Dos años después de iniciar la defensa de sus manantiales, San Miguel del Monte sigue sin concesión comunitaria de agua. Mientras CONAGUA mantiene abierto el conflicto, las pipas de la empresa Bicentenario continúan extrayendo agua del manantial “La Mina” para su comercialización.
Uitzume, el perro del lago
Dos años de lucha en San Miguel del Monte: CONAGUA administra el conflicto
Hace dos años, los habitantes de la comunidad Pirinda de San Miguel del Monte emprendieron una lucha por su territorio y manantiales. En 2023, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a espaldas de la comunidad, entregó un volúmen de agua del manantial “La Mina” a la empresa Comercializadora Bicentenario, propiedad de Miguel Ángel Prado Vera para la comercialización de agua vía camiones pipa.
Desde entonces, la historia de esta tenencia indígena al sur de Morelia es la historia de un movimiento que ha hecho todo bien y de un Estado que ha respondido haciendo todo lo posible para que nada cambie.
En dos años, los habitantes de San Miguel del Monte lograron lo que pocas comunidades rurales consiguen: visibilidad, organización y reconocimiento.
Obtuvieron su registro formal como comunidad indígena pirinda ante el gobierno, un estatus que nadie puede quitarles y que debería ser el punto de partida para recuperar el control del agua que han cuidado por siglos.
Aprendieron a sentarse con funcionarios, a redactar minutas, a interponer recursos de revisión, a movilizarse sin perder la compostura. Convirtieron un conflicto local por pipas de agua en un caso que llegó a la FGR y a los tribunales.
Consiguieron, también, algo menos tangible pero igualmente valioso: tiempo. Dos años en los que el proyecto inmobiliario que amenaza su comunidad no ha podido avanzar en silencio absoluto.
De frente se han encontrado con la omisión, la tardanza y los intereses de la propia Dirección de Conagua en Michoacán.
CRONOLOGÍA DE LA OMISIÓN DE LA CONAGUA
Desde 2001, la comunidad indígena pirinda de San Miguel del Monte inició ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) los trámites para regularizar y obtener la concesión de los manantiales utilizados históricamente por la población para consumo doméstico.
Ese mismo año, la dependencia negó el procedimiento sin emitir una resolución de fondo sobre el derecho colectivo de la comunidad al agua.
En 2007, la comunidad volvió a presentar solicitudes relacionadas con la concesión de los manantiales. CONAGUA nuevamente rechazó los trámites argumentando problemas de regularización administrativa, manteniendo sin reconocimiento formal el uso histórico comunitario del recurso hídrico.
Entre 2001 y 2023, la dependencia mantuvo abiertos procedimientos administrativos sin resolver de manera definitiva el acceso comunitario al agua, pese a contar con documentación, registros históricos e infraestructura vinculada al uso colectivo de los manantiales.
En 2023, mientras San Miguel del Monte seguía sin concesión comunitaria, continuó vigente el título otorgado por la Conagua al empresario Miguel Ángel Prado Vera, identificado por la comunidad como operador de la extracción y comercialización de agua mediante pipas provenientes del manantial “La Mina”.
Durante 2023 y 2024, CONAGUA sostuvo administrativamente la concesión privada sin resolver previamente el conflicto histórico entre el aprovechamiento comercial del agua y la solicitud comunitaria de reconocimiento del recurso.
En 2024, la comunidad promovió recursos de revisión ante CONAGUA para impugnar las resoluciones relacionadas con el acceso al agua. La dependencia desechó dichos recursos argumentando inexistencia de “interés jurídico”, pese a que San Miguel del Monte acreditó uso histórico de los manantiales, infraestructura comunitaria y presencia territorial sobre la zona hídrica.
Entre 2024 y 2025, personal de CONAGUA realizó visitas técnicas, inspecciones y mediciones en el manantial “La Mina” para evaluar el proyecto de concesión solicitado por la comunidad. Habitantes señalaron que los estudios técnicos ya habían sido realizados desde 2024 y que las visitas posteriores únicamente se limitaron a levantamiento de coordenadas y verificaciones físicas sin avances administrativos concretos.
En enero de 2025, CONAGUA ofreció a la comunidad un volumen de 10 mil metros cúbicos anuales de agua, equivalente aproximadamente a 22.6 litros diarios por persona. La propuesta contemplaba transferir volumen desde otra concesión existente y no implicaba el reconocimiento del uso histórico del manantial “La Mina” por parte de San Miguel del Monte.
Durante 2025, Roberto Arias Reyes, director local de CONAGUA en Michoacán, planteó en reuniones con representantes comunitarios que el avance de la concesión estaría vinculado a la constitución formal de San Miguel del Monte como “autogobierno”, condicionando el procedimiento administrativo a dicha figura.
Ese mismo año continuó la extracción y comercialización de agua mediante pipas operadas por Miguel Ángel Prado Vera. De acuerdo con testimonios locales, durante 2024 la empresa llegó a extraer alrededor de 20 pipas diarias. En 2025, se extrajo 3,200 metros cúbicos, rebasando el límite autorizado sin que Conagua haya sancionado al particular.
La comunidad denunció además que CONAGUA no informó públicamente sobre los volúmenes efectivamente autorizados, los volúmenes realmente extraídos ni sobre posibles revisiones al título concesionado al particular.
En reuniones realizadas por CONAGUA durante 2025, Roberto Arias se reunió con grupos opositores al autogobierno de San Miguel del Monte vinculados políticamente al proyecto de Miguel Ángel Prado Vera, del Ayuntamiento y a intereses inmobiliarios en la zona.
No es casualidad que CONAGUA guarde silencio precisamente ahora. Una concesión comunitaria en ese territorio, con todo lo que implicaría en términos de consulta indígena y derechos colectivos, sería un obstáculo jurídico real para los desarrolladores. Resolverla antes de que los proyectos estén “bien planchados” no conviene a nadie en las oficinas que importan. Entonces se espera, se dilata y se administra.
Desde que CONAGUA entregó en 2023 la concesión para la comercialización de agua vía camiones pipa, construyó el arte de parecer que atiende sin resolver.
Durante tres años, la dependencia visitó los manantiales; tomó mediciones; levantó minutas; prometió revisar los medidores; propuso convenios; condicionó soluciones. Dijo que “esperemos que la nueva ley venga pronto”; llegó la ley y aseguró que la empresa “está dentro del límite autorizado”; que se “respeta el derecho humano al agua de las comunidades indígenas”. Roberto Arias ha dicho muchas cosas pero todas estas han sido mentiras en los hechos.
Y es que lo que no ha dicho es cuándo cancelará una concesión que fue otorgada irregularmente, que se superó en volumen el año pasado y que privó de agua potable a más de 600 familias.
Hasta mayo de 2026, CONAGUA no ha emitido una resolución definitiva sobre la solicitud de concesión presentada por la comunidad indígena pirinda de San Miguel del Monte, mientras continúa vigente la concesión privada vinculada a Miguel Ángel Prado Vera y persiste la disputa por el acceso y control del agua en la zona.
Hasta hoy, mayo de 2026, las pipas de Bicentenario siguen saliendo del manantial de la comunidad indígena Pirinda de San Miguel del Monte. De acuerdo con el monitoreo comunitario, en lo que va del año, se habían contabilizado aproximadamente 800 metros cúbicos extraídos del manantial “La Mina”.
