gubernamentales, académicos, organizaciones civiles y sector privado para presentar experiencias sobre mitigación, adaptación, transición energética y conservación de ecosistemas.
PROFEPA CLAUSURA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE SAN MIGUELITO
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las obras de rehabilitación y pavimentación de un camino dentro del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, al detectar que no contaban con autorización en materia de impacto ambiental. La intervención abarca aproximadamente 2.17 hectáreas y comprende un tramo de 3.1 kilómetros.
La inspección se realizó el 10 de noviembre, luego de una denuncia presentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Durante la visita, personal de la Profepa constató trabajos de nivelación y compactación del suelo, así como la colocación de asfalto.
De acuerdo con el reporte de la dependencia, 732 metros del camino ya estaban pavimentados y el resto presentaba trabajos de preparación del terreno. La superficie intervenida tiene aproximadamente siete metros de ancho. La autoridad señaló que no observó remoción de vegetación forestal ni maquinaria en operación durante la inspección.
La persona que atendió la diligencia manifestó que el camino existe desde hace años y conecta a las comunidades de Escalerillas y Guadalupe Victoria. También señaló que se utiliza como vía de paso durante las peregrinaciones a la Iglesia del Desierto.
La clausura temporal total fue impuesta como medida de seguridad ante la falta de autorización ambiental. La Profepa informó que iniciará un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, resolver si se mantiene la medida y establecer, en su caso, acciones de restauración.
El comunicado no identifica a la persona o entidad responsable de las obras, tampoco precisa quién financió la pavimentación ni si existían otros permisos. La investigación administrativa deberá determinar esas responsabilidades y las posibles afectaciones derivadas de los trabajos dentro del área protegida.
OPERATIVO FEDERAL ASEGURA MÁS DE 7 MIL EJEMPLARES DE VIDA SILVESTRE EN AEROPUERTOS INTERNACIONALES
El Gobierno de México reportó el aseguramiento precautorio de más de 7 mil ejemplares de vida silvestre y 145 kilogramos de pepino de mar mediante el Operativo Victoria I, una estrategia de seis instituciones federales para combatir el tráfico internacional de fauna y flora protegidas. Las acciones comenzaron el 10 de agosto de 2026 y se realizan en diez aeropuertos internacionales del país.
En el operativo participan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Las instituciones realizan labores de vigilancia, verificación e inspección en aduanas de carga y zonas de tránsito de pasajeros, además de intercambiar información de inteligencia.
Entre los organismos asegurados se encuentran pepinos de mar, tortugas casquito (Kinosternon cora), tortugas del género Terrapene, tarántulas azules de Paraguaná (Chromatopelma cyaneopubescens) y distintas especies de cactáceas, como ejemplares del género Astrophytum, Tephrocactus geometricus y Echinopsis pachanoi.
La Profepa informó que, como parte de la estrategia, se han desarrollado procedimientos de atención interinstitucional para las zonas de carga y pasajeros. También reportó la capacitación de 832 personas servidoras públicas y 266 agentes aduanales y usuarios del comercio exterior.
El operativo está dirigido especialmente a combatir el tráfico de totoaba y otras especies silvestres. La dependencia señaló que la estrategia continuará y que en 2027 tendrá una segunda fase, con la incorporación de puntos de la frontera norte y puertos marítimos seleccionados.
Aunque la Profepa atribuye al operativo un efecto preventivo, el comunicado no detalla los aeropuertos donde ocurrieron los aseguramientos, las rutas de tráfico identificadas, el destino de los ejemplares ni cuántas investigaciones o procesos penales derivaron de las intervenciones. Tampoco desglosa las especies y cantidades aseguradas en cada uno de los 17 aseguramientos precautorios reportados.
EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
MARCO TULIO PEDROZA AMARILLAS: LA MUERTE DE UN ANTROPÓLOGO QUE LLEVÓ EL GRAFITI A LA DISCUSIÓN ACADÉMICA
La desaparición y posterior localización sin vida de Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), generó expresiones de condolencia entre instituciones académicas, estudiantes y colectivos vinculados con la cultura urbana. El antropólogo, de 47 años, fue reportado como desaparecido el 20 de octubre en la Ciudad de México. Su familia confirmó su aparición sin vida el pasado 7 de noviembre.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. La familia, a través de su sobrina Mar Pedroza, pidió respeto durante el duelo y solicitó evitar rumores y especulaciones.
Doctor en Antropología Social, Pedroza Amarillas desarrolló una trayectoria que vinculó la investigación universitaria con las expresiones culturales de las calles. Conocido en la escena del grafiti como CKIB KAFE, estudió las prácticas de los escritores urbanos, sus códigos visuales y la apropiación del espacio público. Sus investigaciones también abordaron las expresiones de grafiti en Brasil, particularmente la pixação.
Su trabajo contribuyó a incorporar estas manifestaciones a los espacios de investigación y discusión académica. Desde 2013 coordinó el Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, un encuentro que reunió a artistas urbanos, investigadores y colectivos para analizar el grafiti y otras expresiones culturales contemporáneas. También participó en proyectos relacionados con el arte urbano en Puebla y las comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua.
