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El (resumen) Semanal: Semana #36: del 1 al 7 de septiembre 2025
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #36: del 1 al 7 de septiembre 2025.
Agua y ambiente en el Informe de Sheinbaum: ¿avance o maquillaje verde?
Vaya, vaya… iniciamos la semana con el Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se presumen “avances ambientales” con un paquete de obras hidráulicas, planes climáticos y programas de economía circular.
Sobre el papel, la narrativa oficial habla de “sustentabilidad, resiliencia y bienestar”. Sin embargo, la lectura crítica revela claroscuros: mientras se anuncian megaproyectos de potabilización y miles de concesiones “regularizadas”, el trasfondo sigue siendo el mismo: un modelo hídrico y ambiental sometido al extractivismo y a la lógica del capital.
El Informe coloca al agua como “gran reto nacional”. Se reporta la ejecución de 17 proyectos estratégicos en 16 entidades y la ZMVM, además de la construcción de 230 obras de agua y alcantarillado y 16 plantas de tratamiento con una inversión de 1,230 millones de pesos hasta junio de 2025.
Pero el verdadero núcleo está en las concesiones: 535,881 títulos vigentes revisados, con 51 mil inconsistencias detectadas. La promesa gubernamental es “ordenar” el régimen y recuperar volúmenes. Sin embargo, no se cuestiona el diseño de un sistema que desde 1992 privatizó el agua vía títulos, favoreciendo a grandes agroindustrias y embotelladoras. La “modernización” puede terminar siendo más un rescate administrativo que un giro de justicia hídrica.
Por otra parte, la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y la actualización de la ruta de descarbonización suenan ambiciosas. Modelaciones, trayectorias de inversión y programas como “Sembrando Vida” se integran al discurso climático.
No obstante, los ejes estratégicos se concentran en agricultura social y en proyectos piloto, mientras sectores de alto impacto —energía fósil, minería, transporte, agroindustria— permanecen intactos. Es la vieja paradoja: se planea para 2030, pero no se actúa con contundencia en 2025.
Se presume la rehabilitación de redes de monitoreo atmosférico y 80 nuevos equipos en la megalópolis. También se reportan más de 1,200 inspecciones a hidrocarburos y gas LP, con medidas de seguridad dictadas.
Sin embargo, el esquema de vigilancia sigue siendo reactivo: se detectan riesgos, pero no se toca la raíz de un modelo energético fósil y altamente contaminante.
El Informe asume que desarrollo y sustentabilidad pueden caminar de la mano bajo la fórmula “inversión, bienestar y ecosistemas”. Pero la ecología política latinoamericana nos recuerda que este tipo de discursos suelen ser parte del “consenso de los commodities verdes”: se maquillan las lógicas extractivas con proyectos ambientales fragmentados.
Mientras no se rompa con la mercantilización del agua y la subordinación de los ecosistemas a la rentabilidad, cualquier plan hídrico o climático será insuficiente.
El verdadero reto no es inaugurar plantas ni revisar concesiones: es reconocer que el agua y la tierra son bienes comunes, no mercancías. Y eso, por ahora, no aparece en el guion oficial.
Foto: Presidencia
Crisis del agua en México 2025: concesiones masivas, concentración corporativa y justicia hídrica pendiente
Vaya, vaya… y reforzando esta idea, esta semana, en el marco del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un decreto de facilidades administrativas para regularizar concesiones de agua vencidas. Y es que hay que preguntarnos ¿quién controla el agua en México?
Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al cierre de 2024 existían 536,533 títulos de concesión registrados en el país. De estos, 163,689 se encontraban vencidos, muchos desde 2017, lo que representa aproximadamente el 30% del total. Vaya, vaya…
Y es que este anuncio pone en evidencia la persistente concentración del recurso en manos de grandes corporaciones y la exclusión de comunidades históricamente despojadas.
La mayoría de estas concesiones han sido otorgadas a grandes actores industriales y agropecuarios, mientras que comunidades rurales y pueblos originarios carecen de acceso garantizado al agua.
Y es que debemos preguntarnos si el decreto de facilidades administrativas ¿es realmente una medida de justicia hídrica?
