El (resumen) semanal analiza la crisis de desapariciones en México, las relaciones entre prensa y poder político, los conflictos territoriales y las decisiones gubernamentales marcaron la agenda. En Michoacán, las obras públicas y los daños al patrimonio exhiben la falta de transparencia y rendición de cuentas. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #44 del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #44 del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026
Por: en15dias.com
PARO AGUACATERO EXHIBE DISPUTA POR EL PRECIO Y LAS GANANCIAS DE LA AGROEXPORTACIÓN
Esta semana, productores de aguacate de Michoacán suspendieron el corte de fruta y realizaron movilizaciones para exigir mejores precios por su cosecha, en medio de un conflicto que exhibe las desigualdades dentro de una de las principales cadenas agroexportadoras del estado.
Los agricultores inconformes señalan que reciben alrededor de 13 pesos por kilogramo, mientras consideran necesario alcanzar precios de entre 35 y 45 pesos para cubrir sus costos y obtener ingresos suficientes.
Las protestas incluyeron bloqueos y acciones en instalaciones de sanidad vegetal, donde los productores cuestionaron el ingreso de aguacate procedente de otras entidades, al considerar que presiona los precios de la fruta michoacana. También reclamaron una mayor regulación de la comercialización y condiciones más favorables frente a empacadoras e intermediarios.
La suspensión de cosechas comenzó a repercutir en la cadena exportadora. Representantes del sector estimaron una reducción de los envíos programados hacia Estados Unidos, debido a la falta de fruta disponible durante los días de paro. La situación también generó preocupación por los compromisos comerciales y las afectaciones económicas para trabajadores de huertas y empaques.
Otro punto de tensión es el mecanismo de Verificación Laboral para la Agroexportación (VELAGRO), que busca acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social en las huertas que participan en la cadena exportadora. Aunque la formalización laboral es necesaria ante los rezagos históricos en los derechos de los jornaleros, pequeños productores cuestionan los trámites y costos que implica su implementación.
El conflicto deja al descubierto una contradicción: Michoacán participa en un negocio internacional de alto valor, pero quienes producen el aguacate denuncian que reciben una proporción reducida de las ganancias y enfrentan costos crecientes de producción. Al mismo tiempo, la discusión sobre los requisitos laborales obliga a preguntarse quién debe asumir la responsabilidad de garantizar salarios, seguridad social y condiciones dignas para los trabajadores del campo.
Más allá de las afectaciones temporales a las exportaciones, el paro pone sobre la mesa la distribución de los beneficios de la agroindustria aguacatera. La búsqueda de acuerdos no debería limitarse a reactivar los cortes y mantener los envíos al extranjero, sino atender las demandas de los productores y garantizar que el crecimiento del sector también se refleje en mejores condiciones para quienes trabajan en las huertas.
MICHOACÁN PRESUME INVERSIÓN DE 122 MDP EN RELLENOS SANITARIOS
El Gobierno estatal asegura que cinco Centros Intermunicipales de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos beneficiarán a más de un millón de habitantes. Sin embargo, Michoacán genera casi 5 mil toneladas de basura al día y ninguno de sus 112 sitios de disposición final cumple integralmente los requisitos para ser considerado relleno sanitario.
El Gobierno de Michoacán anunció una inversión superior a 122 millones de pesos en cinco Centros Intermunicipales de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CITIRS) y centros de transferencia, obras que, según la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), benefician a más de un millón de habitantes de más de 25 municipios. Los recursos se destinaron a infraestructura en Uruapan, Hidalgo, Sahuayo, Coahuayana y Ario de Rosales durante los últimos cinco años.
El paquete incluye 21.9 millones de pesos para el CITIRS Monarca de Oriente, 26.1 millones para Uruapan, 24.9 millones para Sahuayo, 16 millones para Coahuayana y 10 millones para la segunda etapa de Ario. Las obras fueron financiadas mediante el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum). Sin embargo, el monto invertido no permite conocer por sí mismo cuánto residuo se procesa, cuánto se recicla ni qué resultados ambientales producen las instalaciones.
El contraste aparece en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2025, de Semarnat e INECC: Michoacán genera alrededor de 4 mil 999 toneladas de residuos sólidos urbanos al día y recolecta 3 mil 848, apenas 77 por ciento.
Además, identifica 112 sitios de disposición final en el estado y ninguno cumple integralmente los requisitos de la NOM-083-SEMARNAT-2003 para ser considerado relleno sanitario. Esto evidencia que la construcción de nuevas instalaciones ocurre en medio de una crisis estatal que va más allá de la falta de infraestructura.
Los centros de Uruapan, Hidalgo y Sahuayo cuentan con celdas de disposición final y fosas para lixiviados; mientras que Coahuayana dispone de nave de separación, celda sanitaria y planta de selección. En Ario de Rosales se reportan una celda, báscula y planta de selección.