En la ENAH impartió clases de licenciatura y posgrado, mientras que en la BUAP desarrollaba una estancia posdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Su actividad académica estuvo vinculada con la antropología urbana, la semiótica y el estudio de las manifestaciones culturales que se desarrollan fuera de los circuitos artísticos institucionales.
El fallecimiento de Marco Tulio Pedroza deja pendiente el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte y marca la pérdida de un investigador que dedicó parte de su trayectoria a estudiar expresiones culturales frecuentemente excluidas de los espacios académicos tradicionales. Su trabajo en torno al grafiti, las estéticas urbanas y la antropología de la calle forma parte de una discusión que impulsó desde las aulas, la investigación y el encuentro con sus protagonistas.
FALLECE BORIS GRAIZBORD, REFERENTE DE LOS ESTUDIOS URBANOS, LA GEOGRAFÍA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO
El académico e investigador Boris Gregorio Graizbord Ed falleció el 10 de noviembre de 2026.
Su muerte representa la pérdida de uno de los investigadores que contribuyeron a consolidar en México el estudio interdisciplinario de las relaciones entre ciudad, población, territorio y medio ambiente.
Arquitecto de formación, geógrafo por especialización e investigador de El Colegio de México, Graizbord desarrolló una trayectoria académica que atravesó distintas disciplinas. Su trabajo permitió estudiar los problemas ambientales más allá de sus manifestaciones biofísicas, incorporando dimensiones territoriales, demográficas, económicas y de política pública.
Fue profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México y coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México) desde 1995. También participó durante décadas en la formación de estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Mora.
Su trayectoria estuvo marcada por una pregunta fundamental para los estudios territoriales: cómo se relacionan las formas de crecimiento de las ciudades, la distribución de la población, las actividades económicas y las condiciones ambientales.
Graizbord estudió Arquitectura en la UNAM, obtuvo una maestría en Geografía Urbana en la Universidad de Durham, Reino Unido, y realizó estudios doctorales en Geografía Social en la London School of Economics and Political Science.
Su formación le permitió desarrollar una perspectiva que articuló el análisis espacial con los procesos sociales y económicos. No se limitó al estudio de las ciudades como espacios construidos: investigó cómo el crecimiento urbano, las decisiones de planeación, las redes de transporte y las actividades industriales transformaban las condiciones ambientales y la vida de sus habitantes.
Una de sus contribuciones institucionales más importantes fue su trabajo al frente del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, conocido como LEAD-México, con sede en El Colegio de México.
Desde 1995 coordinó este programa de formación interdisciplinaria, orientado a preparar profesionales capaces de comprender los problemas ambientales y sus vínculos con las decisiones económicas, sociales y políticas.
El programa también buscó fortalecer las capacidades de quienes participan en la formulación de políticas y en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sustentable.
Sus últimos años de producción académica, Graizbord continuó participando en discusiones sobre las transformaciones territoriales, la política ambiental y los desafíos del desarrollo urbano.
En 2019 coordinó, junto con Jesús Arroyo Alejandre, el libro Agua, el futuro ineludible, una publicación que abordó uno de los problemas centrales para el desarrollo de México: la gestión y el futuro del agua.
En 2023 publicó, junto con Blanca Torres, Influencias y compromisos internacionales en la política ambiental mexicana, editado por El Colegio de México. La obra examinó la influencia de los compromisos internacionales en la construcción de la política ambiental nacional.
Un año después, en 2024, editó Laberintos geográficos: una antología, publicado por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM. El libro reunió reflexiones y trabajos relacionados con el pensamiento geográfico, la relación entre espacio y sociedad y las distintas formas de aproximarse al territorio.
Estas publicaciones muestran la amplitud de sus intereses académicos: del agua y la política ambiental a la geografía, la ciudad y las transformaciones territoriales.
Su trayectoria también incluyó su participación como investigador del Instituto de Geografía de la UNAM entre 1977 y 1979; su trabajo como profesor de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de esa universidad entre 1977 y 2011, y su actividad docente en el Instituto Mora entre 1992 y 2023. Fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores, donde alcanzó el nivel III.
La trayectoria de Boris Graizbord deja una producción académica que permite aproximarse a problemas que siguen definiendo la agenda ambiental y territorial del país: la expansión de las ciudades, la presión sobre los recursos naturales, la movilidad, el agua, la contaminación y la incorporación de criterios ambientales en las decisiones públicas.
Su aportación estuvo en construir puentes entre disciplinas que con frecuencia estudian estos problemas por separado. Desde la geografía, el urbanismo, los estudios demográficos y las ciencias ambientales, contribuyó a explicar que las transformaciones del territorio también son transformaciones sociales y que el desarrollo sustentable requiere comprender ambas dimensiones.
