CartoCrítica reconstruye la geografía oculta del fracking en México y documenta que 6 millones de personas viven bajo la sombra de una industria que el Estado se niega a cartografiar/ Fracking sin coordenadas públicas: la amenaza que México no puede ver en el mapa
Fracking sin coordenadas públicas: la amenaza que México no puede ver en el mapa
Por: en15dias.com / Con información de Fracking sin coordenadas públicas. CartoCrítica, A.C.
En junio de 2026, la organización civil CartoCrítica presentó en conferencia de prensa un hallazgo que pone en entredicho la manera en que México discute uno de los temas energéticos más controvertidos de la última década: el fracking.
El problema, según la organización, no es solo si esta técnica debe autorizarse o prohibirse, sino que la discusión pública ha ocurrido durante años sin que nadie ni comunidades, ni ejidos, ni autoridades locales sepa con precisión dónde ocurriría.
El informe, titulado Fracking sin coordenadas públicas: Reconstrucción de la geografía de los hidrocarburos no convencionales en México, firmado por Manuel Llano Vázquez Prada, José Rafael Flores Hernández y Carla Flores Lot, documenta que las poblaciones potencialmente afectadas «han sido colocadas ante una amenaza sin coordenadas suficientes.»
EL VACÍO DE INFORMACIÓN QUE ORIGINÓ LA INVESTIGACIÓN
La pieza central del reportaje es una denuncia sobre opacidad institucional. Según el documento, la última información pública con un nivel significativo de detalle sobre áreas, bloques y recursos no convencionales “dejó de actualizarse alrededor de 2018”.
El vacío se agravó en 2024, cuando, ante una solicitud de acceso a la información sobre la ubicación de hidrocarburos no convencionales, la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos respondió que se trataba de información reservada, pese a que, señala el informe, “parte de esa información ya había sido pública”.
Los autores son categóricos sobre las implicaciones de esta reserva de información: “el fracking es una actividad con impactos profundamente locales”, pero la información oficial disponible “se volvió cada vez más general, fragmentaria y difícil de consultar”.
Para resolver ese vacío, CartoCrítica revisó de forma sistemática información dispersa publicada desde 2012 por Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, atlas geológicos, planes, informes, presentaciones, asignaciones, contratos y pozos exploratorios, y con ella reconstruyó una cartografía inédita.
Los propios autores advierten sobre los límites de su ejercicio: los mapas “no sustituyen la obligación del Estado de publicar información completa, actualizada y verificable”, ni deben leerse “como una delimitación definitiva de proyectos autorizados”.
Su función, subrayan, es más urgente: servir como herramienta pública frente a la posibilidad de un “fracking sorpresa”, es decir, de proyectos que avancen sin información suficiente sobre su ubicación y alcance territorial.
UNA AMENAZA DE ESCALA NACIONAL
Los números que arroja la reconstrucción cartográfica dimensionan un problema que, según el reporte, no ha sido comunicado con claridad a la opinión pública.
Las áreas con interés en hidrocarburos no convencionales suman 7.77 millones de hectáreas, distribuidas en siete entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y concentradas en tres provincias petroleras: Sabinas-Burro Picachos, Burgos y Tampico-Misantla.
Bajo un escenario metodológico que asume la recuperación de solo el 10% de los recursos prospectivos, lo que los autores describen como “un supuesto conservador ante la ausencia de factores de recuperación oficiales”, el estudio calcula que se requerirían:
- 25,638 pozos a perforar
- 1,923 millones de m³ de agua dulce, equivalentes a unos 192 millones de pipas de 10,000 litros
- 358,929 millones de dólares de inversión
A cambio de ese esfuerzo, el documento sostiene que el país obtendría apenas 5.9 años de consumo nacional de petróleo y 3.7 años de consumo nacional de gas. Es, en palabras del propio reporte, “un esfuerzo enorme para un beneficio efímero”.
EL AGUA, EL LÍMITE QUE NO PERDONA
Ningún hallazgo del informe es tan contundente como el que vincula al fracking con la crisis hídrica. El documento afirma que “8 de cada 10 litros” que necesitaría el fracking “caerían en regiones donde el agua ya está en grave riesgo”.
Específicamente, 18.6% del agua requerida recaería en cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual, y 65.1% se ubicaría en zonas donde la actividad consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible.
A escala nacional, el 37% de la superficie de interés no convencional presenta ya estrés hídrico alto o extremo, una cifra que, bajo el escenario tendencial, treparía a 46% para 2050.
Uno de los ejes argumentativos más fuertes del informe es que el fracking “no cruzaría un territorio vacío”.
Al aplicar un radio de impacto de 15 kilómetros alrededor de las zonas de interés, criterio que los autores justifican con literatura científica sobre contaminación de aguas superficiales, sismicidad inducida y riesgos a la salud, CartoCrítica estima que 6,087,026 personas habitan dentro de las áreas no convencionales o en su zona de influencia.
