Los pueblos indígenas y afromexicanos frenaron la presentación de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos tras denunciar irregularidades en la consulta. Además, el Gobierno Federal reportó 67% de avance del Plan Michoacán, mientras persisten retos de seguridad, conflictos territoriales y pendientes ambientales. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #45 del 2 al 8 de noviembre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #45 del 2 al 8 de noviembre de 2026
Por: en15dias.com
PUEBLOS INDÍGENAS FRENAN AVANCE DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS
La organización y el rechazo expresado por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en distintas regiones del país marcaron el freno a la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuya presentación ante el Congreso de la Unión fue puesta en pausa por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 5 de noviembre.
En Michoacán, la inconformidad se manifestó desde la Sierra y Meseta P’urhépecha hasta la Costa-Sierra nahua y afromexicana, donde autoridades tradicionales, concejos comunales y representantes comunitarios cuestionaron la legitimidad del proceso impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Durante su conferencia matutina del jueves 5 de noviembre, Sheinbaum confirmó que la entrega de la iniciativa permanecerá detenida mientras continúa la consulta y se busca alcanzar el mayor consenso posible entre los pueblos y comunidades. Incluso señaló que no está definido si el proyecto se presentará el próximo año o después de las elecciones de 2027.
La mandataria reconoció que existen puntos en los que no hay coincidencias y que han generado polémica. Sin embargo, para las comunidades que se han manifestado, el problema no se limita a diferencias sobre algunos artículos, sino que cuestiona la forma en que se construyó y se llevó a cabo el proceso de consulta.
Uno de los pronunciamientos más representativos surgió de la Sierra P’urhépecha, donde autoridades comunales de Cherán K’eri, Pichátaro, Nurío, Arantepacua y comunidades de la Cañada de los Once Pueblos denunciaron irregularidades en el procedimiento.
En su posicionamiento conjunto, difundido el 4 de septiembre, señalaron que una iniciativa de 453 artículos no podía discutirse adecuadamente en reuniones de pocas horas y exigieron condiciones para analizarla conforme a los tiempos, procedimientos y formas de organización de cada comunidad, incluyendo sus asambleas, fogatas y cuarteles.
También desconocieron al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como instancia de representación del pueblo p’urhépecha y exigieron que cualquier consulta sea previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
La inconformidad también se expresó en la región lacustre y la Meseta P’urhépecha. El 6 de septiembre, comunidades impidieron el desarrollo de las reuniones regionales convocadas por el INPI en Pátzcuaro y Cheranástico, al considerar que no existían condiciones para realizar una consulta legítima.
En la Costa-Sierra, la resistencia tuvo otra expresión. El 12 de septiembre, autoridades de las comunidades nahuas de El Coire, Pómaro, Santa María Ostula y San Miguel Aquila, así como de la comunidad afromexicana de El Ticuiz, en Coahuayana, entregaron un documento formal para exigir la cancelación de la reunión regional programada por el INPI.
Las autoridades señalaron que no se había cumplido adecuadamente la etapa informativa y que el procedimiento no había sido sometido a la decisión de sus asambleas. Mediante su acción comunitaria impidieron el acceso a las oficinas del instituto en El Duin y consiguieron que la reunión fuera cancelada.
A estas manifestaciones se suma el posicionamiento del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a 80 pueblos p’urhépechas, otomíes, matlatzincas, nahuas y afromexicanos.
El 6 de septiembre, el Consejo rechazó la consulta y cuestionó que sus resultados no fueran vinculantes, que se excluyera a comunidades fuera del catálogo del INPI y que se pretendiera discutir una iniciativa de 453 artículos en reuniones de apenas unas horas.
El organismo anunció acciones jurídicas y posteriormente promovió un amparo, presentado el 8 de octubre, contra el procedimiento de consulta.
Estas expresiones forman parte de una inconformidad más amplia que no puede reducirse a diferencias entre autoridades comunitarias y dependencias gubernamentales: las comunidades han planteado que son sus propias asambleas las que deben decidir sobre los asuntos que afectan sus territorios, derechos y formas de vida.
El registro de Indígenas 3D, actualizado el 6 de noviembre, documenta 139 comunidades, municipios y regiones de 19 estados que se han manifestado contra la iniciativa y el proceso de consulta, con 47 manifestaciones entre pronunciamientos, acciones comunitarias, denuncias y amparos.
Asimismo, registra 20 comunidades que rechazaron la consulta mediante acuerdos de asamblea y alrededor de 167 mil personas adultas representadas a través de sus autoridades, asambleas y comisariados.
La cifra corresponde a la población adulta de hogares indígenas de las comunidades registradas, de acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, y no significa que todas esas personas hayan participado individualmente en las manifestaciones.
La pausa anunciada por Sheinbaum el 5 de noviembre no representa la cancelación definitiva de la iniciativa. La posibilidad de que el proyecto llegue nuevamente al Congreso permanece abierta, incluso con el mismo contenido.
Por ello, las comunidades y organizaciones que han documentado su rechazo mantienen la exigencia de que sus decisiones sean respetadas y que ninguna legislación sobre sus derechos se construya sin su participación efectiva.
Desde Michoacán, los pronunciamientos y acciones comunitarias dejan una exigencia central: los pueblos no pueden ser considerados únicamente destinatarios de una ley; deben ser reconocidos como sujetos colectivos con derecho a decidir sobre su presente y su futuro.
PLAN MICHOACÁN ALCANZA 67% DE AVANCE A UN AÑO; REPORTAN INVERSIÓN DE 72 MIL 431 MILLONES DE PESOS
A un año de su presentación, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia registra un avance general de 67 por ciento, con recursos ejercidos por 72 mil 431 millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional.