Aunque estos componentes son necesarios para el manejo de residuos, el Gobierno no presentó información sobre toneladas recibidas, materiales recuperados, vida útil de las celdas ni evaluaciones que acrediten el cumplimiento de la norma ambiental.
El problema también está en la recolección y el aprovechamiento. El diagnóstico nacional registra que alrededor de mil 150 toneladas de basura generadas diariamente en Michoacán quedan fuera de la recolección municipal. Asimismo, reporta una recolección diferenciada muy reducida. Por ello, instalar plantas de selección no garantiza que exista separación efectiva ni que disminuya la cantidad de residuos que termina enterrada o abandonada en tiraderos.
El programa incluye centros de transferencia en comunidades indígenas como Arantepacua, Comachuén, Sevina y Angahuan. En estos territorios, además de conocer el destino de los residuos, es necesario transparentar los acuerdos de operación y la participación de las autoridades comunitarias. También deben publicarse monitoreos de suelo y agua, controles de lixiviados y emisiones, así como inspecciones ambientales que permitan descartar riesgos para las poblaciones cercanas.
Los 122 millones de pesos representan inversión pública en infraestructura, pero el resultado debe medirse por la reducción de la contaminación y no sólo por las obras construidas.
Frente a casi 5 mil toneladas de basura generadas al día y 112 sitios que no cumplen integralmente la norma, el Gobierno estatal y los municipios tienen pendiente demostrar que los nuevos centros mejoran la recolección, recuperación y disposición final. La pregunta central sigue siendo cuánta basura deja de contaminar y qué evidencia existe para comprobarlo.
PROAM CLAUSURA PLANTA ASFALTADORA Y CEMENTERA EN ECUANDUREO
La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán (Proam) clausuró una planta asfaltadora y una cementera ubicadas en el municipio de Ecuandureo, con el objetivo de garantizar que las industrias de competencia estatal y las fuentes fijas cumplan con las disposiciones oficiales en materia ambiental.
Debido a que ambas instalaciones no contaban con las autorizaciones ambientales necesarias para operar, entre ellas la Autorización en Materia de Impacto Ambiental y la Licencia Ambiental Única, se procedió a la clausura temporal total de sus actividades.
Esta medida permanecerá vigente hasta que se realicen los trámites correspondientes y se cumplan las disposiciones establecidas por la normatividad en la materia.
Es importante destacar que, una vez iniciados los trámites para obtener las autorizaciones, la Proam da seguimiento a cada procedimiento para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas y garantizar que las actividades se desarrollen conforme a la legislación ambiental.
ABREN DISTRIBUIDOR VIAL DE TACÍCUARO
El Gobierno de Michoacán abrió a la circulación el distribuidor vial de Tacícuaro, una infraestructura que forma parte del segundo anillo periférico de Morelia y que busca funcionar como ruta alterna para quienes transitan hacia Quiroga y la región del lago de Pátzcuaro.
La apertura, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el 28 de octubre, ocurre en vísperas de las celebraciones de Noche de Muertos, cuando aumenta el flujo vehicular hacia los destinos turísticos de la región Lacustre.
La habilitación comprende una primera etapa de 400 metros de vialidad, con la que el Gobierno estatal pretende distribuir el tránsito que actualmente se concentra en la salida a Pátzcuaro.
Según el mandatario, la decisión de abrir anticipadamente el distribuidor responde a la necesidad de ofrecer una alternativa de circulación mientras continúan los trabajos de infraestructura en la zona. Sin embargo, la apertura parcial no significa que el tramo carretero esté concluido ni que el segundo anillo periférico se encuentre en operación integral.
De acuerdo con la administración estatal, más de 30 mil vehículos transitan diariamente por la zona poniente de Morelia y podrían beneficiarse con esta conexión. Veremos si la nueva infraestructura permitirá redistribuir de manera permanente esos desplazamientos o si su utilidad se concentrará en aliviar temporalmente la circulación durante periodos de alta afluencia.
El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que el distribuidor cuenta con un puente de más de nueve metros de altura e iluminación mediante luminarias solares. Estas características forman parte de las especificaciones técnicas anunciadas por el Gobierno estatal, aunque no se presentaron indicadores sobre reducción de accidentes, tiempos de traslado o capacidad efectiva de circulación que permitan evaluar las condiciones de seguridad y eficiencia de la obra.
La apertura de Tacícuaro está vinculada con la construcción del tramo La Estancia-Tacícuaro, de 21.4 kilómetros, que conectará las salidas a Quiroga y Pátzcuaro. En una supervisión realizada el 11 de octubre, el gobernador informó que ese segmento registraba un avance de 95 por ciento y que permitiría desviar parte del tránsito pesado para evitar su ingreso a la zona urbana de Morelia. El proyecto contempla tres pasos superiores vehiculares, dos distribuidores y 44 obras de drenaje.
