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El (resumen) Semanal: Semana #34: del 18 al 24 de agosto de 2025
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #34: del 18 al 24 de agosto de 2025.
El (resumen) Semanal: Semana #34: del 18 al 24 de agosto de 2025
PROYECTO ESFERA DE LOS RAMÍREZ, LA CIUDAD DESIGUAL
Vaya, vaya… esta semana la prensa resucitó un proyecto inmobiliario y comercial que no es cualquier proyecto urbano.
La familia Ramírez prepara su nuevo capricho: el “Proyecto Esfera”. Un complejo de torres residenciales, hotel, hospital, centro comercial y oficinas que promete “modernidad y desarrollo”, pero que en realidad representa la misma lógica de siempre: unos cuantos concentran el negocio, mientras el resto de la ciudad se pregunta de dónde saldrá el agua para sostener esta nueva ocurrencia de los Ramírez.
Y es que el tema es el agua. En la ciudad de Morelia se estima que entre 40 y 60% del agua potable se pierde antes de llegar a las casas. Esto es alarmante por que aproximadamente 20% se pierde en fugas y el otro 20% en tomas clandestinas, según datos del propio OOAPAS.
Otras fuentes hablan de hasta un 60% de pérdida solo por fugas, lo que sugiere una situación aún más grave.
En diciembre de 2024, se detectaron más de 4 000 fugas que representaron una pérdida de 200 000 litros diarios, lo que refleja el rezago en el mantenimiento de la red.
Pero no sólo eso, a julio de 2025, el 17.86 % de los pozos estaban abatidos (secos o con producción casi nula): 25 de los 140 pozos estaban en dicha situación.
Esto se traduce en que alrededor de 40 a 50 colonias tienen problemas de agua, es decir sólo les llega una vez por semana. En situaciones más graves, ese número puede escalar a más de 100 o incluso superar las 200 colonias dependiendo de las condiciones estructurales y de suministro en un momento dado.
Y para poner la cereza en el pastel de esta realidad, existe deforestación y degradación en zonas clave como el cerro del Águila, principal zona de recarga de Mintzita, afectando la recarga hídrica y déficit forestal al sur de Morelia, sumado a la planeación urbana irresponsable (asentamientos sin previa gestión del agua), que agravan la crisis.
Vaya, vaya… aún así, el proyecto inmobiliario de la Familia Ramírez avanza. Y es que el problema es que no hay estudios públicos que garanticen el impacto hídrico ni compromisos claros de mitigación. Lo que sí está claro es que la infraestructura urbana de Morelia ya está rebasada: fugas, sobreexplotación y desigualdad en la distribución.
Mientras tanto, el discurso del gobernador morenista y del alcalde panista se repite: “Es desarrollo, es inversión, es empleo”. Pero detrás del cristal de “Esfera”, la ciudad real sigue parchando tuberías y cargando cubetas.
Y es que hay que decirlo con todas sus letras: El proyecto de la familia Ramírez no es solo un negocio inmobiliario, es un espejo de la ciudad partida: la Morelia de los que habitan en torres de lujo con agua asegurada, y la Morelia de los barrios donde se reparte agua en pipas….Vaya, vaya…
Michoacán y sus Áreas Voluntarias de Conservación: ¿protección real o papel pintado?
Vaya, vaya… Esta semana el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) para 8,189 hectáreas de bosque en la cuenca del lago de Pátzcuaro, impulsadas por cinco comunidades indígenas: Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Oponguio, Napízaro y San Jerónimo Purenchécuaro.
Y es que no hay duda de que el reconocimiento legal es un paso positivo. Las ADVC permiten que comunidades ejidales e indígenas tomen el control sobre sus territorios, preserven ecosistemas críticos y participen directamente en decisiones sobre manejo forestal, restauración y uso de recursos naturales.
El gobierno estatal y la Conanp, con sus discuros de la ecología humanista, celebraron la noticia como un logro ambiental, pero la pregunta es inevitable: ¿realmente sirven estas áreas?
Durante décadas, Michoacán figuró en los reportes nacionales como un estado sin Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), a pesar de su riqueza biológica y cultural. Según estudios académicos de 2021–2022, el estado no contaba con ADVC vigentes, mientras estados vecinos como Oaxaca y Guerrero acumulaban cientos de hectáreas certificadas. Hoy, ese escenario comienza a cambiar: en 2025, el gobierno estatal, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),
Según la Conanp hasta 2025, México cuenta con 609 ADVC que suman 1,314,598.42 hectáreas en 29 estados. De ese total, más del 90% de la superficie está bajo propiedad social, lo que refleja el peso del modelo comunitario en la conservación voluntaria.
Sin embargo, no podemos dejar de lado las limitaciones del modelo. Al ser voluntarias, estas áreas dependen de la voluntad y capacidad de quienes las administran. Sin financiamiento sostenido, asistencia técnica y vigilancia constante, una ADVC puede ser más simbólica que efectiva.
En muchos casos, la conservación queda en papel mientras la tala clandestina, los incendios y el cambio de uso de suelo continúan amenazando el ecosistema.
