La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) rechazó enérgicamente el Plan de Acción sobre Minerales Críticos firmado entre México y Estados Unidos el 4 de febrero. La organización acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de contradecir sus propias declaraciones mientras los permisos y concesiones mineras siguen en aumento. / “El acuerdo minero con EU abre la puerta a más militarización y saqueo territorial”: REMA
“El acuerdo minero con EU abre la puerta a más militarización y saqueo territorial”: REMA
Por: en15dias.com / Con información de REMA Foto portada de nota: Adolfo Vladimir / Mina Los Filos, Guerrero.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) rechazó enérgicamente el Plan de Acción sobre Minerales Críticos firmado entre México y Estados Unidos el 4 de febrero. La organización acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de contradecir sus propias declaraciones mientras los permisos y concesiones mineras siguen en aumento.
Un documento de apenas una página que comprometia al gobierno mexicano a desarrollar un “nuevo paradigma” comercial en materia de minerales en un plazo de 60 días: ese fue el acuerdo que los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el 4 de febrero de 2026. Para la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el texto esconde una cesión de soberanía sin precedentes.
En un comunicado público difundido el 16 de febrero, la REMA denunció que el Plan de Acción Conjunta sobre Minerales Críticos no es un acuerdo entre iguales sino un instrumento de subordinación política impuesto bajo amenaza explícita de aranceles e intervenciones militares de la administración de Donald Trump.
“Este Plan profundiza la subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense. Es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos.”
— Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), comunicado del 16 de febrero de 2026
EL CONTEXTO: DISPUTA GEOESTRATÉGICA Y PRESIÓN TRUMPISTA
El acuerdo no surge en el vacío. Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha convertido el acceso a recursos minerales en un eje central de su agenda de hegemonía mundial frente a China.
La Lista de Minerales Críticos de EE.UU., actualizada en noviembre de 2025, contempla ya 60 materiales —desde litio y cobalto hasta tierras raras y minerales para tecnología militar—, y Washington ha presionado a países aliados para asegurar cadenas de suministro que considera vulnerables.
México no es el único. Acuerdos similares han sido impuestos a Australia y Canadá, países que analistas describen como dentro de la “órbita de poder” de Washington. El Plan se firmó además a pocos meses de la revisión obligatoria del T-MEC, prevista para junio de 2026, lo que añade presión negociadora sobre la parte mexicana.
El canciller Marco Ebrard anunció el acuerdo el 5 de febrero en un video difundido en redes sociales, en el que —según consignó la REMA— reconoció que no existe aún una lista definida de qué minerales se considerarán “críticos” para México. Esa ambigüedad, dice la organización, es precisamente parte del problema.
LA CRÍTICA DE FONDO: ¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN “MINERAL CRÍTICO”?
Para la REMA, el meollo del problema está en el propio concepto. La organización argumenta que la expresión “minerales críticos” es una trampa discursiva: un término con apariencia técnica pero definido en realidad por criterios políticos, sin ningún respaldo científico universal. ¿Quién decide cuáles son críticos? ¿Con qué usos y para beneficio de quién?
Según la red, el discurso ha sufrido una mutación reveladora: durante años se justificó el extractivismo minero como necesario para la transición energética. Ahora, con Trump, esa coartada verde ha sido descartada sin ningún pudor. El objetivo declarado es sostener la hegemonía industrial y militar de Estados Unidos, incluyendo su complejo de inteligencia artificial y defensa.
“La crítica de todo esto no son los minerales. Lo crítico es la situación hídrica de nuestro país, el aumento de la violencia sistémica, el fortalecimiento de políticas antiderechos. Los minerales son insumos para el despojo, la guerra y la explotación.”
— Comunicado de REMA, febrero de 2026
LO QUE DICE EL GOBIERNO Y LO QUE MUESTRAN LOS DATOS
La presidenta Claudia Sheinbaum intentó neutralizar la controversia el 9 de febrero en su conferencia mañanera. “No hay nada firmado”, afirmó, y agregó que tiene “muy claro que los recursos naturales no se entregan” y que “no vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”. La REMA respondio con números.
