El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) afirmó que más de 20 comunidades originarias han sufrido ataques armados en los últimos cuatro años y que alrededor de 20 integrantes de las Rondas Comunales han sido asesinados por defender sus territorios. / Consejo Supremo Indígena de Michoacán denuncia inseguridad, impunidad y una simulación de consulta
Consejo Supremo Indígena de Michoacán denuncia inseguridad, impunidad y una simulación de consulta
Por: en15dias.com / Con información de Consejo Supremo Indígena de Michoacán
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) afirmó que más de 20 comunidades originarias han sufrido ataques armados en los últimos cuatro años y que alrededor de 20 integrantes de las Rondas Comunales han sido asesinados por defender sus territorios.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán denunciaron que la inseguridad, la impunidad y la falta de reconocimiento efectivo de sus derechos colectivos continúan formando parte de la realidad que enfrentan los pueblos originarios de la entidad.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organización que se reivindica como un consejo libre y autónomo de los pueblos originarios, sostuvo que durante los últimos cuatro años las comunidades han sido víctimas de más de 20 ataques armados atribuidos al crimen organizado.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por el organismo, alrededor de 20 integrantes de las Rondas Comunales, entre cuerpos de seguridad y organización comunitaria de los pueblos originarios, han sido asesinados en el mismo periodo por defender sus territorios.
A estos hechos, el CSIM agregó un registro histórico de más de 70 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra autoridades tradicionales y luchadores sociales, quienes, según el organismo, han sido víctimas por participar en la defensa de sus comunidades, bosques y derechos colectivos.
Pavel Guzmán Macario, vocero del CSIM, sostuvo que estos hechos contradicen el discurso oficial sobre la situación de los pueblos indígenas y los programas gubernamentales implementados para atender sus demandas.
“Michoacán es un laboratorio de cinco planes de justicia”, afirmó, para posteriormente señalar que, pese a estos programas, la impunidad continúa siendo una constante.
“Nuestros pueblos sobreviven entre la simulación, la inseguridad y la injusticia”, expresó.
INSEGURIDAD FRENTE A LA RESPUESTA DEL ESTADO
Uno de los principales señalamientos del CSIM está relacionado con lo que considera una respuesta diferenciada del Gobierno Federal frente a los problemas que afectan a las comunidades indígenas y aquellos que impactan a la actividad económica del estado.
El organismo puso como ejemplo la suspensión temporal de exportaciones de aguacate derivada de una alerta de seguridad. Según su posicionamiento, ante esa situación el Gobierno Federal envió a Michoacán cientos de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para atender de manera inmediata el problema.
En contraste, afirmó que alrededor de 120 comunidades solicitaron desde hace casi un año una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para exponer la crisis de inseguridad que enfrentan, sin que hasta ahora hayan sido atendidas.
“Para el Estado mexicano es más importante la venta de aguacate que la vida de los habitantes de los pueblos indígenas”, sostuvo el Consejo.
La organización consideró que esta situación evidencia una contradicción entre las prioridades económicas y la protección de las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan actividades productivas y extractivas.
“Hoy por hoy, uno de los principales problemas que padecen nuestros pueblos es la dualidad de inseguridad e injusticia”, señaló el CSIM.
Para las comunidades que integran el Consejo, el problema no se limita a la presencia del crimen organizado. También incluye, sostienen, la falta de respuesta institucional frente a las agresiones y la ausencia de justicia para las víctimas.
RONDAS COMUNALES, EN MEDIO DE LA DISPUTA TERRITORIAL
Las Rondas Comunales constituyen uno de los mecanismos mediante los cuales distintas comunidades indígenas han organizado históricamente tareas de seguridad, vigilancia y defensa territorial.
El CSIM sostiene que varios de sus integrantes han sido asesinados precisamente por desempeñar estas funciones y defender los bienes comunes de sus comunidades.
La organización relaciona estas agresiones con conflictos territoriales y con la defensa de bosques, recursos naturales y formas comunitarias de organización.
En su pronunciamiento, el Consejo ubica la violencia contra autoridades tradicionales y defensores comunitarios dentro de un proceso más amplio de confrontación por el control de los territorios.
El organismo sostiene que los más de 70 casos que identifica históricamente entre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales representan una deuda pendiente de las instituciones de procuración y administración de justicia.
CUESTIONAN CONSULTA SOBRE DERECHOS INDÍGENAS
El segundo eje del posicionamiento del CSIM corresponde al proceso de consulta que actualmente involucra a pueblos y comunidades indígenas.
