El (resumen) semanal analiza la crisis de desapariciones en México, las relaciones entre prensa y poder político, los conflictos territoriales y las decisiones gubernamentales marcaron la agenda. En Michoacán, las obras públicas y los daños al patrimonio exhiben la falta de transparencia y rendición de cuentas. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #43 del 19 al 25 de octubre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #43 del 19 al 25 de octubre de 2026
Por: en15dias.com
AGUACATEROS DE MICHOACÁN PARAN CORTES POR BAJOS PRECIOS; CONFLICTO ALCANZA A JUNTAS DE SANIDAD VEGETAL
Esta semana productores de aguacate suspendieron el corte del fruto y se movilizaron el viernes 23 de octubre en las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de distintos municipios de Michoacán para exigir mejores precios de compra, rechazar las nuevas disposiciones vinculadas con la exportación y reclamar mayor participación en las decisiones de la cadena comercial. En Tancítaro, un grupo de agricultores impidió el ingreso del personal a las instalaciones, de acuerdo con un comunicado emitido por la Mesa Directiva del organismo.
Los inconformes reportan que reciben entre 13 y 15 pesos por kilogramo de aguacate en huerta, mientras consideran que producirlo cuesta entre 18 y 20 pesos. Por ello, las exigencias de precio varían entre los grupos movilizados: algunos plantean un mínimo de 40 pesos por kilo y otros demandan 45 pesos. Las diferencias reflejan la presión económica que enfrentan los pequeños productores, quienes aseguran que los ingresos actuales no compensan los gastos de fertilizantes, mantenimiento de huertas, mano de obra y cosecha.
Las movilizaciones se extendieron a siete municipios: Uruapan, San Juan Nuevo, Tancítaro, Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Salvador Escalante, según reportes periodísticos. Los agricultores también cuestionan el papel de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), a la que piden intervenir en las negociaciones comerciales. El martes 20 de octubre, productores de varias localidades acudieron a la asociación para presentar sus demandas, pero denunciaron que no obtuvieron una respuesta favorable.
El conflicto también se relaciona con VELAGRO, la plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mediante la cual se tramita el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA). Desde el 1 de octubre de 2026, contar con ese documento es un requisito para exportar aguacate mexicano. El certificado busca acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social dentro de la cadena productiva, en un sector donde las condiciones de contratación y protección de los jornaleros constituyen un problema relevante.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre las disposiciones oficiales y algunas de las inconformidades expresadas por los agricultores. La STPS establece que el trámite del certificado corresponde a las personas físicas o morales que exportan el producto, no a todos los productores de manera individual. Estos últimos, junto con las empresas de corte, cosecha y empaque, deben cumplir las obligaciones laborales y de seguridad social aplicables para integrarse a la cadena declarada por el exportador. El Gobierno de Michoacán reiteró esta precisión el 23 de octubre.
La Mesa Directiva de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Tancítaro sostuvo que comparte la preocupación por el precio del aguacate, pero advirtió que fijar su valor no está dentro de sus atribuciones.
En su comunicado, informó que durante el diálogo con los manifestantes se solicitó suspender los servicios relacionados con los cortes destinados a la exportación y al mercado nacional. La dirigencia aseguró que propuso mantener al menos la atención al mercado nacional, pero que, ante la falta de acuerdo y las amenazas contra vehículos que transportan fruta, decidió suspender esos servicios durante la jornada para proteger la integridad del personal y de los productores.
La dirigencia de la Junta también cuestionó que se exigiera asegurar equipos utilizados para la remisión de cortes, a los que los manifestantes habrían calificado como “decomisados”. En su posicionamiento, el organismo defendió que se trata de herramientas de trabajo de sus colaboradores.
Asimismo, negó estar en contra de las demandas legítimas de los agricultores y afirmó que su compromiso es atender al conjunto de productores, no solamente a un grupo. La controversia expone la tensión entre quienes exigen medidas para mejorar el precio y quienes sostienen que suspender los servicios fitosanitarios no resolverá el problema comercial.
La dimensión económica del conflicto se explica por el peso de esta actividad en el estado. De acuerdo con cifras oficiales difundidas por el Gobierno de Michoacán, durante la temporada 2025-2026 se cosecharon 1 millón 462 mil 973 toneladas de aguacate; de ese volumen, 1 millón 251 mil 363 toneladas se exportaron a Estados Unidos y 211 mil 610 tuvieron como destino otros mercados internacionales. La concentración de las ventas en el mercado estadounidense y las diferencias en la capacidad de negociación entre productores, empacadoras y exportadores forman parte del contexto en el que se desarrolla la protesta.
Frente a las movilizaciones, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla planteó diversificar las exportaciones hacia Asia, particularmente China y Medio Oriente, para reducir la dependencia del mercado estadounidense. También señaló que los precios responden a las condiciones del mercado y que corresponde a la APEAM buscar nuevos destinos comerciales. Sin embargo, abrir mercados no garantiza por sí mismo que el ingreso adicional llegue a quienes producen el fruto: la demanda de los agricultores se centra en mejorar las condiciones de compra y lograr una negociación en la que tengan mayor participación.
Hasta el cierre de los reportes consultados del 23 de octubre, no se había informado de un acuerdo que resolviera las exigencias de precio ni de una fecha para reanudar los cortes suspendidos.
EXIGEN RESULTADOS POR CONTAMINACIÓN
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió a las autoridades federales atender la crisis de salud que enfrentan comunidades del oriente del estado, donde habitantes denuncian un incremento de padecimientos renales y sospechan de una posible contaminación ambiental relacionada con la geotermoeléctrica de Los Azufres, operada por la CFE.
Las comunidades señalaron que alrededor de 400 pacientes requieren hemodiálisis en la región y que el servicio del Hospital Regional de Hidalgo permanece fuera de funcionamiento.
Además, informaron que se han tomado aproximadamente 300 muestras en tres comunidades y que cerca del 30% presenta alteraciones que requieren seguimiento médico. Estos resultados preliminares no constituyen diagnósticos definitivos ni demuestran por sí solos que exista una relación causal con la contaminación.
El CSIM demandó atención médica especializada, apoyo para pacientes renales, una unidad de hemodiálisis en San Matías el Grande, transporte para quienes necesitan tratamiento y análisis de los manantiales para identificar posibles contaminantes.
La organización dio un plazo de ocho días a las autoridades federales para atender sus demandas y advirtió que, de no obtener respuestas, realizará acciones de protesta.
SE MANIFIESTAN POR FALTA DE RECURSOS
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) advirtió que podría tomar de manera indefinida las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en distintas regiones del estado, en protesta por la reducción de recursos destinados a las celebraciones de Noche de Muertos.
De acuerdo con el vocero del CSIM, Pável Ulianov Macario Guzmán, el presupuesto destinado a apoyar a 40 comunidades indígenas pasó de un millón de pesos a 600 mil pesos, situación que generó inconformidad entre autoridades tradicionales y habitantes de las localidades participantes.
Como parte de las acciones de protesta, comunidades indígenas realizaron movilizaciones y bloqueos para exigir una respuesta institucional y claridad sobre la entrega de los recursos. Entre las localidades mencionadas se encuentran La Pacanda, Yunuén, Tecuena, Jarácuaro, Huecorio y Santa Ana.
El Consejo señaló que la reducción afecta la organización de las celebraciones tradicionales, que representan una expresión fundamental de la identidad, la memoria y la espiritualidad de los pueblos originarios de Michoacán.
Ante la falta de una solución satisfactoria, el CSIM advirtió que podría tomar las oficinas del INPI en Morelia, Pátzcuaro, Cherán, Aquila y la región Oriente.
La controversia coloca nuevamente en el centro del debate el financiamiento público destinado a las comunidades indígenas y la responsabilidad de las instituciones para garantizar condiciones que permitan preservar sus tradiciones y formas de organización comunitaria.
MICHOACÁN PRESUME MÁS DE 212 MIL HECTÁREAS DE CONSERVACIÓN
Esta semana, el Gobierno de Michoacán informó que 212 mil 909 hectáreas están incorporadas al Sistema Estatal de Áreas de Conservación, una superficie que, según la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, casi triplica las 72 mil 418 hectáreas registradas en 2021. Sin embargo, el aumento de la superficie contabilizada no demuestra, por sí solo, que haya disminuido la deforestación o que los ecosistemas estén efectivamente protegidos.