La administración estatal anunció que la inauguración del tramo La Estancia-Tacícuaro está prevista para finales de noviembre. Mientras tanto, continúa la construcción de otros segmentos del segundo anillo periférico, entre ellos el que conectará Cuitzillo, en Tarímbaro, con La Goleta, en Charo. En conjunto, el proyecto contempla 51.5 kilómetros distribuidos en tres segmentos, con una inversión reportada de 2 mil 596 millones de pesos en los tramos referidos por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Sin embargo, el proyecto de infraestructura carretera no necesariamente es para resolver los problemas de movilidad sino para proyectar el negocio inmobiliario. Ya lo hemos dicho pero hay que repetirlo, la construcción de nuevas vialidades implica transformaciones territoriales, ocupación de suelo, modificación de dinámicas comunitarias e impactos sobre los ecosistemas.
Por ello, resulta necesario conocer las evaluaciones de impacto ambiental, las medidas de mitigación, las afectaciones a predios y comunidades, así como los mecanismos de seguimiento de las obras. La información pública sobre estos aspectos permitiría dimensionar los costos territoriales y ambientales de la expansión de la infraestructura.
Otro aspecto pendiente es conocer cómo se integrará el segundo anillo periférico con el transporte público, los desplazamientos peatonales y la movilidad ciclista. Lo que han llamado la “política de movilidad” de este gobierno requiere evaluar la accesibilidad de quienes no utilizan automóvil, la seguridad de los peatones, la conexión con las localidades y la distribución de los beneficios y costos de las obras públicas.
Volvemos a preguntar ¿qué modelo de ciudad se está construyendo y para quién?
REVISAN REFORMA AL REGLAMENTO AMBIENTAL DE MORELIA; PERSISTEN RETOS EN LA PROTECCIÓN ECOLÓGIC
La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Morelia revisó los avances en la reforma al Reglamento Ambiental municipal.
La reforma tendrá que demostrar que puede ir más allá de modificar el marco normativo. Entre los retos ambientales de Morelia están la contaminación de cuerpos de agua, el manejo de residuos, la pérdida de áreas verdes y las presiones sobre el territorio derivadas del crecimiento urbano y la agroindustria.
La actualización del reglamento también plantea la necesidad de establecer responsabilidades claras para autoridades, empresas y ciudadanía, así como mecanismos de inspección, seguimiento y sanción ante incumplimientos. Sin capacidad operativa y vigilancia permanente, las disposiciones pueden quedarse únicamente en el papel.
El anuncio de la revisión abre preguntas sobre el contenido de la reforma: qué problemas busca atender, qué nuevas obligaciones establecerá, cómo se garantizará su cumplimiento y si contará con presupuesto y personal suficiente para aplicarla.
La protección ambiental de Morelia no depende solamente de tener un reglamento actualizado, sino de que las autoridades lo hagan cumplir y transparenten sus resultados. La ciudadanía necesita conocer qué cambios se proponen y cómo contribuirán a resolver los problemas ecológicos que afectan a las colonias, comunidades y ecosistemas del municipio.
DESTINAN MIL 100 MDP AL SANEAMIENTO DEL LAGO DE PÁTZCUARO
La inversión contempla rehabilitar seis plantas de tratamiento, construir cuatro más, intervenir 116 kilómetros de colectores y atender 10 humedales; los avances reportados muestran obras con distintos niveles de ejecución.
El Gobierno federal anunció una inversión de mil 100 millones de pesos para el saneamiento del lago de Pátzcuaro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
De acuerdo con Luis Roberto Arias Reyes, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, los recursos se destinarán a ampliar y rehabilitar la infraestructura sanitaria de la cuenca, afectada por las descargas residuales y el deterioro de sus ecosistemas.
El proyecto contempla modernizar seis plantas de tratamiento en Las Garzas, Janitzio, San Pedrito, Quiroga, Tzintzuntzan y San Andrés Ziróndaro; construir cuatro instalaciones en San Juan Tumbio, Ihuatzio, Tzurumutaro y Quiroga; rehabilitar más de 116 kilómetros de colectores sanitarios e intervenir 10 humedales. Según la dependencia, las obras beneficiarán a más de 142 mil habitantes de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro.
Sin embargo, los avances reportados por Conagua durante una supervisión del 25 de octubre de 2026 muestran distintos niveles de ejecución: Las Garzas y Janitzio registraban 99 por ciento; San Pedrito, 72 por ciento; Quiroga, 12 por ciento; y Tzintzuntzan y San Andrés Ziróndaro, apenas 10 por ciento cada una. La recuperación de la capacidad de tratamiento dependerá de que las obras concluyan y las instalaciones entren efectivamente en operación.