En la presentación, integrantes del gabinete federal y titulares de organismos públicos dieron a conocer los resultados de las acciones emprendidas en la entidad, principalmente en materia de inversión, infraestructura, bienestar, educación, salud y desarrollo económico.
Sheinbaum explicó que el plan fue presentado luego del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y está integrado por dos componentes: uno de seguridad y justicia, cuyos resultados se presentarán el próximo martes, y otro de carácter social, que contempla inversión pública y privada mediante la participación de las distintas dependencias federales.
La inversión estimada para el periodo 2025-2030 es de 118 mil millones de pesos, distribuidos en 12 ejes de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. Ante una pregunta de la prensa, la mandataria aclaró que el 67 por ciento corresponde al avance general del programa.
Al ser cuestionada sobre si Michoacán ya cuenta con condiciones de paz y justicia, respondió que existen avances, aunque reconoció que todavía hay regiones donde se requiere mayor atención, particularmente frente al delito de extorsión.
Como indicadores de los resultados mencionó la reducción de delitos de alto impacto y el número de estudiantes beneficiados con becas. También explicó que el Gobierno Federal realiza reuniones de seguimiento cada mes o cada dos meses y que, al cierre de 2026, se compararán los indicadores del año con los registrados durante 2025.
Acciones y resultados por dependencia
Gobernación: 115 Ferias de Bienestar y más de un millón de servicios.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que 53 dependencias federales realizaron actividades en todos los municipios de Michoacán mediante 115 Ferias de Bienestar, en las que se otorgaron un millón 120 mil trámites y servicios.
Asimismo, a través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, se intercambiaron de manera anónima 673 armas de fuego por dinero en efectivo. En tanto, el Tianguis de Bienestar llegó a 268 localidades, donde se distribuyeron gratuitamente 2 millones 234 mil 313 bienes de primera necesidad.
Economía: proyectos de inversión por mil 337 millones de pesos.
El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, anunció que en noviembre comenzarán las obras de un Polo de Desarrollo, con una inversión de 9 mil 300 millones de pesos, que estará comunicado con la Carretera Federal 120.
Detalló que existe un portafolio de 24 proyectos de inversión para Michoacán, por un monto de mil 337 millones de pesos, con la participación de empresas como ArcelorMittal, Enel y Grupo Bafar.
También se trabaja con comités promotores en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán; se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Franja Michoacán de Aguacate y se avanzó en la digitalización de más de 25 mil micro, pequeñas y medianas empresas.
Posteriormente, el funcionario informó que alrededor de 2 mil estudiantes, empresarios y trabajadores se han registrado para participar en el Polo de Desarrollo.
Agricultura: más de 177 mil beneficiarios de Sembrando Vida.
La secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, reportó el monitoreo permanente de 193 mil 183 hectáreas para mantener la certificación de agroexportación, con la participación de 34 mil 867 productores.
En materia de Comercio Justo, señaló que se destinan 486 millones de pesos para apoyar a 9 mil 522 personas dedicadas a la producción de maíz blanco.
Por su parte, el programa Sembrando Vida cuenta con 177 mil 453 beneficiarios y una cobertura de 451 mil 470 hectáreas, con una inversión federal de 2 mil 196 millones de pesos durante este año.
Alimentación para el Bienestar: compras de maíz superan la meta.
La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que se adquirieron 63 mil 14 toneladas de maíz a pequeños productores, mediante una inversión de 453.7 millones de pesos, cifra superior a la meta inicial de 60 mil toneladas.
Para el ciclo primavera-verano 2027 se contempla incrementar la compra a 80 mil toneladas, con una inversión superior a 520 millones de pesos.
Además, se adquirieron mil 34 toneladas de lenteja en los municipios de Coeneo y Huaniqueo.
Energía: cobertura eléctrica de 99.99 por ciento.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que concluyeron mil 256 obras de electrificación, en beneficio de 23 mil 299 habitantes, con una inversión de 508 millones de pesos.
Con estas acciones, Michoacán alcanzó una cobertura eléctrica de 99.99 por ciento de los hogares.
La Comisión Federal de Electricidad también instaló 453 puntos de internet gratuito en telesecundarias y 213 en clínicas del IMSS Bienestar. A ello se suma la entrega de 100 mil 861 tarjetas SIM a jóvenes y la instalación de 11 mil 750 estufas eficientes en 23 municipios, con una inversión de 80 millones de pesos.
Turismo: más de 2.4 millones de visitantes entre enero y agosto.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que Michoacán recibió 2 millones 464 mil 985 turistas de enero a agosto, lo que representa un incremento de 10.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con una derrama económica superior a 186 millones de dólares.
Durante la temporada de Día de Muertos se registró la llegada de un millón 31 mil visitantes, quienes generaron una derrama superior a mil 960 millones de pesos.
Además, Fonatur destina 300 millones de pesos a proyectos de infraestructura turística, entre ellos la intervención de los muelles de Janitzio, Yunuén y Pacanda, así como la restauración del Antiguo Templo de San Juan Bautista.
Trabajo: más de mil 396 personas colocadas en empleos.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que se realizaron 42 de las 48 ferias de empleo comprometidas, mediante las cuales mil 396 personas consiguieron colocarse en un puesto laboral.
Las seis ferias restantes se llevarán a cabo durante noviembre.
En el programa de trabajadores agrícolas temporales, 206 personas fueron enviadas a Canadá, frente a las 69 registradas en 2025. Por otra parte, Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a 12 mil 294 jóvenes michoacanos.
Infraestructura: modernización de 411 kilómetros de autopistas.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se trabaja en la modernización de 411 kilómetros de autopistas mediante una inversión mixta de 41 mil millones de pesos, distribuida en seis proyectos. Entre ellos se encuentra el tramo Pátzcuaro-Uruapan, cuya obra ya concluyó.