El comunicado del 19 de octubre señala que las áreas de conservación abarcan 74 municipios e incluyen Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Restauración Ambiental, Zonas de Protección Ambiental y Áreas Voluntarias de Conservación. Durante la actual administración se habrían incorporado más de 30 zonas, que suman 143 mil 811 hectáreas. La cifra representa superficie registrada bajo distintos esquemas, no necesariamente bosque intacto ni territorio restaurado.
El Gobierno afirma que estas áreas frenan el cambio de uso de suelo y la deforestación, además de proteger la captación de agua, la regulación climática y la recarga de acuíferos. No obstante, el comunicado no presenta una evaluación que permita comprobar esos resultados ni datos comparables sobre la pérdida de cobertura forestal en las superficies incorporadas al sistema.
El incremento de superficie bajo esquemas de conservación puede ser relevante, pero demostrar su eficacia requiere información pública verificable: polígonos y categorías de cada área, condiciones ecológicas, mecanismos de vigilancia, presupuesto, sanciones y cambios medibles en la cobertura forestal.
Hasta que esos datos permitan evaluar los resultados, las 212 mil 909 hectáreas deben entenderse como una cifra administrativa reportada por el Gobierno estatal, no como prueba suficiente de que Michoacán haya detenido la deforestación.
IGLESIA VIEJA: EL APROVECHAMIENTO FORESTAL ABRE LA DISPUTA POR EL BOSQUE EN TACÁMBARO
Esta semana, el aprovechamiento forestal en el paraje Iglesia Vieja, del ejido San Rafael Tecario, en Tacámbaro, volvió al centro de la discusión sobre la conservación del bosque y las decisiones que determinan el uso del territorio. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el ejido cuenta con una autorización para la extracción de madera, mientras habitantes han expresado inquietudes sobre esta actividad.
La autorización fue emitida el 14 de mayo de 2019 y contempla un programa de manejo forestal de 10 años. De acuerdo con la dependencia federal, la intervención correspondiente a 2026 es la octava del periodo autorizado. Sin embargo, el aprovechamiento permanece inactivo por decisión del ejido, mientras se atienden las preocupaciones de la comunidad.
El permiso establece volúmenes, especies y periodos de extracción, así como obligaciones de protección del suelo, el agua, la flora y la fauna. También incluye medidas de regeneración natural y reforestación. El programa fue modificado en enero de 2022 y, en marzo de 2026, la Comisión Forestal de Michoacán emitió una notificación de saneamiento forestal relacionada con madera muerta.
El 17 de septiembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionó el ejido. Según el reporte de Semarnat, durante la visita no observó derribo de árboles, sino ejemplares marcados para su extracción. Este resultado describe lo observado durante esa inspección, pero no resuelve por sí mismo todas las preocupaciones comunitarias sobre el manejo y la conservación del bosque.
El 14 de octubre, una reunión convocada por la Mesa de Paz de la Región 08 Pátzcuaro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes ejidales y habitantes. Entre las alternativas planteadas estuvieron establecer un Área Natural Protegida mediante la figura de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, además de realizar acciones de restauración de suelos y reforestación en Iglesia Vieja.
El Ejido San Rafael Tecario, ubicado en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, reiteró categóricamente su compromiso de hacer valer las legislaciones en materia ambiental durante una reunión de trabajo con representantes de los tres niveles de Gobierno.
En este encuentro, la representación ejidal confirmó la validez de la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para realizar un aprovechamiento forestal sustentable en áreas de Uso Común. Asimismo, hicieron un llamado a la población en general para mantenerse debidamente informada sobre las actividades vigentes dentro del núcleo agrario.
En materia de conservación, el ejido sostuvo una postura tajante al garantizar que no se permitirá ningún tipo de actividad que implique el cambio de uso de suelo dentro de su bosque. Con esta determinación se busca asegurar la preservación permanente de la vocación forestal del predio y evitar la pérdida de masa arbolada. La representación agraria remarcó que respetará estrictamente el Estado de derecho, ciñéndose únicamente a lo autorizado por las autoridades federales.
El ejido se comprometió a no realizar ninguna afectación en las zonas donde existan fuentes hídricas, sujetándose rigurosamente a la normativa ambiental aplicable para evitar daños al suministro de agua local.
GOBIERNO DE MICHOACÁN ANUNCIA ACCIONES AMBIENTALES, ENTRE CAPACITACIÓN CONTRA INCENDIOS Y APROVECHAMIENTO FORESTAL
Esta semana en la información institucional, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán difundió actividades relacionadas con el manejo de los recursos forestales, la prevención de incendios y la intervención en ecosistemas marinos. Los anuncios incluyen el seguimiento al proyecto de hundimiento de dos exbuques en Lázaro Cárdenas, capacitación para combatientes forestales y una sesión del Comité Técnico de Producción y Productividad Forestal.
En la región de Lázaro Cárdenas, el titular de la dependencia, Alejandro Méndez López, y personal de la Décima Sexta Zona Naval de la Secretaría de Marina dieron seguimiento al proyecto para hundir las antiguas dragas Farallón y Magdalena, con el propósito de consolidar un ecosistema artificial. La publicación institucional no detalló los estudios ambientales, las condiciones de preparación de las embarcaciones ni los mecanismos para evaluar los efectos ecológicos de la intervención.
En materia de prevención de incendios, la dependencia informó sobre el inicio de la capacitación SCI-300, impartida por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a combatientes y personal del Grupo Técnico Operativo de Manejo del Fuego de Michoacán. El curso aborda el Sistema de Comando de Incidentes, una herramienta para coordinar recursos y personal durante emergencias. La publicación no precisó cuántas personas participan ni los resultados esperados de la formación.
La Secretaría también reportó su participación en la primera sesión ordinaria del Comité Técnico de Producción y Productividad Forestal, orientado a coordinar acciones para el desarrollo y aprovechamiento sustentable del sector. Sin embargo, el anuncio no especificó acuerdos, metas, presupuesto ni medidas concretas para evaluar el cumplimiento de esos objetivos.
Los comunicados institucionales describen principalmente reuniones y acciones de coordinación, sin ofrecer suficiente información para medir sus efectos sobre los ecosistemas o las comunidades.
La prevención de incendios requiere capacidades operativas, pero también atender las condiciones territoriales que favorecen el fuego, como los cambios de uso de suelo, las prácticas productivas y las presiones sobre los bosques. Del mismo modo, impulsar la productividad forestal exige transparentar cómo se concilia el aprovechamiento de los recursos con la conservación de la biodiversidad y los derechos de las comunidades que dependen de esos territorios.
Los anuncios muestran las líneas de trabajo que la dependencia busca impulsar, pero su alcance ambiental tendrá que evaluarse mediante resultados verificables. La información pública sobre presupuestos, acuerdos, estudios técnicos, indicadores ecológicos y mecanismos de seguimiento permitiría distinguir entre la actividad institucional y los avances efectivos en la protección de los bienes comunes de Michoacán.
A UN AÑO DE TERMINAR EL GOBIERNO, BEDOLLA BUSCA INVERSIONES EN CHINA
Esta semana, el Gobierno de Michoacán informó acerca de su visita a China, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para promover inversiones y fortalecer relaciones comerciales con empresas asiáticas. La gira incluyó reuniones con representantes de Geely y Hisense, además de un recorrido por el puerto de Qingdao. Sin embargo, con el cierre de su administración cada vez más cerca, la pregunta es por qué estos acercamientos se impulsan ahora y qué resultados concretos podrían dejar antes de que termine el sexenio.
El 17 de octubre, Bedolla se reunió en Hangzhou con directivos de Geely Automobile Group. Según la información oficial, la empresa manifestó interés en explorar oportunidades relacionadas con el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero el interés empresarial no equivale a una inversión confirmada: no se han detallado públicamente montos comprometidos, plazos, proyectos aprobados ni empleos que pudieran generarse en Michoacán.
Dos días después, el gobernador visitó las instalaciones corporativas de Hisense, en Qingdao, para abordar posibles oportunidades comerciales e intercambiar información sobre innovación y desarrollo tecnológico. Hasta ahora, no se ha informado de un acuerdo que confirme la instalación de una planta, una nueva inversión o la contratación de trabajadores en el estado.
La agenda incluyó también un recorrido por la terminal automatizada de contenedores del puerto de Qingdao y el impulso a la cooperación con la provincia de Shandong. El Gobierno estatal ha presentado estos acercamientos como parte de su estrategia para fortalecer la relación comercial con China. Sin embargo, los hermanamientos y las expresiones de voluntad deben distinguirse de los convenios con obligaciones, los contratos y los proyectos con financiamiento definido, los cuales no hay.