El saneamiento no se limita a rehabilitar plantas. También requiere controlar las descargas desde su origen, conducir las aguas residuales mediante colectores y evitar nuevos contaminantes en los cauces que alimentan el lago. La intervención de 10 humedales también será relevante por su función en la regulación hídrica, la retención de sedimentos y la conservación de la biodiversidad. Para evaluar sus resultados será necesario conocer qué superficies se recuperan y bajo qué criterios se mide su restauración.
La crisis hídrica de 2024 evidenció la vulnerabilidad de la cuenca, cuando la disminución del nivel del agua dejó al descubierto zonas del lago y estuvo cerca de modificar la condición insular de Janitzio. Desde entonces se han anunciado acciones como la recuperación de manantiales, el desazolve de canales, la rehabilitación de superficies acuáticas y la reforestación. No obstante, la recuperación ambiental debe medirse por la evolución de las condiciones hidrológicas y ecológicas, no únicamente por las obras ejecutadas.
El deterioro afecta directamente a comunidades como Janitzio, Tecuena, La Pacanda, Yunuén, Urandén y Huecorio, cuyas actividades económicas y prácticas culturales mantienen una relación estrecha con el lago. Por ello, el programa requiere incorporar a las comunidades en la vigilancia de las obras, la identificación de fuentes contaminantes y las decisiones sobre el futuro de la cuenca.
También falta claridad sobre el alcance financiero del programa. Conagua había informado previamente de 336 millones de pesos para acciones de saneamiento durante 2026 y, en diciembre de 2025, de una inversión inicial de 147 millones para rehabilitar tres plantas. Es necesario precisar cómo se relacionan esos montos con los mil 100 millones anunciados, cuánto está contratado y ejercido, y cuáles son los plazos de ejecución.
La inversión representa un compromiso presupuestal para atender parte de los problemas ambientales del lago, pero sus resultados deberán comprobarse mediante monitoreos públicos de calidad del agua, mediciones de los volúmenes tratados, evaluaciones de los humedales y seguimiento de la biodiversidad. El rescate de Pátzcuaro no termina con la construcción de infraestructura: exige reducir efectivamente la contaminación y recuperar las condiciones ecológicas de la cuenca.
LIMPIAN CANALES DEL LAGO DE PÁTZCUARO PARA RECIBIR TURISTAS
El Gobierno de Michoacán anunció que los principales canales de navegación del lago de Pátzcuaro se encuentran rehabilitados y libres de vegetación para recibir a miles de visitantes.
La Comisión de Pesca del Estado (Compesca) informó que los trabajos buscan facilitar el traslado de turistas y habitantes hacia las islas y comunidades ribereñas. Sin embargo, detrás de la preparación de las rutas para la temporada turística permanece un desafío de mayor alcance: recuperar la conectividad acuática de un lago que enfrenta un proceso de deterioro ambiental.
Ramón Hernández Orozco, director general de Compesca, señaló que los trabajos de mantenimiento se realizan de manera permanente, aunque durante la temporada de Noche de Muertos se intensifican para facilitar la navegación.
Entre los canales intervenidos se encuentran los accesos a los muelles General y San Pedrito, así como las rutas hacia Janitzio, Yunuén, Pacanda y Tecuena. Estas vías representan conexiones fundamentales para las comunidades insulares, cuyos habitantes dependen del transporte acuático para sus actividades cotidianas, comerciales y turísticas.
Las labores también incluyeron la rehabilitación de los canales de Erongarícuaro y del circuito perimetral de la isla de Urandén, donde se prevé desarrollar actividades culturales y representaciones sobre el agua. El anuncio coloca nuevamente a la región lacustre en el centro de la oferta turística de Michoacán, particularmente durante una celebración que atrae visitantes nacionales e internacionales. No obstante, la recuperación de los espacios para actividades recreativas debe distinguirse de la restauración ecológica del lago: mantener navegables los canales no significa necesariamente que se hayan recuperado sus condiciones ambientales.
De acuerdo con Compesca, los trabajos se realizan con maquinaria propia y personal de la residencia de Pátzcuaro. El mantenimiento contempla retirar vegetación que obstaculiza el tránsito de las embarcaciones y recuperar las condiciones de navegación.
Sin embargo, la dependencia no detalló la cantidad de kilómetros intervenidos, el volumen de sedimentos extraídos, los costos de operación ni los criterios ambientales utilizados para determinar qué vegetación debe retirarse. Estos datos son relevantes porque los canales forman parte de un ecosistema acuático donde las intervenciones deben considerar la dinámica de los sedimentos, la biodiversidad y las condiciones hidrológicas.