También se construyen 80 caminos artesanales, equivalentes a 325 kilómetros, con una inversión de 2 mil 120 millones de pesos.
A estas acciones se suman 223 trabajos de conservación en la red carretera federal y estatal, así como la construcción del puente de Santiago Undameo.
Los Centros Comunitarios “México Imparable”, ubicados en Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia, tienen prevista su conclusión en diciembre.
Bienestar: inversión social superior a 30 mil millones de pesos.
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, reportó una inversión de 30 mil 451 millones de pesos, destinada a un millón 15 mil 683 derechohabientes en Michoacán.
Entre los beneficiarios se encuentran 629 mil adultos mayores, 136 mil mujeres incorporadas a la Pensión Mujeres Bienestar, 58 mil personas con discapacidad y 14 mil madres trabajadoras.
Además, se reportó la atención de 5 mil 806 planteles educativos mediante el programa La Escuela es Nuestra.
Educación: 795 mil estudiantes reciben becas.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que todos los estudiantes de escuelas públicas en Michoacán cuentan con una beca, con un padrón de 795 mil 717 beneficiarios y una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos.
La Beca Gertrudis Bocanegra beneficia a más de 55 mil estudiantes de educación superior.
Asimismo, operan tres universidades Rosario Castellanos, ubicadas en Zacapu, Múgica y Zitácuaro, con una matrícula conjunta de mil 807 alumnos y una inversión de 263 millones de pesos.
Salud: vacunas, cirugías y construcción de hospitales.
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se han aplicado 2.5 millones de vacunas y realizado 3 mil 266 cirugías de cataratas.
En infraestructura hospitalaria, destacó la construcción de dos unidades: el hospital de Villas del Pedregal, en Morelia, que registra un avance de 3 por ciento, y el de Zitácuaro, con 35 por ciento de avance y fecha de conclusión prevista para el 28 de febrero de 2027.
Por su parte, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó sobre la operación de una clínica de especialidades toxicológicas en Apatzingán y un centro de salud mental en Huetamo. También destacó la construcción del nuevo hospital de Lázaro Cárdenas, con una inversión de mil 667 millones de pesos.
El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reportó la apertura de 33 consultorios nuevos y una inversión de mil 133 millones de pesos.
Vivienda: 19 mil 305 casas construidas.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, informó que se han construido 19 mil 305 viviendas, equivalentes al 24 por ciento de la meta de 82 mil unidades, con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos.
También se otorgaron 5 mil 95 créditos para mejoramiento de vivienda y se concretó la cancelación de hipotecas en 9 mil 901 casos.
Mujeres y financiamiento: 127 Centros LIBRE y más de 56 mil créditos.
La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, informó que en Michoacán operan 127 Centros LIBRE, donde se han brindado 101 mil 701 atenciones, con una inversión de 106.7 millones de pesos.
En tanto, la directora de Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, reportó la entrega de 56 mil 577 créditos, por un monto de 660.8 millones de pesos, cifra que supera la meta inicial de 50 mil financiamientos.
Los apoyos consisten en créditos de 10 mil pesos, sin intereses y sin necesidad de aval, cuyo pago puede realizarse en las 77 sucursales de la institución en el estado.
Cultura, deporte y juventud: más de 300 mil participantes.
En el ámbito cultural se ejercieron 163.6 millones de pesos y se incrementó de siete a 33 el número de festivales realizados.
Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) reportó 182 mil 859 personas beneficiadas mediante 258 eventos deportivos.
El Instituto Mexicano de la Juventud realizó más de 4 mil actividades, con la participación aproximada de 300 mil personas.
Pueblos indígenas: inversión de 6 mil 10 millones de pesos.
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que los tres Planes de Justicia desarrollados en Michoacán concentran una inversión de 6 mil 10 millones de pesos.
La distribución corresponde al Plan de Justicia P’urhépecha, con 4 mil 111 millones de pesos; el Mazahua-Otomí-Matlatzinca, con mil 154 millones, y el Nahua, con 745 millones de pesos.
Seguridad y percepción de inseguridad, entre los retos pendientes
Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum también hizo referencia a los indicadores de percepción de inseguridad en Uruapan.
Citó datos de la encuesta del Inegi, de acuerdo con los cuales la victimización se redujo cerca de 60 por ciento, aunque reconoció que la percepción de inseguridad suele disminuir a un ritmo más lento.
Añadió que el modelo de atención integral se aplica en alrededor de 50 municipios prioritarios del país, donde se concentra cerca de 30 por ciento de los homicidios.
La mandataria reiteró que, aunque existen avances, todavía hay desafíos importantes para alcanzar condiciones de paz y justicia, particularmente en regiones afectadas por la extorsión.
Investigación por el homicidio de Carlos Manzo
Respecto al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, Sheinbaum señaló que la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional.
Indicó que se han realizado detenciones relevantes y, sobre la solicitud de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, precisó que corresponde a esa institución determinar si ejerce dicha facultad.
La presidenta sostuvo que el Gobierno Federal continuará dando seguimiento a las acciones de seguridad y justicia, cuyo balance específico será presentado el próximo martes.
GOBIERNO DE MÉXICO SUSTITUIRÁ CERTIFICADO ESTATAL POR FEDERAL
El Gobierno Federal implementará un Certificado Federal de No Deforestación, que sustituirá al certificado estatal y será un requisito para la exportación de aguacate.
La medida busca garantizar que el producto provenga de huertas que no hayan sido establecidas mediante la eliminación de terrenos forestales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la encargada de expedir este documento, cuyo mecanismo de operación se encuentra en proceso de definición y contempla inicialmente un programa piloto.