Las comunidades calificaron el procedimiento como una “simulación de consulta”, al considerar que no cumple con las condiciones que deberían garantizar una participación efectiva de los pueblos originarios.
Uno de sus principales cuestionamientos es el tiempo disponible para revisar la propuesta legislativa.
De acuerdo con el CSIM, se pretende consultar un documento integrado por 453 artículos entre más de 16 mil pueblos en un periodo de 37 días.
Para el organismo, ese plazo resulta insuficiente para que las comunidades conozcan, analicen y discutan de manera adecuada el contenido de la legislación.
A ello se suma, señalaron, que la consulta no tendría carácter vinculante, por lo que las opiniones expresadas por las comunidades podrían terminar convertidas únicamente en observaciones y recomendaciones.
El Consejo cuestionó también la manera en que se está proporcionando la información.
Como ejemplo, afirmó que en Michoacán personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) presenta en algunas comunidades el contenido completo de la propuesta durante sesiones de aproximadamente dos horas.
Para el CSIM, esta dinámica no permite una deliberación comunitaria suficiente sobre disposiciones que pueden modificar derechos y obligaciones relacionados con los pueblos originarios.
LA ASAMBLEA COMUNITARIA, CENTRO DE LA CONSULTA
Otro de los cuestionamientos se refiere al mecanismo mediante el cual se desarrolla la consulta.
El Consejo sostiene que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus asambleas generales, debido a que estas constituyen la máxima autoridad comunitaria en sus sistemas de organización.
Por ello, considera insuficiente la realización de foros regionales para cumplir con una consulta que, desde su perspectiva, debería garantizar la participación directa de cada comunidad.
El CSIM también denunció que el procedimiento puede resultar discriminatorio debido a que existen comunidades que no aparecen dentro del Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del INPI.
Según el organismo, esta situación podría dejar fuera del proceso a cientos de comunidades originarias.
La crítica, por tanto, no se limita al contenido de la legislación que está siendo consultada, sino a las condiciones bajo las cuales se desarrolla el propio proceso de participación.
El Consejo consideró que una consulta efectiva debe ser previa, informada, culturalmente adecuada y realizada mediante los mecanismos de decisión propios de cada pueblo.
CINCO PLANES DE JUSTICIA Y UNA DEUDA PENDIENTE
El posicionamiento del CSIM también cuestionó la política gubernamental de los llamados planes de justicia para los pueblos indígenas.
Michoacán, señaló Pavel Guzmán, se ha convertido en un espacio donde se implementan cinco de estos planes; sin embargo, la existencia de programas gubernamentales no se ha traducido, desde la perspectiva de las comunidades, en una reducción de la violencia ni en el esclarecimiento de las agresiones contra autoridades y defensores comunitarios.
Para el dirigente indígena, existe una distancia entre el discurso institucional sobre reconocimiento de derechos y las condiciones que enfrentan las comunidades en sus territorios.
La organización considera que los planes de justicia deben traducirse en medidas concretas de protección, seguridad, justicia y garantía de los derechos colectivos, y no únicamente en acuerdos, reuniones o programas institucionales.
SEGURIDAD, AUTONOMÍA Y TERRITORIO
Las denuncias del CSIM colocan nuevamente en el centro de la discusión la relación entre seguridad, territorio y autonomía indígena en Michoacán.
La organización sostiene que las agresiones contra las comunidades no pueden entenderse únicamente como hechos aislados de violencia, sino dentro de conflictos relacionados con la defensa de los bosques, los territorios y los sistemas de organización comunitaria.
En ese contexto, las Rondas Comunales, las autoridades tradicionales y las asambleas comunitarias representan para los pueblos una estructura de defensa y toma de decisiones que el Estado, sostienen, debe reconocer y garantizar.
El reclamo de las comunidades también apunta hacia la necesidad de que las políticas públicas de seguridad y justicia atiendan las condiciones particulares de los territorios indígenas.
Para el CSIM, mientras las comunidades continúen enfrentando ataques, asesinatos, desapariciones y falta de respuesta institucional, los discursos sobre reconocimiento de los derechos indígenas permanecerán alejados de la realidad cotidiana.
En su pronunciamiento por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo resumió su posición en una idea: los pueblos no consideran que exista una razón para celebrar mientras persistan la inseguridad, la impunidad y la simulación institucional.
La fecha, para las comunidades que integran el CSIM, es una oportunidad para volver a colocar sobre la mesa las demandas históricas de autonomía, justicia y defensa territorial.