Foto: Presidencia
El decreto busca regularizar concesiones vencidas entre octubre de 2017 y marzo de 2025, beneficiando principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas, así como a municipios para uso público urbano.
Sin embargo, especialistas en ecología política señalan que esta medida no cuestiona la estructura de concentración y privatización del agua en México. La socióloga Leticia Merino ha advertido que el sistema de concesiones instaurado en 1992 favorece a grandes capitales sin regulación, lo que ha derivado en sobreexplotación y contaminación de las cuencas.
La Conagua ha detectado más de 14,000 irregularidades en permisos para el uso de aguas nacionales, incluyendo títulos otorgados para uso agrícola pero utilizados para el llenado de pipas, permisos sin documentación básica y registros duplicados o con errores en la plataforma digital del organismo.
Estas anomalías evidencian la falta de control y supervisión en la gestión del recurso hídrico, lo que agrava la crisis del agua en el país.
Investigaciones han revelado que el 7% de los usuarios acapara el 70% de las concesiones, mientras que comunidades rurales y pueblos originarios carecen de acceso garantizado al agua.
Y es que hay que decirlo: este modelo extractivista y excluyente perpetúa las desigualdades sociales y ambientales, favoreciendo a grandes corporaciones en detrimento de las necesidades básicas de la población.
El decreto presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso hacia la regularización de concesiones vencidas, pero no aborda las causas estructurales de la crisis del agua en México.
Es necesario replantear el modelo de gestión hídrica, garantizando el acceso al agua como un derecho humano y no como una mercancía. Esto implica revisar las políticas de concesión, fortalecer la regulación y supervisión, y priorizar el bienestar de las comunidades sobre los intereses de las grandes corporaciones. ¿Será que el gobierno lo hará?
Michoacán acelera carreteras y monocultivos… mientras comunidades pagan factura
Vaya, vaya… esta semana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla “inauguró la rehabilitación de más de 70 kilómetros de carretera en Uruapan-San Juan Nuevo-Tancítaro-Copetiro”, la cual promete reducir tiempos de traslado en un 30% y detonar la “productividad y desarrollo económico”.
Lo que los comunicados oficiales omiten es que esta infraestructura sirve principalmente a los grandes monocultivos de aguacate y frutillas. Tan sólo el aguacate, de acuerdo con datos del INEGI, incrementó su superficie sembrada en Michoacán en alrededor de 111% entre 2007 y 2022; a nivel nacional, el crecimiento fue aún mayor: ≈140% en el mismo periodo. Esta expansión acelerada ha tenido impactos severos sobre los bosques, los mantos acuíferos y los territorios rurales.
Y es que según el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, Michoacán concentra buena parte de la producción nacional de granos y frutas, y lidera la agricultura protegida. El gobierno lo celebra como un logro, pero esto significa facilitar la industrialización y la concentración de capital, mientras comunidades enfrentan la degradación ambiental y la sobreexplotación de sus recursos, en algunos casos mediante el despojo y el acaparamiento.
La retórica oficial es clara: más inversión, más eficiencia, más empleo. La realidad es otra: la infraestructura y los polos de desarrollo priorizan ganancias privadas sobre el supuesto “bienestar” que se construye sobre la presión ecológica y social de la región.
Michoacán produce más y transporta más rápido, pero los territorios y sus comunidades siguen siendo los sacrificados silenciosos de este modelo de “crecimiento”, supuesto “desarrollo y bienestar”.
Polos de desarrollo, reuniones por aquí y por allá…
Y hablando de polos de desarrollo esta semana estuvo movida. Por un parte los gobiernos de Guerrero y Michoacán comenzaron las primeras reuniones para consolidar el Polo de Desarrollo Lázaro Cárdenas–La Unión y Sedeco fue a poner el menú de prevendas en su reunión con integrantes de Canacintra.
Movido el asunto. Y es que los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán, como ya lo hemos dicho, avanzan como la vitrina del crecimiento económico oficial.
El Parque Bajío y el Podebi Lázaro Cárdenas-La Unión prometen atraer “inversiones, empleos y oportunidades”. Sin embargo, detrás del discurso de progreso hay una consolidación de privilegios industriales y un blindaje de incentivos fiscales, más que un plan real de desarrollo sostenible y equitativo.