En Michoacán y Jalisco se tienen identificadas alrededor de 5 mil huertas bajo vigilancia particular, además de que ya están mapeados los polígonos de las principales zonas productoras. Esta medida responde a la preocupación por el crecimiento de la superficie dedicada al cultivo de aguacate y sus consecuencias ambientales.
En Michoacán, las hectáreas destinadas a esta actividad pasaron de 12 mil 909 en 1974 a 266 mil 109 en 2024, lo que ha generado presión sobre los recursos hídricos, pérdida de biodiversidad y contaminación por el uso de agroquímicos.
El nuevo certificado representa un cambio en la regulación de la producción aguacatera, ya que los productores deberán acreditar que sus huertas no están relacionadas con procesos de deforestación para acceder a los mercados internacionales.
No obstante, uno de los principales desafíos será garantizar que el mecanismo tenga una aplicación efectiva y contribuya a prevenir y sancionar los delitos ambientales.
La nota también señala que, entre 2018 y 2026, se iniciaron más de 2 mil investigaciones por delitos ambientales en Michoacán, pero únicamente ocho habían derivado en sentencia.
AGUACATE: 185 MIL HECTÁREAS BAJO VIGILANCIA FITOSANITARIA
El Gobierno de Michoacán anunció el reforzamiento de la vigilancia fitosanitaria del aguacate mediante cinco Puntos de Verificación Interna ubicados en Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora.
La entidad cuenta con 50 municipios y 185 mil 705 hectáreas reconocidas como libres del barrenador del hueso del aguacate, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal.
Entre el 13 de agosto y el 30 de octubre fueron inspeccionados mil 774 cargamentos que representaron 7 mil 391 toneladas de aguacate.
La revisión busca preservar el estatus fitosanitario que permite mantener las exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos.
MICHOACÁN OBTIENE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA EL AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN LÁZARO CÁRDENAS
Michoacán fue incorporado oficialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la lista de entidades autorizadas para realizar actividades de observación de ballenas.
La temporada autorizada será del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027, en los polígonos correspondientes al municipio de Lázaro Cárdenas, desde Playa Jardín hasta Barra de Nexpa. El área comprende 233 millas náuticas cuadradas y un perímetro lineal de 96 millas.
La autorización se sustenta en estudios y monitoreos científicos realizados en la costa michoacana.
Durante enero-marzo de 2026 se registraron 31 avistamientos y 71 ejemplares. En la temporada de 2024 se contabilizaron 62 avistamientos de ballenas jorobadas y 123 ejemplares observados.
La actividad estará sujeta a la NOM-131-SEMARNAT-2010, que establece reglas sobre distancia de aproximación, número de embarcaciones, tiempo de observación, protección de especies y condiciones para los prestadores de servicios.
La autorización abre una posibilidad turística y económica para la costa michoacana, pero también implica responsabilidades.
La observación de fauna silvestre depende de que la actividad turística no termine alterando aquello que pretende mostrar.
Por ello, el cumplimiento de la norma, la capacitación de prestadores, la vigilancia y el monitoreo científico serán fundamentales.
Michoacán ya tiene autorización. Ahora tendrá que demostrar que puede convertir el avistamiento de ballenas en una actividad turística compatible con la conservación del ecosistema marino.
PREPARAN COCODRILARIO DE TRES HECTÁREAS EN EL ANP EL MANGLITO
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) y la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático acordaron crear un cocodrilario ecoturístico dentro del Área Natural Protegida El Manglito, en Lázaro Cárdenas.
El proyecto contempla un espacio de tres hectáreas destinado al resguardo, atención veterinaria y conservación de cocodrilos, además de actividades de educación ambiental y ecoturismo.
De acuerdo con la dependencia, la infraestructura busca atender el crecimiento de la población de estos reptiles y reducir su presencia en zonas urbanas.
El proyecto plantea una relación que en principio resulta necesaria en una zona de manglar: evitar que la conservación de la fauna termine enfrentada con las comunidades cuando los animales salen de su hábitat.
El punto que habrá que seguir es cómo se construirá y operará el cocodrilario dentro de un Área Natural Protegida, qué estudios lo sustentan, qué impacto tendrá sobre el manglar y bajo qué reglas se desarrollará la actividad turística.
En un ANP, el ecoturismo también necesita límites. No basta con colocarle el apellido “ecológico”.
LA MINTZITA VUELVE A LA MESA INSTITUCIONAL; AHORA FALTA PASAR DEL DIAGNÓSTICO A LA RECUPERACIÓN
Autoridades ambientales y organizaciones sociales instalaron una mesa de trabajo para coordinar acciones de recuperación del Área Natural Protegida Manantial de La Mintzita y su cuerpo de agua.
En el encuentro participaron Profepa, Conagua, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), la UNAM, Compesca, Proam, el Ayuntamiento de Morelia, Cauce Bajío, la Comunidad Ecológica de La Mintzita y Coeco.
La amplitud de la mesa refleja la complejidad del problema. La Mintzita no es solamente un manantial: es un territorio donde confluyen agua, conservación, actividades productivas, asentamientos, extracción y decisiones urbanas.
La coordinación institucional es necesaria, pero no es todavía una recuperación. El siguiente paso tendrá que ser conocer qué acciones concretas se acordaron, quién será responsable de ejecutarlas, con qué presupuesto y en qué plazo.
La Mintzita lleva años acumulando diagnósticos y llamados para su protección. Lo que hace falta es que la coordinación produzca resultados verificables sobre el territorio y el agua.
VECINOS DE FRANCISCO ZARCO PARTICIPAN EN TALLER SOBRE EL PROGRAMA DE MANEJO
La Secretaría del Medio Ambiente realizó un taller dirigido a habitantes de la zona del Área Natural Protegida Francisco Zarco para revisar el programa de manejo y sus principales líneas de acción.
