La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (ReNaCER) respalda la lucha que desde 2013 sostienen pescadores, colectivos ambientales y pueblos originarios contra la instalación de plantas de amoniaco y metanol en un humedal protegido por la Convención Ramsar. / ReNaCER exige la cancelación definitiva del corredor petroquímico en la Bahía de Ohuira, Topolobampo
ReNaCER exige la cancelación definitiva del corredor petroquímico en la Bahía de Ohuira, Topolobampo
Por: en15dias.com / Con información de Pronunciamiento #27/07/2026 de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (ReNaCER)
La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (ReNaCER) exigió al gobierno federal la cancelación definitiva de los proyectos petroquímicos de alto riesgo proyectados para la Bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, Sinaloa, al considerar que su instalación pondría en riesgo la salud, la actividad pesquera y el equilibrio ecológico de un sitio declarado humedal de importancia internacional.
En un pronunciamiento fechado el 27 de julio, la organización, integrada por comunidades de distintas regiones del país que dicen haber padecido daños a la salud por contaminación industrial, se sumó a la resistencia que desde 2013 mantienen las comunidades de la bahía y el Colectivo Ecológico ¡Aquí No! frente al proyecto conocido como Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Topolobampo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2026.
UN CORREDOR INDUSTRIAL SOBRE UN SITIO RAMSAR
La Bahía de Ohuira forma parte del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, designación que, de acuerdo con el convenio internacional vigente, obliga a los países miembros a proteger este tipo de ecosistemas.
Sobre ese humedal, del que dependen actividades pesqueras tradicionales, manglares y aves migratorias, el gobierno federal impulsa la instalación de una planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman, además de una planta de metanol de la firma Mexinol, junto con gasoductos y la infraestructura asociada al manejo de combustibles fósiles.
La organización sostiene que el proyecto responde a una lógica de agroindustria de exportación y no a la soberanía alimentaria que las autoridades federales han enarbolado como justificación. Cita como respaldo la propia declaratoria del polo de desarrollo, que reconoce que la iniciativa busca impulsar la agroindustria de exportación apoyada en el puerto, la carretera 22 y la red ferroviaria de la región.
RIESGOS DOCUMENTADOS POR LA PROPIA EMPRESA
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento son los riesgos de accidente que, según ReNaCER, reconoce la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por GPO. El documento admite que la fabricación de amoniaco implica riesgos de fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones, y que en caso de un escape masivo se generaría una nube tóxica capaz de extenderse por toda la bahía.
El Estudio de Riesgo Ambiental de la empresa, citado en el pronunciamiento, plantea el escenario de una fuga de cinco minutos por ruptura del amonioducto, derivada, por ejemplo, del impacto de un vehículo, que convertiría a la totalidad de la bahía en zona de alto riesgo. El mismo estudio reconoce la posibilidad de un evento de fuga a lo largo de los tres kilómetros de ducto proyectado, o en el muelle de descarga de Pemex hacia los buques tanque.
Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional en Sinaloa, ha señalado, de acuerdo con lo recogido en el documento, que las afectaciones por un eventual accidente en la planta podrían alcanzar al menos 14 kilómetros a la redonda, con impactos irreparables en comunidades cercanas e incluso en zonas urbanas como Los Mochis, dependiendo de las condiciones del viento.
Las localidades identificadas como vulnerables ante un eventual accidente incluyen Topolobampo, Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Los Mochis.
ANTECEDENTES DE FUGAS DE AMONIACO EN MÉXICO
El pronunciamiento recupera cifras del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (COATEA), que registró 383 incidentes por amoniaco en el país entre 2000 y 2019, un promedio de 20 al año, concentrados en 13 entidades.
Como antecedente más grave menciona la fuga ocurrida en 2013 en un ducto de Pemex en Oaxaca, dañado por maquinaria de una empresa privada, que dejó tres personas fallecidas, decenas de intoxicados y la evacuación de 1,500 personas.
La organización también documenta episodios más recientes en el complejo petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz: explosiones y emanaciones de humo en 2021 que obligaron al Ejército mexicano a aplicar el Plan DN-III, y, en enero de este año, la evacuación de más de 50 personas en un radio de 1.5 kilómetros por una intoxicación, además de un incendio registrado en mayo en la planta de fertilizantes del mismo complejo.
Para ReNaCER, el argumento de que el polo industrial garantizará la soberanía alimentaria del país no se sostiene. El pronunciamiento señala que la producción agroindustrial que se busca fortalecer en la región está orientada a la exportación, y que estudios académicos ya han documentado niveles críticos de contaminación en el Valle de Ahome por el uso de fertilizantes y agroquímicos que llegan hasta la bahía por vía fluvial y atmosférica.
Pescadores locales y cooperativas pesqueras, acompañados de personas investigadoras que han estudiado la zona, advierten que la operación de la planta de amoniaco, por la succión y descarga de agua y los cambios de temperatura que provocaría, podría destruir larvas de camarón y contaminar peces y otras especies marinas, afectando a más de 3,500 familias que dependen de la biodiversidad de la bahía.
LAS EXIGENCIAS DE LA RED
La ReNaCER planteó ocho demandas concretas al gobierno federal: la cancelación definitiva de los proyectos petroquímicos de alto riesgo en la Bahía de Ohuira y su zona de influencia; el respeto irrestricto al derecho humano a un medio ambiente sano; el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con los pueblos indígenas Mayo-Yoreme; la protección integral del sitio Ramsar; transparencia en los procesos de evaluación ambiental, social y sanitaria; estudios independientes y acumulativos sobre los impactos de los proyectos existentes y proyectados; la aplicación del principio precautorio; y una legislación adecuada sobre uso, producción, distribución y prohibición de fertilizantes y agrotóxicos.
La organización, que es una articulación de comunidades de distintas regiones del país afectadas por contaminación industrial, cerró su pronunciamiento con una consigna: “decimos ¡Aquí no! a la petroquímica”.