El propio funcionario reconoció que todavía continúan los trabajos para conectar las vías fluviales entre las distintas comunidades de la ribera. Entre las intervenciones recientes mencionó la rehabilitación del afluente de Chapultepec y las labores en el trayecto que comunica Ihuatzio con el muelle de Las Garzas.
Este reconocimiento muestra que, aunque las principales rutas turísticas se reportan listas para la temporada, la recuperación de la conectividad acuática todavía no concluye. La diferencia entre los canales preparados para recibir visitantes y los trayectos que siguen en rehabilitación es importante para dimensionar el alcance real de las acciones.
La preparación de los canales para Noche de Muertos permitirá facilitar los recorridos hacia las islas y comunidades del lago, pero el reto ambiental de Pátzcuaro va mucho más allá de recibir visitantes.
NOCHE DE MUERTOS: ENTRE LA TRADICIÓN COMUNITARIA Y EL NEGOCIO TURÍSTICO
El Gobierno de Michoacán espera hasta un millón de visitantes y anuncia más de 700 actividades. La promoción internacional de la festividad plantea interrogantes sobre quién obtiene los beneficios y qué costos culturales y ambientales asumen las comunidades.
La Noche de Muertos en Michoacán se ha convertido también en un atractivo de consumo turístico. El Gobierno estatal proyecta recibir entre 800 mil y un millón de visitantes del 23 de octubre al 2 de noviembre, con una oferta de más de 700 actividades en las siete regiones turísticas. La expectativa de ocupación hotelera y derrama económica coloca una de las expresiones culturales y espirituales más importantes de los pueblos michoacanos dentro de una estrategia de crecimiento turístico.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la proyección nacional e internacional de la celebración, que incluye velaciones, altares, ofrendas, gastronomía, festivales, talleres artesanales y recorridos. La promoción contempla difusión en pantallas de 17 aeropuertos nacionales y experiencias como “El Camino de las Ánimas”, un recorrido nocturno en canoas por los canales de los manantiales de Urandén. Sin embargo, detrás de la oferta turística permanece una pregunta: ¿quién organiza, controla y recibe los beneficios de la comercialización de estas expresiones comunitarias?
Los talleres de cocina tradicional, bordado, máscaras y alfarería pueden representar ingresos para las familias, pero también requieren reglas claras sobre la comercialización de los conocimientos y las prácticas culturales. El problema no es que las comunidades obtengan beneficios económicos, sino que la promoción turística termine imponiendo sus tiempos, precios y condiciones, o convierta rituales vinculados con la memoria y la espiritualidad en experiencias diseñadas para el consumo de visitantes.
La región del lago de Pátzcuaro muestra las contradicciones de este modelo. Mientras se promueven recorridos en embarcaciones y visitas a las islas, la cuenca enfrenta problemas de disponibilidad de agua, sedimentación y contaminación. La recuperación de manantiales, canales y humedales no puede limitarse a habilitar rutas turísticas: requiere garantizar las condiciones ecológicas del territorio y reconocer que el agua y la biodiversidad tienen un valor que va más allá de su aprovechamiento económico.
En Janitzio, las restricciones al acceso turístico al panteón durante las celebraciones de 2026, debido a las obras de rehabilitación posteriores a un desgajamiento ocurrido en agosto, evidenciaron la importancia de respetar las decisiones comunitarias. Las familias conservaron el acceso para realizar sus rituales, mientras los visitantes pudieron observar la velación desde un andador panorámico. La celebración pertenece a quienes la practican y sus espacios ceremoniales no tienen por qué estar abiertos sin límites al consumo turístico.
La llegada masiva de visitantes también implica mayor circulación de vehículos y embarcaciones, consumo de agua, demanda de servicios y generación de residuos. En municipios de la ribera, donde el saneamiento sigue siendo una prioridad, el crecimiento de la afluencia debe acompañarse de medidas para controlar descargas, atender desechos y evitar presiones adicionales sobre los ecosistemas.
La expectativa de ocupación hotelera de hasta 100 por ciento en Morelia y la ribera del lago tendría que estar acompañada de información sobre la capacidad de los destinos para recibir esa cantidad de personas y sobre las medidas ambientales previstas. La discusión no consiste en oponer cultura y turismo, sino en establecer quién decide cómo se comparten las tradiciones, cómo se distribuyen los ingresos y qué límites deben respetarse para proteger los territorios y las prácticas comunitarias.
La Noche de Muertos puede generar actividad económica sin perder su sentido cultural, pero eso exige que las comunidades tengan voz y capacidad de decisión. El éxito de la celebración no debería medirse únicamente por el número de visitantes o la ocupación hotelera, sino también por el respeto a los rituales, la distribución de los beneficios y la conservación de los ecosistemas que hacen posible esta tradición.