Entre esa población, el reporte detalla:
- 877,193 hablantes de lengua indígena (teenek, nahua, otomí, tepehua, totonaco y el pueblo Kikapú)
- 1,254,268 personas sin derechohabiencia a servicios de salud
- 1,537,539 mujeres en edad reproductiva y 591,534 niñas y niños en primera infancia, grupos que el informe señala como los más vulnerables a los «disruptores endócrinos» asociados a la técnica
- 152,557 viviendas sin agua entubada y 200,100 sin drenaje
Respecto a la tenencia de la tierra, el 28% del área de interés
- 2,405 ejidos y bienes comunales es propiedad social.
El informe advierte que esto implicaría “negociaciones, ocupaciones, servidumbres, infraestructura, tránsito pesado y disputas potenciales por agua, tierra, compensaciones y control territorial”.
TRES CRISIS DISTINTAS
El informe organiza su análisis territorial en tres fichas regionales, cada una con un diagnóstico propio:
Sabinas-Burro Picachos, en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es descrita como “el agua que no existe”. Aquí, el 100% del agua requerida por el fracking recaería en acuíferos sin disponibilidad actual, y el 83% de la superficie ya sufre estrés hídrico alto o extremo.
El informe plantea la pregunta que resume esta provincia: “cómo sostener una actividad intensiva en agua sobre acuíferos en declive y territorios que ya enfrentan estrés hídrico alto o extremo”.
Burgos, que abarca zonas de Nuevo León y Tamaulipas, es caracterizada como “una población rural dispersa”.
El riesgo, señala el documento, es que “2,651 localidades rurales cargarían con la industria» en una región donde faltan agua entubada y drenaje, lo que compromete «la capacidad de responder a un derrame o a la contaminación”.
Tampico-Misantla, la de mayor escala, se extiende desde el sur de Tamaulipas hasta la Sierra Norte de Puebla. Es descrita como “un denso mosaico agrario e indígena”: cualquier desarrollo aquí ocuparía 2,081 ejidos y bienes comunales y cruzaría territorios teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco, lo que el informe cataloga no como “un trámite administrativo”, sino como «una alteración permanente de la continuidad territorial y la vida colectiva”.
Esta provincia por sí sola requeriría 21,611 pozos y una inversión de 302,556 millones de dólares. Casi diez veces el presupuesto anual de Pemex.
EVIDENCIA INTERNACIONAL: LOS RIESGOS NO SON HIPOTÉTICOS
El reporte dedica un capítulo completo a sistematizar evidencia científica documentada en Estados Unidos y Canadá, presentándola como prueba de que los riesgos del fracking son “inherentes a la técnica” y no producto de fallas regulatorias aisladas.
Entre los hallazgos citados: en Estados Unidos “más del 40% de los pozos presentan fallas de integridad”; en Pensilvania se documentaron 243 fuentes de agua contaminadas en siete años; en Dakota del Norte, casi 4,000 derrames de salmuera en el mismo periodo; y en Oklahoma la actividad sísmica se multiplicó “900 veces” desde 2008, con sismos de magnitud 5.8.
En materia de salud, el informe cita un estudio en Ohio, con casi un millón de nacimientos analizados, que documentó una asociación entre la cercanía a pozos de fracking y un mayor riesgo de defectos congénitos.
LA LECCIÓN QUE MÉXICO YA VIVIÓ: CHICONTEPEC
Quizás el pasaje más incisivo del documento es el que recurre a la propia experiencia mexicana para cuestionar la viabilidad productiva del fracking.
Citando a Gustavo Hernández, ex director de reservas en Pemex Exploración y Producción, el informe reproduce una comparación reveladora sobre la productividad de los yacimientos no convencionales: “Un solo pozo en el mar te da 3,000 barriles diarios. Uno de Chicontepec te da 30”.
Para los autores, ese antecedente de los 2,790 pozos en Chicontepec produciendo apenas 80 mil barriles diarios, frente a 200 pozos en Cantarell generando 200 mil constituye, en sus palabras, “una prueba de que la apuesta por el fracking no necesariamente funciona”.
UNA DEPENDENCIA SIN VUELTA ATRÁS
El informe advierte además sobre un riesgo estructural poco discutido: la naturaleza misma de los pozos de fracking, que “declinan de forma acelerada”, hasta 50% de caída en producción durante el primer año, obligaría a perforar de manera continua para sostener cualquier nivel de producción.
Esto, sostiene el documento, “genera dependencia de capital y tecnología” y “reduce los incentivos del Estado para interferir, regular y proteger el ambiente”. Si la perforación se detuviera, advierten los autores, “la producción colapsa en pocos años”.
El documento cierra con una afirmación que resume su tesis central: discutir el fracking sin mostrar dónde ocurriría “es una negligencia del Estado”. Y remata: “el problema ya no es la falta de información, sino la falta de consecuencias”.