La dependencia informó que se abordaron cuatro ejes: gestión y coordinación, conservación e investigación, infraestructura y educación ambiental.
La participación vecinal es particularmente importante en un Área Natural Protegida porque un programa de manejo no debería quedarse como documento administrativo.
Su utilidad depende de que quienes habitan el territorio conozcan las restricciones, obligaciones y posibilidades que establece, pero también de que las autoridades tengan capacidad para hacer cumplir las reglas.
El reto para la dependencia será que estos talleres no terminen solamente como actividades de difusión. El programa de manejo tendrá que traducirse en decisiones sobre el territorio, vigilancia y conservación efectiva.
COMACHUÉN PLANTEA EL RETO AMBIENTAL DEL AUTOGOBIERNO
Funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente participaron en mesas de asesoría con la Comunidad Indígena de Comachuén, en Nahuatzen, como parte del proceso de acompañamiento a comunidades con autogobierno.
Durante el encuentro se abordaron estrategias relacionadas con el cuidado ambiental y el manejo de residuos, entre ellas el programa “Si la separas ya no es basura”.
El tema ambiental adquiere una dimensión particular en comunidades que ejercen su autogobierno, porque la gestión de residuos, agua, bosques y territorio no puede reducirse a llevar programas estatales.
El desafío está en cómo se coordinan las instituciones con las autoridades comunitarias sin sustituir sus decisiones.
La separación de residuos puede ser una acción concreta, pero la agenda ambiental de las comunidades indígenas es mucho más amplia: territorio, aprovechamiento forestal, agua, conservación y capacidad de decisión sobre los bienes naturales.
El acompañamiento institucional tendrá que demostrar que se trata de coordinación y no simplemente de trasladar programas gubernamentales a comunidades que ya cuentan con sus propios mecanismos de gobierno.
CERRITO PELÓN ENTRA EN UNA NUEVA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN
La Secretaría del Medio Ambiente realizó una visita al Área Natural Protegida Cerrito Pelón, en Paracho, para establecer acciones de restauración junto con la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) y el Ayuntamiento.
En los trabajos también participaron propietarios de la Comunidad Indígena de Paracho y brigadas de Cofom-Conafor.
La participación comunitaria es relevante porque la restauración forestal no se sostiene únicamente con brigadas temporales. Requiere conocer las condiciones del sitio, las causas de su deterioro, definir qué especies y acciones son adecuadas y garantizar seguimiento después de las intervenciones.
Por ahora, la dependencia informó de una visita y de la coordinación para realizar trabajos.
El dato que habrá que seguir será otro: cuántas hectáreas serán restauradas, qué acciones se realizarán, cuánto se invertirá y cómo se medirá la recuperación del área.
EL CHAUZ INICIA PRIMERA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CASI 5 MIL HABITANTES
La Comisión Nacional del Agua informó el inicio de la primera etapa de construcción de la red de alcantarillado sanitario en El Chauz, comunidad del municipio de La Huacana.
La obra se realiza mediante el programa PROAGUA 2026 y dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. De acuerdo con Conagua Michoacán, beneficiará a 4 mil 908 habitantes.
La infraestructura busca mejorar la cobertura de saneamiento de la comunidad y reducir los problemas asociados a la ausencia o insuficiencia de redes de alcantarillado.
El dato importante será conocer qué porcentaje de la comunidad quedará realmente conectado, cuánto costará la obra, cuándo terminará y cuál será el destino final de las aguas residuales.
El saneamiento requiere además conducción adecuada, tratamiento y operación permanente. De lo contrario, una red puede simplemente trasladar las aguas residuales de las calles hacia otro punto del territorio.
CONAGUA ANALIZA TECNIFICACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 097 EN TEPALCATEPEC
Representantes de Conagua Michoacán se reunieron con integrantes del Módulo 10 y usuarios de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 097 Lázaro Cárdenas, en Tepalcatepec, para revisar necesidades del sector y posibles proyectos de tecnificación.
La dependencia señaló que la tecnificación busca fortalecer la infraestructura hidroagrícola y mejorar el aprovechamiento del agua en el campo.
El tema es relevante para Michoacán porque la agricultura concentra una parte importante de la presión sobre los recursos hídricos, particularmente en regiones de producción intensiva.
Pero tecnificar no significa automáticamente ahorrar agua.
La eficiencia depende del sistema que se utilice, del volumen concesionado, de cómo se distribuye el recurso y, sobre todo, de qué ocurre con el agua que eventualmente se “ahorra”.
Si la eficiencia permite ampliar la superficie cultivada o aumentar el consumo, el ahorro físico puede desaparecer.
Por eso, cualquier proyecto de tecnificación del Distrito 097 deberá acompañarse de información sobre volúmenes concesionados, extracción, superficie beneficiada, inversión y ahorro efectivo de agua.
CONAGUA Y PARACHO REVISAN EQUIPAMIENTO DE POZO PARA MEJORAR ABASTO
Conagua Michoacán recibió al presidente municipal de Paracho para revisar la gestión del equipamiento de un pozo de agua potable destinado a fortalecer el abastecimiento de las comunidades.
La reunión forma parte de las gestiones que la dependencia federal mantiene con municipios para atender necesidades de infraestructura hidráulica.
El anuncio, sin embargo, todavía corresponde a una etapa de gestión.
Para conocer el alcance real del proyecto será necesario saber qué comunidad será beneficiada, cuál es el volumen de extracción autorizado, cuánto costará el equipamiento, cuándo entrará en operación y cuál será la fuente de energía para mantener funcionando el sistema.
