El Gobierno de México presentó una iniciativa para sustituir la LGEEPA, vigente desde 1988. La propuesta incorpora restauración ecológica, participación ciudadana, protección de defensores ambientales y los principios del Acuerdo de Escazú. El texto aún no llega al Congreso. / Semarnat presenta iniciativa para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988
Semarnat presenta iniciativa para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988
Por: en15dias.com / Con información de Gobierno de México
26 de agosto de 2026
El Gobierno de México anunció este miércoles 26 de agosto, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la norma que rige la política ambiental del país desde 1988.
La propuesta fue presentada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de su envío formal al Poder Legislativo, donde se contempla abrir un proceso de parlamento abierto previo a su discusión.
Al tomar la palabra, la secretaria calificó el anuncio como un momento decisivo para la política ambiental del país. “Estamos aquí en un día que va a ser histórico”, señaló antes de precisar que el tema ya no puede tratarse como un asunto marginal, pues “el tema ambiental no es un asunto solo de especialistas ni secundario”.
En la página de la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria se subió el documento de la propuesta el 18 de agosto de 2026.
POR QUÉ SE ACTUALIZA UNA LEY DE CASI 40 AÑOS
Alicia Bárcena explicó que la legislación vigente fue diseñada en un contexto radicalmente distinto al actual. No contemplaba fenómenos que hoy son centrales en la agenda ambiental global, como el cambio climático, cuyo marco internacional nace en la Cumbre de Río de 1992, cuatro años después de promulgada la ley mexicana, ni la restauración ecológica, hoy eje de la década declarada por Naciones Unidas para este propósito.
La funcionaria fue enfática en que la norma de 1988 nunca incorporó los conceptos de restauración, reparación ni remediación de daños ambientales, un vacío que la nueva iniciativa busca cerrar de manera explícita. “Han pasado 40 años”, subrayó, al justificar la necesidad de una legislación con una visión distinta.
La secretaria enmarcó la propuesta como resultado de una nueva relación de justicia ambiental entre el Estado, el pueblo de México y su patrimonio natural, y sostuvo que la actualización responde a tres tipos de desafíos: la aparición de problemáticas ambientales inéditas (cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación de océanos y costas); la necesidad de dotar a la ley de herramientas más novedosas para atender esos retos; y la posibilidad de dar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones, que es donde con frecuencia se generan conflictos socioambientales.
LOS DIEZ PRINCIPIOS DE LA INICIATIVA
De acuerdo con la exposición de Alicia Bárcena, la propuesta se sostiene en diez principios rectores.
- El patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar donde la funcionaria lo equiparó a una infraestructura tan esencial como la de carreteras o comunicaciones.
- No puede haber justicia social sin justicia ambiental, principio que Bárcena resumió de forma tajante: “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, y que vinculó con casos como el del Río Sonora.
- Enfoque preventivo: priorizar la prevención de daños ambientales por encima de su reparación posterior, aunque esta última se mantiene contemplada.
- Conservación y restauración con visión de futuro, como base para la construcción de desarrollo a largo plazo.
- Sustento científico y técnico para respaldar toda acción ambiental, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En este punto, Bárcena fue enfática al señalar que “no podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”.
- Gestión territorial participativa, con ordenamiento del territorio hecho de la mano de las comunidades y con visión de largo plazo.
- Fomento de una cultura ambiental ciudadana, para transitar de una economía que desecha a una que aprovecha.
- Protección de defensores ambientales, para quienes se crea un capítulo específico dentro de la ley.
- Protección del patrimonio biocultural como responsabilidad compartida entre autoridades, comunidades y sector privado.
- Reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como complemento, no sustituto, del conocimiento científico.
Al explicar el cambio de enfoque respecto a la conservación tradicional, la secretaria contrastó el modelo anterior con el que propone la nueva ley. «Ahora lo hacemos con la participación de la gente”, afirmó, tras recordar que antes se protegían áreas naturales “sin la gente”.
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS NUEVOS
La iniciativa incorpora una serie de herramientas ausentes en la ley de 1988. En primera instancia, la evaluación estratégica de impacto ambiental. Permitirá analizar proyectos de gran escala de manera integral y regional, en lugar de tramo por tramo, para evitar que obras vinculadas entre sí se evalúen por separado y eludan así un análisis conjunto de sus impactos acumulados.