El momento de la gira merece escrutinio. Falta conocer cuánto costó el viaje, quiénes integraron la comitiva, qué recursos públicos se utilizaron y qué compromisos quedaron documentados.
La información difundida se ha concentrado en reuniones y recorridos, sin presentar un balance público completo de gastos, acuerdos y metas verificables. Sin esa información, resulta difícil evaluar si la gira produjo avances proporcionales a los recursos empleados y si sus posibles beneficios llegarán a concretarse durante la actual administración o quedarán como tareas para el siguiente gobierno.
CONAGUA REPORTA 889 MDP, PERO FALTA EVALUAR EL IMPACTO HÍDRICO
Esta semana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que entre 2022 y 2026 destinó 889.55 millones de pesos a la modernización del campo michoacano, mediante obras de infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego.
Según el delegado Luis Roberto Arias Reyes, las acciones abarcaron 8 mil 166 hectáreas y beneficiaron a 3 mil 448 usuarios. Sin embargo, el anuncio oficial no detalla cuánto agua se ahorró realmente, cómo se distribuyeron territorialmente los beneficios ni qué mecanismos existen para comprobar sus resultados.
De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno de Michoacán, 403.72 millones de pesos correspondieron al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola y 485.83 millones al Programa de Tecnificación del Riego. La suma representa una inversión pública considerable, pero el monto ejercido y la superficie intervenida no bastan, por sí solos, para demostrar una gestión sustentable del agua. Para evaluar sus resultados se necesitan indicadores verificables sobre consumo, disponibilidad, eficiencia y distribución del recurso.
Entre las obras mencionadas están la rehabilitación de infraestructura en la zona de riego de la toma baja de la presa El Bosque-Colorines y el distrito de riego 020 Morelia-Queréndaro. No obstante, el comunicado no precisa qué superficie corresponde a cada proyecto, cuáles eran las condiciones previas de los sistemas ni qué volúmenes de agua se ahorraron después de las intervenciones. Sin esa información, la ciudadanía no puede dimensionar el impacto real de los recursos públicos.
La tecnificación del riego puede reducir pérdidas durante la conducción y aplicación del agua. La propia Conagua ha señalado que estos sistemas pueden generar ahorros importantes frente a métodos tradicionales. Pero la eficiencia parcelaria no garantiza automáticamente que disminuya la extracción total de una cuenca: el agua aparentemente ahorrada puede utilizarse para ampliar las superficies de cultivo o intensificar la producción. Por eso, los resultados deben medirse también en términos de disponibilidad del recurso y límites efectivos a su extracción.
El debate es relevante para Michoacán, donde la expansión agrícola y las presiones sobre los recursos hídricos obligan a discutir no solamente cómo se riega, sino cuánto se cultiva, qué se produce y quién tiene acceso al agua. La modernización tecnológica puede mejorar la infraestructura, pero no sustituye la regulación de las concesiones, la vigilancia de las extracciones ni la protección de las fuentes de abastecimiento. Tampoco resuelve por sí misma los conflictos entre usos agrícolas, consumo humano y conservación ambiental.
Otro punto pendiente es conocer quiénes recibieron los beneficios de los 889.55 millones de pesos. Conagua reportó 3 mil 448 usuarios, pero el anuncio no desglosa los apoyos por municipio, tamaño de las unidades productivas, tipo de cultivo o condición de los beneficiarios. Sin esa información, no es posible determinar si la inversión favoreció de manera equilibrada a pequeños productores y grandes unidades agrícolas, ni evaluar si los recursos públicos atendieron prioritariamente las regiones con mayores necesidades hídricas.
La rendición de cuentas también requiere publicar los proyectos ejecutados, sus costos individuales, las empresas contratadas cuando corresponda, los calendarios de obra y las evaluaciones técnicas. El anuncio institucional presenta cifras acumuladas para el periodo 2022-2026, pero no ofrece en la información difundida un desglose anual que permita contrastar presupuestos, avances y resultados. La transparencia no debería limitarse a comunicar cuánto dinero se destinó: debe permitir verificar qué se hizo, cuánto costó y qué cambió después de la intervención.
Conagua adelantó que los apoyos continuarán durante la administración de Claudia Sheinbaum. El reto, por tanto, es que la siguiente etapa de inversión incorpore metas públicas de ahorro efectivo, monitoreo de extracciones, evaluación independiente y criterios de distribución equitativa.
EN INFORMACIÓN GENERAL
BEDOLLA ENCABEZA ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y LLAMA A DEFENDER LA SOBERANÍA
Esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó en Apatzingán la conmemoración del 212 aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado el 22 de octubre de 1814. Durante el acto, llamó a defender la soberanía nacional y a mantener relaciones con otros países bajo principios de respeto mutuo e igualdad.
El mandatario señaló que la Constitución de Apatzingán sentó bases del pensamiento republicano y democrático de México. El documento, elaborado durante la lucha independentista e inspirado en los principios de José María Morelos y Pavón, está integrado por 242 artículos que establecieron principios para la organización política y el ejercicio del poder.
Durante su mensaje, Ramírez Bedolla retomó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la defensa de la soberanía frente a intervenciones e imposiciones extranjeras. También convocó a la unidad y la fraternidad nacional, de acuerdo con el comunicado del Gobierno de Michoacán.
Como parte de la conmemoración, en una sesión solemne del Congreso del Estado se entregó la Presea Constitución de 1814 a Rosario Berber Cerda, representante del Colegio de Abogadas de Michoacán Unidas por el Derecho en Aras de la Justicia A. C., por la trayectoria de la organización en la promoción de la cultura jurídica, la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Las actividades incluyeron una guardia de honor en el Monumento a los Constituyentes, ubicado en el Fortín Morelos, y un desfile cívico-militar por las principales calles de Apatzingán. En los actos participaron autoridades estatales, municipales, legislativas, judiciales y militares, entre ellas la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo y representantes de los poderes públicos de Michoacán.
DETIENEN EN COLIMA A TRES PRESUNTOS IMPLICADOS EN ATENTADO CON COCHE BOMBA EN COAHUAYANA
Esta semana, autoridades federales anunciaron la detención de tres hombres en Tecomán, Colima, investigados por su presunta participación en el atentado con coche bomba ocurrido en diciembre de 2025 frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la coordinación entre instituciones federales y estatales para avanzar en las investigaciones.
El atentado ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando un vehículo cargado con explosivos estalló frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria. El ataque dejó seis personas muertas y varias heridas, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso. La explosión afectó también inmuebles cercanos y evidenció el uso de explosivos en los enfrentamientos criminales registrados en la región.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en los operativos de captura participaron la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal, y corporaciones de seguridad de Michoacán y Colima. Entre los indicios asegurados se reportaron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentos y propaganda relacionada con el CJNG.
Bedolla atribuyó las detenciones al intercambio de información y al trabajo de inteligencia entre las instituciones. El mandatario señaló que la coordinación con el equipo encabezado por el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, permitirá dar seguimiento a las investigaciones y buscar justicia para las víctimas y sus familias.
El caso se inscribe en un escenario de violencia que afecta a la región limítrofe entre Michoacán y Colima, donde operan grupos criminales que disputan territorios y rutas. Aunque el Gobierno estatal destacó las capturas como resultado de la coordinación interinstitucional, el esclarecimiento integral del ataque y el acceso a la justicia para las víctimas dependerán del avance de las investigaciones y de las resoluciones judiciales.
SHEINBAUM VISITA MICHOACÁN ENTRE ANUNCIOS DE BIENESTAR Y RECLAMOS POR LA VIOLENCIA
Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Michoacán para encabezar actividades relacionadas con los programas federales de créditos para mujeres y Vivienda para el Bienestar. Sin embargo, su gira por Apatzingán, Pátzcuaro y Morelia también estuvo marcada por las exigencias de ciudadanos que aprovecharon la presencia presidencial para denunciar la violencia, las desapariciones y la falta de seguridad en la región de Tierra Caliente.
El sábado 24 de octubre, en Apatzingán, Sheinbaum encabezó la entrega de créditos de Financiera para el Bienestar (Finabien), en su primera visita a este municipio durante su gobierno. Mientras el acto oficial destacó los apoyos económicos para mujeres, entre los asistentes aparecieron pancartas y reclamos que exigían respuestas ante la violencia que afecta a las comunidades y a las actividades productivas.
“Presidenta, los ejidos de Apatzingán están arrasados por la violencia extrema. ¡Ayúdenos! Necesitamos vivir en paz”, decía una de las mantas colocadas en el lugar. Otros mensajes cuestionaron qué acciones concretas existen para garantizar la seguridad, mientras habitantes expresaron su temor de salir de sus casas y no regresar.