EN INFORMACIÓN NACIONAL….
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEFIENDE CONCESIONES MINERAS Y ENFRENTA A COMUNIDADES WIXÁRIKAS
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, presentó un recurso de revisión para intentar revocar la sentencia que dejó sin efecto 44 concesiones mineras en el Área Natural Protegida y Sitio Sagrado Natural Wirikuta, territorio fundamental para el pueblo wixárika. La resolución judicial, emitida en marzo de 2026, reconoció que las concesiones fueron otorgadas sin consulta previa a las comunidades y estableció que cualquier nuevo otorgamiento deberá someterse a un proceso de consulta libre, informada y culturalmente adecuada.
De acuerdo con la documentación difundida por organizaciones y medios que han seguido el caso, el recurso de la dependencia federal argumenta que las concesiones fueron expedidas antes de que la zona fuera declarada área natural protegida y que se trata de actos consumados. También cuestiona que se haya acreditado la afectación directa al territorio, la cultura y las prácticas espirituales de la comunidad. Con estos argumentos, la Secretaría busca que se revoque el amparo concedido al pueblo wixárika.
La controversia exhibe una contradicción de fondo: mientras el Estado reconoce en sus normas el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre decisiones que afectan sus territorios, una dependencia federal impugna una sentencia que ordena garantizar ese derecho. El debate no se reduce a la antigüedad de los títulos mineros o a los requisitos administrativos con los que fueron expedidos, sino a si el otorgamiento de concesiones puede ignorar la relación histórica, cultural y espiritual de los pueblos con sus territorios.
La Colectiva ¡Cambiémosla Ya! cuestionó la actuación de la Secretaría de Economía y señaló que, desde la reforma de la Ley de Minería aprobada en mayo de 2023, la dependencia mantiene pendiente la expedición de su reglamento. En su pronunciamiento del 28 de octubre, la organización acusó a la institución de mostrar mayor diligencia para defender los intereses de las empresas mineras que para fortalecer la regulación ambiental y garantizar los derechos de las comunidades. Estas son críticas de la colectiva que colocan bajo escrutinio la política minera federal.
El señalamiento también alcanza la política sobre minerales críticos. La colectiva cuestionó la falta de información pública y participación comunitaria en los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos, así como la interlocución de funcionarios de Economía con representantes de la industria minera. Uno de los puntos que considera preocupantes es la posibilidad de devolver a empresas privadas facultades de exploración que actualmente corresponden al Servicio Geológico Mexicano.
El caso de Wirikuta tiene además una dimensión que va más allá de las 44 concesiones. La sentencia judicial representa un reconocimiento de los derechos del pueblo wixárika, pero organizaciones y especialistas han advertido que existen otras concesiones en la región que también generan preocupación. Por ello, la disputa jurídica no resuelve por sí misma las presiones mineras sobre el territorio sagrado ni garantiza que no se impulsen nuevos proyectos.
La pregunta es cuál debe ser la prioridad de una Secretaría de Economía: facilitar la actividad de una industria o garantizar que su desarrollo respete los derechos colectivos y las obligaciones ambientales del Estado. La minería puede tener relevancia económica, pero eso no coloca a las concesiones por encima del derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios ni elimina la obligación de consultar antes de autorizar proyectos que puedan afectarlos.
La impugnación de la sentencia deja a la dependencia ante la exigencia de explicar por qué considera que deben mantenerse concesiones cuestionadas judicialmente por la falta de consulta. Mientras el litigio continúa, el pueblo wixárika enfrenta una disputa que no es solamente por recursos minerales, sino por el reconocimiento de su territorio, su cultura y su derecho a participar en decisiones que comprometen su futuro.
MÉXICO PRESENTA NUEVOS INFORMES CLIMÁTICOS
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó el 26 de octubre ambos informes como herramientas para fortalecer la política climática del país. Durante el acto, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, destacó la importancia de contar con información científica y accesible para evaluar los avances de México frente al cambio climático.
Los documentos reúnen datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero, medidas de mitigación, riesgos climáticos y condiciones de vulnerabilidad. También permiten dar seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No obstante, publicar información no equivale a demostrar que las políticas están reduciendo las emisiones o los daños ambientales.
El desafío está en convertir los diagnósticos en acciones medibles. Sectores como energía, transporte, industria, agricultura y uso de suelo requieren metas claras, presupuestos transparentes y evaluaciones que permitan conocer qué actividades generan mayores emisiones y qué medidas se aplican para reducirlas. También debe comprobarse que las inversiones y obras de infraestructura sean compatibles con los compromisos climáticos.