ENRIQUE DUSSEL Y SU ÚLTIMA OBRA: LA BELLEZA COMO UNA FORMA DE LIBERACIÓN
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue sede de la presentación de Estética de la liberación. 16 tesis sobre la belleza, obra póstuma del filósofo Enrique Dussel Ambrosini, publicada por el Fondo de Cultura Económica. El encuentro reunió a investigadores y colaboradores del pensador para analizar un trabajo que cuestiona los criterios occidentales de belleza y plantea una relación entre arte, cultura, comunidad y justicia.
Durante la presentación, Gabriel Herrera Salazar, colaborador cercano de Dussel, explicó el proceso de elaboración del libro. Señaló que, durante la pandemia de COVID-19, el filósofo grabó sus lecciones y trabajó en el manuscrito con apoyo de la Asociación de Filosofía y Liberación. Debido al deterioro de su salud, pidió ayuda para concluir el texto. Herrera Salazar asumió la revisión editorial, eliminó repeticiones y conservó los planteamientos originales del autor. El libro quedó organizado en 16 tesis: las primeras diez desarrollan sus fundamentos teóricos y las seis restantes examinan expresiones como poesía, cine, danza, arquitectura, pintura y música.
Uno de los conceptos centrales es la llamada estética obediencial, con la que Dussel cuestiona la idea del artista como creador individual separado de su entorno. En su propuesta, el arte también debe entenderse desde su vínculo con las comunidades y sus expresiones colectivas. Herrera Salazar recordó que el filósofo encontró referentes de esta perspectiva en los murales de los campamentos zapatistas de Chiapas.
La cineasta argentina Cecilia Fiel abordó el concepto de esteticidio para explicar cómo la modernidad occidental impuso determinados criterios de belleza y desplazó otras formas de representación cultural. Su exposición recuperó la comparación entre obras como el David de Miguel Ángel y la Coatlicue, cuyas interpretaciones históricas muestran la desigual valoración de las expresiones artísticas europeas y mesoamericanas. También destacó la tesis dedicada a la destrucción de monumentos, donde Dussel interpreta la caída de figuras vinculadas con la conquista y el colonialismo como parte de la disputa por la memoria y el espacio público.
Por su parte, Silvana Rabinovic relacionó el pensamiento estético del filósofo con la ética de la alteridad y el reconocimiento del otro. Durante su intervención abordó la analéstesis, entendida como la insensibilidad frente al sufrimiento ajeno, y señaló cómo la violencia, la guerra y el despojo también se expresan en las formas de organizar y transformar los espacios. Juan Manuel Contreras Colín complementó esta perspectiva al señalar que, para Dussel, la belleza está vinculada con la protección y el desarrollo de la vida.
La presentación permitió recuperar una parte del pensamiento de Dussel, filósofo argentino naturalizado mexicano, exiliado en México desde 1975 y fundador de la Filosofía de la Liberación. Su trayectoria académica incluyó labores docentes en la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana, además de su participación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su obra cuestionó las estructuras de poder que han colocado al pensamiento europeo como referencia dominante para interpretar la historia y la cultura.
La publicación de Estética de la liberación representa una aportación al debate sobre quién define los valores artísticos y desde qué perspectivas se reconoce la producción cultural. El planteamiento de Dussel cuestiona la exclusión de expresiones indígenas, populares y comunitarias de los espacios legitimados por la academia y las instituciones culturales. Su obra póstuma deja planteada una discusión sobre el arte, la memoria y las relaciones de poder que atraviesan la cultura latinoamericana.
EN LO CULTURAL
CUARTA REPÚBLICA ABRE LIBRERÍA Y FORO LITERARIO EN EL CENTRO DE MORELIA
La editorial pública Cuarta República abrió una librería y un foro literario en el Centro Histórico de Morelia, con el propósito de ampliar la circulación de publicaciones michoacanas y ofrecer un espacio de comercialización a editoriales independientes.
El nuevo establecimiento se ubica en la calzada Fray Antonio de San Miguel número 215 y fue inaugurado el 12 de noviembre, en el marco del Día Nacional del Libro. El espacio cuenta con más de 500 ejemplares de distintos sellos editoriales y contempla actividades como presentaciones de libros, encuentros entre escritores y lectores.
Cuarta República dispone de un catálogo de más de 50 títulos, entre publicaciones propias y coediciones. Sus contenidos abarcan historia, literatura, poesía, filosofía, arte y cultura. Entre las obras destacan Michoacán a la mesa, de Luis González y González; Muralismo en Michoacán y la edición bilingüe purépecha-español de El Principito.
La apertura también representa una oportunidad para las editoriales independientes que enfrentan dificultades para distribuir y comercializar sus publicaciones. La dirección de Cuarta República, encabezada por Carlos F. Márquez, señaló que el proyecto busca incorporar obras de otros sellos y facilitar su encuentro con nuevos públicos.
Sin embargo, el alcance de esta iniciativa deberá medirse por su capacidad para mantener una programación constante, garantizar la diversidad editorial y generar condiciones reales de distribución para los proyectos independientes, más allá de la inauguración del espacio.