Uno de los casos que llegó directamente hasta la mandataria fue el de Leonel, quien perdió una pierna hace cuatro meses por la explosión de una mina terrestre. El hombre solicitó apoyo para obtener una prótesis. Sheinbaum indicó que se recabarían sus datos para dar seguimiento a su petición. Su caso hizo visible una de las consecuencias más graves de la violencia en la región: las afectaciones físicas y económicas que enfrentan las víctimas.
Las demandas contrastaron con el discurso oficial del evento, centrado en los créditos de Finabien y los programas sociales. Aunque la presidenta se acercó a algunas personas para escuchar sus peticiones, los reclamos plantearon una pregunta que va más allá de la entrega de apoyos: ¿qué medidas garantizarán que las familias puedan vivir sin miedo, que los productores trabajen sin amenazas y que las comunidades dejen de sufrir los efectos de la violencia?
La visita ocurre en el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en noviembre de 2025. La entidad continúa enfrentando problemas de violencia, extorsiones contra productores, desplazamientos y denuncias relacionadas con artefactos explosivos. En ese escenario, la presencia presidencial constituye también una oportunidad para que las autoridades escuchen las demandas que no siempre encuentran espacio en los actos institucionales.
Este domingo 25 de octubre, Sheinbaum tiene prevista una actividad en Villas del Pedregal, en Morelia, relacionada con Vivienda para el Bienestar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado que el programa contempla una proyección de 83 mil viviendas para Michoacán. La gira, por tanto, combina anuncios de política social con una realidad que los habitantes hicieron evidente en Apatzingán: los apoyos económicos y los proyectos de vivienda conviven con exigencias urgentes de seguridad, justicia y atención a las víctimas.
En Quiroga, Claudia Sheinbaum supervisó el sábado 24 de octubre la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, como parte del proyecto integral para el saneamiento del Lago de Pátzcuaro.
La presidenta informó que el plan contempla 10 plantas de tratamiento, 116 kilómetros de colectores, siete kilómetros de desazolve, 10 humedales y tres estaciones de monitoreo, además de acciones para retirar lirio y recuperar los manantiales que abastecen al lago.
Sin embargo, los anuncios de infraestructura deberán medirse por sus resultados ambientales: la recuperación del lago requiere verificar que las plantas operen adecuadamente, que las descargas de aguas residuales reciban tratamiento y que mejoren las condiciones del ecosistema. La información publicada sobre la visita no detalló el avance específico de la obra de Quiroga ni su fecha de conclusión. La supervisión presidencial coloca el saneamiento en la agenda pública, pero el reto es demostrar que las inversiones se traduzcan en agua más limpia y una recuperación efectiva de la cuenca.
EN LOS MEDIOS
ABC DE MICHOACÁN: 25 AÑOS ENTRE EL PODER POLÍTICO Y LA LEGITIMACIÓN DE SUS DISCURSOS
Esta semana, el Diario ABC de Michoacán celebró 25 años de trayectoria y o celebró junto a la clase política que ha protegido desde su existencia.
En15dias.com ha sido crítico con la prensa y medios de comunicación que no han roto la relación prensa-poder y este aniversario abre una oportunidad para cuestionar el papel que ha desempeñado este diario en la construcción de la agenda pública estatal y su cercanía con los gobiernos en turno.
Y es que más allá de la permanencia de una empresa periodística, la pregunta es qué periodismo ha hecho y a quiénes ha servido su cobertura. Porque los importante es si ha contribuido a fiscalizar el poder o si, en distintos momentos, ha funcionado como plataforma para legitimar las narrativas oficiales.
La relación del medio con el poder político no es nueva ni discreta. En 2016, el entonces gobernador Silvano Aureoles asistió a la celebración de su aniversario número 15. En 2024, Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la celebración del aniversario 23 y, en 2025, recibió el reconocimiento Fray Juan de San Miguel, otorgado por el periódico durante su aniversario 24.
La asistencia de funcionarios exhibe una proximidad institucional que obliga a preguntar qué distancia editorial mantiene el medio frente a quienes gobiernan.
El problema no es que un periódico cubra a los gobiernos o mantenga interlocución con sus representantes, es parte del oficio, el problema surge cuando la versión gubernamental ocupa el lugar de la información contrastada, los anuncios se presentan como resultados y las promesas se reproducen sin examinar sus costos, contradicciones o consecuencias.
Cuando la comunicación institucional se publica sin preguntas sustantivas, el medio deja de cumplir una de las funciones centrales del periodismo que es someter el discurso del poder a verificación. La crítica al Diario ABC debe concentrarse precisamente en sus coberturas, sus omisiones y el espacio mínimo que concede a las voces que cuestionan a las autoridades y el ampliado que se les concede a políticos y empresarios.
La legitimación de las narrativas oficiales no siempre requiere una defensa explícita del gobierno, también puede ocurrir mediante la selección de temas, la repetición de comunicados, la presentación de cifras oficiales sin contexto o la ausencia de las comunidades afectadas en la cobertura.
En un estado atravesado por conflictos socioterritoriales, violencia, desapariciones, disputas por el agua y presiones sobre los recursos naturales, reproducir la versión institucional sin contrastarla contribuye a que las autoridades definan los términos del debate público.
Cumplir 25 años no exime a un medio de rendir cuentas sobre su práctica periodística. La trayectoria debe evaluarse por su capacidad para investigar a los gobiernos, contrastar sus declaraciones, transparentar sus relaciones comerciales y dar espacio a quienes cuestionan las decisiones públicas.
¿Qué investigaciones ha publicado el Diario ABC sobre los gobiernos a los que ha celebrado? ¿Cómo ha cubierto los conflictos sociales y ambientales frente a las versiones oficiales? ¿Qué transparencia existe sobre sus ingresos por publicidad gubernamental?
El aniversario de Diario ABC Michoacán debería ser menos una ceremonia de reconocimiento entre élites y más una ocasión para examinar si el periodismo está fiscalizando al poder o ayudando a consolidar sus discursos.
EN INFORMACIÓN DE MORELIA…
ADOLFO TORRES INTENTA GIRAR LA NARRATIVA SOBRE EL CONFLICTO DEL AGUA EN SANTA MARÍA DE GUIDO
Esta semana, Adolfo Torres intentó girar la narrativa mediática sobre el conflicto que tiene en Santa María de Guido por la extinción de la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado (APAS).
El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) defendió la decisión del Ayuntamiento de Morelia y sostuvo que la intervención municipal busca ordenar la administración y garantizar el suministro. Sin embargo, sus declaraciones también colocaron la responsabilidad de los obstáculos para ejecutar las obras en un grupo de habitantes de la tenencia.
En su gira de medios afines, en sus las declaraciones difundidas el 22 de octubre, Torres aseguró que los tres pozos de la zona producen alrededor de 20 litros por segundo, una capacidad que consideró insuficiente para atender la demanda actual. También señaló que más de 40 colonias enfrentan problemas de abastecimiento y planteó conectar la infraestructura de Santa María con la planta potabilizadora de Vista Bella mediante una tubería de aproximadamente 30 metros. Según el funcionario, habitantes de la zona han impedido realizar los trabajos y se han presentado denuncias por estos hechos.
Un día después, el 23 de octubre, el director del OOAPAS insistió en que la extinción de APAS busca poner orden y mejorar el servicio. Entre sus argumentos mencionó presuntas inconsistencias administrativas y patrimoniales, así como contratos que, según su versión, se habrían otorgado sin contar con fuentes suficientes de abastecimiento.
Hay que recordarle a este funcionario municipal, que estuvo en campaña durante casi nueve meses, que el conflicto, sin embargo, no se reduce a la capacidad de los pozos ni a la instalación de una tubería. La decisión de extinguir la Junta Local, aprobada por el Cabildo de Morelia el 28 de abril de 2025, modificó el esquema de administración del agua en Santa María de Guido ya que la disputa del agua tiene una dimensión territorial y política ya que se define quién administra el agua y quién toma las decisiones sobre la infraestructura.
Mientras el OOAPAS presenta la incorporación de Santa María como una medida para ampliar la cobertura y resolver el rezago, los argumentos del organismo deben contrastarse con resultados verificables como la continuidad del suministro, las colonias atendidas, la inversión ejercida y el cumplimiento de los compromisos anunciados.