La vulnerabilidad tampoco puede reducirse a estadísticas nacionales. Sequías, inundaciones y olas de calor afectan de manera distinta a comunidades rurales, pueblos indígenas y habitantes de zonas costeras. Por ello, las estrategias de adaptación deben incorporar la participación de las poblaciones afectadas, sus conocimientos territoriales y sus necesidades, en lugar de limitarse a elaborar mapas e indicadores.
Los informes también deberán vincularse con el Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030, aprobado en junio, para verificar avances, identificar incumplimientos y ajustar las políticas públicas. Otro aspecto pendiente es transparentar el financiamiento: cuánto se destina a mitigación y adaptación, quién administra los recursos y qué resultados producen en los territorios más expuestos.
La presentación de estos documentos representa un paso para conocer el panorama climático de México, pero la evaluación real dependerá de sus resultados. El avance no debería medirse por la cantidad de informes publicados, sino por la reducción comprobable de emisiones, la protección de los ecosistemas y la capacidad de las comunidades para enfrentar los efectos de la crisis climática.
VIGILANCIA ADUANERA CONTRA SUSTANCIAS QUE DAÑAN LA CAPA DE OZONO
Esta semana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que fortalecerá la vigilancia en aduanas para impedir el ingreso ilegal de sustancias que deterioran la capa de ozono, utilizadas principalmente en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y procesos industriales.
México forma parte del Protocolo de Montreal desde 1988, acuerdo internacional que establece la eliminación gradual de compuestos como los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC). La dependencia reporta que el país ha eliminado 99 por ciento de su consumo máximo histórico de sustancias agotadoras del ozono, aunque mantiene compromisos pendientes.
El control aduanero es fundamental para evitar que estos productos ingresen mediante documentación irregular, declaraciones falsas o rutas clandestinas. Para ello se requiere personal capacitado, identificación técnica de sustancias y coordinación entre autoridades ambientales y hacendarias.
Además, la vigilancia debe considerar los hidrofluorocarbonos (HFC), compuestos que no dañan directamente la capa de ozono, pero tienen un elevado potencial de calentamiento global. Su reducción también forma parte de los compromisos internacionales mediante la Enmienda de Kigali.
¿Cuántas inspecciones se realizarán?, ¿cuántos cargamentos ilegales se han detectado y qué sanciones se aplican? Sin datos públicos sobre decomisos y resultados, no es posible medir la eficacia de los operativos.
La protección de la capa de ozono requiere más que reforzar las revisiones fronterizas. También implica vigilar el uso, recuperación y reciclaje de refrigerantes, así como transparentar los resultados de las inspecciones. La efectividad de la medida deberá comprobarse con menos comercio ilegal y un manejo responsable de estas sustancias.
MUERE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, REFERENTE HISTÓRICO DE LA IZQUIERDA MEXICANA
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las figuras centrales de la izquierda mexicana y referente de la transición democrática del país, falleció el 28 de octubre de 2026 a los 92 años. Su muerte marca el cierre de una trayectoria política que atravesó varias décadas de la vida pública nacional, desde su ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la construcción de una fuerza opositora que modificó el escenario político mexicano.
Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, y de Amalia Solórzano. Ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolló su carrera política inicialmente dentro del PRI. Fue senador por Michoacán de 1976 a 1980 y gobernador de la entidad de 1980 a 1986.
En 1987 encabezó, junto con otros militantes priistas, la Corriente Democrática, movimiento que cuestionó las prácticas internas del partido y el rumbo político y económico del gobierno federal. Su salida del PRI abrió paso a una candidatura opositora que en 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional, en una elección presidencial marcada por denuncias de fraude y la controvertida caída del sistema de cómputo electoral.
Un año después participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue su primer dirigente nacional. Compitió nuevamente por la Presidencia en 1994 y 2000, y en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal. Su trayectoria quedó vinculada a la apertura del sistema político y al crecimiento de la oposición de izquierda frente al régimen priista.
Aunque su figura mantuvo influencia en la vida pública, Cárdenas también expresó diferencias con distintos gobiernos y dirigentes de izquierda. En años recientes defendió la soberanía energética, el papel de las empresas públicas y la autonomía de las instituciones electorales. En abril de 2026 asumió la presidencia de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, desde donde planteó la necesidad de pensar el desarrollo energético con una perspectiva de largo plazo.
Su fallecimiento generó reacciones del gobierno estatal y de actores políticos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó sus condolencias y reconoció su trayectoria y compromiso con la democracia. La última aparición pública de Cárdenas en la entidad ocurrió el 10 de julio de 2026, cuando asistió al Congreso local al homenaje dedicado a su madre, Amalia Solórzano.