En un estado donde numerosas comunidades enfrentan problemas de disponibilidad y distribución de agua, perforar o equipar un pozo puede resolver una necesidad inmediata, pero también requiere revisar la disponibilidad del acuífero y la sostenibilidad de la extracción.
EN INFORMACIÓN DE MORELIA
MÁS DE 2 MIL 500 VIVIENDAS DEL BIENESTAR FUERON ASIGNADAS EN MICHOACÁN; EL CASO CUITZILLOS OBLIGA A MIRAR QUÉ HAY DETRÁS DE LA POLÍTICA HABITACIONAL
El IVEM informó que durante el último mes fueron asignadas 2 mil 563 viviendas en Angamacutiro, Áporo, Aquila, Chilchota, Cuitzeo, Huandacareo, Huiramba, Pátzcuaro, Peribán, Sahuayo, Tacámbaro y Vista Hermosa.
Además se integraron 282 viviendas de reserva para sustituir asignaciones que eventualmente no puedan concretarse.
El Gobierno estatal explicó que el número de viviendas sometidas a sorteo no necesariamente equivale al número total que será construido en cada municipio. Después del registro, la Comisión Nacional de Vivienda realiza un diagnóstico de las personas solicitantes y determina quiénes forman parte de grupos prioritarios.
Entre ellos se encuentran personas con discapacidad, madres solteras, mujeres jefas de familia y personas adultas mayores. Las viviendas restantes se sortean entre quienes cumplen con los requisitos.
Los resultados del sorteo, sin embargo, no significan todavía que una familia tenga las llaves de una vivienda.
Las personas beneficiarias deberán ser convocadas para integrar expedientes, continuar con el proceso administrativo y formalizar los contratos correspondientes.
Mientras el Gobierno presume esta nueva etapa de vivienda social, en15dias documentó en septiembre la demolición de viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo cuyos posesionarios conservaban contratos, documentos de crédito y constancias de liberación de adeudo emitidas por el propio Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM).
El 10 de septiembre de 2026, maquinaria pesada ingresó al Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo Tarímbaro y demolió viviendas y estructuras habitacionales.
Los afectados mostraron a en15dias contratos de apertura de crédito, documentos de compraventa, registros de liquidación y constancias de liberación de adeudo expedidas por el propio IVEM.
El instituto sostuvo que los créditos habían sido dados de baja administrativamente en 2020 y que no conservaba documentación relacionada con la reubicación de los beneficiarios.
El caso expuso una contradicción difícil de ignorar: familias que aseguran haber adquirido derechos sobre terrenos destinados a vivienda social y que invirtieron durante años en construir su patrimonio terminaron viendo sus casas reducidas a escombros, mientras la autoridad argumentaba la baja administrativa de sus expedientes.
en15dias documentó además que el origen del proyecto se remonta a un esquema de ahorro popular mediante el cual cerca de 400 familias aportaron alrededor de nueve millones de pesos para adquirir suelo destinado a vivienda. El predio matriz fue posteriormente incorporado al patrimonio del IVEM.
Cuitzillos no es una anécdota es un caso que permite preguntar qué ocurre cuando una política de vivienda cambia de administración, de programa o de criterio administrativo y los documentos de las familias quedan atrapados entre distintas versiones institucionales.
El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene una dimensión social evidente: llevar vivienda a personas que no pueden acceder fácilmente al mercado inmobiliario.
El caso adquiere todavía mayor relevancia porque Cuitzillos se encuentra en una zona donde convergen grandes decisiones de infraestructura y expansión urbana.
A poca distancia del antiguo Sector VIII avanza el Segundo Anillo Periférico de Morelia, proyecto de 51.5 kilómetros cuya inversión reportada supera los 3 mil 198 millones de pesos.
Al mismo tiempo, Tarímbaro aparece dentro de la planeación territorial de la política de Vivienda para el Bienestar. Es decir, no se trata únicamente de casas, se trata de cómo se está reorganizando el territorio metropolitano de Morelia.
Carreteras, vivienda, reservas territoriales, agua, servicios y expansión urbana están ocurriendo sobre el mismo espacio y esa suma requiere una planeación que vaya más allá de quitar o colocar viviendas donde exista suelo disponible.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
CONAGUA REPORTA MÁS DE 95% DE AVANCE EN OBRAS PARA SANEAR EL RÍO ATOYAC
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó un avance superior al 95 por ciento en la infraestructura contemplada para el saneamiento y restauración del río Atoyac en Puebla y Tlaxcala, con una inversión cercana a 535 millones de pesos.
El dato corresponde a la primera etapa de los planes maestros para ambas entidades e incluye la rehabilitación y reingeniería de plantas de tratamiento, construcción de colectores, un humedal, infraestructura de vigilancia y acciones de limpieza y desazolve.
Acopinalco y Tecomalucan, las plantas de tratamiento registran avances superiores al 95 por ciento y, de acuerdo con Conagua, beneficiarán a más de 10 mil 500 personas. En Tlaxco, la planta presenta más de 85 por ciento de avance, mientras que la línea para conducir el agua tratada y el humedal asociado superan también el 95 por ciento.
En Puebla, la planta de tratamiento de Juárez Coronaco se encuentra en la etapa final de construcción, con una inversión cercana a 100 millones de pesos y una población beneficiaria estimada en casi 29 mil habitantes.
La construcción de colectores en Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Tlaxco, Atlangatepec, Tecomalucan y Acopinalco representa una inversión adicional de casi 180 millones de pesos. La infraestructura pretende evitar que aguas residuales continúen descargándose directamente al río.
El programa también contempla un Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales, cuyo avance supera el 95 por ciento y que, según la dependencia, tendrá un alcance de casi 860 mil personas.