En el Parque Bajío, Sedeco y Canacintra aseguran que 80% de los trámites están avanzados, que existen incentivos fiscales, equipamiento, capacitación y energía garantizada. Mientras tanto, en la costa, el Podebi Lázaro Cárdenas-La Unión busca aprovechar infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria compartida entre Michoacán y Guerrero, con la promesa de encadenamientos productivos y atracción de capital nacional e internacional.
El titular de Sedeco, Claudio Méndez Fernández, aseguró que “será un motor de inversiones, empleos y oportunidades para ambas entidades”.
El problema es que estas iniciativas no consideran los impactos ambientales ni la vulnerabilidad social de las regiones. La expansión industrial y portuaria en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, tiene un historial de conflictos con comunidades locales y riesgos sobre ecosistemas costeros y marinos, mientras que el Parque Bajío promete industrialización acelerada en tierras agrícolas sin evaluar plenamente el impacto en recursos hídricos y condiciones laborales.
Y es que estos proyectos reflejan la lógica de un “desarrollo para la inversión”, no para la gente: se privilegia infraestructura, incentivos fiscales y atracción de capital, mientras las comunidades locales y los recursos son considerados secundarios o simples mercancias.
En estos proyectos, la retórica oficial de “crecimiento, empleo y bienestar” funciona más como un marco simbólico que como un plan integral con participación social y evaluación ambiental.
Un decreto “de papel”: la prohibición que no incomoda a la industria agroquímica
Vaya, vaya… El gobierno federal anunció con bombo y platillo la prohibición de 35 plaguicidas. Pero al revisar la letra chica, el decreto resulta más un gesto simbólico que un golpe real a la poderosa industria agroquímica.
La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) lo dijo sin rodeos: se trata de una lista “laxa”, producto de una negociación diseñada para no afectar intereses comerciales.
Porque el decreto omite precisamente a los plaguicidas más usados, más vendidos y más dañinos en México: glifosato, clorpirifos etilo, fipronil, neonicotinoides como imidacloprid y tiametoxam. Los mismos que provocan cáncer, daños neurológicos y mortandades masivas de abejas en el campo mexicano, y que ya están prohibidos en decenas de países.
Y es que la trampa es evidente: la mayoría de las 35 moléculas prohibidas ya estaban fuera del mercado, canceladas desde hace años por COFEPRIS o bloqueadas en sexenios anteriores. Es decir, el decreto recicla decisiones pasadas para presentarlas como avance histórico. Mientras tanto, más de 200 plaguicidas altamente peligrosos siguen autorizados y circulando libremente en México, pese a que la Organización Mundial de la Salud y la ONU han pedido su eliminación.
El discurso oficial intenta vender como “primer paso” lo que en realidad es una concesión mínima. Según la Secretaría de Agricultura (SADER), habrá nuevas prohibiciones en 2026 y 2027 pero otra vez sin participación efectiva de organizaciones campesinas, apicultores, agroecólogos y expertos sin conflicto de interés.
La llamada “Estrategia Nacional” corre el riesgo de convertirse en otro foro capturado por la misma industria que se busca regular.
El decreto tampoco contempla un programa de información nacional para productores rurales sobre los riesgos de usar plaguicidas ilegales. Ni mecanismos sólidos de vigilancia. Sin eso, la prohibición queda en papel mientras en el campo se siguen aplicando sustancias letales detectadas incluso en agua y suelos de comunidades rurales.
En palabras simples: la presidencia firmó un decreto que no toca a los gigantes de la agroquímica, pero permite presumir que “México avanza”. Vaya, vaya…
FOTO: SCOP.
Segundo Anillo Periférico de Morelia: el espectáculo mediático
Vaya, vaya… la Secretaría de Obras Públicas de Michoacán anda echando toda la leña al asador para implantar la narrativa de que el Segundo Anillo Periférico de Morelia es una obra que beneficia, que sus procesos son transparentes y que “construye futuro”.
Esta semana, Roberto Zarazua invitó a la prensa corporativa y cercana a darles un recorrido por las diferentes obras que se realizan en Morelia y con ello poder cacarear y “magnificar” la narrativa oficial.