También dentro del programa de restauración ecológica y que actualmente es inexistente en la norma vigente se encuentra el pago por servicios ambientales, esquema mediante el cual se compensa económicamente a comunidades y ejidos por conservar o reforestar bosques, selvas y manglares.
Los recursos provienen de un fondo forestal que se nutre de las compensaciones derivadas de cambios de uso de suelo, y la dependencia trabaja para vincular este mecanismo con el programa Sembrando Vida.
Otro tema que se va a ongresar en la nueva ley son los mecanismos de autorregulación empresarial, con sellos o certificaciones para empresas que cumplan su licencia ambiental única, combinados con inspecciones aleatorias en lugar de revisiones caso por caso.
También se dará mayor certeza jurídica en la distribución de competencias entre municipios, estados y Federación. Los ayuntamientos conservarán la facultad de emitir sus programas de desarrollo urbano, pero sujetos al aval previo de la Semarnat cuando impliquen modificaciones en zonas con ordenamiento ecológico ya establecido.
La propuesta también hará un reforzamiento del acceso a la información y a la justicia ambiental, con publicación semanal en la Gaceta Ecológica de todos los proyectos evaluados por la dependencia y posibilidad ciudadana de solicitar consulta pública, con periodos de 30 a 60 días para recibir comentarios.
Como referencia de la magnitud de participación que puede generar este mecanismo, Bárcena citó el caso de la manifestación de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Manzanillo, que recibió alrededor de 14 mil comentarios ciudadanos.
EL ACUERDO DE ESCAZÚ COMO “COLUMNA VERTEBRAL”
La secretaria detalló que la propuesta incorpora de manera integral los tres principios del Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre democracia ambiental que México ha suscrito el acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Al respecto, fue clara sobre el peso que este acuerdo tiene en el nuevo marco legal, “incorpora todo lo que es el acuerdo de Escazú”, explicó.
Bajo este enfoque, todos los proyectos que la Semarnat evalúe tendrán, en principio, derecho a ser sometidos a consulta pública si la ciudadanía así lo solicita.
UN ENFOQUE «PROPOSITIVO» ANTES QUE PUNITIVO
Bárcena insistió en que la filosofía de la ley no es sancionadora sino preventiva: busca que quienes impulsan grandes proyectos realicen evaluaciones estratégicas ambientales antes de iniciar obras, en lugar de que la autoridad actúe únicamente después de que ocurre un daño. Ella misma resumió esta lógica con una frase que definió el tono de toda su exposición: “más que sanciones, más que ser punitivos, queremos ser propositivos”.
La funcionaria lo describió como pasar de un modelo centrado en la multa a uno centrado en la corrección y la restauración efectiva del daño causado.
VÍNCULOS CON OTRAS NORMAS EN DESARROLLO
La iniciativa no se presenta de forma aislada. Bárcena precisó que se articulará con La Ley de Bienestar Animal, que la Semarnat elabora por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum.
Además la Ley de Economía Circular, orientada a establecer la responsabilidad extendida del productor en el manejo de residuos como plásticos de un solo uso, tetrapak, llantas, de modo que las empresas que fabrican estos productos asuman parte de la responsabilidad sobre su disposición final, y no únicamente el consumidor.
De acuerdo con la titular de Semarnat, la iniciativa fue consultada con el Consejo Coordinador Empresarial y con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de donde se recogieron aportaciones para ampliar los esquemas de autorregulación empresarial.
La dependencia adelantó que trabajará de forma diferenciada con sectores específicos, industria química, industria hulera (por el manejo de las cerca de 40 millones de llantas de desecho que se generan en el país) y energías renovables, cada uno con esquemas normativos adaptados a sus particularidades operativas.
En el ámbito científico, Bárcena describió una colaboración permanente con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para incorporar evidencia técnica en temas como el sargazo, los minerales críticos y la contaminación por plásticos, incluido un observatorio interinstitucional, con participación de universidades como la Universidad Veracruzana, que da seguimiento cada quince días al estado del Golfo de México.
Al concluir su intervención, Alicia Bárcena enmarcó la iniciativa como el cumplimiento de una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, retomando la idea de que “el desarrollo y el bienestar del pueblo” solo pueden sostenerse “con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”.
Cerró su presentación con un balance sobre el alcance histórico de la reforma “va a ser una ley importantísima para todos después de 40 años”, afirmó.