En este escenario, la explicación de Torres coloca el énfasis en la insuficiencia de infraestructura y en la oposición de algunos habitantes a las obras. Pero aún es necesario conocer, con documentos y datos públicos, el diagnóstico técnico completo, las autorizaciones de la conexión con Vista Bella, los volúmenes de agua disponibles y las alternativas planteadas a la comunidad.
La cuestión no es solamente si el OOAPAS puede intervenir en Santa María de Guido, sino si esa intervención garantiza un servicio suficiente, transparente y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Y es que lo que las declaraciones de Adolfo Torres dejan fuera es el origen político y administrativo del conflicto. La Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado de las colonias del sur no apareció como una estructura improvisada: fue creada en 1995 y durante décadas administró el servicio de una zona que amplió su número de usuarios.
Como documentó en15dias.com en El despojo silencioso: Colonias del Sur luchan por el agua que les arrebataron, el Cabildo de Morelia aprobó su extinción el 28 de abril de 2025, sin una consulta previa a las colonias afectadas, de acuerdo con los testimonios recabados por este medio. Por eso, justificar la decisión únicamente como una medida para ordenar el servicio no responde la pregunta de ¿por qué se decidió retirar a la comunidad de la administración del sistema sin construir previamente un acuerdo con quienes dependían de él?
El director del OOAPAS tampoco explica de manera integral qué ocurrió con la transición administrativa que debía acompañar la extinción de APAS. El reportaje que publicamos La ruta administrativa que llevó a la extinción de la junta de agua de las colonias del Sur documentó pendientes relacionados con la entrega-recepción de la infraestructura, la actualización del padrón de usuarios y la regularización de las tomas. Si el organismo sostiene que encontró irregularidades, debe presentar los expedientes, las auditorías, los contratos cuestionados y los inventarios que respalden esas acusaciones.
Sea cual sea el proyecto, recuperar la junta, impulsar una administración comunitaria más amplia o negociar con las autoridades municipales, deberán recaer en la transparencia del proceso, la garantía del derecho al agua y la capacidad de la comunidad para exigir cuentas.
SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO LLEGA A 66% EN TRAMO CHARO-TARÍMBARO
Esta semana, el Gobierno de Michoacán informó que el cuarto segmento del Segundo Anillo Periférico de Morelia registra un avance de 66%, en el tramo de 17.9 kilómetros entre La Goleta, en Charo, y El Cuitzillo, en Tarímbaro. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, reportó la construcción de dos distribuidores viales, cuatro pasos superiores vehiculares y 30 obras de drenaje.
La actualización oficial ocurre mientras la obra acumula cuestionamientos documentados por en15dias.com sobre el acceso a información pública, sus contratos y la planeación territorial. El Segundo Anillo Periférico contempla un proyecto de 87.8 kilómetros dividido en siete segmentos. En octubre, el Gobierno estatal informó que la inversión para los tres segmentos en construcción ascendía a más de 3 mil 198 millones de pesos, una cifra superior a los montos difundidos anteriormente por la propia administración.
En el reportaje “SCOP mantiene clasificada la información de los segmentos 1, 4 y 5 del Segundo Anillo Periférico”, en15dias.com documentamos que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) reservó documentos técnicos y ambientales, incluidos planos, estudios de impacto, predios afectados y datos sobre el derecho de vía. La investigación también señaló que la dependencia había difundido públicamente cifras sobre tramos cuya documentación técnica había mantenido bajo reserva.
Sobre la contratación, el reportaje “Segundo Anillo Periférico y los contratos de los segmentos 1, 4 y 5” documentamos las diferencias entre los esquemas financieros de los tres segmentos. El contrato del cuarto segmento asciende a 789 millones 980 mil 833 pesos, incluido el IVA, y fue adjudicado a un consorcio integrado por Grupo Inmobiliario HERSO y Caminos de Michoacán. La obra se financia con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas potenciado.
En su comunicado más reciente, el Gobierno estatal señaló que el cuarto segmento conectará con los 12.2 kilómetros entre Jaripeo y La Goleta, tramo inaugurado previamente. La SCOP estima que los tres segmentos en construcción suman 37.1 kilómetros y atenderán un tránsito diario promedio de 14 mil 670 usuarios a bordo de 5 mil 870 vehículos. Estas proyecciones corresponden a cifras oficiales; su contraste requiere conocer los estudios de aforo y los criterios técnicos utilizados para calcular la demanda.
En la fotografía difundida por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) se pueden observar las viviendas que fueron derribadas en el Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro.
En el reportaje publicado esta semana, en15dias.com documentó la demolición de las casas y las afectaciones al patrimonio de las familias, entre ellas la historia de Raquel Trujillo Cortés, quien perdió la vivienda que construyó con años de esfuerzo. La imagen institucional permite observar el lugar donde estaban las casas, mientras el reportaje reconstruye lo ocurrido y recoge las voces de quienes enfrentan las consecuencias de la demolición
DERRUMBAN VIVIENDAS EN CUITZILLO, TARÍMBARO
El 10 de septiembre de 2026, maquinaria pesada demolió viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro, Michoacán. Un reportaje de en15dias.com documentó que las construcciones fueron destruidas pese a que algunas familias conservaban contratos de compraventa, apertura de crédito y constancias de liberación de adeudos emitidas por el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM).
La investigación reconstruye el origen del proyecto habitacional, iniciado en 2003 para beneficiar a familias de escasos recursos mediante un esquema de ahorro popular que reunió alrededor de nueve millones de pesos. En 2013, el IVEM acordó reubicar beneficiarios de otros sectores hacia el Sector VIII y, a partir de 2015, formalizó contratos individuales. Entre los casos documentados está el de Raquel Trujillo Cortés, quien conservaba una constancia de liberación de crédito expedida en 2018 y estimó en aproximadamente 450 mil pesos el valor de las mejoras realizadas a su vivienda.
El reportaje también recoge el testimonio de Juan Miguel Medina, quien comenzó a construir su casa en 2015 junto con su familia y perdió la vivienda que estaba cerca de habitar. Además, documenta denuncias vecinales por el retiro de postes de electricidad que, según los habitantes, habían pagado con sus propios recursos.
Frente a los documentos presentados por las familias, el IVEM respondió a solicitudes de transparencia que los expedientes habían sido dados de baja administrativamente mediante el acuerdo AAD-IVEM-050/2020, del 13 de marzo de 2020. El organismo también afirmó que no conservaba documentación relacionada con la reubicación de los beneficiarios ni contaba con un plano sellado de autorización definitiva del fraccionamiento. La investigación identifica contradicciones entre esa respuesta institucional y los contratos, minutas y constancias que conservan los afectados.
El caso ocurre cerca de las obras del cuarto segmento del Segundo Anillo Periférico de Morelia, cuya construcción avanzaba en la zona y cuya traza, según lo observado por el medio, afectó parte del acceso al fraccionamiento. Aunque las familias se preguntan si existe una relación entre la obra vial y las demoliciones, el reportaje señala que esa conexión debe esclarecerse mediante planos, expedientes y actuaciones oficiales.
La investigación concluye que siguen sin resolverse preguntas fundamentales sobre los efectos de la baja administrativa de 2020, el destino de los derechos documentados por las familias y las actuaciones que precedieron a la demolición. Mientras tanto, permanecen los escombros y los testimonios de quienes aseguran haber invertido años de trabajo y recursos en viviendas que consideraban parte de su patrimonio.
LA AUTOCONSTRUCCIÓN COMUNITARIA FRENTE A LA CIUDAD NEOLIBERAL: EL CASO DE AMPLIACIÓN LEANDRO VALLE EN MORELIA
En el marco del sexto ciclo de conferencias del Seminario Permanente en Ambientes Urbanos y Periurbanos del CIGA-UNAM, el Dr. Diego Mauricio Montoya Bedoya presentó los hallazgos de su investigación posdoctoral centrada en el asentamiento popular Ampliación Leandro Valle, ubicado en la periferia de Morelia.
Durante su intervención, titulada “Acciones colectivas que sostienen la vida en el asentamiento popular ampliación Leandro Valle en el Periurbano de Morelia”, el especialista analizó cómo las familias organizadas logran autoproveerse de bienes y servicios esenciales ante el abandono del Estado y del mercado inmobiliario.
El asentamiento Ampliación Leandro Valle, localizado en la ladera norponiente del cerro El Quinceo, alberga a más de 700 personas distribuidas en aproximadamente 546 lotes que abarcan 9 hectáreas.
A pesar de llevar más de 14 años de existencia, la comunidad aún carece de red pública de agua potable y drenaje, enfrentando además estigmatización social y constantes riesgos ambientales por deslaves e inundaciones.