Y es que el gobierno logró su cometido: instalar en la agenda que las obras avanzan y que Morelia está “construyendo futuro”. Mientras tanto, los medios de comunicación que deberían fiscalizar se convierten en voceros gratuitos, legitimando cifras que nadie audita y repitiendo la ficción del progreso lineal.
En el fondo, este es un guion político: cada supervisión es menos sobre cemento y más sobre la foto que garantiza cobertura acrítica. Los números se inflan como espectáculo y los medios actúan como amplificadores dóciles. Vaya, vaya…
Ooapas en Morelia: innovación hídrica en discurso, tandeo en la realidad
Vaya, vaya… esta semana el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, viajó a la Embajada de los Países Bajos en México para hablar de innovación hídrica y “soluciones de vanguardia”.
Según el boletín oficial, el encuentro enmarcado en la feria internacional Aquatech abre la puerta a “alianzas estratégicas que garantizarían eficiencia, sustentabilidad y seguridad en el servicio para las y los morelianos”.
El discurso luce impecable: cooperación internacional, Plan Agua 2050 y Morelia Next como sellos de modernidad. Sin embargo, la narrativa choca de frente con la realidad cotidiana: colonias que dependen del tandeo, fugas que tardan semanas en repararse y un organismo operador cuestionado por su ineficiencia administrativa y sus finanzas siempre en crisis.
Torres insistió en que la reunión representa un paso “importante” hacia la innovación tecnológica en materia de agua. Pero ni él ni el alcalde Alfonso Martínez Alcázar han explicado cómo se financiarán esos proyectos, cuáles son los plazos reales ni qué garantía existe de que los beneficios lleguen más allá de los comunicados de prensa.
En los hechos, Ooapas intenta vender modernidad importada mientras no resuelve lo elemental: agua limpia y continua. Lo demás, por ahora, es diplomacia con escaparate electoral.
Empresarios, paz y negocios: Alfonso Martínez vende estabilidad a cambio de confianza
Vaya, vaya… que la gente no cambia…. El presidente municipal Alfonso Jesús Martínez Alcázar volvió a recurrir a su fórmula política de siempre: vincular seguridad con crecimiento económico y, con ello, prometer que la “paz” en Morelia se construye a partir de restaurantes abiertos, hoteles en expansión y comercios que no cierran sus cortinas.
Y es que esta semana, en la reunión plenaria del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM), Martínez Alcázar se presentó ante los hombres (puro ceñoro) de negocios como un viejo conocido que ya no necesita “curva de aprendizaje” tras tres periodos en la alcaldía.
Su discurso, sin embargo, giró en torno a un guion repetido: presume haber creado la primera policía municipal del país con 100% de elementos certificados y atribuye a ello la confianza de inversionistas y la supuesta reducción de riesgos.
El alcalde describió dos vías de acción: la “reactiva”, que se limita a cámaras, patrullas, capacitación y “atrapar delincuentes”; y la “proactiva”, que coloca infraestructura cultural y deportiva en colonias con mayor incidencia delictiva. La narrativa suena bien, pero evita un dato clave: Morelia sigue enfrentando homicidios, extorsiones y la penetración de grupos criminales que no se combaten.
El alcalde panista aseguró que su administración impulsa la construcción de paz a través de programas sociales y de un diálogo constante con empresarios, a quienes pidió colaboración para “consolidar a Morelia como el mejor lugar para vivir”.
El aplauso del sector privado fue inmediato, aunque nadie preguntó cómo se mide esa “paz” ni qué tan sostenibles son las estrategias cuando la violencia en Michoacán rebasa las competencias municipales.
En los hechos, el discurso del alcalde sirve más como campaña de confianza para inversionistas que como un diagnóstico realista de seguridad. El mensaje es claro: mientras haya consumo en restaurantes y ocupación hotelera, se puede vender la idea de que la ciudad está en calma.
La pregunta pendiente es si esa “paz” también se refleja en las zonas de la ciudad donde la presencia policial es limitada y perniosiosa, donde los indicadores de violencia siguen siendo altos.