Estudios comparativos con otras ADVC en México muestran que aquellas con planes de manejo claros, acompañamiento técnico y fondos para vigilancia logran reducir deforestación y preservar especies clave. Por el contrario, las áreas donde la protección es nominal presentan resultados limitados, aun teniendo certificación oficial. Esto nos obliga a preguntarnos si la estrategia michoacana irá más allá de los anuncios y los certificados.
Las ADVC funcionan si se consolidan con objetivos claros, recursos y monitoreo constante. No basta con un reconocimiento jurídico; se necesita acompañamiento institucional, integración con ANP existentes, y alternativas productivas para las comunidades que hagan sostenible la conservación.
No se trata solo de certificar áreas, sino de conservarlas de verdad.
La verdadera prueba será la próxima década: si las comunidades y el Estado logran transformar estas hectáreas certificadas en bosques vivos, agua limpia y corredores ecológicos funcionales, podremos hablar de éxito. Si no, los anuncios y certificados quedarán como buenas intenciones sobre papel, mientras los ecosistemas enfrentan las mismas amenazas que justificaron la necesidad de su creación… vaya, vaya…
Distrito de Riego 020: tecnificación, promesas de eficiencia
Vaya, vaya… Esta semana el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que como parte de “México se Tecnifica”, único programa en el mundo que, con una inversión histórica de más de 60 mil millones de pesos (mdp), tiene como propósito que el uso eficiente del agua en la agricultura se destine para consumo humano, a través de la tecnificación de Distritos de Riego en diferentes puntos del país, de los cuales: seis ya están en marcha y 10 en licitación.
Para Michoacán, el gobierno federal y estatal anunciaron la tecnificación del Distrito de Riego 020 Morelia–Queréndaro, que comprende los municipios de Charo, Álvaro Obregón, Queréndaro, Indaparapeo y Tarímbaro, con una inversión que supera los 220 millones de pesos en su primera etapa.
El proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico, impulsado por la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, y busca modernizar la infraestructura agrícola de la región para garantizar un uso más eficiente del agua.
Según el Gobierno de Michoacán, el convenio firmado entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contempla la tecnificación de los módulos II, III y IV, así como el entubamiento de 45 kilómetros de conducción de agua tratadades de la planta de Atapaneo, con destino a más de 1 032 hectáreas agrícolas.
El objetivo oficial es ambicioso: incrementar la productividad agrícola con cultivos de mayor rentabilidad —jitomate, chile, cebolla, zanahoria, coliflor y frutillas—, al mismo tiempo que se reduce la presión sobre la presa Cointzio, fuente clave para el abasto de agua de Morelia.
Según información, el esquema prevé que los usuarios cedan 285 litros por segundo de la presa a cambio de recibir 900 litros por segundo de agua tratada desde Atapaneo, operada por el OOAPAS de Morelia.
Y la pregunta es ¿Qué se hará con esta agua? De acuerdo con los documentos oficiales y reportes periodísticos, el agua tratada se destinará principalmente a riego agrícola y al alivio del recurso de la presa Cointzio.
Esto implica que la mayor parte del agua beneficiará a cultivos como jitomate, chile, cebolla y zanahoria, que requieren riego constante y controlado. Al liberar agua de la presa Cointzio, se pretende mejorar la disponibilidad para consumo urbano y mantenimiento de ecosistemas acuáticos, aunque la efectividad de esta medida dependerá de la correcta implementación y monitoreo .
Foto: Presidencia
La tecnificación promete un ahorro anual de hasta 9 millones de metros cúbicos de agua, mediante sistemas de riego modernos y reducción de pérdidas por filtración o evaporación.
Sin embargo, la utilización de agua tratada plantea cuestionamientos: su calidad para riego de cultivos comestibles aún genera incertidumbre, y no se han detallado protocolos claros de supervisión. Además, la liberación de agua de la presa Cointzio, que se da a cambio de recibir agua tratada, depende de compromisos que podrían incumplirse si no llegan los recursos federales prometidos.
El arranque formal de la obra está previsto para agosto de 2025, con la liberación inicial de 125 millones de pesos. El resto de los recursos, que podrían superar los 1 000 millones a largo plazo, se asignarán conforme avance la construcción.
La primera fase se concentrará en el entubamiento y conducción de agua tratada, mientras que las etapas posteriores incluirán la tecnificación parcelaria y la mejora de infraestructura hidráulica .
Aunque el proyecto representa una inversión histórica, persisten dudas sobre su viabilidad y alcance real. La tecnificación y el entubamiento son pasos importantes, pero no resuelven los problemas estructurales de sobreexplotación y contaminación de la presa Cointzio y los cuerpos de agua de la región.
Organizaciones ambientalistas han señalado que sin mantenimiento permanente, acompañamiento técnico y vigilancia rigurosa, la obra podría convertirse en un proyecto costoso con beneficios limitados. Por otro lado, los productores agrícolas advierten que, sin apoyo operativo y financiero constante, la tecnificación no garantizará el aumento de productividad esperado.