Según datos expuestos por el investigador, el 87% de las viviendas han sido autoconstruidas de manera progresiva por sus propios habitantes con materiales reciclados y esfuerzo propio.
Al abordar las causas de esta precariedad, el ponente cuestionó la lógica excluyente de la ciudad neoliberal, en la cual los sectores vulnerables son expulsados a las márgenes urbanas.
En palabras de Montoya Bedoya, “estos asentamientos autoconstruidos en el marco de esta ciudad neoliberal se construyen a partir de acciones colectivas”, agregando que “el capital, como su lógica lo dice, quiere ver maximizada la inversión” y por ello ignora los territorios periféricos, mientras que «el Estado restringe su participación basándose en la ley porque los considera espacios ilegales».
Para contrarrestar esta marginación, la comunidad ha recurrido al trabajo comunitario y a las faenas comunales como la herramienta principal para la transformación del espacio.
El ponente explicó que a través del tequio o faena se gestionan “recursos no convencionales” que no pasan por el mercado mercantil, combinando fuerza física, saberes locales y herramientas compartidas.
Al caracterizar esta dinámica, el especialista enfatizó que la faena es tejido social en movimiento “junta a la gente para poder hacer esas acciones de transformación… siempre hay un alimento, siempre hay un café y sobre todo en las faenas hay afectos”.
Dentro de esta estructura comunitaria, el investigador resaltó la presencia fundamental de las mujeres en la articulación y sostenibilidad del hábitat. De acuerdo con el diagnóstico presentado, además de asumir las cargas de cuidado no remunerado en los hogares, las mujeres lideran la organización colectiva en los espacios públicos.
El doctor Montoya Bedoya subrayó que “las mujeres, aparte de que son las primeras cuidadoras del hogar… son las que participan en las faenas, son las que convocan y están allí”, constituyendo el pilar central de la resiliencia en el territorio.
Sin embargo, el estudio también advierte sobre un proceso paulatino de mercantilización de la tierra, donde la lógica especulativa se ha infiltrado en el asentamiento. El ponente detalló que los terrenos pasaron de venderse en 120 pesos en 2012 bajo acuerdos de palabra a alcanzar montos de decenas de miles de pesos.
“El terreno se convierte en mercancía en valor de cambio”, aseveró el ponente, alertando que esta dinámica provoca que espacios que nacieron como “terrenos de lucha” social vayan derivando en “terrenos de conveniencia” disputados bajo una racionalidad individualista y clientelar.
El análisis crítico expuesto en el seminario reveló igualmente las tensiones e inequidades internas que surgen dentro de los regímenes de representación locales, como la Asociación Civil creada en 2016.
El expositor citó investigaciones que señalan cómo “la exclusión habilita procesos comunitarios de inclusión, aunque también generen tensiones internas o nuevas exclusiones”.
Estas dinámicas han dado paso a liderazgos hegemónicos, cobro de cuotas permanentes y la sustitución de la faena voluntaria por pagos monetarios, provocando cierta desmovilización asamblearia en la comunidad.
Respecto a las trabas institucionales para la regularización y la provisión de servicios básicos, el ponente analizó la paradoja que supone el marco normativo actual frente a la garantía de los derechos humanos.
Al reflexionar sobre cómo las exigencias administrativas frenan la inversión pública, citó posturas teóricas al señalar que “la ley cosifica al sujeto”, condicionando la ciudadanía a la posesión de un comprobante de domicilio formal.
No obstante, precisó que con el tiempo el Estado suele transicionar de una postura inicial de represión e intento de desalojo a una mesa de negociación obligada por la presión comunitaria.
Para concluir su intervención, Mauricio Montoya Bedoya recalcó que el desarrollo de las periferias populares es un proceso incesante donde la transformación del entorno físico moldea profundamente la identidad colectiva de sus habitantes.
“Al producir el espacio la gente se produce a sí misma”, sintetizó el especialista, haciendo un llamado a respaldar la autoorganización comunitaria con una perspectiva crítica que permita superar la lógica mercantil y garantizar un hábitat digno para todos.
EN INFORMACIÓN NACIONAL
ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES INAUGURAN EL II ENCUENTRO NACIONAL DE DIÁLOGO E IMPULSAN UN NUEVO MODELO ECONÓMICO
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Nueva Central de Trabajadoras y Trabajadores (NCT) inauguraron formalmente los trabajos del 2° Encuentro para el diálogo nacional de organizaciones y movimientos sociales.
Durante la apertura, Martín Esparza Flores, secretario general del SME, recordó que a 17 años de la toma armada y militar de más de 400 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro ordenada por Felipe Calderón, 16,599 trabajadores de los 44,000 originales decidieron mantenerse en resistencia y no liquidarse. Esparza celebró el retorno de los electricistas al sector energético y remarcó la necesidad imperiosa de mantener la unidad popular frente al desmantelamiento de la seguridad social, el enriquecimiento bancario con las Afores y la crisis estructural en el IMSS y el ISSSTE.
Dirigentes de destacadas organizaciones expusieron sus diagnósticos y demandas ante el pleno. Juventino Cabrera Vázquez, en representación del STUNAM y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), señaló que las organizaciones sociales, sindicales y campesinas han insistido en construir un diálogo social directo con el Ejecutivo federal para incidir en las políticas públicas y transformar el rumbo económico.
Por su parte, Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, denunció los ataques a las pensiones y la cancelación de la “Modalidad 40”, argumentando de manera metafórica que suspender este derecho con el pretexto de combatir la corrupción equivale a matar a una mascota con pulgas en lugar de desinfectarla.
Asimismo, Felipe Rodríguez, de la UPREZ, llamó a conformar comités territoriales de defensa en escuelas y sindicatos para hacer frente al modelo neoliberal.
En el ámbito productivo y territorial, representantes de la Cooperativa Pascual y la Cooperativa Cruz Azul reivindicaron al cooperativismo como un modelo económico democrático viable que antepone el bienestar humano sobre la acumulación de riqueza.
En contraste, las delegaciones estatales compartieron preocupantes reportes regionales: Pavel Necame Fon (Jalisco) expuso las exigencias de búsqueda de personas desaparecidas, regulación de rentas y freno a la privatización del agua.
Mientras que Antonio García Ahumada (Michoacán) denunció más de 30,000 muertes por violencia, 8,000 desaparecidos en la entidad y una grave crisis de insuficiencia renal crónica en la región oriente provocada por la contaminación de la termoeléctrica de Los Azufres.
La plenaria abordó la mesa de análisis “México en la reconfiguración geopolítica global y hemisférica”, donde José Jacobo Femat (ANIX) y José Humberto Montes de Oca (SME/NCT) alertaron sobre el despojo agrario permitido por la Ley Agraria y la elevada subordinación hacia los Estados Unidos.
Montes de Oca destacó que México depende en más de un 70% del gas natural proveniente de Texas y destina el 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense. Por su parte, Héctor Torres, de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, reveló que casi el 60% de la fuerza laboral mexicana está en la informalidad o el desempleo, mientras que el servicio de la deuda absorbe 1.5 billones de pesos anuales del presupuesto nacional.
Para sistematizar las propuestas y acordar un plan de acción unificado, las delegaciones se organizaron en cuatro mesas de trabajo temáticas: Territorio, agua y bienes comunes; Relación capital-trabajo; Condiciones para la reproducción de la vida y Caracterización del modelo económico.
Los participantes coincidieron en que la superación de las problemáticas sociales requiere trascender los reclamos aislados, impulsar una reforma fiscal progresiva sobre los grandes capitales y promover un decreto presidencial que suspenda el despojo de tierras ejidales para consolidar una alternativa soberana para el país.
MÉXICO LLEVARÁ A LA COP17 SUS COMPROMISOS DE CONSERVACIÓN Y JUSTICIA AMBIENTAL
Esta semana, el Gobierno de México anunció que llevará a la COP17 de Biodiversidad, celebrada del 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia, una agenda de conservación, restauración ecológica y justicia ambiental. La delegación promoverá acuerdos para cumplir las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal hacia 2030.
Entre sus prioridades están ampliar el financiamiento, fortalecer la cooperación internacional y garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en las decisiones sobre biodiversidad. Sin embargo, los compromisos multilaterales plantean una pregunta central: cómo convertir los anuncios diplomáticos en cambios verificables en los territorios donde avanzan las presiones sobre los ecosistemas.
México presentará el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, iniciativa de cooperación con Guatemala y Belice formalizada mediante la Declaración de Calakmul en agosto de 2025. También destacará sus 232 Áreas Naturales Protegidas federales y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, como parte de los esfuerzos para alcanzar la meta internacional de proteger al menos 30 por ciento de las zonas terrestres, aguas continentales, marinas y costeras para 2030.