Las cifras de obra son importantes, pero el saneamiento del Atoyac no termina cuando se inauguran plantas y colectores. El problema de fondo es la contaminación acumulada durante décadas, particularmente por descargas municipales e industriales.
Conagua informó además que se han realizado 121 jornadas de limpieza con participación de más de 22 mil 300 personas. En ellas se retiraron más de 2 mil 900 toneladas de basura, 5 mil 150 metros cúbicos de cascajo y casi 6 mil llantas; también fueron eliminados 364 tiraderos.
La prueba real, sin embargo, será otra: que las aguas residuales efectivamente dejen de llegar al río, que las plantas operen de manera permanente y que la calidad del agua pueda verificarse públicamente.
El saneamiento del Atoyac lleva años apareciendo como prioridad gubernamental. El reto ahora es que el porcentaje de avance de las obras se convierta en recuperación efectiva de la cuenca.
SEMARNAT Y SECTUR PREPARAN SISTEMA NACIONAL PARA MEDIR LA SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Turismo (Sectur) acordaron desarrollar el Sistema Nacional de Indicadores de Sustentabilidad Turística (SNIST), una herramienta que pretende generar información para evaluar el impacto ambiental y territorial de la actividad turística en México.
El proyecto forma parte del programa de trabajo de la Comisión Ejecutiva de Turismo para 2026 y plantea construir una metodología común para medir y monitorear el desarrollo turístico sustentable a escala nacional.
La idea es relevante porque hablar de “turismo sustentable” se ha vuelto sencillo; demostrarlo, bastante menos.
El sistema busca establecer indicadores y mecanismos para generar, levantar y actualizar información que permita evaluar variables ambientales y territoriales relacionadas con el turismo.
Esto podría permitir comparar destinos y conocer con mayor precisión qué ocurre con agua, residuos, ecosistemas, presión territorial y otros componentes asociados a la actividad turística.
El problema no está en crear otro sistema de indicadores. Está en qué se mide, quién lo mide y qué decisiones se toman cuando los indicadores muestran que un destino ya rebasó sus límites ambientales.
México cuenta desde hace años con sistemas de información turística y estadística. El SNIST tendría que ir más allá de contabilizar visitantes y derrama económica: tendría que mostrar también los costos ambientales del crecimiento turístico.
Un destino puede recibir más turistas y generar más dinero mientras pierde agua, cobertura forestal, biodiversidad o capacidad de carga.
La verdadera prueba del sistema será si sus resultados sirven para poner límites al desarrollo turístico cuando sea necesario y no sólo para darle una etiqueta verde a la expansión de los destinos.
VAQUITA MARINA: MÉXICO REPORTA 92 DE 101 METAS CUMPLIDAS
México informó ante el Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) que ha cumplido 92 de las 101 metas establecidas en su Plan de Acción para proteger a la vaquita marina y combatir el tráfico ilegal de totoaba.
El reporte fue presentado en Ginebra, durante la 81ª reunión del Comité Permanente de CITES. Las nueve metas restantes fueron actualizadas ante los representantes de los países miembros.
Entre los avances reportados se encuentran la actualización del acuerdo regulatorio del Alto Golfo de California, el marcaje de artes de pesca, monitoreo satelital de embarcaciones menores y la transición hacia métodos alternativos de pesca.
El Gobierno mexicano también informó sobre sanciones derivadas del combate al tráfico de totoaba. Según el reporte oficial, la coordinación con la Fiscalía General de la República ha permitido obtener sentencias de prisión y sanciones económicas superiores a 130 millones de pesos.
Uno de los datos destacados por la delegación mexicana fue la presencia de crías de vaquita marina y la contención de la tendencia descendente en sus registros.
El Gobierno plantea ahora un modelo que combine conservación con alternativas económicas para las comunidades pesqueras del Alto Golfo.
La vaquita marina se encuentra en una situación crítica y su protección está estrechamente relacionada con la pesca y el tráfico ilegal de totoaba.
Por eso, el resultado no dependerá solamente del número de patrullajes o decomisos. También tendrá que medirse por la reducción efectiva de redes prohibidas, la viabilidad de las pesquerías alternativas y la participación de las comunidades.
El propio Gobierno reconoce que todavía existen nueve metas pendientes.
Por ahora, México puede presentar avances. Lo que falta demostrar es que esos avances sean suficientes para garantizar la supervivencia de la especie.
MÉXICO REFUERZA VIGILANCIA EN ZONA DE PROTECCIÓN DE LA VAQUITA MARINA
La estrategia federal para proteger a la vaquita marina incluye vigilancia permanente en la llamada Zona de Tolerancia Cero del Alto Golfo de California, además de acciones de inspección, retiro de redes y ordenamiento de las pesquerías.
De acuerdo con el Gobierno federal, durante 2026 se realizaron más de 800 verificaciones de entradas y salidas de embarcaciones menores. La Profepa reportó además recorridos por más de 9 mil millas náuticas y casi 11 mil kilómetros terrestres.
Las autoridades también informaron sobre la colocación de más de 400 bloques para impedir el ingreso de redes a la zona de protección y el retiro de más de 10 mil metros de redes prohibidas.
La vigilancia se extiende hasta 300 kilómetros al sur de la Zona de Tolerancia Cero, dentro del área de distribución de la totoaba.
A ello se suma un sistema de localización de embarcaciones menores que permite identificar posición, velocidad, horario, matrícula y concesionario.
El Gobierno sostiene que el blindaje de la zona debe combinar vigilancia, consecuencias jurídicas, ordenamiento pesquero y transición hacia artes de pesca alternativas.
La estrategia tiene un punto central: proteger a la vaquita sin convertir la conservación en una política contra las comunidades pesqueras.
Por eso, además de los decomisos y operativos, el Gobierno plantea planes de desarrollo comunitario y comercialización de productos provenientes de pesca sustentable.