El proyecto del Distrito de Riego 020 se presenta como un plan estratégico que atiende simultáneamente la crisis hídrica de Morelia y la productividad agrícola. Sin embargo, su éxito depende de la implementación efectiva de los sistemas de riego, la calidad del agua tratada, la supervisión constante y la asignación real de los recursos federales y estatales comprometidos. De lo contrario, la inversión podría quedar como una obra de gran escala con resultados muy limitados… vaya, vaya…
BAJO EL YUGO DE LA AGROEXPORTACIÓN
En los alrededores del Lago de Pátzcuaro, Lago de Zirahuén y la Meseta Purépecha, las comunidades indígenas enfrentan un asedio silencioso: la expansión de monocultivos de aguacate y berries (frutillas) por parte de empresas extranjeras y prestanombres, que según el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), están despojando tierras comunales y acaparando los mantos acuíferos.
Pável Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, no dudó en señalar que alrededor del 40% de las tierras ejidales y comunales están invadidas, operando fuera de la legalidad y sin permisos de la Semarnat. “Llegan, se instalan y hacen plantaciones de monocultivo; por supuesto que requieren agua y entonces comienzan a monopolizar los mantos acuíferos”, denunció.
Denuncias en comunidades como Ocumicho permanecen en la carpeta de lo ignorado, mientras las autoridades permanecen inmóviles. Algunas empresas fueron expulsadas de la Cañada por incumplimientos, pero el patrón se repite: la agroexportación arrasa con tierras y agua sin que nadie intervenga.
El impacto es brutal: escasez de agua, degradación de suelos y pérdida de autonomía comunitaria. Las poblaciones locales ven cómo se privatiza un recurso vital, mientras la agroindustria prioriza ganancias privadas y extranjeras sobre la vida y el sustento de los pueblos originarios.
Frente a esto, las comunidades han respondido con reforestación de especies nativas, vigiladas por vecinos, pero estos esfuerzos son apenas un parche frente al despojo sistemático. La agroexportación no solo destruye ecosistemas, sino que socava siglos de organización comunal y control territorial.
Este escenario evidencia la violencia silenciosa del modelo económico de exportación, que convierte en mercancía la tierra y el agua de las comunidades indígenas, mientras el Estado mira para otro lado.
SAN MIGUEL DEL MONTE: ENTRE LA VIOLENCIA, LA OMISIÓN GUBERNAMENTAL Y LA DISPUTA POR EL TERRITORIO
Esta semana, la comunidad Pririnda de San Miguel del Monte, en el municipio de Morelia, Michoacán, se encuentra en el centro de una crisis de violencia, amenazas del crimen organizado y una alarmante omisión por parte de las autoridades estatales y federales. La situación refleja una vez más cómo la falta de respuesta institucional y los intereses económicos pueden agravar los conflictos en territorios indígenas.
Desde febrero de 2025, líderes civiles, ejidales y tradicionales de San Miguel del Monte han recibido amenazas de muerte por parte de grupos armados vinculados al crimen organizado. Estas intimidaciones buscan frenar el proceso de autogobierno impulsado por la comunidad.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ha señalado que actores políticos locales, como el exjefe de tenencia Leopoldo Campuzano, también están involucrados en estos actos de hostigamiento. Además, algunos partidos políticos han intentado deslegitimar la consulta para la autonomía, temerosos de perder control sobre la región.
Desde hace más de un año, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. A pesar de las denuncias y las evidencias de violencia, no se han implementado medidas efectivas para proteger a la población ni para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Esta omisión refuerza la sensación de abandono que sienten los habitantes de San Miguel del Monte frente a la violencia y la inseguridad.
San Miguel del Monte no solo enfrenta amenazas de grupos criminales, sino también de empresas y particulares que buscan explotar sus recursos naturales. La región es rica en manantiales y posee tierras de alto valor ecológico, lo que ha atraído el interés de organizaciones ilegales dedicadas a la extracción de madera y otros recursos.
El proceso de autogobierno representa una amenaza para estos intereses, ya que podría dificultar la explotación indiscriminada de los recursos y fortalecer la gestión comunitaria del territorio.
Esta situación pone en evidencia cómo los intereses económicos pueden influir en la política y en la seguridad de las comunidades indígenas, exacerbando los conflictos y la violencia.
La situación en San Miguel del Monte es un claro ejemplo de cómo la falta de respuesta institucional, la violencia del crimen organizado y los intereses económicos confluyen en una crisis que afecta directamente a los derechos y la seguridad de las comunidades indígenas.
Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y en la garantía de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Además, es fundamental que se frene la explotación irresponsable de los recursos naturales en la región, priorizando el bienestar de las comunidades sobre los intereses económicos.
La comunidad de San Miguel del Monte ha demostrado una firme determinación en su lucha por la autonomía y la defensa de su territorio. Es hora de que las autoridades y la sociedad en general reconozcan y apoyen su derecho a decidir su futuro sin amenazas ni violencia.
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¡Hasta la próxima semana!
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