La delegación también impulsará MEx30x30, proyecto financiado con 18.5 millones de dólares del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad, destinado a fortalecer la gestión de las Áreas Naturales Protegidas federales. El reto será evaluar si estos recursos se traducen en capacidades institucionales, vigilancia efectiva y protección de los ecosistemas, más allá de la ampliación de las superficies reconocidas bajo alguna figura de conservación.
La conservación no puede reducirse a establecer áreas protegidas o movilizar recursos financieros, debe implicar la discusión acerca de quién controla los territorios, qué actividades económicas los transforman y quién asume los costos de la degradación ambiental. Las políticas de conservación redistribuyen derechos, responsabilidades y posibilidades de decisión entre el Estado, las empresas y las comunidades, por ello es importante ampliar los debates.
El Gobierno mexicano afirmó que defenderá la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con respeto a sus derechos, conocimientos tradicionales, prácticas bioculturales y formas de organización. Ese compromiso exige que su intervención no sea únicamente consultiva o discursiva, sino que tenga efectos reales en las decisiones sobre los territorios y los bienes comunes.
La COP17 será un espacio para revisar avances, identificar brechas y discutir mecanismos de financiamiento y cooperación. Para México, el desafío no consiste solamente en presentar compromisos internacionales, sino en demostrar resultados verificables: conservación efectiva, restauración de ecosistemas y justicia ambiental.
La medida de esa agenda estará en su capacidad para enfrentar las causas económicas y políticas de la pérdida de biodiversidad y garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan sus territorios.
ALICIA BÁRCENA Y EL ECOLOGISMO HUMANISTA: EL DISCURSO AMBIENTAL FRENTE A LA REALIDAD DE LOS TERRITORIOS
Esta semana, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), insistió en su discurso de ecologismo humanista y justicia climática, mientras en distintos territorios del país persisten denuncias por despojo, acaparamiento, contaminación y amenazas de nuevos megaproyectos, algunos cuestionados por sus procesos de consulta, así como críticas a la actuación de la dependencia federal.
En su mensaje sobre la transformación del modelo de desarrollo, Bárcena planteó la necesidad de colocar a las comunidades y los ecosistemas en el centro de las decisiones públicas. Sin embargo, la distancia entre esa narrativa y las decisiones administrativas de la autoridad ambiental abre una pregunta fundamental ¿qué significa la justicia ambiental cuando los proyectos que transforman los territorios continúan avanzando?
El problema no está únicamente en el lenguaje empleado por la secretaria, sino en la congruencia entre sus declaraciones y la actuación de la institución que encabeza. En Michoacán, en15dias.com ha documentado autorizaciones y trámites de cambio de uso de suelo forestal vinculados con desarrollos inmobiliarios en el sur de Morelia. Uno de los casos es el proyecto Puente Ribera Altozano, que obtuvo una resolución favorable en 2025; otro es Residencial Bosque Monarca, cuyos trámites contemplan la transformación de terrenos forestales. Estos antecedentes cuestionan la idea de que el modelo de desarrollo está cambiando de manera sustantiva cuando la expansión inmobiliaria continúa ejerciendo presión sobre zonas ambientalmente sensibles.
El antecedente de Bosque Monarca también revela la dimensión del conflicto. En septiembre de 2024, la SEMARNAT autorizó el cambio de uso de suelo forestal en 17.158231 hectáreas para obras de urbanización del desarrollo. La decisión fue cuestionada por el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, que advirtió sobre posibles afectaciones a la cuenca del río Chiquito y a la seguridad hídrica de la región. No se trata solamente de discutir la legalidad administrativa de un permiso, sino de evaluar sus consecuencias acumulativas: pérdida de cobertura vegetal, presión sobre el agua y expansión urbana en una zona estratégica para el equilibrio ambiental de Morelia.
A esta contradicción se suma el caso Torres Peñasco, en la zona de Tres Marías, Morelia. El 23 de junio de 2026, Corporativo Tres Marías ingresó ante la SEMARNAT una Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto, bajo la clave 16MI2026UD051. La solicitud fue documentada por este medio cuando el procedimiento se encontraba en trámite. Posteriormente, Bárcena afirmó públicamente que el proyecto había sido negado durante su gestión en agosto de 2026. La discusión no puede reducirse a las declaraciones de una parte u otra: requiere que la autoridad publique y permita verificar la resolución correspondiente. La transparencia de los expedientes es indispensable para distinguir entre una solicitud, una autorización, una negativa y sus efectos jurídicos.
Cuando existen denuncias comunitarias sobre afectaciones al agua, al bosque o al territorio, la obligación de la autoridad es ofrecer información accesible, garantizar procedimientos efectivos de participación y explicar de manera fundada por qué un proyecto se autoriza, se condiciona o se rechaza. Las críticas sobre consultas cuestionadas deben investigarse caso por caso, pero no pueden descartarse mediante un discurso general de inclusión y justicia climática.
Bárcena ha defendido el llamado ambientalismo humanista como una ruptura con el extractivismo y ha presentado acciones de restauración, saneamiento de ríos y conservación como resultados de la política federal.
Esas medidas deben evaluarse por sus resultados verificables, pero no cancelan la necesidad de examinar las decisiones que permiten transformar terrenos forestales o avanzar desarrollos inmobiliarios en zonas vulnerables. La justicia ambiental exige algo más que programas y anuncios: implica prevenir daños, hacer cumplir la legislación, transparentar las autorizaciones y asegurar que las comunidades no carguen con los costos ecológicos de proyectos cuyos beneficios se concentran en actores privados.
Si el Gobierno de México sostiene que busca superar el extractivismo y colocar la vida en el centro del desarrollo, debe demostrarlo en cada decisión ambiental, no solamente en sus mensajes públicos. La justicia climática no se mide por la retórica de una conferencia: se mide en lo que ocurre con los bosques, el agua y las comunidades cuando los proyectos llegan al territorio.
ONU LLEVA LA CRISIS DE DESAPARICIONES EN MÉXICO ANTE LA ASAMBLEA GENERAL
Esta semana, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró la necesidad de discutir con carácter urgente la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General.
El 20 de octubre, su presidente, Juan Pablo Albán, expuso el alcance del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional, activado ante indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido de manera generalizada o sistemática en el país.
La decisión del Comité, formalizada en abril de 2026, se apoyó en información de organizaciones civiles y colectivos de víctimas, así como en el análisis de antecedentes y respuestas del Estado mexicano. El organismo señaló que las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando se practican de manera generalizada o sistemática. La dimensión de la crisis también se refleja en los registros oficiales: la Federación Internacional por los Derechos Humanos reportó que, a febrero de 2026, había más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas.
El artículo 34 permite que el Comité lleve la situación ante la Asamblea General cuando encuentra indicios bien fundados de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada. No significa que la ONU haya emitido una sentencia contra México ni que haya declarado jurídicamente responsable al Estado. De hecho, Albán aclaró que el Comité no encontró indicios fundados de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas. Sin embargo, advirtió que persisten problemas estructurales que requieren atención urgente.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó la decisión y la calificó de tendenciosa, al sostener que el Comité no consideró debidamente las medidas institucionales adoptadas desde 2019 y las reformas aprobadas en 2025. Entre ellas mencionó herramientas de búsqueda inmediata, coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda, y el fortalecimiento de los mecanismos de identificación humana. El Gobierno argumentó que buena parte de los casos analizados corresponde a periodos anteriores. No obstante, la discusión no se resuelve enumerando reformas: su eficacia debe medirse por la búsqueda efectiva de las personas, el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.
Uno de los puntos centrales es la relación entre grupos criminales y agentes estatales. La definición internacional de desaparición forzada contempla hechos cometidos por funcionarios públicos, pero también por personas o grupos que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
Por ello, atribuir las desapariciones exclusivamente al crimen organizado no basta para descartar responsabilidades públicas: se requiere investigar cada caso, las posibles redes de protección y las omisiones de las autoridades. Al mismo tiempo, la activación del procedimiento no constituye por sí misma una prueba judicial de responsabilidad en casos individuales.
La intervención ante la ONU abre la posibilidad de cooperación técnica y financiera para fortalecer la búsqueda, las investigaciones, el análisis forense y la protección de familiares y personas defensoras. Pero el alcance real del mecanismo dependerá de las medidas que se acuerden y de la disposición de las autoridades mexicanas para traducir esa cooperación en resultados.