La protección de la vaquita no puede medirse solamente por cuántos kilómetros patrullan las autoridades. El indicador definitivo seguirá siendo si la especie logra recuperarse y si las comunidades pueden vivir de una pesca legal y compatible con su conservación.
VAQUITA MARINA: MÁS DE 68 MIL METROS DE REDES ILEGALES RETIRADOS DESDE 2023
El Gobierno de México informó que desde 2023 se han realizado más de 7 mil inspecciones en el Alto Golfo de California y se han retirado más de 68 mil metros de redes de enmalle ilegales como parte de las acciones para proteger a la vaquita marina.
Durante 2026 se realizaron más de 800 inspecciones a embarcaciones en puntos de embarque y desembarque y fueron retirados más de 10 mil metros de redes. También se instalaron más de 400 bloques de concreto con ganchos para impedir la colocación de redes ilegales en la Zona de Tolerancia Cero y otras áreas prioritarias.
La estrategia federal combina vigilancia, ordenamiento pesquero, combate al tráfico ilegal de totoaba y transición hacia artes de pesca alternativas.
El Gobierno también reportó 36 investigaciones judicializadas y 20 personas con sentencias condenatorias relacionadas con el tráfico de totoaba. Entre los casos recientes se encuentra una sentencia de cuatro años de prisión y una reparación del daño ambiental superior a 19 millones de pesos.
Pero el componente más interesante del nuevo planteamiento está en las comunidades.
Semarnat, Economía y Conapesca trabajan con comunidades de San Felipe, Baja California, y el Golfo de Santa Clara, Sonora, en planes de desarrollo comunitario que buscan diversificar las economías locales y reducir la dependencia exclusiva de la pesca.
También se impulsa la transición hacia métodos como línea de mano, anzuelos y buceo sustentable, además de sistemas de trazabilidad para verificar el origen legal de los productos pesqueros.
La estrategia parte de una realidad que durante años fue incómoda para la política de conservación: la protección de la vaquita no puede sostenerse únicamente con vigilancia y prohibiciones si las comunidades pesqueras no cuentan con alternativas económicas viables.
Pero tampoco basta con anunciar alternativas. El resultado tendrá que medirse por la reducción efectiva de las redes ilegales, la supervivencia de la vaquita y la capacidad de las comunidades para mantener actividades productivas compatibles con la conservación.
La especie sigue en una situación crítica. Por eso, en este caso, retirar redes es necesario; demostrar que la población de vaquita puede recuperarse es la verdadera medida del éxito.
MÉXICO PRESUME AGENDA AMBIENTAL EN LA COP17, PERO RECONOCE BRECHAS PARA 2030
México cerró su participación en la COP17 de Biodiversidad con el compromiso de acelerar la conservación, restauración ecológica y justicia ambiental, dentro del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
La conferencia se realizó del 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia, donde las delegaciones revisaron los avances hacia las 23 metas globales establecidas para 2030.
Uno de los datos más relevantes del balance internacional es incómodo: aunque cerca del 90 por ciento de los países ha establecido metas nacionales de biodiversidad, menos de la mitad de las metas evaluadas se encuentra encaminada a su cumplimiento.
México presentó sus avances a través de sus 232 Áreas Naturales Protegidas federales y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.
También destacó la preparación del Programa Nacional de Restauración Ambiental y proyectos de financiamiento para fortalecer la conservación.
Durante la COP17 se anunciaron nuevas aportaciones por 60.22 millones de dólares al Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad. El fondo tiene programados más de 362 millones de dólares para proyectos en 87 países.
México llevó a la conferencia conceptos que resultan difíciles de discutir: justicia ambiental, participación comunitaria, derechos de pueblos indígenas y restauración.
Pero justamente ahí está la dificultad. La conservación no ocurre en las conferencias internacionales. Ocurre en las cuencas, bosques, selvas, costas y territorios donde existen conflictos por agua, tierra, infraestructura y actividades económicas.
El propio balance mundial reconoce que existen brechas importantes de financiamiento y dificultades para transformar los incentivos económicos que continúan perjudicando a la naturaleza.
La COP17 deja compromisos. El problema será convertirlos en políticas capaces de enfrentar las actividades que producen la pérdida de biodiversidad, no sólo en programas para compensarla después.
MÉXICO REPORTA 88% DE REDUCCIÓN EN CONSUMO DE HCFC Y MANTIENE META DE ELIMINACIÓN PARA 2030
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también informó que desde 2024 México aplica controles y cuotas de importación de hidrofluorocarbonos (HFC), en cumplimiento de la Enmienda de Kigali.
Los HCFC sustituyeron en buena medida a sustancias que dañaban la capa de ozono, pero también tienen impacto climático. Por eso la política internacional evolucionó hacia una segunda transición: reducir progresivamente los HFC y promover tecnologías de refrigeración con menor potencial de calentamiento global.
México reportó además la reconversión tecnológica de parte de la industria nacional de refrigeración. En 2025 concluyó la reconversión del sector de manufactura de refrigeración comercial autocontenida hacia alternativas de menor impacto climático y mayor eficiencia energética.
El avance es importante, pero la cifra de 88 por ciento también marca lo que falta.
El país tiene cuatro años para alcanzar la eliminación total de los HCFC y deberá sostener controles sobre importaciones, reconversión tecnológica y capacidad de vigilancia.
En materia ambiental, cumplir una meta internacional no depende únicamente del porcentaje anunciado en una conferencia.
La prueba está en mantener la reducción, evitar sustituciones que trasladen el problema climático a otra sustancia y garantizar que la transición tecnológica ocurra también en los sectores que tienen menos capacidad económica para reconvertirse.
