Los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron que el Gobierno Federal y Grupo México buscan cerrar el caso del Fideicomiso Río Sonora mediante acuerdos opacos y sin cumplir la sentencia de la SCJN, mientras persisten la contaminación y las afectaciones a las comunidades. / Gobierno Federal y Grupo México buscan cerrar caso del Río Sonora sin cumplir sentencia de la SCJN
Gobierno Federal y Grupo México buscan cerrar caso del Río Sonora sin cumplir sentencia de la SCJN
Por: en15dias.com / Con información de Comités de Cuenca Río Sonora
19 de mayo de 2026
A casi doce años del derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) denunciaron que el Gobierno Federal y Grupo México buscan cerrar judicialmente el caso del Fideicomiso Río Sonora sin garantizar una reparación integral del daño ambiental y social, y sin cumplir plenamente la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un comunicado difundido este 19 de mayo de 2026, los CCRS advirtieron que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, resolverá en los próximos días si el caso se declara “cumplido” con base en un convenio cuyos contenidos no han sido transparentados a las comunidades afectadas.
“El Juez Rivera González resolverá en los próximos días si se cierra el caso, basándose en un convenio que el propio gobierno dice que no existe”, señalaron los comités en el encabezado del pronunciamiento.
Las organizaciones sostuvieron que tanto el Gobierno Federal como Grupo México han impulsado “acuerdos opacos” y “negociados a puerta cerrada”, pese a que las comunidades afectadas solicitaron conocer el convenio mediante mecanismos de transparencia y recibieron como respuesta oficial que dicho documento no existía.
Sin embargo, denunciaron que “Grupo México ya transfirió 500 millones de pesos en el marco de ese acuerdo”, lo que —afirman— evidencia contradicciones en la actuación gubernamental.
Persisten contaminación y afectaciones
Los CCRS aseguraron que, a más de una década del derrame ocurrido en 2014 por parte de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, las afectaciones ambientales y sociales continúan sin resolverse.
“A casi doce años del peor desastre minero en la historia de México, el Río Sonora sigue contaminado, las comunidades afectadas siguen sin agua potable segura, y Grupo México sigue sin reparar el daño que causó”, expusieron.
En el comunicado, los habitantes de la cuenca insistieron en que la reparación no puede darse por concluida mientras persista la contaminación y no exista participación efectiva de las comunidades en las decisiones relacionadas con la remediación ambiental.
“La SCJN ordenó participación comunitaria, no negociaciones en secreto: no se puede declarar reparado un río que sigue contaminado ni cerrar un caso donde las comunidades somos excluidas sistemáticamente de las decisiones sobre reparación”, subrayaron.
Sentencia histórica de la Suprema Corte
Los comités recordaron que en enero de 2020 la Suprema Corte emitió una sentencia considerada histórica, en la que reconoció el derecho de las comunidades afectadas a participar activamente en los mecanismos de reparación derivados del desastre ambiental.
“La SCJN fue clara: las comunidades afectadas deben ser informadas, escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones relacionadas con la remediación ambiental, la salud y el acceso al agua”, cita el comunicado.
No obstante, denunciaron que el posible cierre judicial del caso estaría ignorando esa resolución y validando un esquema de simulación institucional.
“El juez se encuentra ante dos caminos: el formalismo estéril, que declara cumplida la sentencia con base en la simple existencia de un convenio firmado a puerta cerrada y con cláusulas opacas (…) o bien mantener abierto el caso para garantizar que los derechos a la salud, al agua limpia y a un ambiente sano de las comunidades sean restituidos de forma integral”, advirtieron.
Reclaman transparencia y garantías financieras
Entre las principales preocupaciones expresadas por los CCRS destaca la falta de transparencia sobre el nuevo acuerdo entre el gobierno y la empresa minera.
“El caso pretende cerrarse mediante un nuevo convenio cuyo contenido e implicaciones no han sido transparentados con las comunidades afectadas”, señalaron.
Además, denunciaron que el acuerdo “carece de mecanismos obligatorios y de garantías presupuestarias en caso de que los fondos de la empresa sean insuficientes”.
También cuestionaron la opacidad en torno al manejo de los recursos del Fideicomiso Río Sonora, mecanismo creado en 2014 para atender los daños ocasionados por el derrame.
Según el comunicado, “el destino y uso de los recursos del Fideicomiso Río Sonora siguen bajo absoluta opacidad institucional, lo cual viola el derecho a la verdad y no repetición”.
Piden mantener abierto el caso
Los Comités hicieron un llamado directo al juez Rivera González para rechazar el cierre del expediente y mantener abierta la ejecución judicial hasta garantizar una reparación integral.
“El Tribunal debe mantener abierta la ejecución para asegurar que existan partidas financieras líquidas y exigibles para la salud y remediación del Río Sonora”, demandaron.
Asimismo, señalaron que la decisión del Poder Judicial tendrá implicaciones para futuros casos de justicia ambiental en México.
“La decisión del juez Rivera González definirá si la justicia ambiental en México es real o solo una promesa”, expresaron.
Finalmente, advirtieron que cerrar el caso en las condiciones actuales “institucionalizaría la impunidad de Grupo México” y enviaría el mensaje de que las empresas responsables de daños ambientales pueden evadir sus obligaciones.
