El Gobierno de Morelia revocó el permiso para las corridas de toros del 30 de septiembre, tras resolución judicial que confirma la ilegalidad del evento. Organizaciones y activistas por los derechos de los animales destacaron la importancia de respetar la legislación y proteger la vida animal.
Gobierno de Morelia revoca permiso para corridas de toros del 30 de septiembre
Texto y Fotos Itzel Muñoz Mora
en15dias.com
El Gobierno de Morelia se vio obligado a revocar el permiso otorgado para las corridas de toros programadas el 30 de septiembre, luego de que una resolución judicial dejara sin sustento jurídico la autorización.
Esta mañana se emitió la resolución del amparo 705/2025, que aclaró que la prohibición de las corridas de toros no es inconstitucional, como argumentaron los toreros, y que las leyes federales y estatales respaldan la prohibición de estos espectáculos. Por ello, el permiso que el exalcalde Alfonso Martínez y su secretario Yankel habían otorgado al torero Eduardo Villafuerte quedó legalmente invalidado.
De acuerdo con los procedimientos jurídicos, existe un plazo de 10 días para impugnar la resolución, pero mientras tanto el evento no cuenta con respaldo legal.
Ante esto, el gobierno municipal asumió la responsabilidad de cancelar el permiso, acción que se realizó gracias a la presión social y legal.
Organizaciones sociales, activistas por los derechos de los animales y diputadas locales advirtieron que de no haberse cancelado, el gobierno habría incurrido en impunidad y habría incumplido con el mandato de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
Protestas y participación ciudadana
Previo a la cancelación, colectivos por los derechos de los animales se manifestaron frente a las oficinas del Ayuntamiento de Morelia, exigiendo el respeto a la ley.
La convocatoria fue impulsada por RRR Animal (Resistencia, Respeto y Revolución Animal), un colectivo antiespecista dedicado a la difusión de información sobre veganismo interseccional, y activistas de la Kermés Vegana de Morelia, sumándose grupos como Animal Heroes de México sin Toreo y Michoacán sin Tauromaquia, así como personas independientes.
En el Congreso del Estado, diputadas y representantes de organizaciones realizaron una rueda de prensa: participaron Sandra María Arreola Ruíz y Guliana Bugarini Torres, junto con Jerónimo Sánchez de Animal Heroes, la doctora Rosa María Torres Torres de la misma organización y la Berenice Yesenia Olalde del Grupo de Investigación en Derecho Animal (GIDA), así como Pavel Irán Martínez de Michoacán sin Tauromaquia.
Argumentos jurídicos contra las corridas
Las y los activistas explicaron que la prohibición de las corridas se sustenta en cuatro instrumentos legales principales:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º, párrafo sexto, que prohíbe el maltrato animal y ordena garantizar su protección y cuidado.
- Ley Federal de Sanidad Animal.
- Norma Oficial Mexicana NOM-033.
- Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
La diputada Rosa María Torres Torres recordó que de realizarse las corridas, los toreros podrían enfrentar multas de entre 1 y 2 millones de pesos por toro, y que el alcalde Alfonso Martínez podría ser denunciado por incumplimiento legislativo.
Vinculación del alcalde y antecedentes
El alcalde de Morelia aclaró que el gobierno municipal no participó en la organización del evento, aunque se le vincula por declaraciones previas en favor de la tauromaquia.
En 2014, Martínez promovió la práctica del toreo como patrimonio cultural en Michoacán, lo que evidencia su postura favorable hacia esta actividad.
En redes sociales, el colectivo RRR Animal compartió que el padre de Emiliano Villafuerte, torero implicado, trabaja en la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento, lo que generó sospechas de posibles influencias para obtener el permiso.
Pronunciamientos de activistas y organizaciones
México sin Toreo, conformado por más de 60 organizaciones, emitió un comunicado aclarando que un juez federal no había otorgado permiso para la corrida, sino que solo suspendió la entrada en vigor de la ley que prohíbe los espectáculos.
También subrayaron la responsabilidad de los funcionarios públicos de respetar la legislación vigente, sin necesidad de notificación personal a los toreros.
Los activistas destacaron que “la prohibición de las corridas de toros no vulnera los derechos constitucionales a la cultura, a la libertad de trabajo ni a la propiedad, como resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte en el amparo 163/2018, donde se estableció que ninguna práctica que implique maltrato animal puede ampararse en esos derechos.”
Por su parte, Pavel Irán Martínez, de Michoacán sin Tauromaquia, estableció un paralelismo con la violencia global, señalando que en un contexto de conflictos y genocidios como en Gaza, es necesario cuestionar las prácticas que generan sufrimiento a otros seres.
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