En la sesión del 20 de octubre, Albán también lamentó que familiares de personas desaparecidas fueran retirados de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos, un episodio que volvió a colocar en el centro la necesidad de escuchar a quienes buscan.
El señalamiento internacional vuelve a poner a prueba la respuesta del Estado mexicano frente a una crisis que no se resuelve únicamente con reformas legales, registros o anuncios de nuevas herramientas. La evaluación debe centrarse en cuántas personas son localizadas e identificadas, cuántas investigaciones avanzan, cuántos responsables son sancionados y qué garantías reciben las familias.
El procedimiento del artículo 34 no sustituye a las autoridades nacionales ni garantiza justicia por sí solo; sí coloca la situación bajo un escrutinio internacional excepcional. El reto para el Gobierno es demostrar con resultados verificables que sus políticas están a la altura de la magnitud de las desapariciones.
EN INFORMACIÓN INTERNACIONAL
PODER, POLICRISIS Y RESISTENCIAS EN AMÉRICA LATINA: EL PACTO ECOSOCIAL
Analistas, activistas e investigadores del Sur Global se reunieron en la ciudad ecuatoriana para abordar la reconfiguración geopolítica, el avance de las extremas derechas y las alternativas comunitarias en defensa de la vida.
El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur celebró en la ciudad de Cuenca (Ecuador) el foro internacional dedicado a analizar la “Reconfiguración del Poder en América Latina” y las “Estrategias de Resistencias y Reexistencias”.
El encuentro, respaldado por la Universidad de Cuenca y organizaciones sociales locales como el Cabildito Popular por el Agua, tuvo como marco simbólico la emblemática lucha de la ciudad en defensa de sus fuentes hídricas, personificada en el llamado “Quinto Río”, metáfora de la multitudinaria movilización popular del campo y la ciudad que rechaza la megaminería en sus páramos.
El evento reunió a una nutrida representación de intelectuales, militantes y pensadores críticos provenientes de diversas geografías de América del Sur.
Entre los expositores de ambas mesas destacaron figuras internacionales y referentes locales de primer orden: la socióloga argentina Maristella Svampa, el pensador venezolano Edgardo Lander, la académica germano-ecuatoriana Miriam Lang, la investigadora chilena Gabriela Cabaña, el educador popular boliviano Mario Rodríguez, la ecologista colombiana Tatiana Roa Avendaño, la socióloga peruana Diana Flores, la politóloga argentina Melisa Argento y la lideresa ecuatoriana Nivia Solís, junto a la moderación de la docente Ana Cecilia Salazar.
La apertura del debate estuvo a cargo de la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, cuya intervención articuló el eje analítico del foro al diagnosticar la actual coyuntura regional bajo la categoría de “policrisis”.
Svampa explicitó que la realidad contemporánea no debe entenderse como una mera acumulación de problemas aislados, sino como un escenario complejo e incierto donde se entrecruzan la crisis climática, la expansión de las extremas derechas, el deterioro de las democracias, el avance de la inteligencia artificial, la proliferación de economías criminales y la crisis de los cuidados.
Al profundizar en la reconfiguración del poder, Svampa advirtió que la región experimenta una transición hacia regímenes de “postdemocracia” y una “nueva fase de la colonialidad”.
En palabras textuales de la investigadora argentina, en este contexto de postdemocracia “los países mantienen las instituciones democráticas de manera nominal, pero en realidad quienes gobiernan por el poder real es detentado por las élites económicas grandes corporaciones y cada vez más por los tecnomagnates”.
Según explicó, este fenómeno evidencia la impotencia de la política tradicional y de los proyectos progresistas para frenar el avance corporativo.
En el plano geopolítico, Svampa denunció el despliegue de una agresiva estrategia imperial norteamericana frente a la creciente influencia comercial y tecnológica de China en América Latina.
La pensadora calificó este dispositivo como la “Doctrina Don Monroe por Donald Trump”, caracterizada por la militarización, la articulación de fundaciones de extrema derecha y la promoción de guerras culturales contra lo que denominan el “comunismo” o la “cultura woke”.
Para ilustrar las formas de sumisión regional, contrapuso el caso de Venezuela, al que definió como un “protectorado neocolonial” por el control de sus recursos petroleros, con el de Argentina, al que catalogó como un “modelo de colonialidad servil”.
Asimismo, Svampa alertó sobre el carácter ilimitado de la “colonialidad de la naturaleza”, donde coexisten de forma acelerada el extractivismo verde con la intensificación de los hidrocarburos no convencionales mediante técnicas de fracking.
La socióloga cuestionó severamente a los tecnomagnates de ideología libertaria por promover desregulaciones masivas que buscan desmantelar los derechos sociales, ambientales y laborales conquistados en las últimas décadas.
Al respecto, enfatizó de forma tajante “estamos en una fase de desdemocratización de supresión de derechos de captación corporativa del Estado de aumento de las desigualdades y de ampliación de las fronteras de extracción”.
Ante este panorama adverso, la intervención de Maristella Svampa concluyó con una vehemente llamada a romper con los esquemas discursivos obsoletos y reavivar la audacia colectiva.
Cuestionó que los progresismos continúen apelando a un viejo lenguaje incapaz de responder a este cambio de régimen y sostuvo categóricamente “necesitamos imaginación política sin duda… imaginación política que implique confrontar directamente… esta fase salvaje de la colonialidad que pone en amenaza la vida”.
Complementando el riguroso diagnóstico de Svampa, el sociólogo venezolano Edgardo Lander y la académica Miriam Lang analizaron las nuevas fronteras del capital en la era digital e industrial.
Lander denunció la preocupante concentración de poder económico, político y cognitivo en un oligopolio de corporaciones tecnológicas de inteligencia artificial, que opera mediante la expropiación del acervo cultural de la humanidad.
Por su parte, Lang desmontó el mito de la “nueva política industrial verde”, advirtiendo sobre el avance de los megacentros de datos en América Latina que generan un acaparamiento descomunal de agua y electricidad en zonas de alto estrés hídrico, configurando lo que calificó como un “extractivismo gemelo”.
En la misma línea crítica, la investigadora chilena Gabriela Cabaña abordó los impactos socioecológicos de las llamadas energías renovables y la falsa promesa del hidrógeno verde.
Cabaña demostró cómo los megaparques eólicos y las líneas de transmisión están convirtiendo diversos territorios latinoamericanos en nuevas zonas de sacrificio industrial en nombre de la transición energética.
Con lucidez analítica, la especialista chilena remarcó una sentencia fundamental para los movimientos sociales “podemos tener un sistema que no funcione con fósiles y aún así fracasar en avanzar en la justicia ambiental”.
Durante la segunda jornada del encuentro, orientada a las resistencias continentales, el educador boliviano Mario Rodríguez y la activista colombiana Tatiana Roa Avendaño aportaron valiosas perspectivas desde las luchas territoriales.
Rodríguez reivindicó las prácticas comunitarias de reciprocidad, diversidad y “sabiduría ancestral” como horizontes para recuperar el amparo colectivo frente a las asimetrías del mercado.
A su vez, Roa Avendaño detalló la movilización de los sectores populares, juveniles y culturales en Colombia frente a las medidas de flexibilización ambiental y la restauración conservadora, destacando el poder movilizador de la cultura y la defensa del agua.
El intercambio se enriqueció con las experiencias de organización popular presentadas por la socióloga peruana Diana Flores y la politóloga argentina Melisa Argento.
Flores expuso el concepto de “comunalidad” vigente en la región de Puno (Perú), donde las asambleas campesinas y las directivas de mercados de abasto sostuvieron masivas paralizaciones en defensa de la dignidad.
Por su parte, Argento detalló las estrategias de transversalidad sociopolítica y creatividad comunitaria desplegadas en Argentina contra el ajuste estructural y el RIGI, resaltando las masivas marchas en defensa de la universidad pública y de la Ley de Glaciares.
El encuentro culminó con la resonante voz de las luchas locales en Cuenca, sintetizadas por la lideresa ecofeminista Nivia Solís, quien rememoró más de tres décadas de resistencia comunitaria.
Solís repasó el histórico camino recorrido desde la expulsión de las primeras empresas mineras hasta las victorias en las consultas populares de Girón y Cuenca.
La jornada cerró con una ratificación del compromiso ambiental colectivo, recordando que la movilización masiva del “Quinto Río” logró revocar licencias ambientales abusivas bajo una premisa inquebrantable que hoy retumba en toda América Latina “Cuenca ya decidió, estos páramos no se tocan”.