Con base en datos oficiales de la Gaceta Ecológica de Semarnat, la organización documentó que en 2025 esa dependencia aprobó 16 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) para trabajos de exploración minera —de modalidad regional o particular—, mientras sólo negó tres. Una proporción de más de cinco aprobadas por cada rechazo.
LAS TRES ALARMAS CONCRETAS QUE LANZA LA REMA
Proyectos prioritarios y militarización. El Plan establece que México y EE.UU. identificarán proyectos de “interés mutuo” para priorizar su financiamiento y apoyo político. Para la REMA, eso significa que, si una comunidad se opone a uno de esos proyectos, enfrentará la coerción conjunta de ambos estados: mayor militarización, criminalización de defensores territoriales y agudización de la violencia en zonas de conflicto.
Prospección coordinada y expansión territorial. El acuerdo incluye un eje de “transparencia geológica”: el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) y su par mexicano compartirán información técnica detallada sobre yacimientos. La REMA advierte que esto permitirá expandir el modelo extractivo hacia nuevos territorios, incluyendo zonas que hoy no están bajo presión minera, y fomentar procesos especulativos de alto impacto socioterritorial.
Cooperación regulatoria y erosión del principio precautorio. Al invocar la “cooperación regulatoria” —un mecanismo ya existente en el Capítulo 28 del T-MEC—, el Plan abre la puerta a la armonización de normas ambientales con el estándar estadounidense. Según el investigador Stuart Trew del Centro Canadiense para Políticas Alternativas, este tipo de cooperación siempre ha buscado reducir barreras regulatorias para facilitar el comercio, no proteger ecosistemas. La REMA teme que el principio precautorio —que obliga a no actuar ante evidencia de riesgo— sea sacrificado en cuencas hídricas, bosques y comunidades indígenas.
“Para quienes defendemos nuestros territorios, esos minerales críticos no existen por sí solos. Son parte de nuestros cerros, subsuelos, ríos, territorios y cosmovisiones. Son parte de la vida de nuestras comunidades.”
— REMA, comunicado público, febrero de 2026
ANTECEDENTES: EL PATRÓN QUE SE REPITE
La REMA enmarca el Plan dentro de una larga historia de acuerdos asimétricos entre México y sus socios comerciales. El TLCAN, firmado en 1994 y rebautizado T-MEC en 2020, es el ejemplo paradigmático: una integración económica profunda construida sobre condiciones de desigualdad estructural que, lejos de reducirse, se han acentuado.
En el sector minero específicamente, México tiene una experiencia larga y documentada con la injerencia de capitales externos —especialmente canadienses— respaldados por marcos legales que priorizan los contratos de inversión sobre los derechos de las comunidades. La novedad del Plan con EE.UU. es que formaliza la injerencia estadounidense en el diseño mismo de la política minera nacional, no solo en la operación de proyectos individuales.
En paralelo, la organización alerta sobre el contexto geopolítico en que se firma: una administración que ha llevado adelante presiones bélicas en Irán, Venezuela y Ucrania, que escala tensiones sobre Groenlandia, y que activamente mantiene el bloqueo sobre Cuba y Gaza, según advierte el comunicado.
LA DEMANDA: FRENAR LAS NEGOCIACIONES
La postura de la REMA es clara: exige que el gobierno mexicano cancele las negociaciones en curso. Para la organización, el Plan no tiene reparación técnica posible, porque su problema es estructural: nace de una relación de subordinación y sirve a intereses que son incompatibles con los derechos de los pueblos.
El plazo de 60 días que México aceptó para desarrollar su propuesta vence en torno al 4 de abril de 2026. Organizaciones de derechos territoriales y comunidades afectadas por la minería ya anunciaron que ese periodo será de movilización y vigilancia.