La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas quedó ligada a uno de los momentos decisivos de la historia política contemporánea: la disputa por la democratización del país y la construcción de una oposición nacional. Su participación en 1988, la fundación del PRD y su paso por el gobierno de Michoacán y la capital forman parte de un legado que seguirá siendo materia de memoria, debate y revisión histórica.
EN INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS…
A DOS AÑOS DEL ASESINATO DE MAURICIO CRUZ, PERIODISTAS EXIGEN JUSTICIA Y AVANCE DE LA LEY MAURICIO
Esta semana se cumplen dos años del asesinato de Mauricio Cruz Solís, periodista de Uruapan, ocurrido el 29 de octubre de 2024, cuando tenía 25 años y acababa de realizar una entrevista con el entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
A dos años del crimen, el gremio periodístico denuncia que el caso continúa sin justicia y exige resultados a la Fiscalía General del Estado.
En un pronunciamiento, periodistas señalaron que el homicidio ocurrió en un contexto de amenazas, hostigamiento y estigmatización contra la prensa en la región.
También reclamaron al Congreso de Michoacán destrabar la llamada Ley Mauricio, iniciativa presentada el 10 de abril de 2025 para fortalecer la protección de periodistas, tipificar el discurso de odio contra el gremio y establecer agravantes para delitos cometidos por el ejercicio periodístico.
El colectivo acusó que, pese a los compromisos de legisladores, la propuesta permanece sin dictamen firmado. Exigió a la Fiscalía esclarecer el asesinato, al Gobierno estatal garantizar condiciones de seguridad para quienes informan y al Congreso avanzar en las reformas.
Advirtió que la impunidad y la falta de protección mantienen en riesgo a periodistas desplazados, amenazados y agredidos en Michoacán.
EN INFORMACIÓN DE DERECHOS HUMANOS…
¿DE QUÉ SIRVE EL MECANISMO DE PROTECCIÓN SI NO PUEDE SALVAR A QUIENES TIENEN BAJO SU RESGUARDO?
El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena tzotzil ocurrido el 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas, vuelve a poner en entredicho la eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Durante años acompañó a familias víctimas de desplazamiento forzado y denunció amenazas y agresiones contra comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas. Pese a que su situación de riesgo era conocida por las autoridades, fue asesinado.
El caso tiene un elemento especialmente grave: Pérez Pérez era beneficiario del mecanismo federal desde junio de 2023. Además, en febrero de 2025, cuatro mandatos de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas habían manifestado preocupación por las amenazas y ataques denunciados en su contra, según el pronunciamiento del Consejo Consultivo del propio mecanismo. Es decir, no se trataba de un riesgo desconocido ni de una persona que nunca hubiera solicitado protección.
La pregunta inevitable es qué hizo el mecanismo durante esos tres años para protegerlo. ¿Qué medidas le otorgó? ¿Fueron implementadas de manera completa y oportuna? ¿Se revisó su nivel de riesgo conforme aumentaban las amenazas? ¿Existió coordinación efectiva con las autoridades de Chiapas? El asesinato no permite, por sí solo, establecer qué medida falló o quién incurrió en una omisión, pero sí obliga a las instituciones a explicar cómo operó la protección y por qué no fue suficiente para preservar su vida.
El Mecanismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación, tiene precisamente la responsabilidad de implementar medidas preventivas, urgentes y de protección para garantizar la vida, integridad y seguridad de periodistas y personas defensoras. Incluso cuenta con una unidad encargada de dar seguimiento y evaluar la eficacia de esas medidas. Sin embargo, la existencia de expedientes, evaluaciones de riesgo y dispositivos de seguridad no equivale a una protección efectiva. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había advertido deficiencias en la coordinación institucional, la implementación oportuna y el seguimiento de las medidas.
Tras el crimen, el Consejo Consultivo exigió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y, en su caso, a la Fiscalía General de la República, aplicar el protocolo especializado para investigar delitos contra personas defensoras de derechos humanos. También pidió revisar integralmente las medidas otorgadas a Pérez Pérez y que se examine la posibilidad de que la FGR atraiga la investigación. La exigencia es que su labor de defensa, los antecedentes de amenazas y el contexto de violencia contra las comunidades sean líneas prioritarias para esclarecer el homicidio.
Pero el problema va más allá de este caso. Si una persona puede estar incorporada durante años a un mecanismo federal y aun así ser asesinada, la institución debe rendir cuentas sobre sus resultados, no solamente sobre el número de beneficiarios o las medidas autorizadas.
Se necesitan evaluaciones públicas sobre el cumplimiento de los planes de protección, revisiones periódicas de riesgo, coordinación con autoridades locales y mecanismos para que las personas protegidas puedan denunciar fallas sin quedar expuestas. También debe investigarse si hubo omisiones institucionales en la atención de las amenazas que enfrentaba Reynaldo.