El desarraigo de la memoria
Vaya, vaya… hay que decirlo fuerte: Retirar los materiales del “Árbol de la Memoria” en Morelia no es un acto administrativo menor ni un simple ajuste urbano. Es un acto profundamente político, un desarraigo simbólico que revela la incomodidad del poder frente a la verdad que incomoda: miles de personas desaparecidas en Michoacán y en el país entero.
Hay que recordarle al alcalde panista de Morelia,Alfono Jesús Martínez Alcázar que los memoriales no son decoración. Son territorios de resistencia donde la memoria se hace cuerpo colectivo, donde las familias sostienen con sus manos lo que el Estado les niega: justicia, verdad, reparación.
Y es que al arrancar esos rostros, las autoridades no solo borran imágenes: buscan silenciar una denuncia viva que recuerda cada día la deuda histórica de las instituciones.
En un país donde más de 140 mil personas siguen desaparecidas, este desmantelamiento es un recordatorio brutal de que la impunidad no se limita a las desapariciones mismas, sino que se extiende al intento de suprimir la memoria. Lo que incomoda no son las fotos colgadas en un árbol, sino la interpelación directa: cualquiera puede desaparecer, todos somos alcanzables por esta violencia estructural.
El gesto de retirar ese espacio es una muestra clara de cómo el Estado administra la memoria y niega los lugares donde la sociedad transforma el duelo en exigencia política. La memoria no es un favor de las instituciones: es un derecho humano, una práctica de justicia.
Preservar el “Árbol de la Memoria” es más que un acto de respeto: es garantizar que el país no se hunda en la amnesia funcional que beneficia a quienes sostienen la maquinaria de la violencia. La memoria no se arranca. La memoria florece incluso entre el asfalto, porque es la única manera de seguir buscando, de seguir exigiendo, de seguir viviendo.
Defender el agua, criminalizar la vida
Vaya, vaya… en México, la defensa del agua y del territorio se ha convertido en delito.
Esa es la paradoja brutal que la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida desnuda en su reciente comunicado: mientras las empresas saquean ríos, bosques y manantiales con la venia del Estado, quienes resisten terminan en la cárcel, perseguidos o asesinados.
No es un hecho aislado ni una suma de “casos particulares”. Es un patrón estructural de criminalización que atraviesa Oaxaca, Michoacán, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Querétaro y la propia Ciudad de México. La historia se repite: órdenes de aprehensión fabricadas, detenciones arbitrarias, operativos con fuerza desproporcionada, tortura, campañas de difamación. El mensaje es claro: quien defiende la vida se enfrenta a la maquinaria de muerte que sostiene al modelo extractivista.
Y es que la disputa por el agua no es técnica, es profundamente política. El agua es vida para las comunidades, pero mercancía para el capital. Por eso el Estado actúa como guardia del despojo, garantizando el flujo de ganancias y sofocando cualquier intento de autonomía comunitaria.
Lo que ocurre en Eloxochitlán de Flores Magón, con más de diez años de persecución, o en San Juan Cancúc, con presos tseltales que hasta la ONU reconoce como arbitrariamente detenidos, o lo que pasa con la comunidad de San Miguel del Monte en Morelia, son expresiones de un mismo régimen: la democracia formal convive con un autoritarismo territorial que aplasta la defensa socioambiental.
La Asamblea lo resume con una frase incómoda pero cierta: justicia y libertades solo pueden construirse desde abajo, porque arriba se administran ecocidios y persecuciones. Y sí: el Estado mexicano ha demostrado que no garantiza derechos, sino que opera como verdugo de quienes los ejercen.
Vaya, vaya… La criminalización de defensoras y defensores del agua no es solo una injusticia; es un ataque directo al futuro. Porque cuando se encarcela a quien protege un río, se abre la puerta al ecocidio. Y cuando se arranca la voz de una comunidad, se mutila la posibilidad de un país distinto.
La pregunta es si la sociedad civil está dispuesta a asumir que defender el agua y la vida no es “una causa ajena”, sino la condición misma de nuestra supervivencia colectiva.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #36: del 1 al 7 de septiembre 2025
¡Hasta la próxima semana!
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